Derecho de la Unión Europea – Derecho Internacional

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Interpretación del Derecho UE

1. Objeto y finalidad
Ni el Derecho primario ni el Derecho derivado de la UE contienen normas de interpretación similares a las de los arts. 7-9 CISG, arts. 5:101-5:107 PECL, arts. 4.1-4.8 UNIDROIT PICC y arts. 31-33 VCLT (interpretación del Derecho uniforme internacional). En su lugar, se creó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) como tribunal independiente y supranacional con jurisdicción exclusiva sobre la interpretación del Derecho de la Comunidad Europea y de la Unión (art. 220 CE, ahora sustituido en gran parte por el art. 19 TUE). Este órgano apolítico promueve la unidad, la continuidad y la aceptación del Derecho de la UE. El TJCE, con su poder de interpretación autorizada, se convirtió en un “motor de integración” que garantizaba y ampliaba la primacía del Derecho de la UE.

El TJCE utiliza principalmente los métodos de interpretación gramatical, sistemático y propositivo. El cuarto método de Von Savigny, el enfoque histórico-político, se emplea en contadas ocasiones. Las razones para ello son la historia legislativa, a menudo compleja e incompletamente publicada, así como el hecho de que la legislación europea representa a menudo el resultado de compromisos. Sin embargo, el legislador de la UE sí enumera considerandos que el TJCE emplea en su interpretación orientada a la finalidad. Por otro lado, el TJCE se niega a considerar las actas de la Comisión, el Consejo o el Parlamento que no se reflejan en la legislación (TJCE, asunto C-404/06 – Quelle, Rec. 2008, p. I-2685, apartado 32).

Ante todo, el TJCE utiliza el método literal. En concreto, utiliza versiones coordinadas de los textos en las distintas lenguas oficiales. Esto demuestra la influencia del Conseil d’Etat francés, lo que también explica el estilo de razonamiento conciso y deductivo empleado por el TJCE. Este enfoque limita la capacidad del Tribunal para realizar una contribución a la teoría jurídica y al desarrollo sistemático del Derecho privado europeo. El carácter apodíctico y autorreferencial de las sentencias se deriva en cierta medida de la naturaleza del Tribunal como panel internacional de jueces que tiene que conciliar diferentes culturas y lenguas jurídicas. De ello se desprende que un enfoque centrado en la interpretación del contexto gramatical y el análisis del lenguaje común dentro del Derecho (autónomo) de la UE debe ser necesariamente limitado.

Esta es la razón por la que, de manera crucial, el TJCE emplea a menudo consideraciones intencionales, un enfoque que no sólo se utiliza para resolver litigios causados por versiones divergentes de los textos. Este método también viene sugerido por la perspectiva funcional elegida por la UE, que trata de alcanzar los objetivos determinados en el derecho primario, como la creación de un mercado común. Considerar el espíritu y la finalidad de una disposición, así como el programa global de la Comunidad Europea, puede resultar problemático cuando entran en conflicto diferentes propósitos (por ejemplo, el libre mercado y los intereses de protección). Esto se aplica a aquellas directivas que sirven al interés general de lograr el mercado interior pero que también abordan cuestiones como la protección de los trabajadores o de los consumidores.

En conjunto, las sentencias suelen reflejar el effet utile. La eficacia práctica del derecho de la UE parece ser con frecuencia el principal objetivo del tribunal en su interpretación y desarrollo del derecho (principio de eficacia). Este enfoque puede observarse en la ampliación de la protección del empleo a los trabajadores a tiempo parcial clasificándolos como asalariados (TJCE, asunto 53/81 – Levin, Rec. 1982, p. 1035, apartado 15).

