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Derecho de Defensa

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Derecho de defensa

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Aspectos Penales del Derecho de defensa

El derecho de defensa comprende en materia penal una “colección” de diversos derechos específicos, entre ellos [véase Martí Mingarro, Luis, Crisis del derecho de defensa, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 29-34.

Observación

Además de los enunciados, el citado autor refiere como integrantes del derecho de defensa a los correspondientes a la liberación del detenido o su puesta a disposición judicial en un breve plazo, y al reconocimiento por el médico forense. Aunque reconocemos que éstos tienen un aspecto defensivo, nos parece que son los derechos fundamentales a la libertad y a la salud —por la posibilidad de tortura y tratos crueles e inhumanos— los directamente relacionados con ellos, por lo cual no los incluimos en nuestro catálogo]:

  • Derechos de información, tanto del propio contenido de los derechos del imputado —la famosa “lectura de derechos”— como de las actuaciones del procedimiento, pudiéndose de manera excepcional reservar los datos del acusador [Artículo 20(B), fracciones III y VI, de la Constitución de México. Sobre la reserva de los datos del acusador y las exigencias para su justificación, véase TEDH, Visser vs. The Netherlands, 14 de febrero de 2002, párrs. 43-50];
  • Asistencia de un abogado que garantice al detenido su defensa técnicamente adecuada desde el primer momento de la detención [Artículo 20(VIII). Éste es uno de los derechos que ha sido ejemplarmente desarrollado por el TEDH;], y a la confidencialidad entre él y dicho profesional;
  • Interrogación de testigos [Artículo 8.2.f) del Pacto de San José];
  • Derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio [Artículos 20(B)(II) de la Constitución de México y 8.2.g) del Pacto de San José. Según su desarrollo en los Estados Unidos, este derecho fundamental también favorece a testigos o cualquier otra persona distinta del imputado, incluso en procedimientos de índole diferente a la penal; cfr. Quinn
    vs. United States, 349 U.S. 155, 162 (1955); para algunos perfiles de este derecho, véase Nowak, y Rotunda, op. cit., nota 82, p. 300];
  • Aviso a un familiar u otra persona sobre el hecho de la detención y el lugar de custodia a cada momento de la misma;
  • Asistencia de un intérprete o traductor, en caso de no conocer el idioma oficial o incluso de no entenderlo suficientemente [Artículo 8.2.a) del Pacto de San José]; y
  • Para el caso de extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) información sobre asistencia consular “al momento de privar de la libertad al inculpado[,] y en todo caso antes de que éste rinda su primera declaración ante la autoridad” [Artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; y CIDH, El derecho a la información sobre asistencia consular, OC-16/99, 1o. de octubre de 1999, párrs. 100-106, 124 y 129].

Evidentemente, los anteriores derechos se refieren al imputado.[1]

Indefensión en Derecho español

Según la STS de 30 de mayo de 2013, entre otras muchas (StS 13-6-2012; STS 37-03-2012), la tutela judicial exige que la totalidad de las fases de proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derecho instrumentales del artículo 24.2 de la CE, se concibe con la negación de la expresada garantía (SSTC 26/93 de 25.1 y 316/94 de 28.11).

Este concepto es convertido por la LOPJ en eje nuclear de su normativa. La noción de indefensión, junto con la de finalidad de los actos procesales que se menciona también en el art. 240.1 de la LOPJ, se convierte en elemento decisivo y trascendental, que cobra singular relieve por su naturaleza y alcance constitucional. El concepto de indefensión comprendido en los arts. 238.3 y 240 LOPJ ha de integrarse con el art. 24.1 CE. sobre la obligación de proporcionar la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, aunque ello no signifique en la doctrina constitucional que sean conceptos idénticos o coincidentes.

Se ha expuesto, como primero de los rasgos distintivos, la necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa; no basta con la realidad de una infracción procesal para apreciar una situación de indefensión, ni es bastante tampoco con invocarla para que se dé la necesidad de reconocer su existencia: no existe indefensión con relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses de la parte afectada, bien porque no existe relación sobre los hechos que se quieran probar y las pruebas rechazadas, o bien, porque resulte acreditado que el interesado, pese al rechazo, pudo proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción (SSTC 106/83, 48/84, 48/86, 149/87, 35/89, 163/90, 8/91, 33/92, 63/93, 270/94, 15/95).

