Jurisprudencia Ambiental Europea
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[aioseo_breadcrumbs]Derecho al medio ambiente (jurisprudencia europea)
Derecho al medio ambiente (jurisprudencia europea) en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional
Se expresa el mencionado Diccionario, sobre Derecho al medio ambiente (jurisprudencia europea) , en voz escrita por Caterina Drigo, en los siguientes términos: Del, aunque breve, análisis jurisprudencial descrito en la entrada “Medio Ambiente en Europa”, se evidencia que la protección del medio ambiente, aun no teniendo un papel autónomo en el ordenamiento del Convenio, se ha consolidado como un nuevo valor que puede contribuir a un equilibrio más equitativo entre el ejercicio de los derechos expresamente reconocidos en el Convenio y el principio general de respeto al individuo al que está consagrado todo el sistema de garantías del CEDH.
En cambio, no hay duda de que la protección “indirecta”, y meramente pretoria, del medio ambiente es insuficiente, sobre todo si se compara el sistema del CEDH con el de la UE, donde el medio ambiente está sujeto a protección específica, aunque no en términos absolutos, tanto en los tratados como en el derecho derivado.
El medio ambiente en el marco De la unión europea
El desarrollo de la protección del medio ambiente en el contexto de las Comunidades Europeas antes, y de la Unión Europea después, fue el resultado de un proceso gradual, que ha evolucionado a nivel normativo y jurisprudencial en paralelo con el proceso de surgimiento de las necesidades de protección del medio ambiente y de la garantía de un desarrollo sostenible que han tomado auge hace relativamente poco en el debate nacional e internacional.
Hasta el Acta Única Europea de 1987 —que añadió al Tratado de Roma un título concreto dedicado al medio ambiente (los antiguos arts. 130 R, 130 S y 130 T, hoy Título XX del TFUE)— a las Comunidades Europeas no se le habían asignado una competencia específica en materia de medio ambiente.
Así, si bien el medio ambiente carecía de una concreta base jurídica que permitiera su protección directa, comenzó a ser protegido indirectamente a través de una particular lectura abierta de los arts. 115 (ex 100 TCE) y 352 (ex 235 TCE) del TFUE acerca de la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros y de los llamados poderes implícitos.Entre las Líneas En esa fase de la historia fue esencial la contribución del Tribunal de Justicia en la definición de un derecho ambiental europeo (STJCE del 18 de marzo de 1980, Comisión c. Italia, C-92/79; STJCE del 7 de febrero de 1985, Fiscal de la República c. ADBHU, C-240/83).
Fue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la que asentó las bases para la disciplina normativa posterior, al afirmar que la protección del medio ambiente debía ser considerada como uno de los objetivos esenciales de la Comunidad, y como tal, con la posibilidad —de manera derogatoria y, por tanto, como excepción— de limitar también algunas libertades previstas en los Tratados (Asunto C-240/83; STJCE del 20 de septiembre de 1988, Comisión c. Dinamarca, C-302/86; STJUE del 29 de abril de 1999, The Queen c. Secretary of State for the Environment y Ministry of Agriculture, Fisheries and Food et al., C-293/97).
Tras la entrada en vigor del Acta Única Europea, se abrió una nueva etapa en la protección medioambiental en Europa, ya que su protección se convirtió en un objetivo fundamental de la CE para ser valorado en la realización del mercado interior y también reconocido a nivel normativo.
Esta fase se consolidó con la aprobación del Tratado de Maastricht de 1992 y con el posterior Tratado de Ámsterdam en 1997: las acciones en materia medioambiental se convirtieron a todos los efectos en una de las políticas de la Comunidad Europea y se fortaleció la importancia atribuida a los principios fundamentales de la política comunitaria de medio ambiente, ampliando así su catálogo.
