Acción Popular

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Acción Popular en el Derecho Italiano

Institución que se remonta al derecho romano (“actio popularis”) y que posteriormente ha sido aceptada en el sistema estatal liberal, según la cual, a título excepcional, se reconoce a cualquier persona (quivis de populo) el derecho a interponer una acción para proteger el interés público en cumplimiento de la ley. A este respecto, se distingue entre la acción popular complementaria (o sustitutiva) y la acción popular correctiva.

En la acción popular supletoria, el demandante popular suple la inercia de la administración pública sustituyendo la representación legal del organismo para hacer valer, frente a un tercero, un derecho o interés del propio organismo.

En la acción popular correctiva, el demandante ejerce una acción directamente contra la administración pública con el objetivo, precisamente, de corregir una situación de ilegitimidad puesta en marcha por la misma. La excepcionalidad de la institución, tradicionalmente concebida, deriva de la convicción de que el demandante no tiene un interés personal (individual) vulnerado y necesitado de protección, como comúnmente ocurre siempre que el demandante solicita la protección judicial de sus derechos subjetivos. En el derecho popular, en cambio, el demandante se presenta como “representante” de un interés que no es suyo, sino público.

A raíz de la entrada en vigor de nuestra Constitución y ante la incipiente demanda de tutela judicial de los denominados intereses colectivos o difusos (interés en la integridad del medio ambiente, en la seguridad de los consumidores, etc.), se planteó la cuestión de si regular el acceso al juicio colectivo mediante un régimen de legitimación popular, o permitir que el miembro individual de la comunidad pueda interponer también una acción de tutela del interés colectivo. En este contexto, por tanto, la institución, que nació en referencia a la protección de los intereses públicos, ha pasado a referirse también a aquellos casos en los que el individuo, como en la acción popular tradicionalmente concebida, hace valer un interés supraindividual, pero éste, aunque pertenezca a colectividades incluso muy extensas, sigue siendo un interés privado.

Datos verificados por: Giusseppe

Acción Popular en el Derecho Español

El acusador que ejercita la acción “popular” es el no perjudicado ni ofendido por el delito.

Es una institución que el legislador español se permitió introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a diferencia de lo ocurrido en la totalidad de ordenamientos jurídicos del entorno del derecho español.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley, e incluso por los extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en determinados casos. De forma correlativa, el art. 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el art. 101 de esta ley”. La ley, para ello, fija dos requisitos estrictamente de forma: querella y fianza.

Se sostiene que las expresiones “acusación particular” o “acusador particular” nunca han llegado a tener un significado excluyente del acusador que ejercita la acción “popular”. El adjetivo “popular” no aparece en la extensa LECrim, desde 1882, más que en una ocasión (en el artículo 270 señalado upsupra).

Otros Elementos

Además, las expresiones “acusación popular” o “acusador popular” nunca han sido utilizadas por la LECrim española. Podría considerarse que la expresión “acusación particular” utilizada en los arts. 782.1 y 783.1 LECr abarca tanto a los acusadores que sean ofendidos o perjudicados por el delito como a quienes no lo sean.

Este instituto “fue reconducido por el Tribunal Constitucional al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Este reconocimiento, sin embargo, no conlleva la necesaria presencia de la acción popular en todos los procesos penales, sino que lo que obtiene amparo constitucional es el ejercicio de la acción popular en aquellos procesos penales donde el legislador la haya regulado.” (1)

Definición en Derecho español

Aquella que puede utilizar cualquier ciudadano para impugnar un acto lesivo para el interés general. No es necesario invocar la lesión de un derecho, ni un interés legítimo.

GIMENO SENDRA, en su artículo “Qué hacer con la acción penal popular”, en El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho (Iustel, núm. 14, Madrid, junio de 2010, pág 60) la ha definido como «un derecho constitucional, cívico y activo, perteneciente a la esfera del «status civitatis», según la clásica sistematización de
los derechos subjetivos, conforme al cual se le concede al ciudadano no
ofendido por el delito el ejercicio de la función pública de la acusación a fin de
obtener la reintegración del ordenamiento jurídico perturbado por la comisión
del delito».

Acción Popular a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Acción Popular se define como “la que puede ejercer cualquier ciudadano solo o en unión de otros, en beneficio de la comunidad.

Esta acción sustitutoria que ya preveía el art 371 de la Ley de Régimen Local de 1955, se reproduce en los párrafos 2, 3, y 4 del art 68 de la Ley Básica Local vigente (a principios del siglo XXI), pero con dos importantes matizaciones La primera consiste en que el vecino desoído en su requerimiento a la Entidad Local para que ésta ejercite la defensa de sus bienes y derechos, puede ejercitar dicha acción en nombre e interés de la Entidad Local, pero sin necesidad de que este ejercicio se supedite a la autorización del Gobernador Civil, como exigía la Ley de 1955 La segunda matización consiste en que el requerimiento del vecino, que pretende ejercer la acción sustitutoria, debe darse a conocer a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones (art 220 ROF)

