Pena de Muerte

A principios de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión final a favor de Garza, en la que determinó que la inclusión de los cuatro asesinatos ajenos no juzgados en la fase de la pena del juicio constituía una violación del derecho de Garza a un juicio justo y al debido proceso, de acuerdo con los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana. Además, la Comisión consideró que la sentencia de muerte de Garza era arbitraria y caprichosa en virtud del artículo I de la Declaración Americana y que ejecutarlo sería una violación deliberada de su derecho a la vida en virtud del artículo I. Los abogados de Garza utilizaron este dictamen como base para otros procedimientos posteriores a la condena, solicitando una reparación sobre la base de que los derechos de Garza en virtud de la Declaración Americana habían sido violados cuando se introdujeron en su audiencia de sentencia pruebas de los cuatro asesinatos no juzgados cometidos en México. La petición también argumentaba que las conclusiones de la Comisión eran vinculantes para Estados Unidos en virtud de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque Estados Unidos es miembro de la OEA. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos que revisara las condenas y sentencias de la mayoría de los 54 mexicanos que fueron parte de la decisión judicial sobre el caso Avena. Esto no significó que las condenas en los casos en los que se violaron los derechos de los ciudadanos mexicanos a la Convención sobre los Derechos del Niño fueran automáticamente anuladas. Normalmente, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sólo se aplican a las partes demandantes en relación con sus casos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la decisión judicial en el caso Avena no se limitaba a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, sino que se aplica también a casos similares en otros países participantes en la Convención de Viena.