Denuncia de Irregularidades

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Visualización Jerárquica de Denuncia de irregularidades

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Denuncia de irregularidades

Véase la definición de Denuncia de irregularidades en el diccionario.

Denuncia de Irregularidades y Administración Pública

En el ámbito de las ciencias administrativas, pero no sólo, el término denuncia (en inglés, “whistleblowing”; en francés “dénonciation”) ha recuperado los acentos neutros de su significado original. Tomada del derivado latino denonciatio, la palabra denuncia significaba originalmente “anuncio, declaración”. Este significado neutro cayó en desuso en la lengua francesa, salvo en ciertos contextos oficiales, a partir del Renacimiento y adquirió un significado especializado (por ejemplo, anuncio por el que se pone fin unilateralmente a un acuerdo, tratado o contrato), y después una connotación peyorativa de denuncia de un acto o de una persona como culpable de infringir una norma establecida: queja, acusación, denuncia, etc.

En muchas organizaciones, el término se utiliza ahora para describir, sin ninguna connotación peyorativa, la acción o el acto ético de denunciar una infracción o una disfunción que ha sido identificada por un empleado, deseoso de evitar una mala conducta o una falta agravada dando ese aviso.

El término dénonciation (denuncia de irregularidades), formulación metafórica de la práctica de la alerta cívica utilizada en el mundo anglosajón, tiene el significado de una comunicación que se considera concebida y transmitida en interés de una entidad pública o privada para activar una “alarma interna” sobre un aspecto cuya integridad se ve amenazada.En inglés, “To blow the whistle” significa literalmente soplar el silbato, como haría un agente de policía o un árbitro. El término “soplar el silbato” suele aplicarse a la acción de una persona activa en una entidad privada o pública que denuncia un acto que puede calificarse de irregular.

La acción llevada a cabo por una persona activa en el seno de la entidad, o incluso por un socio cercano (un subcontratista cuya actividad está vinculada al buen funcionamiento de la entidad contratante, por ejemplo), es la prueba de una preocupación por advertir a las autoridades, sin desviaciones, para permitirles corregir una situación equívoca, actual o del pasado reciente, considerada ilícita, inmoral o contraria al interés público.

Hoy en día, sin embargo, existen usos derivados de este concepto para expresar preocupaciones más o menos afines. De hecho, en el discurso público existe ese tono para calificar una advertencia (documentada científicamente o no) sobre consecuencias nocivas previstas derivadas de un fenómeno social o inherentes al mantenimiento de una actividad. A veces incluso se utiliza para dar un peso indebido a una declaración banal sobre la concienciación de procesos que se aplican legítimamente de forma discreta, simplemente desconocidos para el gran público… o a un “mensajero” cándido sediento de notoriedad.

Noción de “whistleblowing” en un entorno organizativo

Retenidos como instrumento para favorecer el ejercicio del control en el seno de una entidad estructurada, los mecanismos que rodean a la denuncia de irregularidades con fines de alerta organizativa deben cumplir varias condiciones para adquirir una legitimidad de tipo jurídico-racional a los ojos de los actores susceptibles de utilizarlos.

Una autoridad que desee conferir pertinencia y credibilidad a este instrumento debe aplicar necesariamente una serie de medidas convergentes que se apoyen mutuamente, a saber :

• organizar un proceso de recopilación adecuado, teniendo en cuenta las cuestiones implicadas y la cultura organizativa imperante;
• proporcionar un método transparente para garantizar que las revelaciones se tratan con diligencia, comprobando que las acusaciones están bien fundadas;
• responder rápidamente a las desviaciones probadas con medidas correctivas adecuadas;
• ofrecer garantías inequívocas de un sistema coherente de protección para los denunciantes y los acusados.

Sin embargo, la imagen que se desprende de esta lista sólo se corresponde parcialmente con la realidad del fenómeno, también conocido como denuncia ética. Ciertamente, el acto del denunciante (“whistleblower”), que informa directamente a la estructura de la entidad que le emplea sobre actividades que, en su opinión, son incompatibles con los valores, la ética o las normas promovidas – normas a cuyos fines se adhiere hasta el punto de defenderlas – justifica tal interpretación. El término “whistleblower” tiene un fondo etimológico neutro, similar al del término alemán correspondiente hinweisgeber, mientras que el término dénonciateur ha luchado por desprenderse de las connotaciones peyorativas que la historia le ha dado a lo largo del último siglo.

