La Política Energética de la Unión

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Visualización Jerárquica de Política Energética de la Unión

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Política Energética de la Unión

Véase la definición de política energética de la Unión en el diccionario.

Políticas Energéticas en Europa y Más Allá

La política energética es ante todo una cuestión de consideraciones nacionales, pero desde hace mucho tiempo incluye dimensiones internacionales. En 1911, Winston Churchill, entonces Primer Lord del Almirantazgo, decidió cambiar la Marina británica del carbón al fuelóleo para ganar velocidad sobre la flota alemana. La decisión tuvo consecuencias trascendentales, ya que el carbón de Gales fue sustituido por combustible importado de la refinería de Abadán, en las profundidades del Golfo Pérsico. Desde entonces, la dependencia de muchos países del mercado internacional del petróleo ha aumentado considerablemente.

La Primera Guerra Mundial estableció el petróleo como un suministro militar eminentemente estratégico para la marina, la aviación, los tanques y el transporte de tropas y equipos. Fue durante esta guerra cuando los motores sustituyeron a los caballos. Las grandes potencias no estaban igualmente dotadas de petróleo. Estados Unidos y Rusia eran grandes productores; Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón dependían de las importaciones. La seguridad del abastecimiento de petróleo se convirtió en la prioridad de la política energética. Un poco más tarde, a partir de los años 50, el desarrollo de la energía nuclear se convirtió en una nueva prioridad, en primer lugar para acceder a las armas nucleares, pero también para proporcionar energía doméstica barata y reducir la dependencia del petróleo.

En los últimos años, ha habido que tener en cuenta otro condicionante externo a la hora de definir las políticas energéticas: el calentamiento global. Los informes del economista británico Nicholas Stern, de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) han demostrado claramente que el fenómeno está científicamente probado, que sus consecuencias podrían ser dramáticas y que es necesario tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos países ya están notando los efectos y varios han decidido comprometerse voluntariamente a aplicar políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de uno de los principales retos de este siglo. Los antiguos países industriales son los responsables de la actual concentración de gases de efecto invernadero. Los países emergentes se niegan a pagar el precio de este estado de cosas limitando sus emisiones actuales y futuras, es decir, frenando sus propias aspiraciones de desarrollo económico. Este nuevo elemento tiende a poner patas arriba la cuestión de las políticas energéticas, ya que el ámbito natural de estas políticas concierne a los intereses de una u otra nación, mientras que el cambio climático es un problema global que exige una acción concertada del mismo tipo. Algunos países, muchos de ellos europeos, se han embarcado en una transición que da prioridad a las fuentes de energía bajas en carbono. A pesar de la ausencia de un consenso internacional sobre cómo afrontar el reto, todos los grandes actores mundiales están dando pasos más o menos proactivos en esta dirección.

Una política energética se basa ante todo en las características específicas de un país. Esta política tiene cuatro componentes, que varían de un país a otro: una dimensión institucional, una acción sobre la oferta energética, una acción sobre la demanda y una acción internacional. Cuatro ejemplos nacionales significativos ilustran diferentes aspectos de estas consideraciones generales: Francia, que ha desarrollado una política muy voluntarista de suministro de energía nuclear, con bajas emisiones de CO2; Estados Unidos, un país impregnado de la cultura del automóvil y del transporte aéreo y preocupado por las crecientes limitaciones de las importaciones de petróleo y gas, que está en vías de recuperar prácticamente su independencia energética; Brasil, que da prioridad al desarrollo de sus recursos internos renovables (hidroelectricidad, etanol), al tiempo que se ha convertido en una potencia petrolera; y Marruecos, un país en desarrollo totalmente dependiente de sus importaciones energéticas y del coste que representa la factura petrolera. El caso del desarrollo voluntario pero difícil de una política energética europea, para la que la acción internacional puede ser una fuerza motriz, completará el cuadro.

