Este texto se ocupa de la pena de muerte obligatoria. Al menos más de 20 países siguen aplicando la pena de muerte obligatoria, aunque cada vez más tribunales nacionales reconocen que, según el derecho internacional, las condenas a muerte obligatorias son arbitrarias e inhumanas. En el ámbito internacional, los casos han puesto a prueba la capacidad de los órganos de los tratados de derechos humanos para responder a las voluminosas y urgentes quejas de manera oportuna y eficaz, y han dado lugar a avances materiales en los principios y normas internacionales que rigen la aplicación de la pena capital, basados en parte en los precedentes nacionales. En el ámbito nacional, los tribunales han considerado valioso recurrir a los términos de los instrumentos de derechos humanos y a las decisiones asociadas de sus instituciones supervisoras para dar un significado y efecto informados y progresivos a los derechos y libertades consagrados en las constituciones regionales. De este modo, los poderes judiciales de los gobiernos regionales han dado un efecto significativo al principio de efectividad, según el cual la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos requiere no sólo la existencia de un sistema legal diseñado para hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino también que los gobiernos se comporten de manera que garanticen efectivamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Además, los tribunales nacionales han extendido este principio más allá de las garantías sustantivas de los instrumentos interamericanos de derechos humanos de los instrumentos interamericanos de derechos humanos para abarcar los procedimientos internacionales mediante los cuales se supervisa el cumplimiento de esas garantías.