▷ En este Día de 6 Mayo (1882): Ley de Exclusión China

Tal día como hoy de 1882, el presidente estadounidense Chester A. Arthur firma la Ley de Exclusión China, la primera y única ley federal importante que suspende explícitamente la inmigración de una nacionalidad específica. En 1943 tuvo lugar la derogación de esta ley, que fue -como reconoce la Secretaría de Estado americana- una decisión casi totalmente motivada por las exigencias de la Segunda Guerra Mundial, ya que la propaganda japonesa hacía repetidas referencias a la exclusión de los chinos de Estados Unidos con el fin de debilitar los lazos entre Estados Unidos y China, que entonces era su aliada. (Imagen de Wikimedia)

Por otra parte, también se produce un efecto de denuncia cuando un empleado da la voz de alarma fuera del marco jerárquico que le subordina. Cuando un individuo revela “prácticas ilegales, inmorales o ilegítimas encubiertas por sus empleadores a personas u organismos susceptibles de provocar una acción correctiva” (Brown y Latimer, 2008), está actuando con el mismo espíritu. Ya sea revelando información a una autoridad ajena a su jerarquía directa (por ejemplo, un departamento institucional responsable de la ética: oficina de cumplimiento, defensor del pueblo, controlador, auditor externo) o dirigiéndose directamente a la policía o al público, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, el denunciante persigue lógicamente un resultado similar.

En muchas de las disputas que han surgido en torno a estos últimos enfoques, se ha invocado a menudo la teoría (doctrina) de DeGeorge (1990) para legitimar la denuncia externa de irregularidades. Contiene cinco criterios justificativos que ayudan a aclarar el alcance del concepto de “denuncia de irregularidades en un entorno organizativo”. Estos criterios, que han sido adoptados por la jurisprudencia en muchas jurisdicciones de derecho anglosajón, son los siguientes:

• La organización debe estar implicada en situaciones que puedan causar un daño considerable al público a través de sus productos o prácticas;
• El denunciante debe haber informado de la amenaza identificada a sus superiores y haber llegado a la conclusión de que su intervención no sería eficaz;
• El denunciante debe haber agotado un número razonable de recursos internos;
• El denunciante debe tener pruebas que convencerían a un observador imparcial de la existencia de una amenaza;
• El denunciante debe creer de buena fe que la revelación permitiría evitar el problema en el futuro… “a un coste menor”.

Historias diferentes

Aunque la obligación de poner la información en conocimiento de una autoridad competente con poderes de sanción o corrección ha sido durante mucho tiempo un principio en los requisitos impuestos a los titulares de cargos o empleos públicos, sea cual sea el sistema político o el régimen jurídico, a principios de la década de 2000 esta norma de conducta hizo un inesperado y notable regreso como herramienta para gestionar la transparencia y la integridad dentro de las organizaciones regidas por el derecho privado.

El sector público

En la administración pública de los regímenes democráticos, que valoran “genéticamente” la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza justificada del público, la cronología histórica del uso de la denuncia de irregularidades (en el sentido de divulgación interna) se remonta a la inclusión en el derecho público de la obligación de los titulares de cargos públicos de actuar en todo momento de conformidad con la ley y la ética pública. Como corolario de los preceptos del Estado de derecho, los titulares de cargos públicos están teóricamente facultados (O incluso obligado por una norma legal, como la obligación impuesta a todos los funcionarios franceses de “denunciar las infracciones de las que tengan conocimiento en el ejercicio de su profesión” (artículo 40 del Código de Procedimiento Penal canadiense)), al igual que los ciudadanos, para denunciar cualquier incumplimiento de las normas jurídicas que rigen la actuación pública. En primer lugar, las anomalías que rodean a los factores que intervienen en la producción de un servicio público: la calidad de los recursos utilizados, cómo se adquieren y movilizan, cómo se utilizan para fines adecuados y la calidad del servicio prestado.

Sin embargo, ¡el cumplimiento debe ser apoyado en lugar de desalentado por el discurso de las autoridades administrativas (elegidas o designadas) y por un marco adecuado!

Un contexto de gestión pública disciplinado por un derecho administrativo omnicomprensivo

En los sistemas públicos con un sistema de derecho administrativo omnicomprensivo, que pretende literalmente gestionar por ley, el paradigma de que “la administración se ocupa de la administración” (Bergeron, 1969) ha demostrado ser decisivo. En este modelo, que ha arraigado en la Europa continental, los órganos que encarnan las funciones legislativas y gubernamentales responsables del control de la administración han limitado de hecho al principio estrictamente a la lógica jerárquica la posible transmisión, por parte de los agentes, de información sensible relativa a fallos, disfunciones o incluso corrupción, en aras de la coherencia con el principio de autoridad jerárquica, valorado por el sistema burocrático en este sector para, en particular, protegerlo de presiones indebidas.

