Historia de las Bases de Datos Jurídicas

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]

Historia de las Bases de Datos Jurídicas

Desde las primeras sociedades organizadas han existido normas reguladoras y, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha anhelado recoger en una sola obra todo el corpus jurídico vigente en una comunidad y que éste sea conocido por todos los integrantes de la misma.

Será con la aparición de la imprenta cuando la documentación jurídica conquiste su dimensión actual. La rapidez en la impresión, la edición de un gran número de ejemplares y la facilidad de difusión inusitada explican la sólida y necesaria alianza, perdurable hasta el siglo XXI. El período del gran desarrollo del Derecho y, por ende, de la documentación jurídica se sitúa en el paso del Antiguo Régimen al Estado moderno. Se crean instituciones productoras de documentación jurídica y se estructura la Administración pública.

Coincide este momento histórico con la denominada gran era de la codificación, en la que se atiende a una doble finalidad: la recopilación y la estructuración del Derecho vigente.

La publicación jurídica se transformó drásticamente y, sin notorias diferencias, ha llegado hasta principios del siglo XXI. Las recopilaciones jurídicas se distinguirán, desde entonces, de las meras colecciones de textos; aportarán una estructura, los textos serán analizados y posteriormente referenciados a través de índices, indispensables para el acceso y consulta de los mismos. Así señalan Reviriego y Maciá (en “Introducción general a la documentación jurídica”; Manual de documentación jurídica; Madrid: Síntesis, 1998, p. 19-34) aflora el mundo editorial jurídico dedicado, fundamentalmente, a dos tipos de publicaciones: los repertorios, es decir, las colecciones exhaustivas de legislación o jurisprudencia, y las revistas jurídicas, que recogerán las aportaciones de autores sobre el Derecho, esto es, la denominada doctrina jurídica.

En España, el punto de inflexión en el crecimiento exponencial de la documentación jurídica viene determinado por la entrada en vigor de la Constitución de 1978. El necesario desarrollo normativo de (la Constitución), la nueva estructura del Estado en Comunidades Autónomas, así como la integración de España en la Unión Europea explican esta explosión documental. (…)

La evolución combinada de los desarrollos constantes en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones ha convulsionado la documentación jurídica, creemos que de modo efectivo (desde principios del siglo XX). (…)

Una Nueva Industria

La década de los sesenta del siglo (XX) supuso la irrupción de la informática en las actividades de los profesionales de la información y, desde entonces, tratamiento y recuperación de la información guardan una indefectible conexión con la automatización de ésta. Repertorios de la trascendencia de Medline o Chemical Abstracts emprenden la automatización en estos años. No es extraño que el propio término “recuperación de la información” se comience a consolidar en la comunidad investigadora en los años sesenta.

Gonzalo Rozas, Maciá y Reviriego (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 29) retrotraen las tentativas pioneras de aplicación de la informática a la documentación jurídica a los años próximos al final de la II Guerra Mundial, trabajos desarrollados en el ámbito universitario que pretendían demostrar, de manera experimental, que esta documentación era susceptible de recuperación por medios electrónicos. Los estudios de J. Bing (Legal text retrieval and information services.Entre las Líneas En Kent, A. y Lancour, H. (eds.). Encyclopaedia of Library and Information Science. New York: Marcel Deker, 1991, vol. 48, supl. 11, p. 219-254) y Páez Mañá (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 121-122), entre otros, coinciden en señalar los trabajos del profesor John F. Horty en el Health Law Center de la Universidad de Pittsburg como los primeros pasos en el desarrollo de los sistemas de recuperación legal.Entre las Líneas En 1960 el sistema fue presentado con éxito en la Conferencia de la Asociación Americana de Abogados y sus métodos se aplicaron al establecimiento del primer servicio de información legal operativo adquirido por el Air Force Accounting and Finance Center, en Denver, Colorado, recibiendo el nombre de Legal Information Thru Electronics (LITE).

Las grandes bases de datos jurídicas hacen su aparición a partir de los años setenta.Entre las Líneas En Estados Unidos, en 1973 se presenta el sistema LEXIS de Mead Data Central que se implantaría con posterioridad en el Reino Unido y Francia. Su principal competidor se desarrolló en el seno de la editorial jurídica más importante de Estados Unidos, West Publishing que sacó a la luz en 1975 su sistema WESTLAW.