En virtud del antiguo art. 130 R del Tratado de la CE (actualmente, art. 191, párrafo 2, del TFUE), la política medioambiental de la Unión, aun teniendo en cuenta las especificidades de los diferentes Estados miembros, apunta hacia un elevado nivel de protección y se basa “en el principio de precaución, acción preventiva, en el principio de corrección, preferentemente en el origen, de los daños causados en el medio ambiente, así como en el principio de -quien contamina paga-“.
De suma importancia es, pues, el principio de subsidiariedad (art. 5o. del TUE): principio inherente al ejercicio de las competencias normativas europeas, destinado inicialmente solo a las cuestiones medioambientales, y luego extendido a todos los sectores de competencia no exclusiva de la UE.
Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque no prevé el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y saludable, se ocupa de la protección del medio ambiente al invocar explícitamente algunos principios y dedicando al medio ambiente una disposición específica, el art. 37, que establece que “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”.
La redacción de esta disposición es importante, porque establece claramente lo que ha venido sosteniendo una copiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia: confirma la importancia de los principios y confirma que el derecho a la protección del medio ambiente se configura como un derecho cuya garantía completa solo puede lograrse actuando sobre todas las políticas de la UE (incluso —si no sobre todo— las no “ambientales”, art. 11 del TFUE), y adaptándolo a las exigencias del desarrollo económico.
La última etapa decisiva del desarrollo del derecho ambiental europeo es la fase siguiente a la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Lisboa, que ha rediseñado la estructura de las fuentes del derecho europeo, dando a la Carta de Derechos la misma fuerza jurídica de los tratados. Esta previsión ha formalizado la centralidad de los derechos fundamentales en el contexto de la UE y ha revelado las profundas conexiones entre la Carta y el CEDH (sobre este punto, tenemos a la STJUE del 19 de enero de 2010, Seda K&uulm;c&uulm;kdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, C-555/07).
Este Tratado refuerza además el principio de desarrollo sostenible mediante la ampliación de su ámbito de aplicación (art. 3o., párrafo 3, del TUE), e insiste en la necesidad de adoptar políticas y herramientas funcionales de concertación para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales (art. 21, párrafo 2, del TFUE).
Las disposiciones de los tratados relativas al medio ambiente han dado lugar a una rica producción normativa específica con incidencia en diversos ámbitos y con previsión de una variedad de instrumentos para diferentes modos de intervención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Hoy, por tanto, las políticas medioambientales europeas inciden especialmente: a) en el sector ecológico (disciplina contra la contaminación atmosférica (véase qué es, su definición, o concepto jurídico), climática, del agua, acústica y de los residuos y basuras); b) en el paisaje y las zonas protegidas; c) en áreas relacionadas con los procedimientos, tales como la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica y la autorización ambiental integrada; d) en la responsabilidad por daños al medio ambiente, y e) en garantizar el acceso a la información medioambiental.
Más en el Diccionario
Como ya se dijo, la evolución del derecho positivo europeo en materia medioambiental se ha movido en paralelo con la acción del Tribunal de Justicia, al que se le debe el mérito de haber desempeñado un papel determinante en el fomento de las instituciones europeas, interpretando en sentido amplio, y tendente a la protección del medio ambiente, las disposiciones normativas y definiendo el alcance de la aplicación de los principios europeos, incluso los no referidos exclusivamente al medio ambiente.
Hay que recordar, en cualquier caso, que en el contexto de la Unión Europea las exigencias para la protección del medio ambiente no se plantean como un valor absoluto idóneo en sí mismo que deba prevalecer sobre los demás principios y libertades garantizados por los tratados. Aquellas exigencias, sin embargo, parecen connotar un valor específico que les confiere un mayor grado de aplicabilidad respecto de otros intereses.
Cuando se trata de equilibrar las necesidades de protección del medio ambiente con la libertad igualmente protegida, el Tribunal de Justicia procede con estricto control: se permite la restricción de ciertas libertades económicas solo si la intervención estatal satisface razones imperiosas de interés público; si no comporta discriminación alguna; si es adecuado para garantizar la realización del objetivo perseguido, y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo (en este sentido, tenemos a la STJUE del 20 de septiembre de 2007, Comisión c. Países Bajos, C-297/05).