Por otra parte, los parlamentos y los gobiernos se han apoyado en controles administrativos y financieros de procedimiento para enmarcar, tanto a priori como a posteriori, la acción cotidiana, y han confiado -de acuerdo con el principio de la naturaleza especial de la acción pública- a organismos públicos ajenos a los departamentos operativos (interventores, auditores, interventores de cuentas, etc.) la responsabilidad de controlar la legalidad, la conformidad e incluso la oportunidad de los actos, en particular para optimizar los recursos.

En tal marco jurídico-administrativo, los organismos dedicados a la fiscalización mediante declaraciones de hechos, generalmente dotados de amplios poderes de control, investigación, examen y sanción con el fin de detectar, investigar y eventualmente sancionar las infracciones de las normas prescritas, no pueden por lo general sino apoyarse en el examen minucioso (auditoría a posteriori) de los actos o documentos registrados y en el olfato profesional de sus agentes para garantizar el éxito de su misión.

Un contexto de gestión pública que requiere una regulación ética

Por otra parte, la tradición jurídica anglosajona, que durante mucho tiempo sometió a la administración pública únicamente al derecho anglosajón (common law), ha considerado útil, y hoy puede calificarse de gerencial, fomentar la transmisión de información factual para alertar a las autoridades de anomalías o malas prácticas que pudieran afectar a la buena marcha de los asuntos públicos.

De hecho, en Gran Bretaña, la historia institucional tiende a señalar el siglo XIII como el inicio del desarrollo de una percepción positiva, que aún hoy se mantiene, de la denuncia de irregularidades al servicio de la correcta administración de los asuntos de la nación. Esta visión se remonta a la adopción del principio de la acción Qui tam[ (Qui tam: abreviatura de la expresión latina “Qui tam pro domino rege quam pro sic ipso in hoc parte sequitur”, que los juristas británicos traducen como “Quien demanda en nombre del Rey así como para sí mismo”): una disposición adoptada por el soberano para autorizar la presentación, en su nombre, de casos ante la Corte, y después ante diversos tribunales a medida que se iban creando, relativos al incumplimiento de las prescripciones reales que afectaban a la vida colectiva. El objetivo era motivar a la población, compuesta por súbditos libres a los que se reconocía la responsabilidad de la vida comunitaria, a actuar en nombre y en interés (aunque no exclusivamente) de la Corona.

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En el siglo XIX, las innovaciones jurídicas en torno a la práctica de la delación como instrumento de defensa de los intereses colectivos se encontraban al otro lado del Atlántico. En el momento de la creación de Estados Unidos, el nuevo Estado había adoptado casi toda la legislación inglesa, incluidas muchas leyes cuya aplicación se garantizaba mediante un procedimiento conocido como “Qui tam”.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Al estallar la Guerra de Secesión estadounidense, con sus prevaricaciones entre los proveedores del ejército del Norte, el Congreso aprobó la Ley de Reclamaciones Falsas (también conocida como Ley Lincoln), concebida para hacer de las investigaciones penales por delación un instrumento de la justicia, en ausencia de una administración de justicia capaz de asumir la responsabilidad de la acción pública judicial. El procedimiento judicial que ahora se autoriza a los ciudadanos estadounidenses, algunos de ellos próximos a funcionarios del gobierno, se emprende en nombre del gobierno federal, o incluso de la autoridad estatal o local que promulgó las mismas disposiciones, siempre que se base en el conocimiento directo de un fraude contra las autoridades públicas.

Reforzada por la Ley Lloyd-La Follette en 1912, luego prácticamente suspendida durante la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta 1986, tras varios años de críticas, principalmente dirigidas a las distintas ramas de la industria militar, cuando se hizo más fácil para los ciudadanos y más lucrativo -entre el 15% y el 35% de la suma recuperada podía ser remitida al denunciante por el tribunal- utilizar las disposiciones de la Ley para denunciar irregularidades. Además, las enmiendas introducidas en la legislación original ofrecen protección a los denunciantes que sean “degradados, suspendidos, amenazados, acosados o discriminados de cualquier otra forma en los términos y condiciones de empleo” por tales actos cívicamente “loables” en virtud de la Ley.