En Europa CELEX (Comunitatis Europeae Lex) nace en 1966 y está operativa desde 19709, en Bélgica, el Centre de Recherche Documentaire (CREDOC) inauguró su base de datos de modo oficial en 1971 (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 103-120) y fue el primer sistema en enfrentarse a la ardua problemática de la documentación bilingüe, en Italia la presentación del sistema ITALGIURE se produjo en 1973.Entre las Líneas En general, los sistemas europeos comenzaron como sistemas especializados destinados a un pequeño grupo de usuarios a comienzos de los años setenta para, con el paso del tiempo, conformar sistemas más generales disponibles para todos los usuarios como servicios de información legal nacional.

La obra de Páez Mañá (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 41-61) presenta un detallado seguimiento de esta primera etapa de aplicación de la informática en el contexto jurídico español; trataremos aquí de subrayar únicamente aquellas actuaciones más relevantes. La primera, sin duda, la constituye la puesta en marcha del Proyecto Ibertrat en 1968, proyecto auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la finalidad de recopilar, almacenar y gestionar el Registro de Tratados internacionales firmados por España a partir de 1939, de forma que fuera posible su recuperación empleando medios informáticos.

Paralelamente al Proyecto Ibertrat, el Ministerio de Justicia desarrolló el Plan General de Informática Jurídica, concebido como apoyo a los programas de control de la distribución y resolución de las causas penales y de establecimiento del Registro de Penados y Rebeldes junto a otros orientados a facilitar la búsqueda y recuperación de documentación jurisprudencial. Se creó, igualmente, la Secretaría Técnica, dependiente de la Presidencia del Tribunal Supremo, con la finalidad de aplicar la informática jurídica al tratamiento de la jurisprudencia, siendo nombrado como Secretario de la misma Miguel López-Muñiz Goñi, brillante promotor de la informática jurídica en España.

A finales de 1970 el Colegio de Abogados de Barcelona decidió la creación de la Sección de Informática Jurídica con la intención de promocionar, entre los profesionales del Derecho, las ventajas derivadas del uso de la informática.Entre las Líneas En 1983 impulsó la puesta en marcha de una cooperativa de servicios informáticos para facilitar la formación de los colegiados y la automatización de los despachos profesionales.

Progresivamente, se fueron sumando a estas iniciativas diversas entidades y corporaciones públicas y privadas como FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones), el Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ENTEL, etc. Se establecieron ciertos criterios de cooperación que tuvieron como fruto dos convenios interinstitucionales para la creación de un banco de datos jurídico centralizado y la constitución en 1980 del Centro de Documentación e Informática Jurídica CENDIJ como fundación cultural privada dirigida por López-Múñiz Goñi. Dos años más tarde y por razones, fundamentalmente económicas, se abandonó el desarrollo
de este proyecto que podría haber sigo el germen de un servicio de información legal nacional en línea con algunos de los gestados en el panorama europeo.

En los primeros años de la década de los ochenta resulta destacable la acción destinada a la promoción de la informática jurídica y de las bases de datos llevada a cabo por instituciones como FUINCA: Fundación de la Red de Información Científica Automatizada, el CINADDE: Centro de Informática Aplicada a la Documentación y Derecho o la Fundación Lluis de Peguera.

El ISOC inició en 1981 la producción de bases de datos propias, entre ellas ISOC-DR: Administración Pública y Derecho, hasta hace unos meses denominada JURIDOC que, a día de hoy, con el marbete de ISOC Derecho, continúa siendo la más relevante en materia de doctrina jurídica en (España).

Los diversos planes diseñados por la Administración Pública en este periodo inicial resultaron vitales para guiar el proceso de automatización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Es fundamental reconocer la trascendencia del “Plan IDOC: Plan nacional de actuación en materia de Documentación e Información Científica y Técnica para el cuatrienio 1983/1986”, con acciones dirigidas a potenciar la creación de bases de datos en el área de la Administración Pública, así como la creación de bases de datos comerciales subvencionadas con fondos públicos en proporción al grado de interés general de sus contenidos, lo que contribuyó, indudablemente, al desarrollo de las bases de datos jurídicas.

El impulso definitivo vendría de la mano del Programa Nacional de Información para la investigación científica y el desarrollo tecnológico presentado en 1986 por la Dirección General de Política científica del Ministerio de Educación y Ciencia y desarrollado dentro del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (1988-1991). Acertadamente señala Mercedes Caridad12 “se ha de considerar este Plan el verdadero motor de arranque de la Documentación automatizada en España y el marco de la inversión pública en el terreno de las Tecnologías de la Información”.

