El Acuerdo de Asociación (UE)

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Acuerdo de Asociación (UE)

Véase la definición de Acuerdo de Asociación (UE) en el diccionario. Véase la definición de Acuerdo de Asociación en el diccionario. Véase la definición de asociación, en general, en el diccionario.

Acuerdos de Asociación (UE)

1. Concepto y función de los acuerdos de asociación
Los acuerdos de asociación son tratados internacionales celebrados por la Unión Europea con terceros países u organizaciones internacionales sobre la base del artículo 217 del TFUE/310 del Tratado CE. Dichos acuerdos exigen que se establezca una asociación que implique “derechos y obligaciones recíprocos, una acción común y un procedimiento especial”. Teniendo en cuenta estos requisitos fundamentales, una asociación basada en un acuerdo -que en sí misma no se define con mayor precisión en los tratados europeos- se considera (i) una relación especial y privilegiada entre la Unión, por una parte, y uno o varios terceros países u organizaciones internacionales, por otra, caracterizándose por (ii) un cierto equilibrio de derechos y obligaciones recíprocos en ausencia de subordinación de una parte a la otra, (iii) el establecimiento de órganos con igual representación que toman decisiones conjuntas sobre la aplicación y el desarrollo de la cooperación, (iv) el efecto vinculante inter partes de dichas decisiones conjuntas, (v) y por un cierto grado de permanencia. Una relación de este tipo, que también se denomina “asociación exterior”, es, por una parte, mucho más estrecha que en el caso de un acuerdo comercial no preferencial clásico sobre la base del Art 207 TFUE/133 CE, pero se mantiene, por otra parte, por debajo del nivel de pertenencia a la UE y de los derechos de participación en el proceso de toma de decisiones de la UE relacionados con ella.

El concepto general de asociación exterior incluye una variedad de acuerdos diferentes que pueden asignarse a tres categorías según su objetivo principal.

a) Asociaciones de preadhesión
Las asociaciones de preadhesión sirven para preparar el camino para la adhesión a la Comunidad Europea/Unión Europea en una fecha posterior. Los acuerdos de asociación con este objetivo incluyen (i) los acuerdos de asociación con Grecia (1961, el primer acuerdo de asociación) y con Turquía (1963); (ii) los acuerdos europeos con 10 países de Europa Central y Oriental (PECO) que iban acompañados de “asociaciones de adhesión” para adaptar a estos países al acervo comunitario (a partir de 1991); estos acuerdos lograron su propósito con las últimas adhesiones del 1 de enero de 2007 (Rumanía, Bulgaria); (iii) Acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes occidentales (a partir de 2001); estos acuerdos están dedicados, por una parte, a la estabilización política de la región e incluyen un fuerte componente de desarrollo, mientras que contienen, por otra parte, una opción de adhesión a la UE sujeta a la aplicación efectiva de los acuerdos.

b) Asociaciones de desarrollo
Las asociaciones de desarrollo tienen como objetivo principal la ayuda económica y al desarrollo de los países socios. Los acuerdos de asociación con este punto focal incluyen (i) “Acuerdos de Asociación Euromediterráneos” celebrados, a partir de 1995, con la mayoría de los países del sur y el este del Mediterráneo en el marco de la “Asociación Euromediterránea” establecida por el “Proceso de Barcelona” (en sustitución de los anteriores “Acuerdos de Cooperación” celebrados en la década de 1970); en 2008, la asociación se relanzó como “Unión por el Mediterráneo” con el fin de intensificar la relación estratégica de la UE con sus vecinos del sur y fomentar el compromiso con proyectos comunes en diversos ámbitos políticos. (ii) Acuerdos de asociación celebrados, a partir de 1963, con el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP); estos acuerdos, que actualmente incluyen a setenta y nueve países terceros, forman el mayor grupo de asociaciones (Convenios de Yaundé I y II, 1963 y 1969; Convenios de Lomé I-IV, 1975-89; Acuerdo de Cotonú, 2000, revisión más reciente 2010); las preferencias comerciales no recíprocas estipuladas en favor de los Estados ACP están siendo sustituidas actualmente por un sistema diferenciado de “Acuerdos de Asociación Económica” compatibles con el régimen comercial mundial de la OMC. (iii) Acuerdos de asociación particulares con Chile y Sudáfrica.

