Los Denunciantes

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre el denunciante, en la justicia y los casos de corrupción. [aioseo_breadcrumbs] En inglés: whistleblower.

Los Denunciantes y el Derecho, en el marco del Caso Edward Snowden

Desde su recomendación de 2014 sobre la protección de los denunciantes, el Consejo de Europa define al denunciante (o “whistleblower” en inglés) como una persona que señala o divulga información sobre un hecho o comportamiento contrario al interés general, del que ha tenido conocimiento en el marco de su trabajo. En el sentido común del término, el denunciante es una persona, generalmente un empleado del sector privado o público, que intenta llamar la atención sobre la existencia de un riesgo, peligro o perjuicio al interés general que los responsables desearían ocultar. La aparición del denunciante es relativamente reciente. Pertenece a la categoría de los desobedientes y, por lo tanto, está vinculado a la larga tradición de resistencia al orden injusto. Sin embargo, no se encuentra rastro del término hasta 1971, en la pluma de Ralph Nader, abogado activista y defensor de los derechos de los consumidores.

La creación de este concepto permitió distinguir al denunciante de irregularidades del delator o del soplón, al tiempo que subrayaba su importancia en el funcionamiento de una democracia. Inicialmente circunscrito al ámbito jurídico y cultural norteamericano, el concepto se generalizó posteriormente.

Entre 1972 y 2015, cerca de cuarenta Estados han aprobado leyes que protegen a los denunciantes. Francia se unió tarde a esta tendencia. Es cierto que los denunciantes ya estaban protegidos desde hacía mucho tiempo por las normas jurisprudenciales que preservan la libertad de expresión de los empleados y los funcionarios públicos, así como por la ley de 1881 sobre la libertad de prensa. Sin embargo, la primera ley específica data de 2007. Desde entonces, un conjunto complejo y heterogéneo de leyes sectoriales protege a los denunciantes que revelan casos de corrupción (2007), violaciones de la seguridad de los medicamentos (2011), violaciones de la salud pública y el medio ambiente (2013), conflictos de intereses (2013), delitos y crímenes (2013) o incluso violaciones de la privacidad cometidas por agencias de inteligencia (2015). A pesar de este éxito legislativo, el concepto sigue siendo evanescente y difícil de definir. La función exacta que el denunciante debe desempeñar en una democracia sigue siendo incierta. ¿Se reduce a la de denunciante legal, cuya función consistiría en revelar comportamientos desviados? ¿O encarna una nueva «figura» de ciudadano, lo que supondría reconocer una función institucional al desobediencia en democracia?

Las mismas incertidumbres presiden la definición del estatuto jurídico del denunciante, y los Estados adoptan enfoques muy contrastados al respecto. Por ejemplo, si bien la mayoría de los Estados protegen tanto la denuncia externa (a la prensa o a las autoridades públicas) como la interna (al empleador), otros, como el Reino Unido, tienen una clara preferencia por la denuncia interna. La mayoría de las legislaciones que regulan el fenómeno animan a los denunciantes protegiéndolos simplemente contra posibles represalias, pero algunos textos —el False Claims Act de 1863 en Estados Unidos— optan por recompensarlos para animarlos (con un porcentaje del importe de la multa). Un punto es común a todos los denunciantes: el de encontrarse en el centro de una tensión entre el secreto, el interés general y los intereses privados. A pesar de los avances reales, la denuncia sigue siendo una actividad arriesgada, incluso peligrosa.

Origen y funciones del denunciante

El concepto de denunciante nace de un conflicto de lealtades, de una tensión entre denuncia y desobediencia y, en términos más generales, de una sensibilidad cada vez más afirmada en la sociedad sobre la cuestión de la responsabilidad de los gobernantes.

Denunciantes y conflicto de lealtades

En el origen de la denuncia siempre hay un dilema profesional, un conflicto entre la lealtad hacia el empleador, privado o público, y los valores defendidos por este, y la fidelidad a valores considerados más elevados, los de la sociedad en su conjunto. Esta tensión es constitutiva, por partida doble, del concepto legal de denunciante. Justifica la implementación de una protección específica basada en los riesgos a los que se expone el denunciante, en particular el riesgo de represalias por parte de su empleador. También permite distinguir al denunciante de otras personas que revelan, en el marco habitual de su profesión, información sobre amenazas, riesgos o daños al interés general. Así, la mayoría de las leyes que regulan el fenómeno de la denuncia distinguen claramente al denunciante del profesional encargado de la vigilancia y la revelación de información, que no se ve afectado, en este sentido, por este tipo de dilema.

