Armonización de Normas

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre la armonización de normas. Puede ser de interés los siguientes temas:

• Armonización del Derecho Material Privado Europeo
• Armonización de normas mercantiles internacionales

Visualización Jerárquica de Armonización de normas

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Armonización de normas

Véase la definición de Armonización de normas en el diccionario.

Armonización de normas

1. Terminología
En el siguiente artículo, el término “armonización del derecho procesal” se utilizará en sentido amplio como término genérico que engloba proyectos que difieren tanto en el grado de armonización que persiguen como en la materia que regulan y su ámbito de aplicación respectivo. Describe el conjunto de todos los esfuerzos realizados para coordinar, asimilar y consolidar el derecho procesal civil a nivel nacional, europeo y de otras regiones, así como aquellos proyectos que asumen un alcance internacional más amplio.

Por un lado, existen tendencias a armonizar los asuntos transfronterizos, en consecuencia relativos a cuestiones de Derecho internacional privado (DIPr), en forma de Derecho procesal civil internacional, como las cuestiones sobre competencia judicial internacional, la notificación de documentos, la obtención transfronteriza de pruebas o el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras. Por otro lado, existen intentos de coordinar, asimilar o incluso consolidar las legislaciones procesales de diferentes Estados.

2. La necesidad de armonización
La necesidad de armonización no está exenta de controversia. Exceptuando el debate sobre el derecho procesal civil internacional, la necesidad de armonización ha sido negada durante mucho tiempo en lo que respecta al resto de materias procesales. Sin embargo, últimamente se reconoce cada vez más la necesidad de una armonización procesal, sobre todo para estar en consonancia con el derecho sustantivo armonizado. A nivel europeo, el mercado interior (mercado interior europeo) opera como una fuerte influencia hacia la armonización, basándose en la consideración de que el núcleo de un mercado interior eficiente es el acceso a la justicia sin obstáculos por las diferentes normas procesales de los Estados miembros. Además, a nivel internacional, se ha sugerido la necesidad de armonización dado el aumento de las relaciones comerciales internacionales. Como consecuencia de éstas, cada vez son más las partes extranjeras que intervienen en los procedimientos nacionales. Estas partes, sin embargo, se encuentran a menudo en desventaja, debido a que están menos familiarizadas con el derecho procesal aplicable que sus oponentes nacionales (déficit de justicia). Asimismo, la internacionalización jurídica y los déficits de justicia resultantes pueden conducir simultáneamente a un aumento de los costes de transacción (déficits de eficiencia).

3. Relación con la armonización del derecho sustantivo
Aunque en la actualidad existe un amplio consenso en que sin la armonización del derecho procesal se distorsiona la aplicación del derecho sustantivo armonizado, la secuencia en la que la armonización procesal y sustantiva deben llevarse a cabo tampoco está exenta de controversia.

El derecho procesal, que en conjunto está vinculado en un grado considerablemente menor a factores históricos, culturales y de orden público que el derecho sustantivo, ofrece un campo mucho más fácil para la armonización. Ésta es una de las razones por las que la unificación procesal fue la precursora en el Reich alemán, con el código procesal de 1876/77, más de 20 años antes de que entrara en vigor la codificación del derecho civil. Del mismo modo, ante los tribunales federales estadounidenses se aplica un derecho procesal unificado (FRCP) mientras que, según la “doctrina Erie”, ni siquiera existe un derecho sustantivo unificado.

Sin embargo, la asimilación procesal no debería, por regla general, predeterminar la asimilación del derecho sustantivo con sus consideraciones políticas y de valor subyacentes. Por lo tanto, también se requiere un mínimo de armonización del derecho sustantivo.

Ejemplos de esfuerzos europeos de armonización, que poseen una estrecha conexión entre las cuestiones relevantes del derecho sustantivo y el derecho procesal son, entre otros, la Dir 48/2004 de 29 de abril de 2004 sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual y el Libro Blanco de la Comisión Europea de 2 de abril de 2008 sobre la aplicación privada de las normas antimonopolio (COM (2008) 165 final). Sin embargo, este tipo de armonización del derecho procesal conlleva el riesgo de crear un derecho procesal especial, reservado únicamente a determinados ámbitos del derecho sustantivo.

4. Límites de la armonización del derecho procesal
El proceso de armonización del derecho procesal encuentra fácilmente sus límites en aquellas áreas del derecho que están, histórica, política y constitucionalmente, más fuertemente influenciadas por consideraciones de orden público. En lo que respecta a la relación entre Estados Unidos y Europa continental, la noción de conflicto judicial transatlántico se ha hecho notoria. En particular, las normas sobre la prueba hacen patente el choque de culturas y se describen como un “punto de ruptura” para cualquier intento de armonización.