c) Asociaciones de libre comercio
Las asociaciones de libre comercio tienen como objetivo principal la reducción mutua de los derechos de aduana y el establecimiento gradual de una zona de libre comercio entre la UE y el tercer país respectivo. Entre estos acuerdos se encuentran: (i) Acuerdo de 1992 por el que se establece el Espacio Económico Europeo (EEE), un acuerdo de asociación único que prevé una cooperación muy estrecha y que se basa en acuerdos de libre comercio anteriores con los Estados de la AELC; tras la adhesión a la UE de Austria, Suecia y Finlandia, el acuerdo del EEE sólo rige las relaciones con Noruega, Liechtenstein e Islandia (que iniciaron formalmente las negociaciones de adhesión con la UE en 2010). (ii) Acuerdos de asociación y cooperación celebrados con Suiza en dos rondas en 1999 y 2004 (“Acuerdos bilaterales I y II”) sobre la liberalización del comercio transfronterizo y la circulación de personas, así como sobre la cooperación en diversos ámbitos, que permiten a Suiza una “integración sin adhesión”. (iii) Acuerdo de asociación con Israel; aunque forma parte de la política euromediterránea, no se cuenta entre las asociaciones para el desarrollo. (iv) Se está negociando un amplio acuerdo de asociación birregional que incluye aspectos políticos, de cooperación y comerciales entre la UE y el MERCOSUR (desde 2010).

Además, existen otros instrumentos que permiten a la UE configurar sus relaciones exteriores sin alcanzar el nivel de cooperación vinculado a los acuerdos de asociación. Estos instrumentos incluyen los clásicos acuerdos comerciales no preferenciales ya mencionados, así como los “Acuerdos de Asociación y Cooperación” (AAC) con los Estados sucesores de la Unión Soviética, que se basan en la política comercial común (Art 207 TFUE/133 CE) y adicionalmente en el Art 212 TFUE/181a CE. Los acuerdos de asociación se consideran homólogos políticos de los “Acuerdos Europeos” celebrados con los países candidatos de Europa Central y Oriental, y tienen igualmente por objeto reforzar la cooperación, pero no conducen a la adhesión a la UE. De forma similar, la cooperación al desarrollo puede organizarse sobre la base de los artículos 208 y siguientes del TFUE/177 y siguientes del TCE sin comprometerse a una relación tan estrecha como en el caso de un acuerdo de asociación.

El tipo de asociación contractual, “externa”, sobre la base del art. 217 TFUE/310 CE debe distinguirse de la denominada “asociación constitucional” de los países y territorios de ultramar (PTU) según los arts. 198 y ss. TFUE/182 y ss. CE. Este tipo de asociación sui generis se aplica a los territorios que dependen constitucionalmente de algunos de los Estados miembros (Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido) pero que están dotados en cierta medida de autonomía administrativa. El principal objetivo de su asociación con la UE es promover el desarrollo económico y social de estos territorios. En la actualidad, los detalles de estas asociaciones se determinan predominantemente mediante la aplicación de decisiones adoptadas por el Consejo Europeo. La Comisión ha puesto en marcha una iniciativa para pasar de un enfoque clásico de cooperación al desarrollo a una nueva asociación recíproca con los PTU. Una conexión de facto entre este tipo único de asociación y los acuerdos de asociación “externos” reside en el hecho de que muchos territorios o colonias anteriormente dependientes se convirtieron en socios de los acuerdos de asociación ACP tras haber obtenido la independencia.

2. Tendencias de desarrollo en el derecho de los acuerdos de asociación
A lo largo del tiempo, el uso de los acuerdos de asociación se ha centrado en diferentes fines políticos. Estos cambios han configurado el desarrollo jurídico de los acuerdos de asociación.

(i) Inicialmente, las asociaciones contractuales tenían como objetivo principal la futura adhesión de los respectivos países asociados. Sin embargo, en el transcurso posterior de los años 60 y 70, la asociación para el desarrollo de países no europeos pasó a un primer plano. Más recientemente, el énfasis volvió a recaer en las asociaciones que preparan la futura adhesión a la UE. Además, los acuerdos de asociación sirven ahora para estabilizar políticamente la “vecindad europea” sin tener como objetivo la adhesión a la UE.

(ii) Incluso fuera del ámbito de las asociaciones de preadhesión, la cobertura de los acuerdos de asociación se ha ampliado al incluir objetivos políticos que van más allá de los fines clásicos del comercio exterior y el desarrollo. Los acuerdos de asociación tienden cada vez más a influir en ámbitos de la política general de los países socios, como el fomento de la sociedad civil.