Así la STS 31.5.94, recuerda que el Tribunal Constitucional tiene declarado, de un lado, que no toda vulneración o infracción de normas procesales produce “indefensión” en sentido constitucional, pues ésta solo se produce cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos con el consiguiente perjuicio (SSTC 145/90, 106/93, 366/93), y de otra, que para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional que sitúe al interesado al margen de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración puramente formal sino que es necesario que con esa infracción formal se produzca ese efecto material de indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa (SSTC 153/88, 290/93).

Por ello, la exigencia de que la privación del derecho sea real impone e implica una carga para la parte que la alega, consistente en la necesidad de proporcionar un razonamiento adecuado sobre tal extremo, argumentando como se habría alterado el resultado del proceso de haberse evitado la infracción denunciada.

Ello es así porque la situación de indefensión exige la constatación de su material realidad y no solo de su formal confirmación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Tal exigencia es reiterada de modo constante por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a fin de evitar que bajo la solo invocación de violencias constitucionales se encubra la realidad de meras irregularidades procesadas que, encajadas en sede de legalidad ordinaria, no alcanzan cotas de vulneración de derechos reconocidos en la Constitución que la parte les asigna.

En similar sentido las SSTC 34/2009 de 9 de febrero y 143/2009 de 15 de junio, precisan que, al definir el contenido del derecho a ser informado de la acusación, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en anteriores resoluciones que forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación, derecho que encierra un “contenido normativo complejo”, cuya primera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de que el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria. Esta exigencia se convierte así en instrumento indispensable para poder ejercer la defensa, pues mal puede defenderse de algo quién no sabe qué hechos en concreto se le imputan.

Se ha señalado también que, a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas, el cual debe contener “los hechos relevantes y esenciales para efectuar una calificación pública e integrar un determinado delito”, que es lo que ha de entenderse “por hecho punible a los efectos de la necesidad constitucional de conocer la acusación para poder ejercer el derecho de
defensa” (STC. 87/2001 de 2 de abril). Por ello no es conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados (SSTC. 36/96 de 11 de marzo, 33/2003 de 13 de febrero, 299/2006 de 23 de octubre y 347/2006 de 11 de diciembre).

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene asimismo declarado de forma reiterada (SSTS. 609/2002 de 10 de octubre, 368/2007 de 9 de mayo, 279/2007 de 11 de abril, 922/2009 de 30 de septiembre) que el principio acusatorio exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir, en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia. La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Ello significa que el sistema acusatorio que informa el proceso penal exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba e intervenir en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguiente no pudo articularse la estrategia exigida por la Ley en garantía de la posición procesal del imputado, de ahí que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse, de modo que el establecimiento de los hechos constituye la clave de la bóveda de todo el sistema acusatorio del que el derecho a estar informado de la acusación es simple consecuencia.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Igualmente afirma dicha doctrina jurisprudencial que los hechos básicos de la acusación constituyen elementos sustanciales e inalterables, y que la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa.

Garantías judiciales

Derecho de Defensa

Traducción al Inglés

En el ámbito de los derechos humanos, la traducción de derecho de defensa es rights of defence.

Derecho de Defensa en Derecho Electoral

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El Derecho de Defensa en el Derecho Constitucional Rumano

Artículo 24 [el Derecho de Defensa] de la Constitución Rumana

En la Constitución vigente de Rumanía, el Artículo 24 [El derecho de defensa], ubicado en el Título II [los Derechos, las Libertades y los Deberes Fundamentales], Capítulo ii [los Derechos y las Libertades Fundamentales] de dicha ley fundamental, dispone lo siguiente: 1. Se garantiza el derecho de defensa. 2. Durante el proceso, las partes tienen el derecho a ser asistidos de abogado, elegido por ellas o de oficio.

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Notas y Referencias

  1. Doctor Ferrer Mac-Gregor, información sobre Derecho de Defensa, en El Juicio de Amparo y el Sistema Procesal Penal, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Gobierno Federal, México

Véase También

  • Garantías judiciales
  • Garantías constitucionales

Bibliografía sobre Derecho de defensa

  • Buccalo Rivera, Patricia, “Diccionario Jurídico de Derecho Penal”, Editorial San Marcos, 1ra. Edición, Lima Perú, 2002.
  • Casas José Osvaldo, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente”, Ediciones Ad Hoc, Buenos Aires.
  • López, I. “Diccionario Contable, Administrativo y Fiscal”, 3ª ed., México, D.F., México: Thomson, 2004.

