Regulación e interacciones de libre mercado
La diversidad de significados de la regulación ha dado lugar a controversias y malentendidos entre los estudiosos, sobre todo en el tema de la desregulación. En la tradición económica, la desregulación se refiere a la eliminación de controles específicos impuestos por el gobierno sobre las interacciones del mercado, en particular el intento de controlar el acceso al mercado, los precios, la producción o la calidad del producto. Sin embargo, si la regulación se concibe más ampliamente como una forma de gobernanza económica, es difícil imaginar la eliminación total de la intervención estatal. Además, la relación entre regulación y competencia se ha transformado. La regulación solía representarse como el enemigo de las interacciones del libre mercado. Sin embargo, muchos estudiosos llegaron a creer que algunas regulaciones facilitan la competencia mientras que otras la impiden. Por lo tanto, la regulación no es necesariamente el antónimo del libre mercado o de la liberalización (relajación de los controles gubernamentales). Desde esta perspectiva, muchos estudiosos prefirieron utilizar los términos reregulación o reforma regulatoria en lugar del término desregulación. (Véase también política de competencia).

La regulación como actividad estatal
Los debates teóricos en torno al concepto de regulación reflejan diferentes disciplinas y agendas de investigación y pueden dividirse a grandes rasgos en enfoques sobre la regulación como acto de gobierno y perspectivas sobre la regulación como gobernanza. La regulación como actividad gubernamental se ha estudiado ampliamente, incluyendo las razones de la regulación y el proceso por el que se lleva a cabo.

Intereses públicos frente a intereses privados
La justificación original de la intervención gubernamental en las interacciones económicas era el interés público. Esta perspectiva considera el mercado como un mecanismo eficiente de asignación del bienestar social y económico, al tiempo que advierte de los fallos del mercado. Los fallos del mercado suelen ser los monopolios naturales, las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica, el riesgo moral o los costes de transacción. La regulación se consideraba necesaria para superar esas dificultades.

Sin embargo, concebir la regulación como una herramienta para superar las imperfecciones del mercado ha sido criticado en varios puntos. En primer lugar, con la evolución de la teoría económica, varios estudiosos han cuestionado la comprensión de las deficiencias del mercado que subyace a la explicación de la regulación gubernamental. En segundo lugar, los economistas han señalado los costes de transacción, a menudo considerables, que conlleva la imposición de la regulación, lo que podría convertirla en una herramienta política ineficaz y perjudicial para el bienestar social o económico. Por último, el enfoque de los fallos del mercado sostiene que la regulación se establece con el objetivo de lograr la eficiencia económica. Sin embargo, esto hace que sea difícil tener en cuenta otros objetivos, como la justicia procesal o la redistribución a expensas de la eficiencia.

La escuela de economía de Chicago, conocida por su defensa de la economía del laissez-faire, se centra en cambio en los intereses privados como fuente de regulación. El principal objetivo de esta perspectiva es comprender cómo interactúan los intereses privados y los funcionarios públicos. Una afirmación central de los teóricos que siguen este enfoque es que los resultados de las políticas suelen ser contrarios al interés social o público porque los representantes de la industria ejercen presión sobre el gobierno para obtener beneficios que podrían obtener mediante el proteccionismo u otras formas de control económico. Los políticos son susceptibles a estas demandas porque están interesados en las contribuciones financieras que pueden ofrecer los actores empresariales. Así, los grupos de interés compiten por políticas específicas en un mercado político de regulación gubernamental. Mientras existan grupos de interés, cabe esperar que haya regulación, lo que impide alcanzar el máximo bienestar social y económico.