(iii) Los acuerdos de asociación centrados en el desarrollo de zonas de libre comercio incluyen cada vez más normas de competencia y disposiciones sobre contratación pública; de este modo, la Unión Europea puede extender su régimen interno de competencia y su política reguladora a su relación con terceros países.

(iv) Es probable que la fuerte tendencia a establecer asociaciones mediante “acuerdos mixtos” (véase 3. a) más adelante) difumine los límites entre las competencias de la Unión y las de los Estados miembros. Esta tendencia se ve reforzada por la práctica del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de atribuirse la facultad de evaluar los acuerdos mixtos en su totalidad sin distinguir entre las disposiciones basadas en las competencias de la Unión y las basadas en las competencias de los Estados miembros.

(v) Los acuerdos de asociación han demostrado ser un instrumento flexible que acerca a terceros países a la Unión Europea. Así, incluso algunos acuerdos que inicialmente no tenían como objetivo la adhesión a la UE han contribuido, mediante la apertura de los mercados y el fomento de una estrecha cooperación, a allanar el camino para la adhesión de los antiguos países del EEE, así como de Malta y Chipre (que anteriormente habían estado asociados a la UE mediante acuerdos de libre comercio).

3. Aplicación detallada de los acuerdos de asociación
a) Autoridad para celebrar acuerdos, procedimiento y efectos jurídicos
Según una opinión abrumadora, aunque no incontestable, la Unión tiene la competencia material primaria, basada en el art. 217 TFUE/ 310 CE, para celebrar acuerdos de asociación con respecto a la totalidad de los ámbitos de actividad “comunitarizados” (esta opinión se deriva principalmente del asunto C-12/86 del TJCE – Demirel [1987] Rec. 3719 y ss. en 3751, apartado 9; véase también la decisión anterior del TJCE en el asunto 22/70 – Comisión contra Consejo (AETR) [1971] Rec. 263 y ss. en 274/5, párrafos 16 y ss., donde el tribunal también considera que la competencia comunitaria para celebrar tratados internacionales no sólo tiene su origen en una autorización explícita, sino que también puede resultar, como consecuencia necesaria, de otras disposiciones que atribuyan a la Comunidad competencias en asuntos intracomunitarios). Dado que los acuerdos de asociación suelen referirse también a ámbitos políticos que no son competencia de la Unión (por ejemplo, la ayuda al desarrollo con cargo a los presupuestos nacionales de los Estados miembros o los acuerdos de colaboración en los ámbitos de la justicia, el derecho penal y la libre circulación de personas), se celebran, con pocas excepciones, como los llamados “acuerdos mixtos” por todos los Estados miembros, así como por la propia Unión. A nivel de la Unión, estos acuerdos se celebran según el procedimiento especificado en el artículo 218 del TFUE/300 CE. Según esta disposición, el Consejo Europeo rige el procedimiento: el Consejo autoriza a la Comisión (TCE) o al negociador (TFUE) a entablar negociaciones, adopta directrices de negociación y celebra los acuerdos. Los acuerdos de asociación requieren el dictamen conforme del Parlamento Europeo (Art 218(6) (a)(i) TFUE/300(3) CE). Una vez que han entrado en vigor de acuerdo con el derecho internacional, los acuerdos de asociación forman “parte integrante” del derecho de la Unión (TJCE, asunto 181/73 – Haegeman [1974] 449 y ss. en 460, apartado 5), situándose por debajo del derecho primario de la UE pero prevaleciendo sobre el derecho derivado en conflicto.

b) Marco institucional de los acuerdos de asociación
Aunque bastante diferentes en los detalles, los acuerdos de asociación comparten estructuras institucionales básicas similares. Es responsabilidad de los órganos de gobierno establecidos por los acuerdos de asociación garantizar la aplicación del acuerdo de conformidad con sus disposiciones y tomar las decisiones necesarias para ello. Por regla general, el máximo órgano de gobierno es un consejo de asociación, también llamado consejo de estabilización y asociación, consejo del EEE, consejo de ministros o comité conjunto, según el acuerdo. El consejo de asociación se constituye con una representación paritaria, generalmente de miembros del Consejo Europeo y de la Comisión, por un lado, y de ministros de los países asociados, por otro. Las decisiones del consejo de asociación son vinculantes para las partes contratantes. En apoyo del consejo de asociación, se crea un comité de asociación (también con representación paritaria) que en muchos casos está autorizado a crear otros subcomités. Además, algunas asociaciones prevén asambleas parlamentarias o comités parlamentarios de asociación formados por miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los países asociados (por ejemplo, en los acuerdos del EEE y de Cotonú, así como en los acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes occidentales). Para resolver los litigios sobre la aplicación y la construcción de un acuerdo, en muchos casos se puede recurrir al consejo de asociación, que puede tomar una decisión vinculante o remitir el caso a un tribunal de arbitraje; algunos acuerdos prevén incluso la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

