Derecho de Cita
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El Derecho de Cita en España
Tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) ha desaparecido del texto el derecho de cita, que no se regula en ninguna otra norma jurídica, provocando, al menos aparentemente, que cualquier reproducción literal en España de un texto con derechos de autor en una publicación científica, literaria o jurídica se puede considerar no autorizada. Lo que entra en abierta contradición con la tradición de la literatura científica o jurídica, y con lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos (como en el caso del “fair use” de Estados Unidos).
Esto, en España, tiene un impacto en la regulación de la actividad de las empresas de resúmenes de prensa o press clipping y otras como la docencia o los catálogos de los museos. El trabajo de las compañías de resúmenes de prensa o press clipping quedaría sujeto al consentimiento del autor, que en caso de que no se haya opuesto expresamente, tendría derecho a percibir una remuneración equitativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es consecuencia de la adaptación a la norma comunitaria, pero el derecho de cita existe desde los derechos de autor. Los servicios de noticias de webs como Google o Yahoo podrían ser considerados revistas de prensa, aunque finalmente otra modificación legislativa a retirado, en España, el servicio de Google News.
La primera redacción del articulado de la ley, en la tramitación de su reforma, proponía un uso del press clipping que no entrañase lucro, que podía provocar polémicas pero era un texto considerado más seguro jurídicamente.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España, en el año 2004, desautorizó a los grandes editores y dictaminó que el derecho de cita forma parte de la libertad de información (véase; y también libertad de comunicación, libertad de expresión, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York, 31 de marzo de 1953). Otorgó así la razón a AESIP, que agrupa a las pequeñas empresas que realizan resúmenes de prensa, y se la quitó a Gedeprensa, que pretendía cobrar a todo aquel que realizase resúmenes de prensa -los llamados press-clipping, que también serán ilegales a tenor de la reforma de la ley-. Para el Tribunal de Defensa de la Competencia español, los resúmenes de prensa forman parte del derecho universal a la información.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
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