En consecuencia, si es natural que un periodista de investigación revele información relativa a amenazas para el interés general, no ocurre lo mismo con un denunciante, que solo lo hace por accidente. Así que uno no «nace» denunciante. Uno se convierte en denunciante ante la imposibilidad moral de cumplir normalmente con una serie de obligaciones profesionales, tras tomar conciencia y constatar el carácter ilegítimo o ilegal de una orden.

El filósofo Fred Alford subraya que los denunciantes tienen en común la conciencia aguda de una obligación de carácter moral. Por lo general, se acepta que la obligación debe seguir siendo de orden moral o ético y no debe ser sancionada legalmente, para que la denuncia siga siendo un acto desinteresado. El derecho del funcionariado público de los Estados Unidos distingue explícitamente el «derecho» a denunciar de las diversas obligaciones de denunciar irregularidades propias de todo funcionario.
La denuncia de irregularidades se sitúa entre la denuncia y el desobediencia

Lanzar una alerta es a la vez una forma específica de denuncia y un tipo particular de desobediencia. Acto de denuncia, la alerta siempre señala prácticas deshonestas, inmorales o ilegítimas de una persona física o jurídica. Pero, a diferencia del delator, el denunciante lo hace de manera desinteresada, sin buscar sacar provecho personal. La mayoría de las legislaciones europeas, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigen que el denunciante sea de «buena fe» para que pueda ser reconocido como tal, es decir, que su acto esté desprovisto de todo interés pecuniario y de toda animosidad personal.

La denuncia de irregularidades es también una forma particular de desobediencia a la orden establecida. El jurista Robert Vaughn subraya las similitudes entre desobediencia civil y denuncia de irregularidades, ambas marcadas por la negativa a conceder a las instituciones públicas o privadas el consentimiento que es la fuente de su poder. El desobediencia directa a una orden y la negativa a guardar silencio serían así la cara y la cruz de una misma moneda. No es casualidad que algunas leyes, como la Ley de Protección de Denunciantes (Estados Unidos, 1989), hayan consagrado al mismo tiempo el derecho a alertar y el derecho a desobedecer una orden ilegal o ilegítima. Sin embargo, la filósofa Sissela Bok señala que la denuncia debe distinguirse del desobediencia civil por dos razones. A diferencia del desobediente civil, el denunciante no busca un cambio de orden político, sino, más modestamente, que se ponga fin a lo que le parece un comportamiento o una acción contraria al bien común. Sin embargo, el denunciante se diferencia del desobediente civil por una ética particular, que podríamos calificar, siguiendo a Max Weber, de «ética de la responsabilidad».

Si los defensores del desobediencia civil están impulsados principalmente por el deseo de provocar un cambio político, el denunciante no busca especialmente cuestionar las relaciones de poder existentes. Su ética, por el contrario, tendría como objetivo poner fin a las acciones ilegales o irregulares, sin dejar de prestar atención a las consecuencias de su denuncia. El denunciante se dirige a las personas más susceptibles de poner en marcha una acción correctiva y modera sus palabras. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insisten así enérgicamente en esta exigencia de moderación del discurso, que constituye un elemento clave para valorar la «buena fe» del denunciante. La acción del denunciante se distingue así claramente del discurso militante o político, que puede recurrir a una dosis de exageración o provocación, y se inscribe en una temporalidad diferente, la del debate democrático.

Denunciantes y responsabilidad democrática

El propio concepto de denunciante tiene sus raíces en el deseo de fomentar la responsabilidad democrática y la exigencia de que las autoridades públicas o privadas rindan cuentas (accountability). Los sociólogos Myron Glazer y Penina Glazer indican que el denunciante, o whistleblower, surge con ocasión de una crisis moral y política, en un momento en el que la responsabilidad de los titulares del poder se convierte en un asunto esencial. La afirmación del concepto de denunciante está estrechamente relacionada con una pérdida de confianza en las instancias oficiales encargadas de controlar a los gobernantes, consideradas deficientes. Los mismos autores señalan que la denuncia fue concebida explícitamente por sus promotores como un instrumento de buen gobierno, con el objetivo de que los titulares del poder rindan cuentas.