Políticas energéticas y especificidades nacionales

Toda política energética se basa ante todo en las características específicas del país que la aplica: dotación de recursos energéticos, clima, nivel de vida, estructura de la economía (industria pesada frente a servicios), densidad del territorio, tasa de motorización, tasa de electrificación, etc. En los últimos años, con los problemas relacionados con el cambio climático, han surgido nuevas especificidades: el grado de concienciación sobre la importancia del calentamiento global y la voluntad de actuar, el grado de vulnerabilidad a los efectos del calentamiento global.

Los recursos energéticos nacionales son obviamente un factor clave. En un país autosuficiente y exportador, las principales cuestiones de política energética son: el ritmo de producción y de exportación, el papel de los inversores internacionales, el tipo impositivo, la utilización de los ingresos del petróleo y del gas, la redistribución de una parte de estos ingresos para las necesidades inmediatas (precios subvencionados de los productos petrolíferos, del gas y de la electricidad) y para las de las generaciones futuras (creación de fondos soberanos como en Noruega o Abu Dhabi). Para un país rico, la eficacia energética no está en el centro de las políticas energéticas. La seguridad del suministro tampoco es una prioridad. En cambio, la seguridad de la demanda es una preocupación creciente para los países exportadores frente a los países importadores que buscan la diversificación y las energías alternativas, como los biocarburantes.

A diferencia de los países ricos en energía, o incluso de los exportadores netos, los países que importan la mayor parte de la energía que consumen harán hincapié en otras prioridades de sus políticas energéticas. La primera de ellas suele ser mejorar la eficiencia energética, para reducir las cantidades de energía consumida y, por tanto, por definición, reducir el importe de la factura. La mejora de la eficiencia energética también proporciona una ventaja competitiva sostenible y una protección a largo plazo contra las subidas de precios. Otra prioridad es desarrollar las fuentes de energía nacionales, siempre que sean competitivas. La idea de lograr la “independencia energética” debe manejarse con cuidado: desde el punto de vista económico, es decir, excluyendo cualquier imperativo político, es mejor comprar energía barata en los mercados internacionales que promover una energía nacional cara. Un país como Japón se desarrolló en una situación de dependencia energética casi total antes de la construcción de su central nuclear. Sin embargo, para los países más pobres importadores de petróleo, la dependencia energética es una carga para la balanza comercial y las finanzas públicas. En algunos países africanos, la factura del petróleo ha llegado a representar el 20% del PIB. Los países más pobres sufren otra desventaja: aunque ellos mismos emiten pocos gases de efecto invernadero, es probable que sean los más afectados por los efectos del cambio climático.

La dimensión institucional de la política energética

Dadas sus características específicas, el establecimiento de una política energética por parte de un país determinado presupone la aparición de una visión común que combine las prioridades económicas nacionales y la actitud que desea adoptar frente al cambio climático. Este último punto, bastante novedoso, es de gran importancia. Es fácil comprender por qué países emergentes como China, India y Brasil no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en detrimento de su crecimiento económico, sobre todo teniendo en cuenta que son los grandes países industrializados los responsables del estado de degradación del planeta. No obstante, muchos países se verán afectados por los efectos del calentamiento global, y no en igual medida. Por ello, los poderes públicos deben aplicar políticas de prevención y adaptación. Los gobiernos y los parlamentos tienen un papel importante que desempeñar en estas cuestiones generales.

La organización de la industria energética es otro elemento de la dimensión institucional, en particular el reparto de funciones y responsabilidades entre los sectores público y privado, tanto nacionales como internacionales. Esto adopta la forma de un marco jurídico, reglamentario y fiscal, combinado con un sistema judicial para la resolución de litigios. Este marco incluye a veces leyes específicas para el petróleo, el gas natural o la electricidad, con responsabilidades asumidas por autoridades reguladoras independientes. A finales del siglo pasado se produjeron cambios, sobre todo con el movimiento de desregulación en Europa. Por ejemplo, la industria petrolera francesa, que se había regido por un “monopolio delegado” en virtud de la ley de 1928, vio la retirada del Estado en la década de 1990 y el abandono de las licencias de importación que habían permitido al Estado organizar el mercado; ahora es totalmente privada (véase en este texto sobre la política energética de Francia). La liberalización de los mercados de la electricidad y el gas natural en Europa, pero también en muchos otros países, ha provocado un cambio estructural en la industria, con una separación entre las actividades cubiertas por el monopolio natural (“cables” y “tuberías”) y las cubiertas por la competencia. Esta separación se está introduciendo gradualmente, siempre que es posible.