Las referencias al derecho comparado en las sentencias del TJCE son muy escasas. Las referencias a los sistemas jurídicos de los Estados miembros se encuentran más a menudo en las opiniones del Abogado General. La falta de referencias al derecho comparado en las sentencias del TJCE puede parecer algo sorprendente dado que las directivas se basan a menudo en el derecho comparado. También parece natural suponer que un panel compuesto por jueces de diferentes sistemas jurídicos emplearía esta herramienta. Sin embargo, las consideraciones comparativas no se incorporan explícitamente en las sentencias para evitar que los textos jurídicos autónomos de la UE se vean socavados por referencias a sistemas jurídicos particulares.

No obstante, el derecho comparado tiene un papel que desempeñar para colmar lagunas y desarrollar principios generales. Por ejemplo, el TJCE explicó la responsabilidad del Estado con referencia a principios jurídicos generales, existentes en el derecho internacional y que se encuentran en todos los Estados miembros (TJCE Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93 – Brasserie du pêcheur [1996] Rec. I-1029, párrafos 29 y siguientes). Además, el art. 11.3 TUE/6.2 UE invita a hacer referencias comparativas al establecer que las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros son una fuente de derechos fundamentales (véase también el art. 340.2 TFUE).

Una característica distintiva del Derecho de la UE es el hecho de que se percibe como un cuerpo jurídico autónomo. Esto es similar a lo que ocurre con los demás Convenios sobre los que el TJCE también tiene jurisdicción. Para que las normas y los conceptos del derecho europeo se apliquen de forma coherente, su aplicación debe ser independiente de las ideas preconcebidas nacionales. Los Estados miembros también tienen la obligación de defender la autonomía del derecho de la UE. Sin embargo, en su mayor parte es el TJCE el que crea directrices interpretativas con fuerza jurídicamente vinculante (precedente, norma de). Para ello, el TJCE depende de la voluntad y de la obligación casuística de los tribunales de los Estados miembros de remitir casos según el art. 267 TFUE/ 234 CE.

2. Interpretación del derecho primario
En lo que respecta al derecho con rango constitucional, el TJCE está dispuesto a practicar el activismo judicial. Los jueces ya no son la bouche de la loi como exigía Montesquieu, sino que exceden el posible significado literal y cruzan así la línea hacia el desarrollo ulterior del derecho (judge-made law). En ninguna parte -ni en la interpretación del derecho de la UE ni en otros ordenamientos jurídicos- se traza claramente esta línea. Sin embargo, hay que distinguir entre interpretación e innovación, ya que el desarrollo judicial del derecho exige un vacío normativo involuntario y, por tanto, un mayor esfuerzo de razonamiento. Según el art. 220.1 CE, sustituido ahora principalmente por el art. 19.1.I TUE, la función de los jueces del TJCE es desarrollar el derecho de la UE. Esto se justifica sobre la base de que el Tribunal tiene que “velar por el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado” y del hecho de que el “Derecho” trasciende las normas expresamente estipuladas en los tratados.

Los principios jurídicos más importantes desarrollados a través de este proceso por el TJCE para complementar el derecho primario escrito son la primacía (asunto 26/62 del TJCE – van Gend & Loos, Rec. 1963, p. 3) y el efecto directo del derecho de la UE (asunto 6/64 del TJCE – Costa/E.N.E.L., Rec. 1964, p. 1141). También son significativos la aplicación de los derechos fundamentales en la UE (TJCE Asunto 29/69 – Stauder/Stadt Ulm [1969] REC 419), la especificación de las libertades fundamentales (TJCE Asunto 120/78 – Cassis de Dijon [1979] REC 649), la responsabilidad del Estado (TJCE Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90 – Francovich [1991] REC I-5357) y el alcance de la ciudadanía de la UE (TJCE Asunto C-184/99 – Grzelczyk [2001] REC I-6193).

