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Este texto se ocupa de la abogacía activista en Italia, y en concreto de la historia de la posición de activismo social de los abogados y jueces desde los años 60 en Italia. El atentado de Piazza Fontana del 12 de diciembre de 1969 inició un periodo de violencia entre 1968-80, cuyos efectos siguen repercutiendo en la política y la sociedad italianas. En la actualidad, los historiadores y sociólogos tienden a suponer que las clases medias profesionales de las sociedades occidentales han abandonado hace tiempo las viejas ideas de vocación pública y sólo están interesadas en mejorar su propia posición económica y social. Sin embargo, los procesos de conflicto social y cambio social iniciados en Italia en 1968 sugieren que esto no siempre es así. Los abogados académicos vinculados al Partido Socialista desempeñaron un papel destacado en la redacción y aplicación del Estatuto de los Trabajadores de 1970, que garantizaba las libertades sindicales, prohibía el despido sin causa justificada y protegía la salud y la seguridad en el trabajo. El ala progresista de la judicatura adoptó una postura firme contra la represión policial y el amordazamiento de la libertad de expresión cuando el orden público empezó a resquebrajarse a partir de 1969. Una minoría de la judicatura incluso se dedicó a hacer cumplir las leyes que protegían el medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores y los derechos de los inquilinos. Mientras tanto, los abogados radicales se dedicaron a defender a los estudiantes, los trabajadores y los militantes de izquierda. En conjunto, el activismo de los abogados radicales desempeñó un papel decisivo en el nacimiento de la “sociedad de derechos”, que puede considerarse el logro perdurable del “largo 68” italiano.