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  6. Libertad de Prensa: Libertad de prensa, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno. La concepción de la libertad de prensa como libertad de los medios de comunicación puede derivarse directamente de un texto constitucional, pero a menudo se basa en las prácticas legislativas, administrativas y judiciales de las democracias liberales. La situación actual puede ajustarse bien a la comprensión de la libertad de los medios de comunicación como algo instrumental, no intrínseco. La libertad de prensa debe protegerse siempre que los medios de comunicación desempeñen un papel fundamental en la difusión de información importante y necesaria para el público y en el control de la autoridad social y el poder político en la sociedad. Véase también: , , .
  7. Libertad de Expresion: Es una de las más representativas y características libertades de los sistemas democráticos; consiste en el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin cortapisas. La libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental. Es intrínsecamente valioso y necesario para el funcionamiento saludable de la democracia y la sociedad civil. La libertad de expresión es necesaria para el logro de otros derechos humanos, como la administración justa de justicia, la educación, el nivel de vida adecuado, la igualdad, la dignidad humana y los derechos de las mujeres, los pueblos y las minorías. Aunque generalmente es una libertad negativa, la libertad de expresión impone obligaciones positivas al estado para proporcionar acceso a la información, acceso a Internet y para promover el derecho del niño a participar en la educación, el trabajo y la vida familiar. La libertad de expresión ampliamente entendida abarca un paquete de derechos que están íntimamente entrelazados, incluida la libertad de opinión, expresión, prensa, información, asociación, reunión, pensamiento, conciencia, creencia y religión. Aunque los derechos pueden organizarse conceptualmente en las cuatro categorías de expresión, asociación, reunión y pensamiento, cada uno con un significado distinto, los casos reales comúnmente involucran más de uno de los derechos. Por ejemplo, la prohibición de usar pañuelos en un entorno educativo público plantea cuestiones de libertad de expresión y religión. La libertad de expresión está reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Carta Árabe de los Derechos Humanos (Carta Árabe) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Aunque la libertad de expresión es fundamental, no es absoluta. El artículo 19 del ICCPR permite restricciones a la libertad de expresión que son necesarias para proteger los derechos o la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública. Cualquier restricción de este tipo debe estar prevista por la ley y ser proporcionada. La literatura sobre la libertad de expresión como un derecho humano internacional tiende a centrarse en los casos y la jurisprudencia, prestando cierta atención a las funciones de las instituciones internacionales de derechos humanos. Los grupos regionales e internacionales de la sociedad civil destacan activamente las amenazas actuales a la libertad de expresión, a menudo en casos de amenazas a individuos, periodistas o grupos pequeños, pero también de manera más sistemática a través de informes anuales, nacionales, regionales y temáticos. Los problemas contemporáneos de libre expresión que surgen bajo el derecho internacional incluyen discursos comerciales, discursos de odio, medios, homosexualidad y religión. Los dos temas más frecuentes en la última década han sido las medidas contra el terrorismo y la Internet. Por supuesto, Internet ha transformado las comunicaciones, pero también ha permitido una vigilancia estatal e internacional sin precedentes que amenaza la privacidad y la libertad de expresión por igual. La importancia de la libertad de expresión en el derecho constitucional nacional tiene su reflejo en el derecho internacional. Se expresa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) ("PIDCP"); y en los instrumentos regionales de derechos humanos, como el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981); el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969); el artículo 10 del CEDH; y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). Véase también: , , .
  8. Libertad de Conciencia: Libertad de Conciencia y de Religión en el Derecho Constitucional Comparado del Continente Americano Estudio comparativo sobre esta cuestión constitucional en los países que más abajo se cubren: ARGENTINA Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos [...] Véase también: , , .
  9. Libertad de Asociación: La libertad de asociación describe el derecho de todos los individuos a reunirse con otros individuos en cualquier momento. Cuando se utiliza en el contexto de los derechos laborales y la negociación colectiva, el término adquiere un significado más restringido y específico, ya que aquí engloba un determinado propósito de la asociación subyacente. La legislación de los Estados miembros garantiza como mínimo la libertad de los trabajadores y Empleadores de formar y pertenecer a asociaciones, ya sean sindicatos o asociaciones de Empleadores, con el fin de promover y defender sus intereses. Aparte de ese derecho individual positivo, la protección legal también cubre a veces la libertad de no afiliarse a ningún sindicato, o a uno en particular (aspecto negativo). Dado que en algunos ordenamientos jurídicos la existencia de la asociación y sus actividades específicas están aseguradas, la libertad de asociación también presenta un aspecto colectivo. El derecho a celebrar convenios colectivos de trabajo puede considerarse el elemento esencial de esta faceta colectiva. Véase también: , , .
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