Derecho a Un Juicio Justo
Al igual que en el caso de otros derechos humanos, el alcance del derecho a un juicio justo en general se siguió desarrollando y codificando durante el período de la Ilustración de los siglos XVIII y XIX. Cercanos en parentesco y en sustancia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), la Carta de Derechos de los Estados Unidos (1791) y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) establecieron los cimientos sobre los que se construiría la futura protección jurídica de los derechos humanos. Tras los acontecimientos del siglo XX, y en particular la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de “constitucionalizar” las normas y garantías procesales civiles básicas como reacción a su infracción y abuso. Se consideró que era necesario otorgar a esas normas un rango constitucional a fin de proporcionar mayores niveles de protección (por ejemplo, la Constitución de Italia de 22 de diciembre de 1947). Además, como parte de la misma reacción, se produjo la “internacionalización” de los derechos y garantías procesales fundamentales, con un número cada vez mayor de documentos internacionales que proclamaban esas salvaguardias y las colocaban juntas bajo el pretexto del derecho a un juicio justo en las causas de derecho civil.