Las dudas sobre la compatibilidad del common law y el derecho civil a este respecto se basan principalmente en la estructura tan diferente del juicio con jurado que prevalece en el procedimiento civil estadounidense. En este sentido se ha argumentado, por ejemplo, que no hay necesidad de un instrumento de determinación de los hechos que siga el modelo de la noción estadounidense de descubrimiento en un Estado que no sea de common law. Se dice que el juicio con jurado es el factor crucial para la mayoría de las características de las disposiciones procesales angloamericanas, por ejemplo, la característica de que el caso se decida sobre la base de una vista única, continua y oral, que tiene en particular la consecuencia de que cada parte debe, incluso antes de que comience el juicio, tener derecho a solicitar que sus oponentes revelen información y documentos que puedan tener alguna importancia para el procedimiento que se avecina. Gran parte de esta afirmación es cierta; la participación del jurado y el hecho de que haya un único juicio crean de hecho muchas diferencias en comparación con el procedimiento europeo continental. Sin embargo, no hay que exagerar este aspecto. En particular, el vínculo entre el jurado y el descubrimiento es, si se generaliza, incorrecto, ya que las disposiciones sobre el descubrimiento no emanaron históricamente de la tradición del common law, sino más bien de los tribunales de equidad, donde estas disposiciones se habían practicado y avanzado durante unos 600 años antes de que acabaran abriéndose camino en los tribunales del common law a mediados del siglo XIX.

Además, hay varios comentaristas que opinan que, teniendo en cuenta las reformas Woolf que entraron en vigor en 1999 y revisaron a fondo el derecho procesal civil inglés, como mínimo, el derecho procesal inglés se ha ido asimilando al sistema continental europeo. Ante la perspectiva de una futura consolidación completa de las diferencias sistemáticas entre el derecho civil y el common law, algunos comentaristas opinan incluso que el derecho procesal inglés ocupa ya una posición peculiar entre el derecho civil y el common law (véase, en particular: Neil Andrews, Peter Murray y Rolf Stürner). Otro ejemplo que pone en tela de juicio el tradicional dualismo entre el common law y el derecho civil en lo que respecta al derecho procesal comparado es Japón, con su sistema jurídico denominado “híbrido” a la luz de unas disposiciones procesales que siguen en gran medida el modelo del Código Procesal Civil alemán, pero que también están parcialmente diluidas por disposiciones adoptadas del derecho estadounidense.

5. Instrumentos de armonización del derecho procesal
Los instrumentos de armonización del derecho procesal incluyen los tratados, la legislación nacional, las llamadas leyes modelo (soft law) y a nivel europeo: reglamentos y directivas. El instrumento tradicional para la armonización ha sido durante mucho tiempo el tratado. Sin embargo, debido a que ahora es necesaria la aprobación parlamentaria en muchos Estados, el tratado se considera cada vez más una herramienta menos eficaz. Recientemente, se ha recurrido cada vez más al “derecho indicativo”. Puede redactarse sin la participación del poder legislativo nacional, pero, en consecuencia, carece de todo efecto jurídicamente vinculante (formal).

En el ámbito del derecho procesal internacional, los esfuerzos de armonización han tenido lugar sobre todo a nivel intergubernamental en forma de tratados. Uno de los primeros productos de este tipo de convenios internacionales es el Convenio de La Haya de 17 de julio de 1905 sobre Asistencia Mutua en Materia de Procedimiento Civil. Regula cuestiones de asistencia jurídica mutua relativas a la notificación de documentos. Un ejemplo más reciente es el Convenio de La Haya sobre Pruebas de 1970. La Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales de 10 de junio de 1958, así como el Reglamento europeo Bruselas I (Reg 44/2001) también deben mencionarse en este contexto.

En cuanto a la asimilación y consolidación de las leyes procesales nacionales, las codificaciones directas son raras. En su lugar, predomina el derecho indicativo. Ejemplos de esto último son el proyecto de la Comisión Storme y el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, así como el proyecto ALI/UNIDROIT (UNIDROIT) a nivel internacional, véase 6. d) más adelante).

Pero incluso a nivel nacional, es probable que se produzcan asimilaciones si un Estado se inspira en un determinado mecanismo de un sistema jurídico vecino y lo trasplanta a su propio sistema jurídico o, al menos, desarrolla algo similar. Así lo demuestran las recientes reformas en Inglaterra y Alemania, por las que ambos países asimilaron fuertemente sus respectivas leyes sobre procedimiento civil: en Inglaterra, reforzando el papel del juez y sus competencias de gestión (court management) y acortando la extensión del proceso de descubrimiento; en Alemania, ampliando los derechos de las partes a acceder a la información (§ 142 ZPO).