c) Disposiciones sustantivas
Todos los acuerdos de asociación tienen en común las disposiciones relativas a la supresión de las barreras al comercio transfronterizo de mercancías. Para ello, se suele establecer una zona de libre comercio (en algunos casos también una unión aduanera) mediante la reducción progresiva, entre las partes contratantes, de los derechos de aduana, así como de las cargas de efecto equivalente, y la supresión de las restricciones cuantitativas. Por regla general, se prevé un método asimétrico para este proceso: los derechos de aduana para las importaciones de la UE a los países asociados se reducen más lentamente que para los flujos de mercancías en sentido contrario. Las cláusulas de statu quo impiden la imposición de nuevos derechos y preservan el nivel de liberalización comercial ya alcanzado. Varios acuerdos contienen la prohibición de discriminar -en cuanto al derecho de establecimiento y la prestación de servicios- a las personas y empresas de los países participantes en función de su origen nacional. Tales disposiciones son directamente aplicables si establecen una obligación clara, precisa e incondicional que no esté sujeta, en cuanto a su ejecución o efecto, a la adopción de ninguna otra medida y que sea jurídicamente completa en sí misma (véase la prohibición clara, precisa e incondicional de introducir nuevas restricciones a la libertad de establecimiento en el asunto C-37/98 del TJCE – Savas, Rec. 2000, p. I-2946 y ss. en 2962 y ss., párrafos 46 y ss; por el contrario, no aplicación directa de una cláusula relativa a la libre circulación de trabajadores que es básicamente programática y no contiene una regulación suficientemente precisa, en el asunto del TJCE 12/86 – Demirel [1987] Rec. 3719 y ss. en 3753/3754, párrafos 23 y ss; véase también 3. d) infra).

Aparte de este inventario básico en gran medida similar, los acuerdos de asociación contienen disposiciones divergentes en función de los objetivos del acuerdo respectivo. Las asociaciones para el desarrollo hacen hincapié en las disposiciones que rigen la cooperación financiera y técnica, y a veces incluso incluyen descripciones detalladas de programas de ayuda concretos. Por el contrario, las asociaciones de preadhesión más recientes tienden a incorporar en detalle la legislación de la UE de todos los ámbitos de actividad con el fin de adecuar el ordenamiento jurídico nacional del país candidato al acervo comunitario de la forma más completa posible, incluso antes de la adhesión efectiva. Aunque no está explícitamente dirigido a una posterior adhesión de los países participantes sino, por el contrario, al establecimiento de una zona de libre comercio, el Acuerdo sobre el EEE ocupa un lugar especial en lo que se refiere al estrecho cumplimiento de la legislación de la UE: no sólo incorpora casi literalmente una gran parte de la legislación primaria de la UE (como las libertades fundamentales y las normas de competencia), sino que también adopta una gran cantidad de piezas individuales de legislación secundaria que deben observarse en la aplicación del acuerdo. Además, las disposiciones del acuerdo, en la medida en que son básicamente idénticas a las de los tratados fundacionales de la CEE y la CECA, así como al derecho derivado basado en ellos, deben interpretarse de acuerdo con las decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas antes de la firma del acuerdo.