De las dos formas de participación ciudadana diferenciadas en el urbanismo: participación en la acción urbanística y en el control de la legalidad urbanística, la acción pública es la más pura forma de participación en el control, según COSCULLUELA MONTANER (Acción Pública en materia urbanística RAP 73/73) Ciertamente, participar en el control de la legalidad urbanística, sin interés en el asunto, afrontando los gastos de un proceso y las previsiones derivadas de una actividad con las connotaciones económicas que caracterizan a la urbanística, pueden explicar los modestos resultados que esta institución ha tenido desde su aparición en la LS/56 y ello, sin contar los abusos de acciones que encubrían razones éticamente dudosas, o claramente inconfesables (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Urbanístico)

Y según el art 304 LS/92 (Declarado vigente expresamente en la Disposición Derogatoria de la Ley estatal 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones):

«1 Será pública la acción para exigir ante los Órganos administrativos y los Tribunales Contencioso Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas

2 Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística»

De este precepto se deduce una legitimación peculiar, sin limitación de vecindad, ni de nacionalidad pero el actor está sometido a las restantes normas procesales de lo contencioso-administrativo.

Doctrina Botín

Los artículos 782 y 783, relativos a la opción de finalizar el proceso sin que comience la fase de juicio (sobreseimiento) o resolver que tal fase comience, están referidos a solicitudes, en uno u otro sentido, del “Ministerio Fiscal y el acusador particular (i.e. persona que sostiene la pretensión en un proceso penal por no ser directamente el ofendido por el hecho punible)” (art. 782 LECrim) y de “el Ministerio Fiscal o la acusación particular” (art. 783 LECrim). Tomando como punto de partida estas expresiones, se hace el siguiente razonamiento por el Tribunal Supremo en la denonminada “Doctrina Botín”: como “acusador particular” o “acusación particular” significan sujeto ofendido o perjudicado por el delito que se ha constituido en parte procesal acusadora, los no ofendidos o perjudicados por el delito, aquellos que ejercitan la acusación popular, no pueden por sí solos lograr la apertura de la fase de juicio, oral y público. Esta doctrina fue rectificada o matizada en poco tiempo por la Sala Segunda. Con ocasión de las Sentencias 54/2008, de 8 de abril (caso Atutxa) y 8/2010 (caso Ibarretxe), se relativizó la exclusión de la acusación particular ejercida por no ofendidos.

Más sobre Acción Popular

El plazo (véase más en esta plataforma general) para poder ejercer la acción se amplió por el RD Ley 16/81 de 16 de octubre a cuatro años, que es el que se mantiene en la actualidad, de manera supletoria, en defecto de legislación autonómica

Debe dejarse constancia de que la acción pública solo puede conseguir la declaración de nulidad del acto ilegal, pero esta legitimación no es suficiente para lograr el reconocimiento de una situación jurídica individualizada Esta pretensión exige, la legitimación ordinaria del proceso contencioso-administrativo

Legislación local: Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

– Ejercicio de acciones en nombre de la Entidad Local (art 68)

– Pedir la celebración de consulta popular (V consulta popular)

Legislación sectorial

– Ley Orgánica 3/84, de 28 de Marzo, de Iniciativa legislativa popular, en desarrollo del art 873 de la Constitución Española

– Ley del Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de Junio (art 304) [JCR]

Acción Popular en el Derecho Español

Definición de la Acción Popular en España

En el Diccionario Jurídico Espasa, Acción Popular se define como el “derecho de acción solo viene atribuido por el legislador, como regla general, a quien actúa en función de un interés o derecho subjetivo que afirme como propio Sin embargo, en determinadas ocasiones, y ante pretensiones determinadas, el legislador permite que ese derecho sea ejercido, no solo por quien se diga titular del derecho o interés en litigio, sino por cualquier sujeto “uti cives.”

En el diccionario también se señala que estamos “ante supuestos en que la acción es pública. Es más, en ocasiones la acción es pública porque el derecho o interés objeto de debate es general. Un supuesto clásico es la acción penal, con relación a la cual el artículo 101 de la LECr establece que «la acción penal es pública Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley». El interés en juego es general; el ius puniendi no es de una persona, ni incluso del ofendido o perjudicado El interés en juego es la colectividad.”[JPGV]

Acción Popular para la Defensa de los Derechos Colectivos y de Medio Ambiente en Colombia

Claudia Mora sostiene que “la acción popular es el mecanismo judicial idóneo para la defensa de los derechos colectivos”. Esto queda, en cierta medida, plasmado en el Art. 88 de la Constitución de 1991 de Colombia –reconocida como la Constitución Ecológica de América Latina (45 de sus artículos están relacionados directamente con la protección ambiental y el manejo sustentable de los recursos naturales), y en la ley 99 de 1993, que dedica un capítulo a “Los modos y procedimientos de la participación ciudadana” donde se establece que la “ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente […] (Entre sus mecanismos), la tutela ha sentado jurisprudencia sobre el alcance de algunas normas constitucionales referentes al medio ambiente como la función ecológica de la propiedad, la participación comunitaria en la protección del medio ambiente […] estos aspectos han hecho de la acción de tutela un mecanismo de participación eficaz (aunque
subsidiario) para la protección del medio ambiente.