La teoría de la regulación económica ha sido criticada por su riesgo de tautología. La regulación existe porque los intereses privados ejercieron presión para que fuera efectiva y, en consecuencia, sólo se puede saber quién la pidió determinando quién se beneficia de ella. Por lo tanto, una ventaja particular de la industria es la causa y el efecto de la regulación. Además, si la regulación se define en un sentido estricto como las políticas económicas específicas destinadas a controlar los precios o la entrada y el acceso al mercado, la disminución de la regulación de varias industrias en Estados Unidos durante los años 70 y 80 parece refutar la teoría. No obstante, como modelo de las interacciones entre las empresas y el gobierno, la teoría de la regulación económica informa directa o indirectamente a un gran número de estudios en el campo de la economía política.

Análisis pragmático-administrativo
Un gran número de estudios también han abordado el hecho empírico de la regulación. Estas perspectivas pragmático-administrativas arrojan luz sobre la regulación como acto de elaboración de políticas. El estudio de la política de regulación se nutre de las herramientas del análisis de las políticas públicas, la sociología de las organizaciones y la ciencia política. En los años 50 se describió el ritmo de la regulación como un ciclo vital de las comisiones reguladoras, con fases de gestación, juventud, madurez y vejez. Esta visión facilitó el análisis del activismo inicial en la formulación de un planteamiento de política reguladora y los problemas específicos de gestión que se producen en el transcurso de su vida. La regulación ha sido clasificada como un tipo específico de política pública, indicando que las políticas deben ser categorizadas según el grado y la aplicación de la coerción gubernamental y que la política regulatoria debe ser separada de la formulación de políticas distributivas y redistributivas.

Otros estudios sobre la regulación han tratado de caracterizar los distintos regímenes políticos o, más ambiciosamente, la capacidad del Estado. La literatura predominantemente europea sobre el Estado regulador trató de demostrar que la acción gubernamental se basaba cada vez más en el uso de la autoridad, las reglas y el establecimiento de normas, más que en tareas distributivas o redistributivas, como la prestación de servicios públicos. En una extensión de este debate al ámbito europeo, se argumentó que la capacidad gubernamental de la Unión Europea (UE) estaba fuertemente sesgada hacia la regulación. Por tanto, como sistema político, la UE podría convertirse en un Estado regulador, pero no en un Estado de bienestar intervencionista.

La regulación como gobernanza
En el contexto de la globalización económica, los estudios sobre regulación dejaron de centrarse únicamente en los organismos independientes y en el control gubernamental de la economía. Los estudiosos reconocieron que algunas interacciones de los participantes en el mercado, las normas de los productos o los procesos ya no se regulaban mediante la intervención del Estado. Más bien, se regulaban a través de acuerdos internacionales o incluso de acuerdos de autorregulación entre actores privados. Dado que parecía pertinente abordar estos nuevos modos de gobernanza económica, se hizo común abordar la regulación en ausencia de una autoridad gubernamental directa. Otros estudios señalaron las pautas que rigen el comportamiento de determinados actores sin referencia a un sujeto unitario de regulación.

La regulación sin el Estado
Al igual que en el contexto de la UE, los estudiosos de la reforma normativa también se interesaron por la regulación a nivel internacional. En determinados sectores, como el comercio electrónico o las telecomunicaciones, los acuerdos internacionales se han convertido en decisivos para controlar el comportamiento de los individuos en el mercado. Además, muchos estudios señalaron el efecto de la autorregulación de las empresas o de diversos conjuntos de asociaciones público-privadas para la elaboración, el control o la aplicación de normas específicas. Mostraron cómo diferentes formas de autoridad privada estructuran el comportamiento económico de las empresas en sectores tan diversos como el transporte marítimo, los mercados de minerales o los servicios financieros.

A menudo es difícil identificar con exactitud quién o qué provoca el auge o la caída de las reformas normativas. Mientras que la regulación y la desregulación en Estados Unidos pueden identificarse estrechamente con líderes y partidos políticos específicos, una creciente literatura investiga qué mecanismos conducen a la difusión de las reformas regulatorias en los distintos países o contextos políticos. Animada por el deseo de comprender la emulación regulatoria, esta agenda de investigación conecta el estudio de la regulación con el debate actual sobre las raíces y consecuencias de la liberalización y la globalización.