La fiscalidad de la energía es un componente importante, porque la energía implica sumas considerables de dinero. En Francia, país importador de petróleo, los impuestos sobre los productos petrolíferos han representado históricamente hasta el 10% de los ingresos fiscales del Estado, y ahora se han estabilizado en torno al 5%. En Argelia, país exportador de hidrocarburos, éstos representan más de dos tercios de los ingresos presupuestarios (y casi todos los ingresos en divisas).

Una política de oferta

Toda política energética nacional tiene que ver con la naturaleza de la oferta. Una buena ilustración de ello es la postura adoptada por el presidente George W. Bush al inicio de su primer mandato (2001). Frente a la creciente dependencia de Estados Unidos de las importaciones de petróleo, el Presidente, muy próximo a la industria petrolera, dio prioridad al suministro adicional de petróleo para alimentar el crecimiento estadounidense, de alto consumo energético. Los objetivos eran, internamente, levantar las limitaciones medioambientales que prohibían las operaciones de exploración y producción en territorios protegidos; y, externamente, persuadir a los gobiernos para que abrieran sus territorios a los inversores internacionales. Se dijera lo que se dijera de la invasión de Irak, formaba parte del mismo enfoque. Otros dos elementos completaban este enfoque: el desarrollo de los recursos nacionales (carbón, nuclear, gas y petróleo) y la aceleración del desarrollo de las tecnologías del futuro (captura y secuestro de carbono, hidrógeno, biocombustibles, energía solar). Desde entonces, la posición energética de Estados Unidos ha evolucionado con el auge de los recursos llamados “no convencionales”, en particular el gas de esquisto. Estos recursos están permitiendo a Estados Unidos recuperar su posición de exportador y reducir su dependencia energética. El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales también está reorganizando la baraja a nivel internacional, haciendo que la transición energética sea aún más compleja, ya que tendrá que llevarse a cabo en presencia de reservas de petróleo y gas mucho mayores de lo que se pensaba hasta hace poco.

Más allá del ejemplo estadounidense, que ahora hay que relativizar (véase la política energética en Estados Unidos), la política de abastecimiento debe tener en cuenta no sólo los costes económicos de cada sector, sino también los costes sociales asociados (contaminación de todo tipo, riesgos de accidentes, impacto ecológico). El equilibrio entre una política del menor coste económico y una política del menor coste social es delicado, y como hay muchas incertidumbres asociadas a la medición y evolución de los costes, es importante adoptar como principio estratégico general el imperativo de la diversificación. Ninguna fuente de energía es perfecta, y es necesario utilizar todas las fuentes existentes para experimentar con ellas, afinar el equilibrio global y encontrar la mejor “mezcla”, basada en la disponibilidad local, que ofrezca la mejor diversificación posible (véase la política energética de Brasil).

Queda la cuestión de la seguridad del abastecimiento, que se plantea para el petróleo, el gas natural y la electricidad. Aquí es importante la dimensión temporal: interrupciones repentinas, que pueden ser de corta o larga duración, interrupciones latentes, o subidas de precios, que pueden deberse a que no se han realizado inversiones suficientes. La construcción de un mercado europeo de la energía obliga a elevar a nivel comunitario la cuestión de la seguridad en el seno de la Unión Europea (UE). Se pueden emprender varias acciones: una mejor gestión de la interdependencia existente con los grandes proveedores, una política de diversificación y eficacia energética, una mejor gestión de las reservas de seguridad de los productos petrolíferos, el desarrollo de una mayor capacidad de sustitución para pasar rápidamente de una fuente de energía a otra en caso de crisis, mejores incentivos a la inversión en producción y transporte de electricidad. A más largo plazo, una política de oferta exige que la UE intensifique su investigación sobre las tecnologías del futuro, en particular en el marco de grandes proyectos internacionales.