6. Status quo de la armonización del derecho procesal
a) Reglamentos y convenios europeos
Los proyectos clave a nivel europeo son los Reglamentos Bruselas I y Bruselas IIbis. El Reglamento Bruselas I que entró en vigor el 1 de marzo de 2002 es el sucesor del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968 (Convenio de Bruselas) (procedimiento civil europeo), que a su vez ha sido revisado con respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y también con el fin de aliviar los problemas de aplicación. Al interpretar el Convenio de Bruselas y, posteriormente, el Reglamento Bruselas I, el TJCE ha dado forma a las nociones mucho más generales de demanda, de litispendencia y de objeto del litigio, superando así los ámbitos reales de la competencia judicial y la ejecución y convirtiéndolo en un “tesoro para una consolidación general del derecho procesal civil”. El reglamento correspondiente para el divorcio es el Reglamento Bruselas II bis que sustituyó al Reglamento Bruselas II (derecho de familia (internacional); derecho de familia europeo (PIL); derecho de menores (internacional); sobre el Reglamento europeo de pruebas de 28 de mayo de 2001 (Reg 1206/ 2001): pruebas (internacional)).

b) Los Convenios de La Haya
Un proyecto relacionado a nivel internacional, aunque hasta ahora con menos éxito, es el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro (Convenio de La Haya sobre sentencias). A instancias de Estados Unidos, este proyecto fue iniciado en 1992 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado con el objetivo de crear un convenio mundial sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. Los puntos de discordia eran las normas americanas sobre jurisdicción, a veces muy trascendentales, como la jurisdicción general de “hacer negocios”, así como la jurisdicción de “etiqueta”, que establecen, respectivamente, que una mera actividad comercial del demandado en el Estado del foro puede dar pie a la jurisdicción, aunque no esté relacionada con el caso, y que la mera notificación del demandado en el Estado del foro es suficiente, independientemente de la razón de la presencia del demandado en ese Estado. El proyecto de informe, presentado en 1999, era en gran medida coherente con el Convenio de Bruselas. Este borrador tenía tres categorías de jurisdicción: las existentes en todos los estados (lista blanca), las que estaban prohibidas (lista negra) y todas las restantes (zona gris). Sin embargo, Estados Unidos se negó a dar su consentimiento a este borrador; en primer lugar, porque no estaban dispuestos a abandonar sus nociones de jurisdicción, como se ha descrito anteriormente, bastante amplias; en segundo lugar, porque la jurisdicción del lugar de residencia del demandante era irreconciliable con la Constitución estadounidense que exige un mínimo de contacto del demandado con el Estado del foro (debido proceso). Para evitar un fracaso total del Convenio, el 30 de junio de 2005 se acordó por unanimidad el mínimo común denominador en cuanto a las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. El Convenio de La Haya sobre sentencias fue firmado por Estados Unidos y la UE el 19 de enero de 2009 y el 1 de abril de 2009, respectivamente (HCCH, Recueil des conventions (1951-2009), 476).

De mayor importancia es el Convenio de La Haya relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, de 15 de noviembre de 1965 (HCCH, Recueil des conventions (1951-2009), 80), que regula la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. Se basaba en el discutible concepto de que los Estados contratantes son, debido a su soberanía, libres de decidir no tolerar una notificación o traslado judicial instigado por autoridades extranjeras dentro de su propio territorio. Entre los Estados miembros de la UE (a excepción de Dinamarca), el Convenio fue sustituido por el Reglamento de Notificación (Art 1 Reg 1393/2007 de 13 de noviembre de 2007 relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil). La notificación o traslado de conformidad con el Convenio de La Haya tiene lugar a través de una autoridad central en el estado de notificación o traslado en una de las formas establecidas por la ley del estado o mediante notificación o traslado especial en la forma deseada por la autoridad requirente, si esto es permisible según la ley del estado requerido (Arts 2, 5 Convenio de La Haya). Excepcionalmente, una solicitud de notificación o traslado podrá denegarse si el Estado requerido considera que la notificación o traslado puede poner en peligro su seguridad nacional (art. 13 del Convenio de La Haya). Esto debe determinarse teniendo en cuenta consideraciones de orden público de la legislación del Estado requerido, especialmente en relación con su derecho constitucional que, en el caso de Alemania, se referiría en particular a sus derechos fundamentales. Sin embargo, según el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bundesverfassungsgericht), la notificación de cualquier acción que invoque una demanda por daños punitivos en virtud de la legislación estadounidense no constituye, por lo general, una violación de la libertad general de acción en relación con el Estado de Derecho (BVerfGE 91, 335). La notificación de una acción de descubrimiento previa al juicio tampoco constituye una violación evidente (sobre el Convenio de Prueba de 18 de marzo de 1970: véase prueba (internacional)).