Una comparación vertical a lo largo del tiempo de los acuerdos de asociación con objetivos similares muestra que el alcance y la intensidad de las normativas han aumentado de forma constante y notable, independientemente del tipo de asociación. Por un lado, la UE utiliza actualmente los acuerdos de asociación para perseguir un gran número de objetivos de política general que se han incorporado a los acuerdos, como: la sostenibilidad del desarrollo económico; el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la estabilidad y la sociedad civil; la protección del medio ambiente y de los consumidores; la promoción de un diálogo político continuo; el fomento de la buena gobernanza; la lucha contra el blanqueo de dinero, el consumo de drogas y el terrorismo; o la promoción de la cooperación regional entre los países asociados. Por otro lado, los acuerdos de asociación más recientes muestran una especificación mucho más detallada de las medidas que deben adoptarse en el transcurso del proceso de asociación en comparación con los acuerdos anteriores. Una comparación horizontal de los acuerdos de asociación recientes con objetivos diferentes muestra que, aunque todos ellos tocan más o menos los mismos ámbitos de regulación, difieren en la intensidad del efecto jurídicamente vinculante entre las partes: una disposición que constituya una obligación plenamente formulada y vinculante dentro de un acuerdo de preadhesión equivaldría, por ejemplo en el contexto de una asociación para el desarrollo como el Acuerdo de Cotonú, a una mera descripción de los objetivos generales y a una garantía de la voluntad de entablar un diálogo y prestar apoyo.

d) Normas de competencia en particular
Las normas de competencia incorporadas a los acuerdos de asociación son de especial relevancia para las relaciones de derecho privado. La prohibición de los cárteles (prohibición de acuerdos restrictivos y exenciones), la prohibición del abuso de posición dominante, el control de las fusiones y la legislación sobre ayudas estatales, tal y como se establecen en la legislación de la UE, contribuyen a mantener el mercado interior europeo abierto a la competencia para permitir a los participantes en el mercado ejercer su libertad de acción económica mediante el uso de instrumentos de derecho privado. Al incorporar estas normas de competencia interna a los acuerdos internacionales, la UE pretende proteger las relaciones comerciales con terceros países contra las distorsiones de la competencia. La eficacia de estas disposiciones depende, entre otras cosas, de si son directamente aplicables para que los participantes individuales en el mercado puedan invocarlas y alegar su violación ante los tribunales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha determinado que, a menos que se estipule explícitamente lo contrario, una disposición individual de un acuerdo de asociación es directamente aplicable cuando, teniendo en cuenta su redacción y la finalidad y naturaleza del propio acuerdo, contiene una obligación clara y precisa que no está sujeta en su aplicación o efectos a la adopción de ninguna medida posterior (TJCE, asunto 12/86 – Demirel [1987] Rec. 3719 y ss. en 3752, apartado 14; véase también TJCE, asunto 104/81 – Kupferberg [1982] 3641 y ss. en 3663 y ss., apartados 17 y ss).

En la práctica, los acuerdos de asociación tienen en cuenta las normas de competencia de diversas maneras. (i) Los primeros acuerdos, como las primeras asociaciones para el desarrollo con los Estados ACP (véase, por ejemplo, Yaundé I y Lomé I) y el acuerdo de asociación con Turquía de 1963, no mencionan las normas de competencia. En este caso, no se plantea la cuestión de la aplicabilidad directa. (ii) En cuanto a los acuerdos ACP, la configuración de las normas de competencia ha seguido siendo bastante débil hasta la fecha. En el Acuerdo de Cotonú (art. 45), las partes contratantes, aunque reconocen la importancia de unas políticas de competencia eficaces y sólidas, sólo se comprometen a aplicar normas y políticas de competencia nacionales y regionales teniendo debidamente en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y las necesidades económicas de cada país ACP, y a cooperar en la formulación y el apoyo de un marco jurídico eficaz de normas de competencia. Tampoco en este caso existen normas de competencia directamente aplicables. (iii) El acuerdo de asociación con Chile, también caracterizado como asociación para el desarrollo, sigue un camino diferente (Arts 172 y siguientes) puesto que Chile ya había establecido normas nacionales de competencia y una autoridad de competencia cuando se concluyó el acuerdo. Por esta razón, el acuerdo no formula disposiciones sustantivas propias, sino que la prevención de las distorsiones de la competencia se incluye simplemente en un catálogo de objetivos, mientras que el acuerdo coordina las actividades de la Comisión Europea y de la autoridad chilena de la competencia mediante el intercambio de información, consultas y la coordinación de las medidas de aplicación. (iv) En el contexto de la Asociación Euromediterránea, por ejemplo, el acuerdo de asociación celebrado con Egipto en 2001 declara incompatibles con el acuerdo de asociación los acuerdos contrarios a la competencia y las prácticas concertadas entre empresas, así como el abuso de posición dominante, en la medida en que puedan afectar al comercio entre la UE y Egipto (art. 34.1). Al mismo tiempo, sin embargo, el acuerdo exige que el consejo de asociación adopte las normas necesarias para la aplicación de las disposiciones que acabamos de mencionar. Sólo para esta cláusula, la aplicación directa de las normas de competencia queda descartada hasta la adopción de las disposiciones de aplicación. En cuanto a la prohibición de las ayudas estatales distorsionadoras, el acuerdo de asociación prevé la aplicabilidad de las normas de la OMC sobre subvenciones hasta la plena aplicación de las normas de competencia del acuerdo. (v) El acuerdo de estabilización y asociación concluido con Croacia en 2001, con vistas a una eventual adhesión, contiene normas de competencia sustantivas idénticas a las del acuerdo UE-Egipto (Art 70). Además, incluyen el compromiso de las partes contratantes de confiar a un organismo público independiente los poderes necesarios para la plena aplicación de estas normas. Además, si una de las partes del acuerdo considera que una práctica determinada es incompatible con las normas de competencia, se reserva el derecho de adoptar las medidas adecuadas previa consulta en el seno del consejo de estabilización y asociación. A la luz de estas disposiciones, parece dudoso que las normas de competencia se consideren directamente aplicables en virtud de las normas mencionadas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (vi) El Acuerdo sobre el EEE contiene normas de competencia detalladas inspiradas en la legislación de la UE (arts. 53 y ss.). Además, el acuerdo hace referencia a abundante legislación secundaria de la UE que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar sus disposiciones. Esto podría indicar que se cumplen las condiciones que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció en la decisión Demirel. Sin embargo, al margen de los argumentos en contra procedentes, por ejemplo, de la configuración del acuerdo, la aplicabilidad directa de las normas de competencia aún no ha sido puesta a prueba ante los tribunales.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