El apoyo a los denunciantes se concibió desde el principio como una forma de animar a los insiders, empleados del sector privado o público (que suelen ser los primeros en tener conocimiento de los atentados contra el bien común cometidos por sus organizaciones), a estar atentos a los atentados contra el interés general. La valorización del papel de los denunciantes está relacionada con la afirmación de la imperativa de transparencia de las organizaciones públicas y privadas. La profesora Irma Sandoval lo subraya: las leyes de transparencia y las leyes de protección de los denunciantes surgen de manera concomitante y proceden de un mismo movimiento de vigilancia de los gobernados hacia los gobernantes.

Sin embargo, no hay que deducir que la denuncia tiene como objetivo principal favorecer la transparencia. En el Reino Unido, el Comité de Normas de la Vida Pública ha demostrado constantemente que el objetivo de la Ley de Divulgación de Interés Público de 1998 (texto que protege a los denunciantes) no es paliar la falta de transparencia democrática, y que hay que diferenciar la denuncia de la «fuga» de información. Los investigadores anglosajones distinguen entre la práctica del leaking (divulgar públicamente una gran cantidad de información confidencial de forma anónima) y la del whistleblowing, que consiste en llamar la atención de forma específica sobre las violaciones del interés general. Desde este punto de vista, el denunciante no puede mantener el anonimato y actúa a cara descubierta, para facilitar el tratamiento de la alerta y hacer frente a sus propias responsabilidades.

Un estatuto jurídico en permanente construcción

La denuncia de irregularidades es un fenómeno cambiante y evanescente, y el estatuto jurídico que lo enmarca se caracteriza por construcciones y reconstrucciones permanentes. La relación entre la experiencia y la denuncia de irregularidades, el marco de la libertad de expresión del denunciante y la elección de un modelo para su protección o remuneración ocupan un lugar importante en este contexto.

Denuncia de irregularidades y sistemas de experiencia

La calidad de la protección de los denunciantes depende íntimamente de la forma en que se evalúa su denuncia, es decir, de los mecanismos que permiten evaluar la existencia de un riesgo o una amenaza para el interés general y tomar medidas para ponerle fin. No se trata tanto de proteger a los denunciantes como de tratar las denuncias en sí, distinguiendo las que están fundadas de las demás y tomando medidas para que cese la situación denunciada. Este aspecto es esencial. Los estudios realizados en Estados Unidos por los profesores M. P. Miceli y J. P. Near demuestran que los empleados renuncian a dar la alerta, no tanto por temor a represalias, sino porque creen que no se tomarán medidas para remediar la situación denunciada.

Sin embargo, como demuestran los profesores M.-A. Hermitte y C. Noiville, el tratamiento de la alerta constituye el principal impensado de las leyes que la regulan: en la mayoría de los Estados, no se ha organizado nada para evaluar su validez y deducir medidas de gestión adecuadas. Este estado de derecho es tanto más perjudicial cuanto que la alerta suele referirse a ámbitos en los que los conocimientos científicos son inciertos y en los que la existencia de un riesgo, una amenaza o un perjuicio para el interés general es objeto de controversia.

Pero, como observaron los sociólogos F. Chateauraynaud y D. Torny al estudiar los escándalos sanitarios de la década de 1990 en Francia, la alerta da lugar a numerosas lógicas de acción en las que la controversia y la polémica, que ocupan un lugar importante, solo pueden tener éxito si el denunciante cuenta con apoyo en varias instancias de expertos. La alerta, especialmente en materia de salud y medio ambiente, debería tener como efecto la aplicación efectiva del principio de precaución, así como la apertura de una investigación y la adopción de medidas provisionales.

El marco de la libertad de expresión del denunciante

Lejos de concebirse como un sustituto de la falta de transparencia democrática, la denuncia está ampliamente regulada, y la denuncia pública a través de la prensa sigue siendo la excepción. El Consejo de Europa indica a este respecto que es necesario que las personas comuniquen sus preocupaciones a las personas más cercanas al problema y mejor situadas para solucionarlo. Este enfoque escalonado de la denuncia implica que un empleado que desee divulgar información debe dirigirse en primer lugar a sus superiores o a otra autoridad competente, antes de considerar la posibilidad de dirigirse al público a través de la prensa.