Al desarrollar estos principios, el Tribunal está creando y especificando los elementos del Estado de Derecho que requiere un sistema jurídico de pleno derecho. En última instancia, según la concepción del TJCE, el derecho europeo no forma parte del derecho internacional, que se caracteriza por una fuerte consideración de la soberanía nacional. Aunque se haya celebrado mediante un acuerdo internacional, el Tratado C(E)E es -a diferencia de los tratados internacionales más comunes- la carta constitucional de una comunidad autónoma basada en el Estado de Derecho (Dictamen del TJCE 1/91 – EEE I [1991] Rec. I-6079, apartado 21). Esta es la razón por la que el TJCE expuso en Francovich que la responsabilidad del Estado es inherente al sistema jurídico de la UE.

La jurisprudencia relativa a los efectos de las directivas también es fundamental. Por ejemplo, una vez expirado el plazo de aplicación, una directiva puede tener un efecto directo “vertical” para el Estado. Sin embargo, no existe un efecto directo “horizontal”, es decir, entre particulares (TJCE, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01 – Pfeiffer, Rec. 2004, p. I-8835, apartado 108). Esta norma se basa en el razonamiento sistemático de que un efecto horizontal de las directivas anularía la distinción entre directivas y reglamentos establecida en el Tratado CE y ahora en el TFUE (TJCE, asunto C-91/92 – Faccini Dori, Rec. 1994, p. I-3325, apartado 24).

3. Reglas de interpretación para los tribunales nacionales
Estos avances jurídicos en el plano constitucional afectan al derecho privado europeo. Además de la relevancia de la doctrina de la responsabilidad del Estado para el derecho de daños, esto también es cierto para la obligación de los tribunales nacionales de interpretar el derecho nacional de conformidad con el derecho europeo. Actuando como una especie de metarregla, esto influye y controla los cuatro métodos de interpretación mencionados y lo hace de una forma similar a la interpretación conforme a la constitución (verfassungskonforme Auslegung) conocida en el derecho alemán. Además, la obligación de los Estados miembros de interpretar la ley de conformidad con el derecho europeo incluye la compatibilidad con el derecho primario y la conformidad con el derecho derivado. En concreto, los tribunales de los Estados miembros están obligados a interpretar sus leyes de forma conforme a las directivas. Para ello, deben aplicar sus propios métodos nacionales de interpretación (TJCE, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01 – Pfeiffer, Rec. 2004, p. I-8835, apartado 116).

Por consiguiente, la legislación nacional debe interpretarse sobre la base del texto y la finalidad de la directiva en cuestión en la medida en que sea factible con arreglo a las normas nacionales (TJCE, asunto C-106/89 – Marleasing, Rec. 1990, p. I-4135, apartado 8; también TJCE, asunto 14/83 – von Colson y Kamann, Rec. 1984, p. 1891, apartado 28). Esta interpretación conforme a una directiva puede afectar directamente y, por tanto, perjudicar a los particulares. Esto conduce, en efecto, a un efecto horizontal que de otro modo quedaría excluido. Cuanto más generosamente se permita esta forma de interpretación, más se minimiza el alcance real de la responsabilidad del Estado por injusticia legislativa (véase, sin embargo, para un error del poder judicial, el asunto C-224/01 del TJCE – Köbler, Rec. 2003, p. I-10239; el asunto C-173/03 del TJCE – Traghetti del Mediterraneo, Rec. 2006, p. I-5177).

La obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con las directivas, que comienza a partir de la expiración del plazo de transposición (TJCE Asunto C-456/9 – Centrosteel [2000] REC I-6007, apartado 17), es consecuencia de la obligación de lealtad general en virtud del art. 4 TUE como principal sustituto del art. 10 CE, del art. 15(6)(I)(d) TUE como principal sustituto del art. 4(3) UE, y de la obligación de una transposición precisa de las directivas en virtud del art. 288 TFUE/249(3) CE. Dado que permite al órgano jurisdiccional nacional garantizar el pleno efecto del Derecho europeo dentro de su jurisdicción, esta obligación también es “inherente” a los tratados (véase TJCE, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01 – Pfeiffer, Rec. 2004, p. I-8835, apartado 114).