Una política del lado de la demanda

La política de la demanda ha pasado muy a menudo a un segundo plano frente a la política de la oferta, una actitud ligada a la cultura de la energía abundante y barata, que en tiempos de subida de precios se convierte en un grave error. Hoy en día, muchos factores se combinan para dar prioridad a la política de la demanda. La Ley francesa de la Energía de 2005, cuyo Título 1 está dedicado a la gestión de la demanda, ilustra esta prioridad (al menos en principio). No se puede exagerar la importancia de mejorar la eficiencia energética, ya que podríamos vivir de la misma manera, según criterios puramente económicos, si consumiéramos un 20% menos de energía. Este importante cambio estructural en la gestión de la demanda, impulsado por el aumento de los precios y las preocupaciones medioambientales, tiene un impacto positivo directo en la factura energética, la dependencia energética y la seguridad del suministro, ya que se consume menos energía. Por desgracia, la mejora de la eficiencia energética no es algo que pueda darse por descontado: a pesar de ciertos incentivos fiscales, los particulares son reacios a realizar una inversión cuyo retorno se aplaza en el tiempo, y los hábitos presupuestarios hacen que sea más fácil amortizar un gasto corriente que una inversión no esencial.

Las principales fuentes de ahorro energético se encuentran en la vivienda y el sector terciario (renovación de edificios antiguos, equipos más eficientes, etc.), en el transporte (consumo de vehículos) y en la industria (regulación de flujos y eficiencia de los equipos). Las herramientas de una política de eficiencia son las normas y estándares, la información (automóviles y equipamiento doméstico), los incentivos, las subvenciones y las medidas fiscales. El desarrollo de nuevas tecnologías también es esencial. Una política de gestión de la demanda debe dar cabida al tratamiento de la “pobreza energética”, que afecta a los hogares para los que la parte relativa del gasto energético en el presupuesto es especialmente elevada y gravosa.

La fiscalidad desempeña un papel importante en el control de la demanda. Un nivel impositivo bastante elevado sobre la energía (combustibles) constituye un fuerte incentivo para la eficiencia en un mundo en el que las principales fuentes de energía primaria son cada vez más caras, y en un momento en el que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se está convirtiendo en una auténtica prioridad.

Así que, a largo plazo, la gestión de la demanda reflejará la mayor “inteligencia energética” que debería ser necesaria a medida que avanzamos hacia un mundo de energía más escasa y más cara, y a medida que tenemos que hacer frente a las limitaciones del cambio climático. La transición energética hacia economías bajas en carbono no puede lograrse sin una política del lado de la demanda. Mañana, ¿qué precio estaremos dispuestos a pagar por la energía disponible para cubrir nuestras necesidades?

La política energética de Francia

El sector energético en Francia siempre se ha caracterizado por una intervención muy fuerte del Estado, en particular a través de las empresas públicas. Con la primera crisis del petróleo en 1973, Francia se dio cuenta de lo dependiente que era del petróleo y lanzó un vasto programa nuclear. Desde 1973, las importaciones de petróleo se han reducido a la mitad y, desde finales de los años 80, la tasa de independencia energética de Francia se sitúa en torno al 50% (frente al 26% en 1973). La energía nuclear representa actualmente el 78% de la producción de electricidad, muy por encima de la media de Francia. Este porcentaje es muy superior a la media de los 28 miembros de la Unión Europea (en torno al 30%). Francia es el miembro de la UE que suministra electricidad al precio más bajo (con la excepción de algunos países, como Polonia y Rumanía, cuyas opciones de producción no son sostenibles debido a su uso del carbón).

Las fuentes renovables, la biomasa y la energía hidroeléctrica contribuyen de forma significativa a la combinación energética de Francia, que se sitúa a la altura de la media europea en cuanto al objetivo del 23% que se ha fijado. 100% para 2020. La inversión en generación de electricidad, que incluye las energías renovables, está sujeta a una política de programación plurianual.