Esta elección marca la especificidad de la denuncia de irregularidades que, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, se ha construido como un mecanismo de responsabilidad democrática, destinado a alertar prioritariamente a una persona que pueda poner fin a las acciones denunciadas. Como recuerda el profesor Olivier Leclerc, la principal característica de la alerta es que requiere una respuesta rápida, lo que justifica que la libertad de expresión del denunciante esté estrictamente regulada: la alerta debe dirigirse a una persona capaz de remediar la situación denunciada lo antes posible. Se entiende lo que diferencia la libertad de expresión del denunciante de otros modos de expresión, lo que no excluye que el objetivo principal de la denuncia sea contribuir al debate democrático.

Esta reticencia a la denuncia pública también se explica por la preocupación por preservar los derechos de otras personas físicas o jurídicas. Cuando un denunciante denuncia hechos, su acción puede dañar la reputación de las personas afectadas directa o indirectamente por la denuncia. Esta tensión es aún mayor porque la denuncia expone al propio denunciante al riesgo de incurrir en responsabilidad civil o penal por difamación o denuncia calumniosa.

Proteger o remunerar a los denunciantes

La inmensa mayoría de las legislaciones que protegen a los denunciantes optan por prometerles protección contra posibles represalias. En este modelo, dominante en Europa, los denunciantes están protegidos contra diversas formas de represalia, directa o indirecta (despido, acoso, acciones disciplinarias o penales). Algunas legislaciones, como la Ley de Divulgación de Interés Público del Reino Unido, garantizan una inmunidad real al denunciante de buena fe, protegiéndolo no solo contra represalias internas de la organización para la que trabaja, sino también contra acciones penales o civiles por difamación, los «juicios amordazados».

En estos sistemas de protección, los denunciantes también quedan exentos de sus obligaciones de reserva o de las cláusulas de confidencialidad que los vinculan a sus empresas o a la administración. Es un caso en el que el interés general prima sobre los intereses de los empleadores. Sin embargo, el protección de la que gozan los denunciantes es, en la mayoría de los casos, incompleta. Muchas medidas de represalia (daños a los bienes y al prestigio, etc.) no están contempladas en la mayoría de las legislaciones que regulan la denuncia de irregularidades. Además, no se tiene en cuenta la situación de algunos terceros (proveedores, prestadores de servicios), aunque pueden tener acceso, al igual que los empleados o los funcionarios, a información sobre hechos que perjudican el interés general.

El modelo de las bounty laws es sensiblemente diferente. Fomenta la denuncia de irregularidades mediante la promesa de una recompensa. Es el caso de Estados Unidos, con la ley False Claims Act del 2 de marzo de 1863, texto que sigue vigente en la actualidad. Permite a cualquier ciudadano que haya sido el primero en tener conocimiento de un fraude financiero o fiscal (original source) emprender acciones contra una empresa en nombre del Estado y ser recompensado con una parte del importe de la multa.

Aunque la remuneración de los denunciantes es objeto de debate, este mecanismo constituye hoy en día uno de los dispositivos centrales de la denuncia de irregularidades en Estados Unidos. Se reforzó en 2009 y 2010 mediante la Ley de Recuperación y Represión del Fraude y la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, con el objetivo explícito de contribuir a la reducción de la delincuencia financiera. Según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta ley habría permitido a las autoridades recuperar cerca de 24 000 millones de dólares entre 1987 y 2012.

Revisor de hechos: EJ

Los Denunciantes: Definición

Los denunciantes son empleados o ex empleados del sector público o privado que exponen, informan, “hacen sonar el silbato,” sobre una conducta ilegal que podría afectar la seguridad pública, causar un despilfarro en el gasto público, dar lugar a una grave mala administración, o viole normas de responsabilidad pública.

Los denunciantes internos reportan mala conducta a otro empleado o superior dentro de la organización, mientras que los denunciantes externos “se publican” reportando a entidades externas, a menudo usando medios de comunicación para filtrar información sobre conductas indebidas al general público y a los políticos.

Informaciones

Los denunciantes pueden ayudar en la detección de ilegalidades o corrupción, pero a menudo se enfrentan a la amenaza de represalias por sus acciones, mientras que la prensa y los funcionarios públicos a quienes los denunciantes revelan la historia están más aislados del daño de represalia.