La primacía de una interpretación y desarrollo del derecho conforme al derecho europeo, que se aplica a todo el derecho nacional, está limitada por el reparto de derechos y deberes entre el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, la obligación de interpretar de conformidad con una directiva no debe conducir a una interpretación contra legem de una norma nacional (TJCE, asunto C-212/04 – Adeneler, Rec. 2006, p. I-6057, apartado 110). En tal caso, los tribunales nacionales deben remitir la norma para su examen al TJCE o declararla inaplicable. (El principio subyacente de separación de poderes también se aplica a nivel de la UE. El TJCE no puede “subsanar” el Derecho de la Unión contrario al Derecho primario mediante su interpretación, sino que tiene que declararlo nulo en el curso de un recurso de nulidad o de una remisión prejudicial, asunto 314/ 85 del TJCE – Foto-Frost [1987] Rec. 4199 4230 y ss). Para determinar la interpretación adecuada de una directiva, un tribunal nacional no sólo tiene que observar las sentencias del TJCE, sino también -en la medida de lo posible- la interpretación practicada en otros Estados miembros.

4. Ámbito de interpretación relativo al derecho derivado
a) Generalidades
Con la excepción de las decisiones mencionadas anteriormente, en las que el TJCE practica regularmente el activismo constitucional, el Tribunal suele oscilar entre la orientación effet utile y la moderación judicial, razón por la cual las decisiones son en la práctica a menudo difíciles de predecir. Ejemplos de activismo judicial en Derecho privado son las sentencias del TJCE en el asunto C-168/00 – Leitner [2002] Rec. I-2631, según el cual el artículo 5 de la Directiva sobre viajes combinados (Dir 90/314) también constituye una reclamación por daños inmateriales, y del TJCE en el asunto C-350/03 – Schulte [2005] Rec. I-9215 y el TJCE en el asunto C-229/04 – Crailsheimer Volksbank [2005] Rec. I-9273, que tratan de los derechos de los consumidores en un contrato de compraventa de bienes inmuebles financiado a crédito según la Directiva sobre ventas a domicilio (Dir 85/577). (Véase más ampliamente acerca de la interpretación de los contratos en Europa).

El TJCE, que es ante todo un tribunal en asuntos constitucionales y administrativos, emplea la autocontención en los asuntos civiles. Este enfoque también permite al TJCE limitar el creciente número de cuestiones prejudiciales de conformidad con el artículo 267 del TFUE/234 del TCE y aliviar así la presión sobre su capacidad (adjudicativa).

b) Tratamiento de las cláusulas “comodín”
El deseo de aliviar la presión sobre su capacidad también explica el asunto del TJCE C-237/02 – Freiburger Kommunalbauten [2004] Rec. I-3403 que autoriza al tribunal nacional a decidir si una cláusula contractual preformulada es abusiva en términos del art. 3(1) Dir 93/13. Por otro lado, los asuntos acumulados C-240/98 a 244/98 del TJCE – Océano Grupo [2000] Rec. I-4941 y C-473/00 del TJCE – Cofidis [2002] Rec. I-10875 sugirieron una revisión más profunda de las cláusulas contractuales por parte del propio TJCE. Sin embargo, en Océano Grupo la cláusula de jurisdicción en cuestión cuestionaba la eficacia de la protección jurídica de los tribunales con independencia del tipo de contrato. Por ello, el TJCE pudo afirmar el carácter abusivo de la cláusula contractual. A continuación, en el asunto Cofidis, el TJCE declaró incompatible con la Dir 93/13 un plazo de prescripción en materia de crédito al consumo, recogido en el Code de la consummation francés, debido al principio de efectividad del Derecho de la Unión, aunque la propia directiva no estipula ningún plazo de prescripción ni de caducidad.

