Un registro de delincuentes sexuales es un sistema en varios países diseñado para permitir a las autoridades gubernamentales llevar un registro de las actividades de los delincuentes sexuales, incluyendo a aquellos que han cumplido sus sentencias penales. En algunas jurisdicciones, donde el registro de delincuentes sexuales sí puede, el registro va acompañado de requisitos de notificación de dirección residencial. En muchas jurisdicciones, los delincuentes sexuales registrados están sujetos a restricciones adicionales, incluso en materia de vivienda. Los que están en libertad condicional o en libertad condicional pueden estar sujetos a restricciones que no se aplican a otros presos en libertad condicional o en libertad condicional. A veces, estas incluyen (o se han propuesto incluir) restricciones para estar en presencia de personas menores de edad (menores de edad), vivir cerca de una escuela o guardería, poseer juguetes o artículos dirigidos a los niños, o usar Internet. Existen registros de delincuentes sexuales en muchos países de habla inglesa, incluyendo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Jamaica, Sudáfrica, el Reino Unido, Israe y la República de Irlanda. Estados Unidos es el único país con un registro que es de acceso público; todos los demás países del mundo angloparlante tienen registros de delincuentes sexuales a los que solo pueden acceder las fuerzas del orden. Las leyes actuales, en Estados Unidos, de registro, notificación a la comunidad y restricción de residencia pueden ser contraproducentes, impidiendo en lugar de promover la seguridad pública. Por ejemplo, la proliferación de personas obligadas a registrarse a pesar de que sus delitos no eran graves dificulta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley la tarea de determinar qué delincuentes sexuales merecen una vigilancia cuidadosa. El acceso irrestricto en línea a la información del registro facilita -si no alienta- que vecinos, empleadores, colegas y otros eviten y condenen al ostracismo a los antiguos delincuentes, lo que disminuye la probabilidad de que se reintegren con éxito en las comunidades. Las restricciones de residencia alejan a los antiguos delincuentes de la supervisión, el tratamiento, la estabilidad y las redes de apoyo que pueden necesitar para construir y mantener una vida exitosa y respetuosa de la ley.