En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia un claro signo de la progresiva imposición de vínculos medioambientales se encuentra en la interpretación del principio de integración, que ha permitido importantes excepciones a la libre circulación de mercancías, incluso en relación con la interpretación de otros principios, cuya operatividad ha sido aclarada, tales como el principio de precaución, el principio de subsidiariedad, el principio de precaución, el principio de “quien contamina paga” y el principio de corrección en el origen de los daños ambientales. Consideraciones similares pueden llevarse a cabo en relación con la interpretación de las normas sobre ayudas estatales, así como en relación con el ajuste de los contratos públicos a las necesidades de protección del medio ambiente.
Hay que señalar, por último, que el enfoque de las cuestiones medioambientales que se observa por parte Tribunal de Estrasburgo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con situaciones medioambientales similares, se presenta a menudo como sustancialmente diferente (emblemática, en este sentido, es la jurisprudencia sobre el derecho a vivir en un medio ambiente sano y saludable, y el tratamiento de basura, de acuerdo con la STEDH del 10 de enero de 2012, di Sarno et al c. Italia, núm. 30765/08, y a la STJUE del 20 de marzo de 2010, Comisión c. Italia, C-297/08).
Jurisprudencia Internacional en la Tutela del Ambiente
Lista de Casos Clave en la Jurisprudencia Internacional sobre Tutela del Ambiente
Algunos casos judiciales clave son los siguientes:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Brincat y otros contra Malta (2014) TEDH, 60908/11
Budayeva contra Rusia (2008) TEDH, 15339/02
Giacomelli contra Italia (2 de noviembre de 2006) TEDH, 59909/00
Gillberg contra Suecia (3 de abril de 2012) TEDH, 41723/06
Golder contra Reino Unido (1975) TEDH, Ser A nº 18
War y otros contra Italia (19 de febrero de 1998) TEDH, 116/1996/735/932
Hatton v UK (Sentencia) Gran Sala TEDH (8 de julio de 2003) Aplicación no 36022/97
Karin Andersson y otros contra Suecia (25 de septiembre de 2014) TEDH, 29878/09
Kolyadenko contra Rusia (2012) TEDH, 17423/05
Kyrtatos contra Grecia (22 de mayo de 2003) TEDH, 41666/98
López Ostra contra España (1994) 16798/90
Okyay y otros contra Turquía (12 de julio de 2005) TEDH, 36220/97
Öneryildiz contra Turquía (30 de noviembre de 2004) TEDH, 48939/99
Powell y Rayner contra Reino Unido (Sentencia) TEDH (21 de febrero de 1990) Solicitud nº 9310/81
Sdružení Jihočeské Matky contra la República Checa (10 de julio de 2006) TEDH, 19101/03, 9-10
Taskin y Ors contra Turquía (10 de noviembre de 2004) TEDH, 46117/99
Tatar contra Rumanía (27 de enero de 2009) TEDH, 67021/01
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Asunto 6/64 Flaminio Costa contra ENEL [1964] Rec. 585
Asunto 22-70 Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas [1971] Rec. 263
Asuntos 21-24/72 International Fruit Company NV y otros contra Produktschap voor Groenten en Fruit [1972] Rec. 1219
Asunto 181/73 R. & V. Haegeman contra Estado belga [1974] Rec. 449
Asunto 104/81 Kupferberg v Hauptzollamt Mainz [1982] ECR 3641
Asunto 12/86 Meryem Demirel contra Stadt Schwäbisch Gmünd [1987] Rec. 3719
Asunto 68/88 Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica [1989] Rec. 2965
Asunto C-316/91 Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea [1994] REC I-625
Asunto C-162/96 Racke contra Hauptzollamt Mainz [1998] REC I-3633
Asunto C-377/98 Reino de los Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Rec. 2001, p. I-07079
Asunto C-379/98 Preussen Elektra v Schhleswag [2001] ECR I-2099
Asunto C-13/00 Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda [2002] REC I-2943
Asunto C-75/01 Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo [2003] REC-I 1585 (confirma que la Directiva 92/43/CEE ofrece mayor protección que el Convenio de Berna)
Asunto C-127/02 Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee contra Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [2004] REC I-7405
