Discapacidad en el Sistema de Justicia Penal

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre la “Discapacidad en el Sistema de Justicia Penal”.

Discapacidad y Justicia Penal

Otros aspectos a considerar son los siguientes:

Desinstitucionalización

La política de desinstitucionalización pretendía sustituir la atención institucional de las poblaciones necesitadas de cuidados y control por alternativas prosociales basadas en la comunidad. Sin embargo, la población institucional estadounidense ha aumentado desde el inicio de la política en un 205%. Tal y como se ha aplicado, con la ayuda de facciones de defensa y recorte de gastos, sólo ha logrado permitir la desvinculación de la responsabilidad estatal sobre los grupos destinatarios. Pretendía evitar la admisión y retención innecesarias en instituciones. Tal y como se aplicó, la desinstitucionalización inició un proceso que implicó un cambio social en el tipo de instituciones y alternativas institucionales utilizadas para alojar a sus grupos objetivo, a menudo denominado transinstitucionalización. Para muchos necesitados de internamiento institucional, ha logrado evitar todas las admisiones, mientras que ha ampliado las admisiones para otros. Al tratar de desarrollar alternativas comunitarias para alojar, tratar y habilitar o rehabilitar a sus grupos objetivo, ha logrado establecer una variedad de modalidades de vida alternativas y programas escaparate/modelo que ilustran lo que se puede hacer, pero no ha logrado que las inversiones en dichos programas sirvan a la mayoría de sus grupos objetivo. Ha provocado el abandono de un número considerable de personas a la calle. La política de desinstitucionalización ha motivado cambios políticos, económicos, jurídicos y sociales en el cuidado y control de seis poblaciones: adultos mayores, niños, personas con enfermedades mentales, personas con discapacidades de desarrollo, personas bajo supervisión del sistema penitenciario y, más recientemente, individuos sin hogar. Una aplicación más auténtica de las aspiraciones iniciales de la desinstitucionalización exige reconsiderar estos cambios.

La desinstitucionalización en la macropráctica

La política de desinstitucionalización pretendía sustituir la atención institucional de las poblaciones necesitadas de cuidados y control por alternativas prosociales basadas en la comunidad. Sin embargo, la población institucional estadounidense ha aumentado desde el inicio de la política en un 205%. Tal y como se ha aplicado, con la ayuda de facciones de defensa y recorte de gastos, sólo ha logrado permitir la desvinculación de la responsabilidad estatal sobre los grupos destinatarios. Pretendía evitar la admisión y retención innecesarias en instituciones. Tal y como se aplicó, la desinstitucionalización inició un proceso que implicó un cambio social en el tipo de instituciones y alternativas institucionales utilizadas para alojar a sus grupos objetivo, a menudo denominado transinstitucionalización. Para muchos necesitados de internamiento institucional, ha logrado evitar todas las admisiones, ampliándolas para otros. Al tratar de desarrollar alternativas comunitarias para alojar, tratar y habilitar o rehabilitar a sus grupos objetivo, ha logrado establecer una variedad de modalidades de vida alternativas y programas modelo y de exhibición que ilustran lo que se puede hacer; sin embargo, no ha logrado que las inversiones en dichos programas sirvan a la mayoría de sus grupos objetivo. Ha provocado el abandono de un número considerable de personas a la calle. Se ha documentado, desde perspectivas políticas, económicas, jurídicas y sociales, cómo esta política ha afectado al cuidado y control de poblaciones como los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades mentales o discapacidades de desarrollo, las personas bajo supervisión del sistema penitenciario y, más recientemente, las personas sin hogar. Se ofrecen sugerencias para una aplicación más realista de las aspiraciones iniciales de la desinstitucionalización.

Discapacidad Intelectual y del Desarrollo ante la Justicia Penal

Los resultados sugieren (por ejemplo, en el estudio “Creencias y perspectivas sobre el sistema de justicia penal de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: Un estudio cualitativo” de Jennifer C. Sarrett) que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo consideran que deberían ser tratadas con más respeto y que su discapacidad merece más atención en las interacciones con la justicia penal. Estos pensamientos podrían resultar útiles para reducir las disparidades en el sistema de justicia penal.

Aunque algunas de las conclusiones están relacionadas con lo que podría considerarse la mejor práctica para todos los que interactúan con el sistema de justicia penal, los informantes de este estudio identificaron varias áreas en las que la discapacidad contribuye a una experiencia diferente en el sistema de justicia penal. La primera se refiere a la confusión en todo el sistema. Ya sea en los tribunales, por la dificultad para leer documentos o para seguir las indicaciones de los funcionarios, varios informantes afirmaron sentirse inseguros y confusos con los procedimientos. Parte de esta confusión puede llevar a una escalada peligrosa de las interacciones. Por eso algunos informantes sugieren una persona de apoyo -una especie de traductor- para ayudar a las personas con discapacidad a navegar por el sistema. Además, varios informaron de que sentían que su discapacidad provocaba discriminación en el sistema o que eran malinterpretados por los profesionales de todo el sistema. Por último, se hizo mucho hincapié en el respeto. Aunque este hallazgo parece no ser específico de la discapacidad, al considerar las prácticas históricas y contemporáneas de deshumanización de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo esta faceta es especialmente relevante. Estas actitudes condujeron al maltrato de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en otras instituciones, como las grandes instituciones de nuestro pasado, y parece que se han transmitido al sistema de justicia penal.