4. Proyectos y evolución futura
El desarrollo futuro de los acuerdos de asociación depende, entre otras cosas, de cómo se desarrolle la futura ampliación de la UE y de hasta qué punto se utilizará la asociación de los países socios como alternativa a la plena adhesión a la UE. Un enfoque podría consistir en seguir reforzando y ampliando la política europea de vecindad. La Comisión ha presentado planes para establecer una “sólida política europea de vecindad” (COM (2007) 774 de 05/12/2007) que tienen como objetivo una cooperación económica y financiera más estrecha, la facilitación gradual de la movilidad, la reducción de los conflictos regionales, las reformas sectoriales y la modernización, la participación en los programas de la UE y el fortalecimiento de la sociedad civil (véase también la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión sobre “una nueva respuesta a una vecindad cambiante” (COM (2011) 303 de 25/05/2011). Aunque busca estrechar las relaciones con los países vecinos, la política europea de vecindad sigue siendo, en principio, independiente de la cuestión de la adhesión a la UE y no se adelanta a la evolución futura de las relaciones entre la UE y sus países socios. Por estas razones, la política europea de vecindad podría ser un ámbito adecuado para una aplicación ampliada de los acuerdos de asociación.

Revisor de hechos: Schmidt

Características de Acuerdo de Asociación (UE)

Recursos

Traducción de Acuerdo de Asociación (UE)

Inglés: Association agreement (EU)
Francés: Accord d’association (UE)
Alemán: Assoziationsabkommen (EU)
Italiano: Accordo di associazione (UE)
Portugués: Acordo de associação (UE)
Polaco: Umowa o stowarzyszeniu (UE)

Tesauro de Acuerdo de Asociación (UE)

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Véase También

• Acuerdo de Asociación
• Acuerdo de estabilización y asociación
• Estabilización económica
• Balcanes Occidentales
• Integración europea
• Acuerdo de estabilización y asociación
• Espacio Económico Europeo
• Convenio ACP-UE
• Acuerdo europeo de Asociación
• Consejo de Asociación (UE)
• País asociado
• Espacio Económico Europeo
• Acuerdo de libre comercio
• AELC
• Convenio ACP-UE
• Países ACP
• Convención internacional
• Acuerdo europeo de Asociación
• Acuerdo Interino (UE)
• Acuerdo de Asociación CE

Código de Conducta en el Acuerdo de Asociación Económica México – Comunidad Europea
Acuerdo de Asociación Económica México – Comunidad Europea, Derecho Internacional Privado, Globalización en el Derecho Internacional Privado,

Acuerdo de Asociación Económica México – Comunidad Europea
Acuerdo de Asociación Transpacífico

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