En el siglo XX se desarrolló un extenso cuerpo de leyes reguladoras relativas al uso de la propiedad, en particular del suelo. El efecto de esta ley reguladora es proteger los intereses de propiedad de aquellos miembros de la comunidad cuya propiedad se vería afectada negativamente por el uso del suelo prohibido por la regulación. Así, si una ley medioambiental prohíbe la emisión de determinados contaminantes desde una chimenea o un automóvil, esa ley protege los intereses de aquellos en cuyas tierras descenderían los contaminantes o de quienes respirarían el aire contaminado.

En algunas circunstancias, algunas jurisdicciones occidentales permiten a los perjudicados por la violación de esas normas demandar directamente a los infractores. En otras circunstancias y en otras jurisdicciones no se permite esa capacidad para demandar, pero el individuo afectado puede iniciar un procedimiento administrativo para obligar a la aplicación de esas normas. Incluso si no se permite la aplicación privada, el hecho de que la normativa exista y de que su aplicación por parte de las autoridades públicas pueda esperarse normalmente modifica los intereses de la propiedad, en el sentido de la definición, no sólo del propietario cuyo privilegio de uso está limitado por la normativa, sino también de aquellos que se benefician de la misma.

Regulación pública del uso del suelo
La planificación urbana ya se conocía en el mundo antiguo, y se han diseñado regulaciones particulares del uso del suelo para garantizar la salud, la seguridad o la sensibilidad de los vecinos allí donde los seres humanos viven en una proximidad razonable. Sin embargo, la cantidad de este tipo de regulaciones aumentó drásticamente en el siglo XX. Como resultado, el derecho de zonificación y planificación se ha convertido en un tema de interés general para la profesión jurídica.

El derecho de zonificación y planificación es también un área en la que la distinción básica entre el derecho angloamericano y el derecho civil no es particularmente útil. Aunque el concepto de alteración del orden público no parece existir en el derecho civil y la protección constitucional otorgada a la "propiedad" en Estados Unidos ha dado lugar a un conjunto de limitaciones un tanto inusuales sobre el poder del gobierno para regular el uso del suelo, el panorama general del control público del uso del suelo en Occidente es más notable por sus similitudes que por sus diferencias.

El negocio de los seguros está sujeto a una amplia regulación gubernamental en todos los países. En los países europeos la regulación de los seguros es una mezcla de controles centrales y locales. En Alemania, la autoridad central sobre la regulación de los seguros es la Autoridad Federal de Supervisión de Seguros (BAV), que ejerce un estricto control de las primas, las reservas y las inversiones de las aseguradoras. La regulación de la BAV sobre los seguros de vida, por ejemplo, no permite más del 20% de las inversiones en acciones.

En el Reino Unido, la regulación suele dejar a la agencia gestora una libertad de acción bastante completa y sólo se preocupa de los resultados finales del negocio. En esto el Reino Unido se diferencia de la mayoría de los países europeos, en los que el objetivo de la supervisión de los seguros es regular más estrechamente las condiciones en las que operan las aseguradoras.

En los países de la Unión Europea se está intentando obtener una mayor uniformidad entre los estatutos nacionales de seguros. Con ello se pretende facilitar las operaciones de las aseguradoras más allá de las fronteras nacionales.

Siguen existiendo muchas barreras legales y reglamentarias para la expansión de las operaciones de seguros en varios países del mundo. Algunos ejemplos son los estrictos requisitos de concesión de licencias, la prohibición de los seguros no admitidos, la contratación obligatoria de nacionales locales, los requisitos de que las aseguradoras realicen inversiones locales o creen empresas conjuntas con aseguradoras locales, la prohibición del libre cambio de divisas o de la repatriación de beneficios, y los impuestos onerosos.