Desde entonces, Estados Unidos ha mostrado un claro liderazgo entre los países de derecho del common law (Países que han tomado medidas en este ámbito: Whistleblowers Protection Act en Australia (1994), Public Interest Disclosure Act en el Reino Unido (1999), Protected Disclosures Act en Nueva Zelanda (2001) y la Public Servants Disclosure Protection Act en Canadá (2007), tras varios intentos infructuosos) en su confianza en la denuncia de irregularidades para controlar los riesgos y las presiones, ya sean internas o externas, que puedan afectar a la integridad de los procesos administrativos y financieros regulados públicamente. Prueba de ello es la creación del Centro Nacional de Denunciantes en 1988, la adopción de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) en 2002 y la reciente actualización de la Ley de Protección de los Denunciantes en 2007.

El sector privado

En el sector privado, con la excepción de un puñado de empresas que con el tiempo habían desarrollado un sistema interno de denuncia de irregularidades, no fue hasta 2002 cuando la denuncia de irregularidades se institucionalizó en el derecho de sociedades. Respecto al sistema interno de denuncia de irregularidades, esta situación suele ser denunciada por los empleados por las frecuentes represalias contra los denunciantes que quedan desprotegidos, o denunciada por las empresas competidoras temerosas del secretismo de sus propios métodos de gestión empresarial en los mercados comunes.

La adopción de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) por el Congreso estadounidense a raíz de los sonados escándalos financieros de Enron y WorldCom por prácticas fraudulentas, urdidos al mismo tiempo que otros escándalos similares en Nortel, resultó ser el epicentro de un terremoto, calificado por algunos de “virtuoso”. Ha golpeado duramente las prácticas empresariales y las ondas expansivas siguen sacudiendo los valores culturales y las doctrinas jurídicas de muchos países.

Como resultado, las empresas estadounidenses (incluidas sus filiales en el extranjero) y las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de EE.UU. se han visto obligadas a establecer un mecanismo de denuncia de irregularidades que permita a los empleados denunciar las prácticas financieras, y a adoptar medidas para proteger la confidencialidad de las revelaciones hechas por los denunciantes al comité de auditoría de la empresa, un órgano que también se ha visto obligado a crear o modernizar su cometido.

Una herramienta para la función de auditoría

Estas nuevas normas sobre la denuncia de irregularidades, decretadas unilateralmente por el gobierno estadounidense, se incorporaron rápidamente a la terminología internacional oficial conocida como NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), que las estructuras nacionales que rigen la disciplina contable se han comprometido a seguir.

La introducción de un sistema fiable de notificación de las desviaciones de las normas reconocidas se ha convertido así en el principal instrumento considerado capaz de garantizar eficazmente un flujo de información útil (prevención y corrección) sobre estas cuestiones sensibles. Esta vía también se revelará rápidamente como la más eficaz (casi el 50% de las infracciones sancionadas en Estados Unidos en 2009) para centrar la acción de los organismos encargados del control financiero en dinámicas o prácticas poco ortodoxas o incluso desviadas, generalmente imperceptibles de otro modo.

Procedentes de personas leales y responsables (empleados, contratistas) que comparten los valores y principios éticos promulgados por la organización, el contenido de las divulgaciones mencionadas se limita, sin embargo, a hechos o sospechas detalladas sobre casos de fraude, irregularidad o mala gestión deliberada por parte de un individuo o un grupo interno.

Centrado exclusivamente en la defensa de los intereses de la organización empresarial, este procedimiento de denuncia de irregularidades exige la adopción de medidas adecuadas en el marco de una auténtica política de gestión de la información de la organización, medida que hasta ahora estaba ausente o era incompleta. Por ejemplo, en 2005, el Consejo de Gestión de Riesgos y Gobernanza del Instituto Canadiense de Censores Jurados de Cuentas propuso una guía inicial en este sentido en aplicación del Instrumento Multilateral 52-110, adoptado en 2004, sobre la modernización de los comités de auditoría. La guía estipula, entre otras cosas, la adopción de “procedimientos para la presentación confidencial y anónima por parte de los empleados […] de preocupaciones relativas a asuntos contables o de auditoría cuestionables”.

En virtud de las normas y procedimientos contables, las autoridades corporativas están obligadas, por tanto, a aceptar declaraciones de valores y un código ético, a establecer mecanismos y órganos específicos -un comité de ética, canales confidenciales de divulgación, formación obligatoria, etc.- y a informar anualmente sobre los resultados de sus investigaciones. – e informar anualmente sobre la verificación de su buen funcionamiento, para que los trabajadores puedan informar diligentemente al empresario si consideran que sus intereses se han visto perjudicados o amenazados.