La cuota de gas natural importado ha aumentado constantemente. Sin embargo, sigue siendo baja en comparación con otros países europeos, debido principalmente a la energía nuclear. Casi todo el gas es importado, con una de las mayores diversificaciones de proveedores de Europa: Noruega en primer lugar, seguida de los Países Bajos, Rusia, Argelia y Nigeria, así como Egipto y contratos de suministro a corto plazo. Las previsiones oficiales apuntan a una duplicación de las importaciones de aquí a 2025. A medio y largo plazo, esto plantea interrogantes sobre la diversidad de los proveedores de combustibles fósiles, la seguridad del abastecimiento y los precios.

La política energética francesa se basa en el control del consumo y el desarrollo de un abastecimiento diversificado. Da prioridad a los métodos de producción de energía que no emitan gases de efecto invernadero (limitando al mismo tiempo la dependencia de los suministros de combustibles fósiles).

Se basa en cuatro objetivos:

• garantizar la seguridad y la continuidad a largo plazo del abastecimiento energético;
• ofrecer energía a precios competitivos;
• construir un desarrollo energético sostenible; y
• garantizar la cohesión social y territorial asegurando el acceso de todos a la energía.

Francia se ha fijado objetivos ambiciosos de ahorro energético y de desarrollo de las energías renovables. En 2007, el Foro Grenelle del Medio Ambiente aceleró la toma de conciencia sobre el cambio climático, con los objetivos generales de aumentar la cuota de las energías renovables y la eficacia energética, así como de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las decisiones tomadas entonces fueron objeto de dos leyes en 2009 y 2010. Pero se habían fijado ciertos límites, y la energía nuclear en particular quedó fuera del ámbito de las negociaciones.

Francia, con su larga tradición en política energética, se embarca en la curva de aprendizaje de la transición energética, sin dejar de estar vinculada a los demás Estados miembros de la UE.

La política energética estadounidense
Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de energía del mundo en volumen y per cápita (10 tep/año/per cápita). Con menos del 5% de la población mundial, consume el 25% de la energía total. Las prioridades de su política energética se centran en el lado de la oferta, es decir, la diversificación de las fuentes de energía y la seguridad del abastecimiento. Las conversaciones sobre la reducción de la demanda siempre han sido más modestas.

Históricamente, la energía ha sido abundante y relativamente barata en Estados Unidos, características en las que se han basado su desarrollo económico y el american way of life. A pesar de la abundancia de recursos naturales (petróleo, carbón, gas natural e hidroelectricidad), el balance mostraba que el sector energético estadounidense ya no era capaz de satisfacer la demanda. Estados Unidos ha pasado de ser un exportador neto de energía a un importador neto de recursos estratégicos. Desde 1947, por ejemplo, ha sido un importador neto de petróleo.

Estados Unidos es el tercer productor mundial de petróleo y consume unos 20 millones de barriles diarios. Aunque la demanda descendió ligeramente por primera vez en 2008, no ha dejado de crecer, sobre todo en el sector del transporte (70% del consumo de petróleo). La demanda de gas natural sigue creciendo, siguiendo a la de electricidad, para la que es el segundo combustible más importante, camino de convertirse en el más importante, por delante del carbón en algunos estados. Estados Unidos se ha convertido en un gran importador de gas, impulsando la producción nacional y desarrollando fuentes no convencionales. Pronto podría convertirse en exportador de gas natural licuado. Con el auge de los combustibles fósiles no convencionales, el equilibrio energético estadounidense ha vuelto a cambiar.

El carbón, del que Estados Unidos posee las mayores reservas mundiales, sigue siendo una fuente de energía muy importante. Se utiliza para producir alrededor del 50% de la electricidad estadounidense, que absorbe el 90% del carbón nacional.

Estas tendencias subrayan la necesidad de una planificación a largo plazo para garantizar la seguridad energética del país, con vistas a recuperar la independencia energética.

El aumento de la producción nacional es un aspecto fundamental de las medidas adoptadas para reducir las importaciones, sobre todo de petróleo: producción en alta mar, Alaska, California, etc.