A partir del año 1983 se percibe un crecimiento continuado de producción y distribución de bases de datos jurídicas encabezada por cuatro instituciones fundamentales: las Cortes Generales, el Boletín Oficial del Estado y los Tribunales Supremo y Constitucional. Para García Moreno (“De la teledocumentación a Internet: la industria española de las bases de datos”; Madrid: Fragua, 1999, p. 107) a partir del año 1985 comienza a observarse en el sector de los servicios de información electrónica en (España) un crecimiento realmente significativo. El desarrollo autonómico, comunitario y la determinación por parte de empresas privadas de sumarse a la elaboración de productos electrónicos fueron modelando el armazón del sector de la edición jurídica en soporte electrónico en España.
El proyecto de creación de base de datos normativa del Boletín Oficial del Estado arrancó en 1983, valiéndose de los registros que se encontraban almacenados en soporte magnético desde 1968 (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 61). Esta base de datos referencial fue llamada INDILEX y su comienzo se halla vinculado a la elaboración de la edición impresa del índice refundido de Disposiciones Generales 1968-1981 y a la confección, con herramientas informáticas, de los índices mensuales y anuales de la publicación “Disposiciones Generales”, que recoge las normas aparecidas en el primer apartado del Sumario del BOE.Entre las Líneas En 1985 la base de datos cambió su estructura, introduciendo las Disposiciones Generales a texto íntegro, añadiendo la Constitución española, determinadas resoluciones judiciales de los Tribunales Supremo y Constitucional y normativa de la Comunidad Europea; pasó a denominarse IBERLEX y comenzó su distribución en línea (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 586-590). El sistema adoptado por el BOE fue Mistral.

En 1983 arranca, igualmente, la base de datos LEDA: Legislación Educativa Automatizada, producida y distribuida por el Ministerio de Educación hasta el momento actual. Recoge normativa relacionada con la educación, incluye las disposiciones de carácter general, con independencia de su rango, referentes a educación o investigación, publicadas en los Boletines o Diarios Oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas desde 1970.
La base de datos CALEX del Senado que recoge legislación de las Comunidades Autónomas así como resoluciones del Tribunal Constitucional que tengan relación con éstas, surge a partir del Plan de informatización de las Cortes Generales aprobado en 1984 (“Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal”; Madrid: CINDOC, 1994, p. 590).

Muchas de las bases de datos de los diversos parlamentos autonómicos se ponen en marcha en la segunda mitad de la década de los ochenta, fruto de la implantación de medios informáticos para la gestión de sus centros de documentación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En 1984 se presentó la base de datos parlamentaria de la Comunidad de Madrid, que recogía las intervenciones del Diario de Sesiones a texto completo. El Parlamento de Cataluña creó entre los años 1984-1986 su base de datos legislativa, una base de datos bibliográfica y otra parlamentaria. Las bases de datos del Parlamento Vasco para las que se emplearía Basis comienzan a proyectarse en 1984 y en 1986, por ejemplo, se inicia la elaboración de las bases de datos del Gobierno de Navarra.

Sitúa Páez Mañá la operatividad de las bases de datos de jurisprudencia en el año 1988 para el Tribunal Supremo y en 1989 para la base de datos JURI del Tribunal Constitucional.

La empresa editorial Distribuciones La Ley, filial todavía de la empresa homónima argentina, y cuyo repertorio impreso nacido en 1980 gozaba ya de una más que aceptable acogida, creó una división dedicada a realizar desarrollos informáticos que puso en el mercado en 1985 el sistema “Compuley”, diseñado con COBOL y basado en menús escasamente flexibles. A pesar de todo, como señalan Hípola y Moya (“El CD-ROM en España: luces y sombras de nueve años de producción”; Revista Española de Documentación Científica, 1993, vol. 16, n. 4, p. 360-373) fueron los primeros CD-ROMs españoles que se introdujeron en el mercado con cierto éxito.

En 1988 aparece para su distribución en línea Colex-Data, producida por la empresa Mapfre (Mapfre Lex), que lanzaría al año siguiente el producto en soporte CD-ROM.Entre las Líneas En 1988 comienza, igualmente, la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de IBERLEX y al año siguiente comienza la distribución en línea de la base de datos ISOC.