Diferenciado del Cabildeo y el Activismo

La denuncia es diferente del cabildeo, la práctica y profesión de influir en las decisiones gubernamentales, llevadas a cabo por agentes que presentan las preocupaciones de intereses especiales para los legisladores. También hay que distinguirlo del activismo, que es acción en nombre de una causa, acción que va más allá de lo convencional o rutinario.

Directiva Europea

El pasado abril, la Comisión Europea aprobó la propuesta de una nueva directiva para proteger a este tipo de informantes. Con esta norma, aún pendiente de aprobarse en el Parlamento Europeo, se pretende establecer una serie de medidas para crear canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de denuncia protegidos en empresas e instituciones y prohibir cualquier represalia contra quienes los utilicen en aras del interés público. “No debería haber castigo por hacer lo correcto”, decía tras su aprobación el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. “Además, las propuestas de hoy también protegen a quienes actúan como fuentes de periodistas de investigación, ayudando a garantizar que la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953) y la libertad de los medios se defiendan en Europa”, añadía.

Algunos consideran que aún no es perfecta y apuntan varias cuestiones a mejorar, como garantizar el anonimato en los informes o que un denunciante pueda acudir siempre a los medios de comunicación.

Avances hacia la protección del denunciante

Al principio, la Comisión Europea se mostró escéptica sobre si la Unión Europea era competente para legislar sobre la protección de denunciantes.

Puntualización

Sin embargo, las recomendaciones del Consejo de Europa, que desde 2014 instaba a una protección para los denunciantes, junto con la presión pública tras destaparse cada vez más casos de fraudes y corrupción en empresas e instituciones y conocerse el trato injusto a sus denunciantes, han hecho que la Unión Europea actúe.

Con esta propuesta se protegerán las denuncias de los incumplimientos en materias de contratación pública, servicios financieros (como blanqueo de capitales o financiación (o financiamiento) al terrorismo), seguridad alimentaria (tanto en personas como en animales), seguridad nuclear, de productos y de transporte, protección del medio ambiente, salud pública, protección al consumidor, a la privacidad y a los sistemas de comunicación.

Asimismo, se aplicará a casos en los que los intereses financieros de la Unión Europea se hayan visto comprometidos.

Otros Elementos

Además, para conseguir un mayor alcance, la Comisión plantea una extensión de medidas que se dirigirá a aquellas áreas donde la protección a los whistleblowers sea relevante.

Para todos estos casos, se dispondrá de tres tipos de canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de denuncia a los que se podrá acudir de forma escalonada y cuando el denunciante no quede conforme con la respuesta que le ha dado el órgano anterior. Primero se deberá acudir al interno de la propia entidad, luego al externo puesto a disposición por parte de las autoridades y, en caso de que ninguno de los dos actúe o se prevean peligros inminentes, a los medios de comunicación.

Así, como regla general, todas las empresas privadas de más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros estarán obligadas a contar con canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) internos de denuncia que garanticen la confidencialidad de los denunciantes. Al sector privado también deben unirse todas las administraciones estatales y regionales y todos los municipios locales de más de 10.000 habitantes.Entre las Líneas En todos ellos será necesario designar a una persona o a un departamento (dependiente del tamaño de la entidad) para tramitar dichas denuncias desde que se reciben hasta que se resuelven.

Las pymes y las microempresas estarán exentas de implantar ese mecanismo, salvo que se dediquen a servicios donde haya un riesgo de blanqueo de capitales o de financiación (o financiamiento) terrorista.Entre las Líneas En caso contrario, deberán acudir directamente a los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) externos de las autoridades públicas que cada Estado miembro tendrá que identificar de manera clara. Y si en el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de 3 a 6 meses los denunciantes no han conseguido la respuesta esperada, ya podrán hacerlo público ya sea a través de plataformas web o redes sociales, acudiendo a los medios de comunicación o contándoselo directamente a cargos públicos o organizaciones civiles que lo denuncien públicamente.

