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Las complicadas reglas de la neutralidad se basan en su mayor parte en dos premisas que por su simplicidad quizá induzcan a engaño: que un Estado neutral -al no ser juez ni parte en el conflicto- debe mostrar imparcialidad en sus asuntos. Se entiende como leyes de neutralidad algunas normas americanas de los años 30, especialmente la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el Presidente Franklin Delano Roosevelt en agosto de 1935. Fue diseñada para mantener a los Estados Unidos fuera de una posible guerra europea mediante la prohibición del envío de material de guerra a los beligerantes a discreción del Presidente y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses viajar en embarcaciones beligerantes, excepto a su propio riesgo. La demanda de esta legislación surgió de la convicción de muchos estadounidenses de que la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial había sido un error. Esta convicción fue fortalecida por las investigaciones bien publicitadas por un comité del Senado encabezado por Gerald P. Nye de los préstamos de guerra estadounidenses a los aliados. La Ley de Neutralidad fue enmendada (febrero de 1936) para prohibir el otorgamiento de préstamos a beligerantes, y más tarde (enero y mayo de 1937) se extendió la neutralidad para cubrir las guerras civiles, un paso inspirado en la guerra civil española. En noviembre de 1939, la ley fue revisada en favor del suministro a las naciones en guerra en el principio de “cobrar y llevar”; pero las embarcaciones estadounidenses estaban excluidas de las zonas de combate, y los ciudadanos estadounidenses tenían prohibido navegar en embarcaciones beligerantes. Estas disposiciones se levantaron mediante una enmienda en noviembre de 1941, después de que se estableció la política de préstamo y arrendamiento. Por lo tanto, el acto estaba prácticamente fuera de servicio incluso antes de que la neutralidad estadounidense terminara con Pearl Harbor.