Revisión Judicial Obligatoria

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Contenido de Revisión Judicial Obligatoria

En inglés: Obligatory judicial review[rtbs name=”revision-constitucional”] [rtbs name=”revision-judicial”] [rtbs name=”tipos-de-reclamacion-constitucional”]

Jurisprudencia sobre Revisión Judicial Obligatoria

El papel excepcional de los tribunales en el Orden Constitucional

Hay casos excepcionales en los que los jueces deben juzgar la propia Constitución, como los ejemplos que aquí se describen. Hay tres grupos de casos. En primer lugar, en los casos excepcionales se pone en tela de juicio la validez de la constitución y del ordenamiento jurídico. Se pide al tribunal que se pronuncie sobre la legitimidad de la constitución y, por derivación, sobre la legitimidad del tribunal y la autoridad legal del juez. En segundo lugar, en algunas ocasiones se pide al juez que se pronuncie sobre la transición de un orden constitucional a otro. Esto puede ocurrir tras una revolución o cuando el Estado se adhiere a un nuevo orden constitucional. En tercer lugar, hay algunos casos en los que la salud del orden constitucional requiere que el juez actúe no sólo más allá de la ley, por así decirlo, sino realmente en contra de la ley. El juez debe actuar en contra de las normas del orden jurídico, precisamente para preservar la salud del orden jurídico. El “decisionismo constitucional” es inevitable en estos casos. En ocasiones, los tribunales no tienen más remedio que asumir la responsabilidad de dictaminar, e incluso participar en la constitución, de la validez del propio ordenamiento constitucional que les otorga su autoridad.

El caso Marbury v. Madison es importante porque estableció el poder de revisión judicial para el Tribunal Supremo de EE.UU. y los tribunales federales inferiores con respecto a la Constitución y, finalmente, para los tribunales estatales paralelos con respecto a las constituciones estatales.

El presidente Aharon Barak escribió lo que realmente se convirtió en la opinión “mayoritaria”. El se basó en tres modelos alternativos para reforzar la conclusión de que Israel tiene una constitución. Aunque se basó en la decisión Marbury v Madison de EE.UU. para justificar la facultad de revisión judicial de la legislación, también explicó que la legitimidad de la revisión judicial se deriva del Estado de Derecho y de la separación de poderes, de la objetividad e independencia del poder judicial y de la democracia. La democracia es la base sustancial de la legitimidad de la revisión judicial. Esta es también la verdadera base del propio principio constitucional, escribió el Presidente Barak, lo que significa que la facultad de revisión judicial se deriva de la naturaleza de una constitución formal. De esa supremacía de las leyes básicas se deriva la afirmación de que Israel tiene una constitución, y que esta constitución está protegida por la revisión judicial.

La conclusión del presidente retirado Meir Shamgar era similar a la del presidente Barak: la Knesset tenía la facultad de limitarse y promulgar normas de carácter y estatus constitucional. Sin embargo, su enfoque no se basaba en el poder constituyente de la Knesset, sino en el reconocimiento de su poder de autolimitación. La Knesset es soberana y, como tal, puede afianzar sus promulgaciones, creando así una legislación tanto regular como constitucional. Dado que su soberanía es ilimitada, la Knesset también está facultada para imponer limitaciones a su propia autoridad legislativa. Llamó a su teoría “la soberanía ilimitada de la Knesset”. Según Shamgar, esta teoría de la “soberanía ilimitada” reconocía el poder de revisión judicial del Tribunal sobre la legislación. El Tribunal hacía valer el afianzamiento que el Knesset se había impuesto a sí mismo. Shamgar se basó en la evolución constitucional británica tras la adhesión de Gran Bretaña a la Unión Europea y afirmó que el derecho inglés reconocía ahora una disposición con un estatus normativo superior. Esta superioridad había sido otorgada por decisión del propio Parlamento, tras la adhesión de Gran Bretaña a la Comunidad Europea. Según Shamgar, la teoría de la soberanía ilimitada permite el ejercicio del control judicial de la legislación por parte del Tribunal, ya que éste sólo aplica el arraigo que el Knesset se ha impuesto a sí mismo. Aunque Shamgar mencionó que existen límites “inherentes” al poder de autolimitación de la Knesset, estos límites inherentes no fueron elaborados dentro de este razonamiento y, por lo tanto, quedaron poco claros. No obstante, cabe mencionar que la opinión de Shamgar sobre la soberanía ilimitada de la Knesset no se ha citado en opiniones posteriores y, por tanto, puede considerarse hoy en día una opinión “minoritaria”.

A pesar de la oposición del juez Cheshin al estatus constitucional de las leyes básicas, estuvo de acuerdo en que la Knesset estaba facultada para imponer diferentes tipos de limitaciones a su poder legislativo. El juez Cheshin estuvo de acuerdo en que el Tribunal puede tener el poder de revisión judicial incluso sin una constitución formal. El Tribunal puede ejercer la revisión judicial para hacer cumplir las restricciones de “modo y forma” que el Knesset se ha impuesto a sí mismo.

El proceso orquestado por la sentencia mayoritaria en el caso Mizrahi Bank se basó principalmente en los fundamentos ya establecidos por la Knesset. Es dudoso que la sentencia del Banco Mizrahi se hubiera podido redactar si la Knesset no hubiera promulgado antes dos leyes básicas que incluían una cláusula de limitación. El Tribunal Supremo, sin embargo, fue un poco más allá. Al dictaminar que la Knesset tiene autoridad constituyente y que la ejerce siempre que promulga una ley básica, reconoció el estatus constitucional supremo de todas las leyes básicas, que se convirtieron de inmediato en la Constitución de Israel. El respaldo del Tribunal a la revisión judicial se basa en la tradición estadounidense que reconoce la autoridad del Tribunal para la revisión judicial incluso sin un marco constitucional explícito. Por lo tanto, el caso del Banco Mizrahi puede considerarse como la versión israelí de la decisión del caso Marbury contra Madison, en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció su autoridad para revisar judicialmente las leyes promulgadas por el Congreso a pesar de la ausencia de cualquier autorización para hacerlo en la Constitución estadounidense.

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Los partidos religiosos argumentaron que no comprendían el significado de las leyes básicas de 1992 y se resintieron de la prerrogativa de revisión judicial del Tribunal Supremo. La Knesset no reaccionó a la decisión del Banco Mizrahi con nueva legislación. Aunque la Knesset asimiló el proceso constitucional que algunos miembros de la Knesset consideraron que se le imponía, no estuvo a la altura del reto que le planteó el Tribunal. El Tribunal optó por dejar una serie de cuestiones constitucionales sin resolver para el poder legislativo, pero la Knesset no respondió a ellas. No completó la Constitución y no introdujo la legislación que debía establecer el estatus constitucional normativo de las leyes básicas y los poderes de revisión judicial del Tribunal Supremo. Además, en lugar de considerar las leyes básicas como la constitución sólida de Israel, la Knesset parece cada vez más inclinada a modificarlas, a veces con fines muy específicos y con relativa facilidad.

Datos verificados por: Kantikoff

Véase También

control judicial, Control judicial de la acción ejecutiva, Control judicial de la legislación, Decisiones Judiciales, Derecho procesal, Función judicial, Protección Procesal de los Derechos Humanos, Separación de poderes, Supremacía, Forma de la constitución, Legitimidad, Estado de Derecho, Control judicial, Procedimientos preliminares de los tribunales constitucionales, Poder judicial

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