De este modo, como indican desde el Grupo Verde, los trabajadores están bajo protección. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). “Es probable que haya algunas críticas de quienes quieran que todos los ciudadanos estuvieran cubiertos, pero centrarse en los trabajadores está en línea con los estándares internacionales sobre protección de denunciantes”, aseguran en su comunicado. Esto incluye desde los propios empleados, voluntarios o accionistas hasta autónomos, contratistas y proveedores. Incluso aquellos que hayan acudido a una entrevista de trabajo y tengan una información susceptible de denuncia, pero deja fuera a hackers o activistas.

Asimismo, la directiva que se está tramitando prohíbe cualquier forma de represalia al trabajador, ya sea en forma de despido, degradación o cualquier acto contra el empleado en su puesto laboral. Ante ello los denunciantes estarán protegidos, y en caso de que algo así les suceda, le corresponderá al empleador demostrar que no está tomando medidas coercitivas a raíz de la denuncia.

Otros Elementos

Además, a los denunciantes no se les considerará infractores de posibles restricciones a la divulgación de información impuestas por contrato o ley y contarán con protección ante procedimientos contra ellos por difamación, violación de los derechos de autor o revelación de secretos.

Lo que queda por mejorar

Aunque distintas organizaciones y expertos la han acogido como un paso importante, lo cierto es que la directiva tiene ciertas lagunas que no garantizan una protección total.

Según aulgunos comentaristas, una de las principales es colocar a los medios de comunicación como la última instancia a la puede acudir el denunciante. La directiva no menciona en ninguna parte la posibilidad de presentar informes totalmente anónimos.

Otros Elementos

Además, estiman “insuficiente” la protección a la confidencialidad de los informes de los denunciantes. Según la actual propuesta, se deberán proporcionar los datos del whistleblower cuando sea requerido legalmente en las investigaciones judiciales o posteriores procedimientos. Algo razonable pero que no garantiza al 100% la confidencialidad del filtrador.

También se ha considerado que la normativa debería incluir más sectores sobre los que la Unión Europea tiene competencia, como el asilo y la migración, los acuerdos comerciales y la seguridad de las centrales eléctricas en general y no solo las centrales nucleares como se propone actualmente.

Otros Elementos

Además, puede ser un poco confuso para los denunciantes que regulaciones que ya los protegen en algunos sectores, como la directiva de aviación o la regulación de abuso de mercado, permanezcan sin cambios ni unificación de criterios.

Fuente: basado en el diario.es

En Estados Unidos

Cuando los empleados internos hacen sonar el silbato, ayudan a las autoridades a detectar y reducir el daño asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “associate” en derecho anglo-sajón, en inglés) con la mala conducta y reducir la necesidad de que las organizaciones de vigilancia se involucren en la supervisión y puedan ayudar a prevenir las fechorías. Algunas de estas revelaciones del gobierno y de las fechorías corporativas han fortalecido el apoyo a denuncia e instituyendo más protecciones de denunciantes. Se han aprobado aproximadamente 40 leyes federales para proteger al público y a los denunciantes.

Otros Elementos

Además, la mayoría de las legislaturas estatales han promulgado leyes que protegen a los empleados del sector público de las represalias por informar de las fechorías de los empleadores, y cerca de la mitad de los Estados protegen la denuncia del sector público y privado.

Dos leyes federales importantes dirigidas a proteger a los denunciantes de represalias incluyen la ley de protección de denunciantes, que protege a los denunciantes federales en general de represalias, y la ley de reclamaciones falsas, que permite a los denunciantes con evidencia de fraude contra agencias federales para demandar al malhechor en nombre del gobierno de los Estados Unidos y cobrar compensación monetaria. Otras leyes federales destinadas a estimular la denuncia son la ley de seguridad y salud ocupacional; el estatuto del denunciante de ahorro y préstamo; la ley de sustancias tóxicas; la ley Superfund; la ley Sarbanes-Oxley que impide la represalia contra ciertos denunciantes corporativos; y leyes que regulan el aire claro, el agua potable y la seguridad de las minas.

