Buen Gobierno

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Visualización Jerárquica de Transparencia Administrativa

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Transparencia Administrativa

Véase la definición de Transparencia administrativa en el diccionario.

Nueva crónica y buen gobierno (Obra de Historia Política)

Nueva crónica y buen gobierno, obra del cronista indígena peruano Felipe Huamán Poma de Ayala, compuesta por dos partes -cuyos respectivos títulos son Nueva crónica, publicada en 1600, y Buen gobierno, aparecida en 1615-, de la que no se dispuso de original alguno hasta que, en 1908, se encontró el conservado en la Biblioteca Real de Copenhague. La primera parte versa sobre los tiempos de los antepasados del autor, remontándose al mundo andino anterior al dominio inca, desde una visión idílica rota por la propia aparición de dicho Imperio.

Otros Elementos

Por otro lado, la segunda parte es una crítica a la explotación de los indios a manos de la administración creada por los conquistadores españoles, a la que se añaden los remedios propuestos por Poma de Ayala para darle fin y así impedir la definitiva destrucción de la vida comunal indígena.

Se trata del único caso de crónica indiana ilustrada por el propio autor, que empleó su lengua quechua y la aymara (e incluso otros dialectos) en diversos pasajes, aunque la Nueva crónica está escrita casi íntegramente en castellano, lengua que Poma de Ayala aprendió al recorrer durante años los territorios peruanos. La calidad literaria del texto es mínima, debido al escaso dominio que del castellano tenía el cronista, pero se ha querido ver a la obra sobre todo como un conjunto de comentarios a los más de 400 dibujos que la componían, es decir, como una especie de cómic del siglo XVII ideado para dar forma a la desazón de una cultura en proceso de desaparición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En 1936, el Instituto de Etnología de la Universidad de París publicó una edición facsímil, tras considerar el alto interés antropológico e histórico de la Nueva crónica. [1]

Derecho al buen gobierno

El derecho al buen gobierno se expresa por la garantía de que las instituciones funcionen en los términos de eficacia y eficiencia que el orden constitucional democrático dispone. La construcción de las instituciones incluye los mecanismos de control, que deben ser compatibles con los de su funcionamiento razonable y efectivo (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). De no ser así, parecería que las instituciones solo pueden bloquearse recíprocamente, como parte de los controles que entre sí practiquen.

En la práctica política lo común es que los mecanismos de control institucional sean utilizados para dirimir luchas por el poder. Se trata de una distorsión del propósito institucional y de una mala lectura de las atribuciones constitucionales.

Entender lo que significa el derecho el derecho al bueno gobierno, que equivale a un derecho de ejercicio pasivo (véase más en esta plataforma) de los gobernados, corresponde por igual a quienes desempeñan tareas de gobierno y a quienes aspiran a sustituirlos. Para alcanzar este propósito el orden constitucional prevé los instrumentos adecuados. Es así como puede advertirse la importancia de los controles públicos en una democracia constitucional, donde existe la posibilidad de alternancia en la titularidad de los cargos representativos, también está contemplado que los controles deban funcionar en términos de hacer operantes las atribuciones institucionales. Gobernar eficazmente es un derecho activo de quien accede a la titularidad de los órganos representativos, y un derecho pasivo (véase más en esta plataforma) de la comunidad en general, no solo de quienes integraron la corriente electoral mayoritaria.

Una de las dificultades en el ejercicio de los controles resulta, por tanto, de eventuales errores de lectura y de inercias políticas. Por ejemplo, en sistemas políticos de poca competencia, la lucha política suele centrarse en la utilización de los controles como instrumento de descalificación, más que como mecanismo para velar por la adecuada actividad institucional.

Esas inercias no necesariamente cambian con la misma celeridad que las normas y las decisiones que transforman un sistema cerrado o semicerrado en uno abierto. Ocurre en tales casos que los sistemas de control se convierten en un obstáculo para el razonable funcionamiento de las instituciones y pueden llegar a plantear efectos contrarios a los que animaron su adopción y al sistema institucional en su conjunto.

Cuando se proponen cambios institucionales no siempre se tienen en cuenta las inercias generadas por los sistemas previos. Ésta suele ser una omisión muy costosa que se paga con cargo a los nuevos arreglos institucionales, adicionándoles cargas de inoperancia de las que no siempre salen airosos. Muchas de las frustraciones colectivas con relación a los arreglos institucionales residen en que no en cuenta las necesidades de modificar las reservas y aprehensiones previas, o en que ingenuamente se supuso que los cambios normativos traerían aparejada la transformación de la conducta de los agentes políticos.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Es por esas razones que los controles políticos tienen que examinarse tanto en su enunciado normativo cuanto en las actitudes que condicionan. También hay que encuadrarlos en los procesos de transición política como un ingrediente a considerar. Los procesos de reforma paulatina tienen, entre otras ventajas, la de una cuidadosa adecuación de las conductas políticas a las nuevas normas; pero en contrapartida permiten sumar algunas inercias a los nuevos arreglos institucionales, con el frecuente distanciamiento entre los objetivos deseados y los alcanzados. Los procesos de reforma radical ofrecen la desventaja d la incertidumbre transitoria, pero presentan la conveniencia de interrumpir buena parte de las inercias. Evaluar la conveniencia de cualquier de ambos procesos en un momento y en un lugar determinados, a la luz de lo que puede esperarse de ellos, corresponde al arte de la política.

El lastre de las inercias o de la imposibilidad de resolver las controversias políticas mediante elecciones confiables suele expresarse a través de una utilización equivocada de los controles (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). De aquí la importancia del problema y de las soluciones que casa sistema constitucional ofrezca.

Los desentendimientos entre los órganos Ejecutivo y Legislativo del poder, a veces por equivocaciones en la lectura del papel que le corresponde a la oposición en una democracia constitucional, implican la pérdida de los equilibrios institucionales y preludian, en la terminología de Juan Linz, la quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “insolvency” o su significado como “bankruptcy”, en inglés) de los controles públicos como capítulo central de las democracias constitucionales y, por ende, del Estado social y democrático de derecho.

Fuente: VALADÉS, Diego. El control del Poder. México D.F.: UNAM, 1998, pp. 174-184.

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre nueva crónica y buen gobierno de la Enciclopedia Encarta

Véase También

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