En el asunto Freiburger Kommunalbauten, el Tribunal establece una distinción basada en si una cláusula contractual puede considerarse abusiva sin examinar todas las circunstancias contractuales y sin evaluar las ventajas y desventajas de la cláusula contractual según el Derecho nacional. De acuerdo con Freiburger Kommunalbauten, corresponde por tanto al TJCE interpretar los “criterios generales” que se utilizan en la directiva para definir el concepto de abusividad. Sin embargo, el examen propiamente dicho de las cláusulas contractuales es tarea de los tribunales nacionales. No obstante, la respuesta a la pregunta de cómo distinguir exactamente esta competencia sigue siendo tan poco clara como los criterios generales que deben utilizarse para examinar las cláusulas contractuales en busca de su carácter abusivo. Las posibles consecuencias sociales, políticas o económicas quedan fuera de la consideración del TJCE porque su observación exigiría examinar las particularidades nacionales.

c) Aplicación por exceso de cumplimiento – gold-plating
Denominada a veces la práctica de la sobrerregulación (gold-plating), presenta un problema particular la transposición de directivas más allá del nivel mínimo de protección exigido en caso de armonización mínima (consumidores y derecho de protección de los consumidores) o cuando se amplía el ámbito de aplicación de una directiva en el curso de las transposiciones nacionales. La modernización del derecho alemán de obligaciones dio lugar a numerosas transposiciones de esta naturaleza en el ámbito del derecho de los consumidores. Esto planteó la cuestión de si debía emplearse una interpretación dividida o una coherente.

En un caso de venta a domicilio, el Tribunal Supremo Federal alemán (BGH) se pronunció a favor de esta última (BGH 9 de abril de 2002, BGHZ 150, 248). A diferencia de la directiva, el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) no exige que el contrato se celebre en una situación típica de venta a domicilio para que surja el derecho de desistimiento (§ 355 BGB). Según el § 312(1)1 BGB, basta con que el contrato se haya iniciado en tal situación y celebrado posteriormente. Como señala el BGH, la necesidad de coherencia y la prevención de valoraciones contradictorias son los argumentos en contra de una interpretación dividida.

En el asunto del TJCE C-3/04 – Poseidon Chartering [2006] Rec. I-2505, el TJCE afirmó que es posible remitirse al TJCE en este contexto. El asunto se refería a la aplicación de la Directiva sobre agentes comerciales (Dir 86/653) en el Burgerlijk Wetboek (BW). El TJCE argumentó que redunda en interés de la Comunidad evitar divergencias e interpretar los términos de forma coherente. Además, el TJCE sólo controla de forma limitada la pertinencia de las cuestiones prejudiciales que se le plantean. El TJCE sólo rechazará una solicitud cuando la interpretación solicitada no esté evidentemente relacionada con la realidad o el objeto del litigio inicial o cuando la cuestión sea de carácter general o hipotético. Esto se suma a una amplia influencia del TJCE en, por ejemplo, el derecho de compraventa (venta de bienes de consumo), que se aplica más allá del nivel mínimo de obligación del código civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)), y abre un diálogo entre el TJCE y los tribunales nacionales, también en lo que respecta a la interpretación del derecho nacional.

Revisor de hechos: Schmidt

Derecho de la Unión Europea – Derecho Internacional

Derecho internacional

El derecho internacional es un fenómeno inusual. Tal y como se entiende tradicionalmente, el derecho consiste en un conjunto de normas obligatorias y ejecutables; refleja la voluntad de un poder soberano.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Puntualización

Sin embargo, no existe ninguna autoridad central en la política internacional que sea capaz de hacer cumplir las normas, legales o de otro tipo. Por ello, algunos descartan la idea misma del derecho internacional.

Puntualización

Sin embargo, el derecho internacional tiene más sustancia e importancia de lo que parece a primera vista.Entre las Líneas En particular, la mayoría de las veces el derecho internacional se obedece y se respeta, lo que significa que proporciona un marco importante -y, de hecho, cada vez más importante- en el que interactúan los Estados y otros actores internacionales.

Puntualización

Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza del derecho internacional y de dónde procede? Además, si el derecho internacional rara vez es aplicable en un sentido convencional, ¿por qué los Estados lo cumplen?