La primera empresa informática, no editorial, que entra de lleno en la edición electrónica generando bases de datos producidas por terceros fue Micronet. Compañía mayorista de software y principal distribuidor de CD-ROMs de origen internacional lanza al mercado a finales de los ochenta el gestor documental Knosys, una evolución del sistema Docutex desarrollado inicialmente por la empresa. Para gestionar CD-ROMs con bases de datos muy variadas surge CDKnosys. La editorial Aranzadi decide en 1989 la publicación de sus índices de legislación empleando este software para competir con Compuley.

La compleja situación de las bases de datos jurídicas en estos momentos iniciales queda reflejada contundentemente por el profesor Galindo Ayuda (Bancos de datos de documentación jurídica y centros de documentación jurídica: posibilidades y límites desde la perspectiva del usuario.Entre las Líneas En III Jornadas españolas de Documentación automatizada. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1990, p. 773-780) quien en 1990 sostenía: “El acceso “on line” a un banco de datos de documentación jurídica en España por medio del teléfono no es una solución, por el momento, satisfactoria para los usuarios de la misma. Mucho menos para juristas que no están habituados ni al manejo de lenguajes de interrogación ni a la estructuración de la documentación jurídica que ha debido proporcionarse a la misma al estar almacenada y ser accedida por un sistema como el que accede al sistema de datos del BOE (Mistral). Este sistema es grave porque en cierta medida supone un trato desigual a los usuarios del BOE: la consulta telemática es más fácil para aquellas instituciones o despachos que son capaces de asumir como costes la contratación de, al menos, un documentalista”.

Plasma el autor igualmente la preocupación por las bases de datos de instituciones privadas y subraya: “Las casas comerciales españolas (La Ley, Aranzadi, Colex Data, Ledico) han tomado varias iniciativas para la creación y distribución de bases de datos jurídicas, que, como es natural tienen una orientación muy distinta a la que debe tener el considerado banco de datos de documentación jurídica de la administración: la orientación de las casas comerciales es la obtención de beneficios, logrando incrementar el numero de ventas de su producto, en cambio, el objetivo de la Administración en este tema ha de ser el de procurar, garantizando el principio de igualdad y sin violentar la voluntad de los emisores de las disposiciones jurídicas y el contenido de las mismas, los textos jurídicos a todos los ciudadanos”.

Se constatan, por tanto, esfuerzos meritorios, sin embargo, a finales de la década de los ochenta hemos de hablar de escasos productos ideados para su distribución en línea o comercializados; sí hemos de destacar, sin duda, las tareas emprendidas por distintos organismos públicos para tratar de modo automatizado la documentación jurídica gestionada por la correspondiente institución.

Resultan ilustrativos los recuerdos plasmados por Macía, Gonzalo Rozas y Martínez Cañavate (12 Documentación legislativa española.Entre las Líneas En Manual de documentación jurídica. Madrid: Síntesis, 1998, p. 77-135) señalando como en 1986 cuando se consiguió el acceso a la base de datos IBERLEX el trabajo en el Departamento de Documentación del Congreso de los Diputados se basaba en la utilización de los repertorios impresos para realizar las búsquedas normativas y sólo se concebía el acceso a la base de datos como una tecnología para casos difíciles, en ningún caso de uso generalizado e inmediato.

CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO DE LAS BASES DE DATOS JURÍDICAS: 1990-1997

El acceso a las bases de datos en línea requería una infraestructura y una formación técnica mínima de la que, en España, con la excepción de determinados centros públicos se carecía en estos momentos.

Informaciones

Los dos productos fundamentales concebidos para el mercado electrónico en línea, con una política de tarifas propia de este entorno fueron IBERLEX y Colex-Data. El coste para el usuario suponía el precio de la suscripción, más el tiempo empleado por hacer la búsqueda (100 pesetas/minuto en el caso de Iberlex o CSIC y 175 para Colex), más el gasto por el uso de la red telefónica, lo cual puede dar idea del elevado monto total.

Es preciso añadir que el acceso en línea no estaba pensado para el usuario final como sucede con los productos en CD-ROM, normalmente requerían la ayuda de un documentalista con conocimientos específicos sobre el lenguaje de recuperación empleado por la base de datos, a todo ello habría que añadir la lentitud en la respuesta, recordemos que estamos hablando de documentos a texto completo.

