Ningún sistema de justicia penal es perfecto, y la falibilidad conduce a errores judiciales. Incluso cuando se cumplen todas las normas de un juicio justo, pueden producirse condenas erróneas. El derecho a un juicio justo está garantizado por el derecho internacional para proteger a las personas de la detención ilegal y minimizar la posibilidad de condenas erróneas. De hecho, las Salvaguardias de la ONU para la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte establecen que la pena capital sólo puede ejecutarse en virtud de una sentencia firme dictada por un tribunal competente tras un proceso legal que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, al menos iguales a las contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las normas internacionales relativas a un juicio justo están en constante evolución, pero incluyen: el derecho a un juicio justo; la presunción de inocencia; el derecho a no autoinculparse obligatoriamente; el derecho a conocer la acusación; el tiempo y las facilidades adecuadas para preparar la defensa; el derecho a la asistencia letrada; el derecho a interrogar a los testigos; el derecho a un intérprete; y el derecho a recurrir en los casos penales. Numerosos tratados y pactos de derechos humanos afirman la necesidad de un juicio justo. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. El derecho a un juicio justo está garantizado además por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Varias comisiones y tribunales han desarrollado este derecho. Sin embargo, muchos países que practican la pena capital no cumplen estas normas. Por ejemplo, en Japón, el hecho de que la fiscalía no revele las pruebas exculpatorias ha dado lugar a varias condenas erróneas. La Constitución de España, por ejemplo, garantiza la indemnización si los daños y perjuicios se derivan de errores judiciales. (Véase, por ejemplo, la Constitución de España, art. 121, 1978). En otros, como el Reino Unido, los derechos están consagrados en leyes específicas. (Véase, por ejemplo, la Ley de Justicia Penal del Reino Unido, sec. 133)