Estas leyes otorgan a los empleados federales el derecho de eludir la cadena de mando y compartir información que sugiera razonablemente la mala conducta con el Congreso. La mayoría de las leyes federales se centran en proteger a los empleados en entornos específicos. Por ejemplo, un empleado que reporta violaciones de agua potable está protegido contra represalias por la ley de agua potable de 1974, mientras que un empleado que divulga el dumping ilegal de bifenilo policlorado en un río estaría cubierto por las sustancias tóxicas Ley de control de 1976. Este edredón de remiendos de leyes significa que los denunciantes que experimentan represalias deben entender los varios estatutos y averiguar los plazos para presentar quejas. Algunos Estados tienen plazos tan cortos como diez días para denunciar quejas. Los estatutos federales para denunciar quejas de discriminación, represalias y violaciones de derechos civiles varían entre 30 y 180 días.Entre las Líneas En el sector privado, los empleados normalmente tienen 180 a 300 días para presentar con la Comisión de igualdad de oportunidades de empleo, dependiendo de si el estado tiene su propia agencia de aplazamiento.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Denuncia a menudo acarrea consecuencias para los empleados que intentan permanecer en las organizaciones que expusieron para el fraude o la fechoría.

Informaciones

Los denunciantes pueden ser lanzados como héroes e incluso recibir recompensas monetarias por venir adelante, o pueden ser retratados como sabuesos publicitarios con un rencor que un paso adelante por razones vengativas. De hecho, la mayoría de los denunciantes se enfrentan a alguna forma de represalia, de acuerdo con el Centro Nacional de denunciantes, una organización de defensa sin fines de lucro. Alrededor de la mitad son despedidos, y otros enfrentan acoso laboral o acción disciplinaria.

Aunque la ley federal está destinada a proteger a los denunciantes, los denunciantes a menudo pagan un precio por venir adelante.Entre las Líneas En el caso de Emonds, en el cual ella y otros afirmaron que fueron despedidos de sus posiciones en la Oficina Federal de investigación (FBI) después de soplando el silbato del FBI Coverups después del 11 de septiembre, el Departamento de justicia invocó el privilegio de los secretos de estado, un regla probatoria que permite al gobierno federal impedir la divulgación de información en procedimientos jurídicos que puedan perjudicar la seguridad nacional.Entre las Líneas En enero de 2005, una investigación reveló que muchas de las alegaciones de Edmonds eran apoyadas y que ella era de hecho despedida para soplar el silbido. A partir de mediados de 2008, su caso de la corte no se ha restituido y ella sigue siendo un empleado anterior del FBI.

Otro empleado, el fiscal de los Ángeles, Richard Ceballos, afirmó que fue disciplinado por denuncia.Entre las Líneas En un memorándum relacionado con el trabajo, Ceballos discutió la posible mala conducta policial. Más tarde, fue degradado y reasignado como resultado de la nota.Entre las Líneas En Garcetti v. Ceballos (2006), la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que cuando los empleados públicos hacen declaraciones de acuerdo con sus deberes oficiales, no están hablando como ciudadanos por razones de primera enmienda.Entre las Líneas En tales declaraciones, entonces, la Constitución no los protege de la disciplina de los empleados. Los grupos denunciantes afirman que la decisión de Garcetti hará que los empleados públicos estén menos dispuestos a exponer los desechos, el fraude y el abuso y que el fallo (la sentencia o la decisión judicial) debilite las protecciones de los denunciantes en general.

Autor: Williams

Historia: Mujeres y Estado del Bienestar

Mujeres Denunciantes

Podría pensarse que los denunciantes se convertirían cada vez más en herramientas seguras, anonimato y sitios web, como Wikileaks, para compartir sus datos en lugar de tomar el riesgo de depender de un periodista para proteger su identidad. Ahora, sin embargo, WikiLeaks está implicado en ayudar a la elección de Donald Trump, y “los rompedores de silencio”, las víctimas de asalto sexual, son el tiempo de 2017 persona del año.

No solo es este momento notable debido a la voluntad de los denunciantes de presentar y mostrar sus rostros, sino también porque las mujeres son las que soplan el silbato. Con la notable excepción de Chelsea Manning que no eligió ser identificado, los denunciantes más bien conocidos en la historia moderna, podría decirse que Daniel Ellsberg, Edward Snow den, y Jeffrey Wigand, son todos hombres.

La investigación sugiere atributos individuales y organizacionales clave que se prestan a denuncia. A nivel individual, las personas motivadas por valores morales fuertes o identidad propia podrían ser más propensos a actuar. A nivel organizacional, es más probable que los individuos reporten fechorías si creen que serán escuchados.