A pesar del mercado limitado, el comienzo de la década supuso el inicio para estos productores de las conexiones vía Iberpac, que permitían comunicaciones más rápidas y a mayor velocidad, frente a las realizadas vía Red Telefónica Conmutada (RTC). El Boletín Oficial del Estado decidió en estos primeros años la accesibilidad en Ibertex de sus bases de datos IBERLEX, PUBLIBOE e INDIBOE; sin embargo, tampoco el videotex español lanzado en 1986 supuso un despegue real para las bases de datos jurídicas.

Como apunta García Moreno (en el artículo citado más arriba), a pesar de la inexistencia de bases de datos de gran envergadura, un número importante de productores en España apostó por distribuir sus productos en CD-ROM (las bases de datos del CSIC se editaron en este formato en 1990). Sin duda, fue el sector jurídico el que explotó este soporte con mayor profusión para la distribución de sus contenidos desde los primeros años de puesta en el mercado del mis- mo. Así, en 1991, ocho de las quince bases de datos en CD-ROM de (España), algo más del 50%, eran bases de datos jurídicas, tendencia que persistirá en los años siguientes. Distribuciones La Ley, en aquel momento con su sistema Compuley, Colex y Aranzadi sirvieron de avanzadilla.Entre las Líneas En 1991 aparece Aranzadi Jurisprudencia, en 1992 se publicarían en soporte CD-ROM las bases de datos del BOE editadas por Micronet y las de Lex Nova generadas por Logitec con contenidos de Derecho fiscal y laboral en los que esta editorial se había especializado. (…)

Las editoriales jurídicas percibieron el CD-ROM como una continuación de su modelo de negocio basado, en gran medida, en las suscripciones a repertorios impresos. El nuevo soporte se concibe como un complemento a los productos tradicionales y subyace, en la política de precios, la intención de proteger las obras impresas por encima de crear líneas de mercado íntegramente electrónicas. Para la introducción paulatina de las bases de datos, la estrategia habitual de las editoriales se centró en establecer promociones en las que se proponía, a precios competitivos, la suscripción al producto electrónico y al repertorio impreso conjuntamente; se jugaba, de un lado, con el carácter retrospectivo de la información contenida en formato digital y, de otro, con la puesta al día, diaria, semanal, etc. en papel, necesaria para el periodo intermedio de actualización de la base de datos.
El CD-ROM, en particular en la industria de las bases de datos jurídicas, supuso un auténtico revulsivo conformando el espaldarazo definitivo de las publicaciones electrónicas en esta disciplina. Hípola y Moya (en el artículo citado más arriba) señalan categóricamente que España es un país sin “online” en el que el nuevo soporte tiene un éxito asegurado cuyo punto álgido sitúan en el trienio 1991-1993.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Colex-Data mantuvo durante un cierto tiempo la distribución del CD-ROM y el acceso en línea para permitir la actualización en el periodo intermedio. Si bien, en un principio, fue la empresa zaragozana Logitec la encargada de publicar la versión óptica empleando el software Kaware, Colex decide que lo fundamental para el usuario es utilizar un único lenguaje de interrogación para la interfaz en CD y en línea, de modo que finalmente implementa el software BRS/Search al CD-ROM. Consideramos necesario destacar el carácter precursor del sistema de bases de datos jurídicas Colex-Data en lo que se refiere a la integración de información legislativa, jurisprudencial, parlamentaria y bibliográfica, ésta última, lamentablemente, dejó de actualizarse en 1994, por razones comerciales.
El sistema ad-hoc de la Ley muy pronto evidencia limitaciones que obligan a la empresa a principios de los noventa a sustituirlo por el sistema Dataware, en cuyas librerías de funciones de la versión para desarrolladores comenzaron a trabajar para mejorar el sistema Compuley y para la edición de productos de terceros.

Con la intención de paliar los problemas relacionados con la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) y la adaptación de las bases de datos al usuario se creó la Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica (ASEDIE), proyecto gestado entre noviembre de 1991 y febrero de 1992 y a la que pertenecen empresas productoras y distribuidoras de información jurídica; Tomás Baiget (“25 años de teledocumentación en España”. Revista Española de Documentación Científica, 1998, vol. 21, n. 4, p. 373-387), uno de los promotores del proyecto, subraya precisamente la actividad efectiva de las empresas privadas dirigida a acelerar el mercado de la información electrónica en un país poco propenso al consumo de información.