En este contexto, para neutralizar los dilemas éticos que puedan surgir, sobre todo en caso de una posible divergencia entre los intereses de la empresa y los intereses generales de la misma, la denuncia de irregularidades se presenta ante el personal como un acto de lealtad por parte del empleado. Por un lado, esto brinda a la organización la oportunidad de preservar su imagen antes de que los hechos pasen a ser de dominio público y, por otro, la denuncia estrictamente interna permite evitar las consecuencias penales de las irregularidades denunciadas, si se comunican a tiempo y si van seguidas de medidas correctoras. Presentada de este modo, la denuncia interna se considera a menudo como un nuevo aspecto de la política de calidad de una empresa.

La denuncia de irregularidades: ¿una práctica en auge?

El campo semántico de la expresión whistleblowing, que tiene una connotación cívica justificada porque no es calumniosa ni ofensiva por lo bajo, tiende a ampliarse en la esfera pública.

Cada vez con más frecuencia se oyen llamamientos para que la licitud de la denuncia de irregularidades se extienda a los hechos objetivos, conocidos de primera mano (o por indiscreción) o incluso a los establecidos “científicamente”, o incluso a los deducidos lógicamente de ese conocimiento. En tales casos, el denunciante, denominado “whistleblower”, goza de una protección sustancial.

François Chateauraynaud (quien, con Didier Torny, acuñó por primera vez el neologismo “whistleblower” en 1999) ha intentado aclarar este concepto, propio de cierta epistemología sociológica que pretende poder separar los “hechos” de las “emociones o valores” en la esfera pública. En 2008, entre otras cosas, sostiene que “la noción de ‘denunciante’ designa a toda entidad, persona, grupo o institución que asume la función de denunciante y pretende que se reconozca la importancia de un peligro o riesgo, a menudo en contra de la opinión dominante”. […] En contraste con el modelo del denunciante, el “informante” describe a alguien […] que detecta señales prodrómicas, signos precursores, sin tener necesariamente una interpretación o un marco predefinido para calificarlos. En lugar de la idea del chivato, de la detención de un proceso desencadenado por un actor que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, preferimos la idea de una trayectoria o incluso de la carrera de un problema que sólo poco a poco se hace público”.

Persona física o jurídica, generalmente independiente de la entidad objeto de la denuncia, el “denunciante” está legítimamente motivado por una preocupación paliativa o preventiva de sacar a la luz peligros o resultados nocivos previstos relativos tanto a la acción pública como a las actividades o procedimientos de una entidad privada cuyos fines o externalidades se consideran indeseables. Invocando la objetividad argumentativa del examen científico, raramente filosófico o ideológico, su enfoque pretende ilustrar directamente a la opinión pública y, sin duda a través de ella, a las autoridades que tienen el poder de actuar. Este discurso de alerta suele centrarse en un estado de cosas o en sus probables efectos inducidos, supuestamente perjudiciales para el interés legítimo de los ciudadanos (individuos, entidades corporativas), a menudo para el interés general de la sociedad, o incluso el de la humanidad.

De forma un tanto inevitable, esta cuestión se sitúa en el centro de la ética pública aplicada, que, conviene recordar, no es prerrogativa de los titulares de cargos públicos. El hecho es que cuando se trata de proteger a los denunciantes, así como a la entidad implicada, la democracia también se ocupa de la tensión entre los derechos individuales y las obligaciones colectivas. En estas sociedades basadas en el Estado de derecho, ya sean antiguas o nuevas, se busca a veces apasionadamente la manera de conciliar el imperativo de proteger a quienes tienen el coraje social de defender el interés colectivo frente a una amenaza que consideran importante con el imperativo de prevenir el abuso de la delación en un contexto (social y tecnológico) propicio a las “revelaciones” de todo tipo.

Revisor de hechos: Leclerc

Características de Denuncia de irregularidades

Regulación sobre Denuncia de irregularidades

Recursos

Traducción de Denuncia de irregularidades

Inglés: Whistleblowing
Francés: Dénonciation des dysfonctionnements
Alemán: Whistleblowing
Italiano: Denuncia di irregolarità
Portugués: Comunicação de irregularidades
Polaco: Informowanie o nieprawidłowościach

Tesauro de Denuncia de irregularidades

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Véase También

• Conflicto de intereses
• Comunicación de datos
• Moral pública
• Moralidad de la clase política
• Corrupción

• Denunciante
• Denuncia de prácticas corruptas

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