Una fuerza legal importante que influye en la regulación de los seguros en países como Francia, Bélgica, Egipto, Grecia, Italia, Líbano, España, Turquía y las antiguas colonias africanas francesas es el Código Napoleónico. La influencia del código puede verse, por ejemplo, en la cuestión de la responsabilidad civil, en la que la carga de la prueba puede recaer en el demandado y no en el demandante.

En algunos países no están regulados todos los ramos de seguros. En los Países Bajos sólo están regulados los seguros de vida, y en Bélgica sólo los seguros de vida, de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil de vehículos. En algunos países, el ámbito de supervisión puede abarcar muchos aspectos del negocio de los seguros, pero en el Reino Unido y los Países Bajos sólo se regulan los asuntos financieros.

En varios países europeos las aseguradoras no pueden suscribir tanto seguros de vida como seguros generales (seguros de propiedad y de responsabilidad civil). Los requisitos de capital mínimo varían en función del tipo de negocio suscrito, siendo normalmente más altos para los seguros de vida.

En la mayoría de los países europeos, las pólizas se someten a las autoridades de supervisión para su aprobación o información. En algunos países es obligatorio utilizar cláusulas o formularios de contrato estándar; por ejemplo, en Suecia los aseguradores deben utilizar una póliza estándar obligatoria de responsabilidad civil para vehículos de motor, y en Suiza se exige un contrato estándar para riesgos de guerra y seguros de vida.

Los seguros suelen ser obligatorios. En general, las leyes suelen exigir a los particulares un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes de trabajo. En Alemania se exige un seguro contra incendios para los bienes inmuebles. Varios países exigen un seguro de aviación (por accidente y enfermedad) a los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas.

Aunque los particulares suelen tener libertad para elegir la aseguradora que deseen, existen restricciones para contratar seguros de aseguradoras extranjeras. En algunos países, los compradores deben recurrir a aseguradoras nacionales para las coberturas obligatorias, pero son libres de contratar seguros de aseguradoras extranjeras cuando la cobertura no está disponible en las aseguradoras nacionales. En otros países no se pueden colocar ciertos tipos de seguros en el extranjero. Aproximadamente la mitad de los países del mundo prohíben los seguros "no admitidos", definidos como seguros suscritos por un asegurador no autorizado a operar en ese país.

En Estados Unidos la mayor parte de la regulación de los seguros está en manos de los distintos estados, aunque el gobierno federal también tiene autoridad sobre las aseguradoras cuando se considera que la regulación estatal no regula eficazmente actividades como las prácticas comerciales desleales, la publicidad engañosa, el boicot y las prácticas monopolísticas. Los Estados regulan cuatro aspectos principales: la fijación de tarifas, las normas mínimas de solvencia financiera, las inversiones y las prácticas de comercialización.

En la fijación de tarifas, deben cumplirse tres requisitos básicos: las tarifas deben ser adecuadas para cubrir las pérdidas previstas, no deben ser excesivas y no deben ser injustamente discriminatorias entre las diferentes clases de riesgo. En el cumplimiento de las normas mínimas de solvencia financiera, las leyes estatales especifican los requisitos mínimos de capital, las prácticas contables, los depósitos mínimos de seguridad en los comisionados de seguros estatales y los procedimientos de liquidación de las aseguradoras insolventes. En cuanto a las inversiones, los estados limitan los tipos y la calidad de los valores en los que las aseguradoras pueden invertir sus activos. En cuanto a la comercialización, los estados regulan la publicidad, la concesión de licencias a los agentes, los formularios y la redacción de las pólizas, los procedimientos de notificación y tramitación de las reclamaciones, las asignaciones de gastos para la adquisición de nuevos negocios y otras operaciones de la agencia y la aseguradora, incluida la admisión para hacer negocios en el estado. Muchos estados mantienen una división especial para registrar y gestionar las quejas de los consumidores.