Las personas que tienen fe en las organizaciones para las que trabajan son más propensas a denunciar las fechorías internamente. Aquellos que no tienen fe buscan al gobierno, reporteros, y/o contratar abogados para exponer las fechorías.

Históricamente, las mujeres no habrían sido probablemente candidatas a reportar internamente porque no han sido escuchadas o empoderadas en el lugar de trabajo.Entre las Líneas En el trabajo están infravalorados, están subrepresentados en roles de liderazgo (véase también carisma) y están mal pagados en comparación con los colegas varones. Esto señala a las mujeres que sus preocupaciones no se tomarán en serio ni instigarán el cambio.

Una Conclusión

Por lo tanto, muchos optan por permanecer en silencio.

Denuncia viene con enormes riesgos, y esos riesgos son mayores para las mujeres.

El escándalo de Harvey Weinstein es particularmente atroz. Fue deshonrado y condenado solo después de que unas pocas mujeres valientes y poderosas estuvieran dispuestas a entrar públicamente en el disco, lo que luego incitó a muchos otros acusadores a que se adelantaran. Considere también el reportaje excepcional de Washington post sobre las mujeres que acusaron al candidato republicano del Senado de Alabama Roy Moore de perseguir sexualmente a niñas menores de edad. Un individuo, incluso nombrado, podría ser fácil de descartar.Si, Pero: Pero no había solo uno. Había cuatro.

En el momento denuncia de hoy las mujeres están creando organizaciones de apoyo público de facto al salir en grupos. Esto señala a otros con historias similares que está bien hablar y sus historias pueden ser creídas.

El deseo de estas mujeres de decir la verdad se alinea perfectamente con el compromiso de los periodistas con la “verdad”. Ha sido durante mucho tiempo la espina dorsal del buen periodismo, pero en el clima político actual en Estados Unidos, la verdad es relativa y una cuestión de opinión y revisión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El Presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, afirma con regularidad los hechos y recientemente ha reclamado un video de él denigrando a las mujeres falsas – aunque ya se disculpó por ello.

En consonancia con la discusión de las transgresiones de los individuos populares e influyentes, los denunciantes de hoy también apelan a los periodistas que se enorgullecen de responsabilizar a las personas en el poder. Algunas mujeres tienen abogados para asumir sus casos y optar por permanecer anónimos. Aún así, al perseguir alegaciones contra personas prominentes y poderosas, atraen la atención de los medios porque es difícil mantener las investigaciones tranquilas cuando el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) es de alto perfil y se ve obligado a tomar un permiso de ausencia o es despedido.

En este momento en el tiempo en lo que se refiere a la política, no se cree nada y todo se debate, pero las mujeres son capaces de aprovechar el momento y dirigir conversaciones sobre el asalto sexual. ¿pero las mujeres son apoyadas y respetadas lo suficiente como para convertirse en denunciantes en otras cuestiones que no sean agresiones sexuales?

Espero sinceramente que las mujeres no sean reconocidas como denunciantes ahora porque son consideradas “expertas” en el ámbito de la agresión sexual y el acoso. Es una experiencia desafortunada y común para muchas mujeres, como ha sido validada recientemente por el fenómeno #MeToo.

¿pero a dónde vamos desde aquí? ¿creeremos a las mujeres sobre fraude corporativo? Sobre la corrupción del gobierno? ¿a quién vamos a creer y por qué? Lo que es más importante, tal vez, ¿creerán las mujeres denunciantes a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) en los medios de comunicación y el público para apoyarlos?

Según transparencia internacional, una organización internacional independiente de apoyo y defensa denuncia, la confianza en el gobierno de Estados Unidos está disminuyendo. 7 de cada 10 personas no creen que el gobierno esté luchando contra la corrupción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Esto sugiere que es improbable que las mujeres – o los hombres, en ese caso – confíen en las leyes de denuncia o en el manejo del gobierno de quejas de denunciantes.

Por lo tanto, los que tienen la convicción de ser un denunciante serán más propensos a acudir a los medios de comunicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Un nuevo informe del Instituto Poynter sugiere que la confianza pública en los medios de comunicación está aumentando, pero la confianza está altamente correlacionada con el partidismo.

Autor: Williams

Vea También

Libertad de información
Derechos humanos
Derechos fundamentales
Libertad de expresión
Connick v. Myers (1983); Garcetti v. ceballoss (2006); Empleados públicos.

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