La Ley de la Energía de 2005 es indicativa de la política energética estadounidense actual. Por un lado, esta ley crea fuertes incentivos financieros para una reactivación de la energía nuclear. Por otra, tiende a favorecer las fuentes de energía nacionales (carbón y etanol), en particular a través de la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, el proyecto FutureGen, rebautizado FutureGen 2.0 durante la presidencia de Obama, es una iniciativa gubernamental para construir la primera central eléctrica de carbón sin emisiones de carbono. Se ha puesto en marcha un programa de producción de biocombustibles con el objetivo de reducir el consumo de gasolina en un 20% en diez años, pero está siendo desafiado por el GLP y otros sustitutos del petróleo y el gas no convencionales.

Aunque Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo de Kyōto, algunos estados y ciudades han adoptado medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o su consumo de energía. Sin embargo, a pesar del apoyo público y del creciente interés por las nuevas tecnologías y las energías renovables, Estados Unidos no ha conseguido seguir el ritmo del crecimiento mundial especialmente rápido de estos sectores: las energías renovables representan el 7% del consumo energético en Estados Unidos. A medida que las energías renovables pierdan competitividad ante el auge de los recursos no convencionales, su cuota podría incluso disminuir.

Se dijera lo que se dijera de la invasión de Irak, formaba parte del mismo enfoque. Otros dos elementos completaban este enfoque: el desarrollo de los recursos nacionales (carbón, nuclear, gas y petróleo) y la aceleración del desarrollo de las tecnologías del futuro (captura y secuestro de carbono, hidrógeno, biocombustibles, energía solar). Desde entonces, la posición energética de Estados Unidos ha evolucionado con el auge de los recursos llamados “no convencionales”, en particular el gas de esquisto. Estos recursos están permitiendo a Estados Unidos recuperar su posición de exportador y reducir su dependencia energética. El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales también está reorganizando la baraja a nivel internacional, haciendo que la transición energética sea aún más compleja, ya que tendrá que llevarse a cabo en presencia de reservas de petróleo y gas mucho mayores de lo que se pensaba hasta hace poco.

La política energética de Brasil
Ricamente dotado de recursos naturales, Brasil trabaja desde hace treinta años para lograr la autosuficiencia energética.

Brasil se ha convertido en una referencia en energías renovables, que representan ya el 50% de su consumo de energía primaria, junto con la energía hidroeléctrica y el etanol. Gracias a ello, Brasil tiene una huella de CO2 inferior a la de otros grandes países emergentes.

Tras las crisis del petróleo, las opciones de Brasil se han centrado en sus recursos naturales.

– Por un lado, Brasil es uno de los mayores depósitos de agua del mundo. En 2012, el 82 p. 100% de su producción de electricidad procedía de centrales hidroeléctricas. Las zonas de producción están muy alejadas de las de consumo, lo que obliga a gestionar una vasta red eléctrica.

– Por otro lado, el cultivo de tierras para la caña de azúcar ha permitido que el 20% de los automovilistas utilicen etanol como combustible. Más de tres cuartas partes de los coches nuevos son flex-fuel, lo que significa que funcionan tanto con gasolina como con etanol.

El petróleo sigue siendo la fuente de energía dominante, y la producción en alta mar desempeña un papel fundamental. La petrolera nacional Petrobras se ha convertido en líder mundial en la explotación de aguas profundas. Sus recientes descubrimientos, en particular los yacimientos de la cuenca de Santos (Tupi en 2007, Libra en 2010), frente a la costa de Río de Janeiro, son suficientes para satisfacer las necesidades del país durante muchos años y ya sitúan a Brasil entre los países líderes en reservas de petróleo. En los últimos diez años, se han descubierto en Brasil más yacimientos gigantescos que en ningún otro país. La producción actual, de más de 2,2 millones de barriles diarios, permite al país autoabastecerse a corto plazo y convertirse rápidamente en exportador. Sin embargo, el consumo sigue creciendo en consonancia con la demografía y el desarrollo económico del país. Para financiar las infraestructuras, Brasil ha tenido que abrir su mercado energético a las empresas extranjeras, lo que ha llevado a una reorganización de su industria.