También hay algunos hallazgos interseccionales importantes. En general, los informantes con discapacidad intelectual y del desarrollo que también son personas de color informan con mayor frecuencia de que interactúan con el sistema como acusados. Además, las mujeres incluidas en este estudio declararon haber sido víctimas más que los hombres, lo que refleja la literatura existente. Las personas con niveles más significativos de discapacidad tenían mayor incidencia de informar de creencias positivas sobre la policía, mientras que las personas de color (que también tenían mayores tasas de detenciones) eran más propensas a informar de creencias negativas. Estos resultados sugieren que, cuando se hable a los profesionales de la justicia penal sobre las personas con discapacidad intelectual, debe hacerse un esfuerzo por atender a las diferencias basadas en el nivel de discapacidad, la raza y el género. Por ejemplo, incluir una formación en la que se destaque el hecho de que las personas de color con discapacidades menos significativas se enfrentan con más frecuencia a la atención policial y tienen experiencias negativas puede ayudar a los agentes a comprender la indecisión a la hora de acudir a la policía para denunciar delitos o la resistencia a cualquier interacción policial.

Junto con la necesidad de atender a las variaciones basadas en las diversas identidades y experiencias sociales, casi todos los informantes expresaron el deseo y la necesidad de sentirse respetados. Independientemente del nivel de discapacidad, raza o género, los informantes deseaban ser tratados con respeto por los profesionales de la justicia penal. En este contexto, el respeto incluía comportamientos como mantener un tono de voz uniforme y calmado; hablar despacio; y hacer las preguntas al informante, en lugar de a un cuidador. Algunos informantes desean que los agentes de policía, los jueces, los abogados y el personal de prisiones y cárceles pregunten a todo el mundo si tiene una discapacidad al principio de la interacción. Estos comentarios difieren de las investigaciones que demuestran que es probable que las personas con estas discapacidades eviten informar de una discapacidad en los entornos de justicia penal debido al estigma y a la posibilidad de victimización.

Revisor de hechos: Mix

Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial

Véase la entrada sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y, más generalmente, sobre el Sistema de Justicia Penal o criminal.

Discriminación en el Sistema de Justicia Penal o Criminal

En otro lugar se ilustran las notables disparidades raciales en los resultados tanto sanitarios como de justicia penal en la sociedad estadounidense.

La política de justicia penal se basa en gran medida en la noción de que castigar la actividad delictiva garantiza el cumplimiento de la ley (como ya sostuvo Beccaria en 1764).

La teoría de la discriminación racial obtiene apoyo empírico general de investigaciones que vinculan una forma destacada de racismo sistémico, la segregación residencial racial, con diversos resultados en materia de salud y delincuencia/justicia penal, entre ellos:

• mayores tasas generales de morbilidad y mortalidad
• mayores tasas de encarcelamiento,
• elevadas tasas de delincuencia entre los afroamericanos,
• mayores disparidades entre razas en mortalidad infantil y nacimientos prematuros,
• disparidad racial más sustancial en las tasas de homicidio, y
• mayores disparidades entre blancos y negros en las detenciones por delitos de drogas y armas.

Asimismo, está respaldada por estudios que demuestran que los individuos con mayores experiencias personales y percepciones de discriminación racial son más propensos a mostrar una serie de problemas de:

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

• salud mental y física,
• delincuencia,
• violencia,
• conductas externalizadoras problemáticas y
• consumo de drogas ilegales.

Además, las investigaciones muestran una asociación entre el autocontrol y diversos indicadores de salud, entre ellos:

• el índice de masa corporal;
• el ejercicio y la buena alimentación;
• la depresión, la salud mental y los trastornos psiquiátricos;
• un índice de afecciones respiratorias, periodontales, metabólicas, inflamatorias e infecciosas de transmisión sexual; y
• la mortalidad prematura.

Las investigaciones indican que las comunidades con mayor proporción de población afroamericana presentan niveles más elevados de:

• exposición al plomo,
• pobreza concentrada, y
• discriminación racial.

El impacto del encarcelamiento en la salud puede manifestarse de varias maneras:

• En primer lugar, el encarcelamiento puede aumentar la exposición a enfermedades infecciosas (entre otros; National Commission on Correctional Health Care, 2002).
• En segundo lugar, el encarcelamiento es un acontecimiento vital importante y un factor de estrés crónico, y ambos repercuten negativamente en el funcionamiento de la salud.
• En tercer lugar, el encarcelamiento repercute negativamente en las oportunidades de empleo y altera los vínculos familiares, que están asociados a la salud.
• En cuarto lugar, el encarcelamiento puede afectar negativamente a las condiciones de salud mental, como los trastornos del estado de ánimo.
• Por último, los efectos del encarcelamiento sobre la salud pueden extenderse a las familias y a las comunidades más amplias de las personas encarceladas. Varios estudios indican que el encarcelamiento se asocia a tasas más elevadas de enfermedades infecciosas.

Datos verificados por: Mix

Recursos

Véase También

Criminología Internacional, Guía Comparativa de los Sistemas de Justicia Penal, Guía Comparativa de los Sistemas de Justicia Penal y los Tribunales Internacionales, Guía de Justicia Criminal y Política Pública, Justicia Penal, Sistema de Justicia, Sistemas Legales, Sistemas Penales
Envejecimiento
Personas mayores
Niños
Adolescentes
Justicia penal
Discapacidades
Atención sanitaria
Enfermedad
Salud mental
Macropráctica
Salud conductual

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