En otros Ordenamientos

En Alemania, el derecho de acción lo ostenta en régimen de monopolio del Ministerio Fiscal,
salvo en algunas excepciones en las que el ofendido por el delito puede participar en el proceso, si bien, en estos casos, el Fiscal está también legitimado cuando hay interés público. De igual forma que para el inicio del proceso, es el Ministerio Fiscal quien decide su archivo, con obligación de poner esa resolución en conocimiento del ofendido-perjudicado por el delito, quien tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento especial de impugnación denominado «proceso para forzar la acusación». Por su parte, tanto en Francia como en Italia se excluye la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la acción penal.Entre las Líneas En estos países, ese ejercicio corresponde en exclusiva a un órgano público con el objetivo de preservar el principio de publicidad. Podría concluirse que en estos sistemas se confunde, en cierta medida, el principio de publicidad con el principio de oficialidad.Entre las Líneas En cuanto al sistema procesal inglés, el ejercicio de la acción penal corresponde a la ciudadanía, previéndose la existencia de un acusador oficial solo en casos muy concretos. Se ha afirmado que, al incluir la acción popular, el legislador español se inspiró en los principios de la legislación inglesa (3) sin embargo, en Inglaterra no hay realmente una acción popular tal y como la entendemos en España, ya que en el sistema inglés la persecución penal siempre se ha considerado una actividad pública y porque cuando un ciudadano ejerce la acción penal lo hace en nombre de la Corona, por lo que queda desplazado cuando ésta decide ejercer por sí misma la acusación a través de sus órganos, como el Atoney-General y Director of Public Prosecutions. (4)

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Notas

1. “La Defensa de los Intereses Supraindividulaes en el Proceso Penal”, Francesc Pérez Tortosa
2. OROMÍ VALL-LLOBERA, El ejercicio de la acción popular (Pautas para una futura regulación legal), Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003, pág. 33,

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Elementos de Acción Popular

Descripción y definición de Acción Popular aparecidas en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Jean Claude Ton Petit y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Se habla de acción popular, como una institución vecina del interés simple, cuando la ley permite cuestionar un acto, a cualquier persona o ciudadano, sin exigirle requisitos o condiciones.

Su antecedente se remonta a Roma y servía para que cualquier persona pudiera controvertir la afectación o daño a intereses públicos, intereses del “populus,” aunque sin incluir o abarcar los individuales.

Más sobre el Significado de Acción Popular

Algunas de sus peculiaridades son que cualquier ciudadano las puede utilizar para impugnar un acto lesivo para el interés general y no es necesario invocar la lesión de un derecho, interés legítimo o acreditar la existencia de un daño cualificado.

La acción popular se reconoce en el derecho administrativo español, en ciertos casos concretos y excepcionales, como la defensa de la legalidad urbanística, del patrimonio histórico-artístico o de la legislación de costas.

En ese sentido, existe la acción popular en Colombia, resultando idónea para la protección de bienes de uso o titularidad pública, en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador.

El objetivo no es lograr la reparación o indemnización por un daño ocasionado en razón de una acción u omisión de las autoridades o de los particulares, respecto de intereses individuales o colectivos, sino que se contrae a bienes de titularidad pública con una finalidad meramente preventiva —para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses públicos o restituir las cosas a su estado anterior— cuando fuera posible.

Detalles

Véase la entrada sobre Interés (jurídico) simple de esta enciclopedia jurídica.

Derecho de Petición y Acción Popular en el Artículo 52 de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Derecho de petición y Acción popular, y está ubicado en la Parte I, sobre los derechos y deberes fundamentales, Título II, acerca de los Derechos, libertades y garantías, Capítulo II [Derechos, Libertades y garantías relativos a la participación política], de la Constitución portuguesa vigente. Dicho artículo dispone lo siguiente: 1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a presentar, individual o colectivamente, a los órganos de soberanía u órganos de autogobierno de las Regiones autónomas o a cualquier autoridad, peticiones, exposiciones, reclamaciones o quejas para la defensa de sus derechos, de la Constitución y de las leyes o del interés general; así como el derecho de ser informados, del resultado de su consideración, dentro de un razonable período de tiempo. 2. La ley regulará los términos bajo los cuales peticiones conjuntas a la Asamblea de la República y a las asambleas legislativas de las Regiones autónomas serán objeto de consideración en sesión plenaria 3. Todos tienen el derecho a ejercer la acción popular, incluyendo el derecho a recurrir por la compensación apropiada para las partes agraviadas, en los casos y términos establecidos por la ley, bien personalmente o por medio de asociaciones que apoyen la defensa de los intereses en cuestión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Tal derecho será ejercido, particularmente, en orden a: a. Promover la prevención, cese o procedimiento judicial de delitos contra la salud pública, los derechos de los consumidores, la calidad de vida, o la preservación del medio ambiente y la herencia cultural. b. Salvaguardar la propiedad del Estado, las Regiones autónomas o las Corporaciones locales.

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