La creciente importancia del derecho internacional se refleja en los cambios que se han producido en su ámbito, propósito y funcionamiento desde principios del siglo XX. Entre ellos se encuentra el paso del derecho “internacional”, que se limita a determinar las relaciones entre los Estados, al derecho “mundial” o “supranacional”, que considera a los individuos, los grupos y las organizaciones privadas también como sujetos de derecho internacional. Esto ha hecho que el derecho internacional se adentre en el controvertido ámbito del establecimiento de normas humanitarias, especialmente en relación con las llamadas “leyes de la guerra”. También ha llevado, sobre todo desde el final de la Guerra Fría, a intentar responsabilizar personalmente a los dirigentes políticos y militares de todos los niveles por las violaciones de los derechos humanos a través de un marco de tribunales y cortes penales internacionales. ¿En qué medida el derecho “internacional” se ha transformado en derecho “mundial”? ¿Cómo se han desarrollado las leyes de la guerra en el derecho internacional humanitario? ¿Y los tribunales penales internacionales han demostrado ser una forma eficaz de mantener el orden y la justicia mundial?

El derecho internacional es la ley que rige a los Estados y a otros actores internacionales, aunque en general se considera que es un derecho “blando”, porque en la mayoría de las circunstancias no se puede aplicar. Las dos fuentes más importantes del derecho internacional son los tratados y la costumbre internacional.Entre las Líneas En el primero, las obligaciones legales están claramente arraigadas en el consentimiento, mientras que en el segundo las obligaciones surgen de prácticas y normas morales establecidas desde hace tiempo.

El derecho internacional se obedece en gran medida porque los Estados calculan que, a largo plazo, el cumplimiento de las leyes les reportará beneficios o reducirá los daños. Otras razones para la obediencia son el miedo al desorden, el miedo al aislamiento, el miedo, en algunos casos, al castigo y la creencia generalizada de que el derecho internacional es legítimo y moralmente vinculante.

En su tradición clásica, el derecho internacional ha estado firmemente centrado en el Estado, basándose en el principio fundamental de la soberanía estatal.

Puntualización

Sin embargo, esta concepción ha sido desafiada cada vez más por una concepción “constitucionalista” del derecho internacional, a veces llamada derecho “supranacional” o derecho “mundial”, cuyo alcance incluye el mantenimiento de al menos unas normas mínimas de justicia global.

Uno de los ejemplos más claros del paso del derecho “internacional” al derecho “mundial” ha sido la evolución de las leyes de la guerra hacia un cuerpo de derecho internacional humanitario. Esto ha sucedido en gran medida gracias al desarrollo de la idea de los crímenes de guerra, que permite que los individuos sean considerados penalmente responsables de las violaciones de las costumbres de la guerra, y a través de la noción de crímenes contra la humanidad.

El final de la Guerra Fría permitió que el derecho internacional humanitario se aplicara más ampliamente a través de tribunales y cortes internacionales. Esto ocurrió a través de los tribunales ad hoc creados para examinar los informes sobre las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia y Ruanda, en particular, pero el acontecimiento más significativo fue la creación de la Corte Penal Internacional, que entró en funcionamiento en 2002.

Puntualización

Sin embargo, la Corte ha sido vista a veces como una amenaza para el orden y la paz internacionales.

Datos verificados por: Brooks

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Derecho UE – Derecho internacional

Véase la definición de Derecho UE – Derecho internacional en el diccionario.

Características de Derecho UE – Derecho internacional

Recursos

Traducción de Derecho UE – Derecho internacional

Inglés: EU law – international law
Francés: Droit de l’UE-droit international
Alemán: EU-Recht – Internationales Recht
Italiano: Diritto dell’UE – diritto internazionale
Portugués: Direito da UE – direito internacional
Polaco: Prawo UE – prawo międzynarodowe

Tesauro de Derecho UE – Derecho internacional

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Véase También

• Análisis comparativo

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