Las actitudes con respecto a lo que constituye una cuestión de derechos humanos cambian con el tiempo. ¿Es la pena de muerte una cuestión de derechos humanos? Si creemos que la tortura y los castigos inhumanos están absolutamente prohibidos, entonces el castigo irrevocable último de la ejecución también debería prohibirse, al menos como forma de castigo inhumano. La pena de muerte” considera cómo los tratados de derechos humanos que permiten la pena de muerte han sido interpretados para incluir garantías procesales, límites sobre los delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, quiénes pueden ser ejecutados, y prohibiciones sobre ciertas formas de ejecución en las que la pena de muerte todavía se utiliza en todo el mundo. Las ejecuciones siguen disminuyendo, pero, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena capital, sigue habiendo graves motivos de preocupación. Un total de 108 países, a fines del año 2021, han abolido por completo la pena de muerte para todos los delitos, 28 países han abolido efectivamente la pena de muerte al no ejecutar a nadie en los últimos 10 años y 55 países aún mantienen la pena de muerte para los delitos comunes. En 2018, 20 Estados llevaron a cabo ejecuciones, frente a 23 en 2017. El último informe de Amnistía Internacional registró 690 ejecuciones confirmadas en 2018, lo que confirma la importante tendencia a la baja observada en los últimos años (en 2017 se enumeraron 993 ejecuciones, en 2016 1.032 y en 2015 1.634). El número de condenas a muerte registradas en 2018 (2.531) ha disminuido ligeramente en comparación con 2017 (2.591). Es importante recordar que la cifra real de ejecuciones totales es difícil de establecer dada la falta de estadísticas oficiales en algunos países, entre ellos China. Fuera de China, el 78% de las ejecuciones enumeradas en 2018 tuvieron lugar en cuatro países (Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak).