c) Proyecto Storme
Un proyecto importante en el ámbito del derecho indicativo a nivel europeo es el proyecto Storme de 1999, emprendido inicialmente a petición de la Comisión Europea y que debía concebirse como un código civil modelo europeo en la línea del exitoso Código Modelo Iberoamericano. Debido a la falta de acuerdo en algunas áreas clave como la organización judicial, la jurisdicción, el arbitraje y los litigios familiares, el borrador Storme se publicó finalmente como una mera colección de borradores parciales cuyos 127 artículos pretenden ser aplicados mediante directivas. Las diferencias fundamentales entre las tradiciones europea continental y anglosajona se consideran una de las principales razones del carácter meramente fragmentario del proyecto final. El grupo estaba formado por un representante de cada uno de los entonces 12 Estados miembros europeos, procedentes tanto del mundo académico como de un entorno más práctico.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

d) Principios de procedimiento civil transnacional
Un proyecto importante a nivel internacional que define los requisitos básicos de los procedimientos judiciales son los Principios de Procedimiento Civil Transnacional, adoptados en 2004 por ALI y UNIDROIT. El punto de partida de los principios son los asuntos comerciales, un aspecto de especial importancia práctica ya que los litigios comerciales quedan generalmente fuera del alcance del sistema de jurado estadounidense y constituyen uno de los problemas culturales más intratables en materia procesal. Además, varios proyectos de arbitraje internacional ya han realizado un considerable trabajo preparatorio en este ámbito.

Más allá de su ámbito de aplicación en asuntos comerciales internacionales, los principios pueden servir de ayuda como base general para futuras reformas de los procedimientos civiles, ya que gozan de aceptación mundial y formulan normas generalmente aceptables.

Los principios se dividen en 30 secciones, en las que se formulan los requisitos generales relativos a la jurisdicción internacional, el papel de las partes y del tribunal, la presentación de pruebas, la obtención de pruebas y los derechos de denegación, los asuntos en litigio y las costas. Además, se han adjuntado a los principios las denominadas reglas en forma de Estudio del Ponente. Estas reglas contienen ejemplos para la aplicación de los principios formulados de forma más general. En efecto, el objetivo del proyecto previsto por Geoffrey Hazard y Michele Taruffo era la redacción de un código procesal para los procedimientos civiles transnacionales con disposiciones detalladas. Las normas originales que se elaboraron para el procedimiento civil transnacional pretendían ser un compromiso entre el derecho procesal civil de carácter continental y el derecho procesal estadounidense pero, de hecho, se inspiraron más en este último. Cuando UNIDROIT se unió al proyecto, lo hizo con la condición de que en lugar de reglas hubiera principios: en primer lugar, porque se consideraba que la brecha entre las culturas era demasiado profunda para hacer posible el desarrollo de un código procesal específico y, en segundo lugar, porque los Estados individuales debían tener la oportunidad de aplicar los principios de acuerdo con sus respectivas necesidades nacionales. No obstante, las normas se incluyeron como apéndice, presentando una posible vía de aplicación (entre otras posibilidades) que podría constituir un compromiso viable para salvar la brecha entre las culturas.

e) Derecho de arbitraje internacional
En el derecho internacional del arbitraje se ha producido un intenso debate entre las tradiciones del derecho civil y del common law. Las Reglas sobre la obtención de pruebas en el arbitraje internacional presentadas por la Asociación Internacional de Abogados (IBA) en 1999 constituyen un intento prometedor de salvar la distancia entre ambas tradiciones en lo que respecta al acceso a la información y la obtención de pruebas (arbitraje (internacional)).

Revisor de hechos: Schmidt

Características de Armonización de normas

Por Países

Recursos

Traducción de Armonización de normas

Inglés: Harmonisation of standards
Francés: Harmonisation des normes
Alemán: Angleichung der Normen
Italiano: Armonizzazione delle norme
Portugués: Harmonização das normas
Polaco: Harmonizacja norm

Tesauro de Armonización de normas

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Unión Europea > Derecho de la Unión Europea > Orden jurídico de la UE > Derecho de la UE – Derecho nacional > Principio de reconocimiento mutuo > Armonización de normas

Véase También

• Principio de reconocimiento mutuo
• Derecho internacional privado
• Derecho privado comparado
• Elección del derecho aplicable
• Derecho privado europeo
• Compatibilidad de materiales
• Material compatible

Derecho Transnacional

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