La distribución de contenidos jurídicos cuenta con una participación mayoritaria de la iniciativa privada, aspecto este inusual con respecto a la industria de las bases de datos en (España). Esta peculiaridad guarda una vinculación directa con la importancia histórica de las empresas privadas en la publicación de repertorios jurídicos. Estas compañías son imprescindibles para atender las necesidades profesionales de un importante sector profesional y algunas de ellas poseen una trayectoria de varias décadas en el panorama editorial jurídico, es el caso de Aranzadi que comienza su andadura en 1929, la editorial Bosch en 1934, la Revista General de Derecho que lo hace en 1944, Lex Nova (comprada más tarde, como ocurrió con Aranzadi, por Thompson) cuyos comienzos se sitúan en 1953, Praxis fundada en 1957 o Ciss que lo haría en 1968. Todas ellas se vieron en la obligación de adaptarse progresivamente a los nuevos soportes a lo largo de la década de los noventa.

La aparición de productos comerciales, en algunos casos de nuevo cuño y, en otros, volcando productos impresos fue exponencial. Merece señalarse, entre los del primer grupo, el caso de la editorial El Derecho, nacida en 1994 que inicia al año siguiente la distribución de sus bases de datos en CD-ROM y que consigue, lanzando repertorios genéricos de legislación y jurisprudencia una notable implantación en el mercado, respaldada en 1997, tras la controvertida decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adjudicó a esta editorial la concesión de distribución en exclusiva de sus bases de datos jurídicas a todos los organismos dependientes del CGPJ.

Emergen, asimismo, numerosos productos especializados en áreas concretas del Derecho, entre los que podemos destacar a CISS, Praxis, Lex Nova o Actualidad Editorial con bases de datos de datos de Derecho civil, penal, laboral y administrativo engarzadas a su correlato impreso. Igualmente, irrumpen obras electrónicas de carácter regional para recopilar la jurisprudencia de tribunales menores o la legislación y jurisprudencia que atañen a una determinada Comunidad autónoma; incluso, en esta línea, salen a la luz productos -en algunos casos sin solución de continuidad y, en otros, actualmente dispuestos para su consulta web- elaborados por colegios profesionales preocupados por contar con repertorios, más exhaustivos que los que el mercado ofrecía, con resoluciones judiciales de la correspondiente Audiencia provincial e incluso Tribunal Superior de Justicia, es el caso de los Colegios Oficiales de Abogados de Oviedo, León o Baleares, con acceso web en la actualidad las bases de datos de los colegios de Lleida, Tarragona o Málaga.

Desde la Administración conviene destacar acciones como la del Congreso (Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 17 de enero de 1991) y el Senado (Acuerdo de la Mesa de 21 de enero de 1992) en virtud de cuyas disposiciones ponen a disposición de los usuarios externos autorizados sus bases de datos. Por su parte, en 1996 el BOE comienza a distribuir en CD-ROM la recopilación de Jurisprudencia constitucional elaborada por la Secretaría del Tribunal Constitucional.Entre las Líneas En el Ministerio de Justicia se regulan en 1997 las funciones del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) que se pone en marcha en junio de ese mismo año con el objetivo de recoger, analizar tratar y difundir información jurídica (El Centro de documentación judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial.Entre las Líneas En VI Jornadas españolas de Documentación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Valencia: FESABID, 1998, p. 73-84).

En este periodo se aprecia poca atención hacia la edición electrónica de doctrina jurídica. Se creó en 1992 la base de datos TAURUS de bibliografía jurídica del Congreso de los Diputados diseñada sobre BRS con carácter referencial y, al finalizar este periodo, aparece, igualmente, la Revista General Informática de Derecho cuyo CD-ROM se encargó a la empresa barcelonesa COSTAISA incorporando los artículos doctrinales de la Revista General de Derecho a texto completo.

Podemos hablar en este periodo de plena consolidación del mercado electrónico de la información jurídica focalizado en el disco óptico. Se contempla un mosaico enorme de productos en un sector tremendamente competitivo donde se evidencia un inevitable solapamiento de contenidos.

Fuente: Con adaptaciones, M. L. Alvite Díez, Evolución de las bases de datos jurídicas en España, 2004.

Historia de las Bases de Datos Jurídicas Online

Nota: puede interesar la lectura de la Historia de las Bases de Datos Jurídicas en Internet y acerca de las Bases de Datos Jurídicas Online (en general).

Recursos

Notas y Referencias

Véase También

• Historia del Derecho

▷ Esperamos que haya sido de utilidad. Si conoces a alguien que pueda estar interesado en este tema, por favor comparte con él/ella este contenido. Es la mejor forma de ayudar al Proyecto Lawi.