Asunto C-201/02 The Queen, a instancia de Delena Wells contra Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions [2004] REC 723
Asunto C-213/03 Syndicat Professionel Coordination des Pecheurs [2004] I-7359
Asunto C-239/03 Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa (“Étang de Berre”) [2004] REC I-9325
Asunto C-344/04 The Queen, a instancia de International Air Transport Association y European Low Fares Airline Association contra Department for Transport [2006] REC I-403
Asunto C-308/06 La Reina, a instancia de International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) y otros contra Secretary of State for Transport [2008] REC I-4057
Asunto C-165-167/09 Stichting Natuur en Milieu contra College van Gedeputeerde Staten van Groningen y College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland [2011] REC-1 4559
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Asunto C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK c/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky [2011] REC I-1255
Asunto C-366/10 Air Transport Association of America y otros contra Secretary of State for Energy and Climate Change [2011] REC I-13755
Asunto C-530/11 Comisión Europea contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (TJCE, 13 de febrero de 2014)
Asunto C-612/13 Client Earth contra Comisión Europea (TJUE, 16 de julio de 2015)
Asunto C-664/15 Protect Natur-, Arten-und Landschaftsschutz Umweltorganisation contra Bezirkshauptmannschaft Gmünd [2017] ECLI:EU:C:2017:987
Asunto C-284/16 Slowakische Republik contre Achmea BV (TJCE, 6 de marzo de 2018)
Asunto C-414/16 Vera Egenberger contra Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (TJUE, 17 de abril de 2018)
Dictamen 2/13 del Tribunal (Pleno)-Dictamen de conformidad con el artículo 218, apartado 11, del TFUE (TJUE, 18 de diciembre de 2014)
Pfizer Animal Health contra Consejo de la UE (2002) II Rec. 3305
Oficina Europea de Patentes
Greenpeace contra Plant Genetic Systems [1995] EPOR
Harvard/Onco-mouse [2003] DO OEP 473 (Op Div)
Harvard/Animales transgénicos, T315/03 [2006] DO OEP 15
Howard Florey/Relaxin T74/91 [1995] EPOR 541 (Op Div)
Novartis/Planta transgénica, G1/98 [2000] EPOR 303
Las empresas son un actor central en el derecho medioambiental internacional. La industria, mucho más que los Estados, atrae directamente la degradación medioambiental, así como la prevención y reparación de sus daños. De ello se derivan dos conclusiones, ambas obvias incluso para un observador casual de la política medioambiental. En primer lugar, las empresas tratarán agresivamente de influir en el contenido y la aplicación de la legislación medioambiental y, en segundo lugar, la legislación medioambiental sólo será eficaz en la medida en que controle el comportamiento de las empresas. Sin embargo, el paradigma estadocéntrico del derecho internacional tradicional sigue desviando el análisis de los regímenes medioambientales internacionales de esta realidad. Tanto los tratados como los convenios consideran a los agentes económicos privados como actores secundarios y ven a los Estados como los destinatarios y prescriptores abrumadoramente dominantes del derecho medioambiental. Ello también afecta a Jurisprudencia Ambiental Europea. El resultado es una paradoja. Los defensores del derecho medioambiental internacional lo ven como un tema puntero del derecho internacional -uno que muestra la respuesta del derecho a los problemas dinámicos de la acción colectiva- y, sin embargo, el campo está atrapado tanto o más que otras áreas del derecho internacional en una camisa de fuerza doctrinal que presta una atención sesgada a los Estados.
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Véase También
Derecho internacional del medio ambiente, Cambio climático, Derecho del mar, Biodiversidad, Comercio internacional, Derecho internacional de inversiones, Migración,
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