La energía nuclear, abandonada en los años 90, se está reactivando en el emplazamiento de Angra dos Reis (Estado de Río), a pesar de la oposición de las asociaciones. Para los defensores del proyecto, la energía nuclear es la única forma de evitar un apagón como el de 2001 tras una grave sequía.

En cuanto al gas natural, Brasil depende en gran medida de Bolivia, que le proporciona el 50% de sus importaciones. Los intentos de desarrollar la generación de electricidad a gas deberían conducir a un crecimiento del consumo de gas.

Estas diversificaciones, unidas al descubrimiento de nuevas reservas de gas, ponen de relieve los esfuerzos del país por desarrollar su independencia energética.

La caña de azúcar sólo ocupa una pequeña parte de las inmensas tierras cultivables de Brasil, lo que permite producir biocarburantes sin poner en peligro el equilibrio alimentario del país. Concebido como una herramienta para el programa “hambre cero”, el nuevo biodiésel representa una apuesta por la agricultura familiar a pequeña escala. El riesgo es un aumento de las desigualdades sociales vinculadas a la concentración de tierras.

Gracias a la diversificación de sus fuentes de energía, de las que casi la mitad son renovables, Brasil, un país emergente, avanza lenta pero seguramente hacia la autosuficiencia energética, con el recurso a la energía hidroeléctrica y el liderazgo tecnológico en biocarburantes.

La acción internacional: el caso de Europa

El primer objetivo de la acción internacional es apoyar a las empresas energéticas nacionales en el extranjero. Esta acción es esencial en sectores tan estratégicos y políticos como el petróleo, el gas natural, la energía nuclear y los grandes equipamientos. Hoy en día, en el caso de la U.E., la acción internacional se centra además en dos polos: la propia Europa y las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En el caso de Europa, se trata de los debates sobre la liberalización de los mercados del gas natural y la electricidad, la finalización de los objetivos europeos de reducción de emisiones, eficiencia energética y desarrollo de las energías renovables, y los debates sobre la ampliación del régimen europeo de comercio de derechos de emisión. A nivel internacional, el gran reto es poner en marcha un marco “post-Kyōto”, es decir, negociar un nuevo tratado internacional que tome el relevo del Protocolo de Kyōto, con el objetivo de continuar la lucha contra el calentamiento global. Se trata de una negociación larga y difícil, con la idea de implicar a Estados Unidos, India y China. La crisis económica ha golpeado con mayor dureza a los países más ricos, por lo que los recursos y la voluntad política para hacer del clima una prioridad están siendo cuestionados, ya que la competitividad industrial se ve amenazada y el aumento de los precios de la energía crea más pobreza energética entre los hogares.

Una visión europea común

Aunque los Estados miembros tienen situaciones energéticas contrastadas (el lugar que ocupa cada fuente de energía, la organización de la industria, el papel que desempeña el Estado, la dependencia de un país de las importaciones, etc.), ahora comparten una visión común del futuro desarrollo de los mercados energéticos en Europa. La creación de un mercado único de la energía sigue siendo un objetivo central. El Libro Verde presentado por la Comisión Europea en 2006 estableció oficialmente por primera vez los seis principios básicos de esta visión compartida, que siguen siendo válidos hoy en día.

– La liberalización del mercado forma parte del impulso europeo para construir los mercados interiores europeos de la electricidad y el gas natural. El proceso de desregulación ha tardado más de lo previsto, debido a las barreras que impiden el desarrollo de la competencia. La Comisión Europea ha destacado los obstáculos: la concentración de los mercados con la posición de los operadores históricos, el grado de integración vertical (es decir, la agrupación de actividades situadas en distintos niveles de un mismo sector), la falta de transparencia, la insuficiente integración horizontal de los mercados y la ausencia de un sistema eficaz y transparente de formación de precios. El reto consiste en combinar un grado aceptable de liberalización con nuevas formas de regulación. La liberalización no implica la abolición de la regulación, sino la introducción de nuevas formas de regulación más adecuadas que garanticen la seguridad del suministro, una energía barata y la protección del medio ambiente. Estas nuevas regulaciones no son sólo estatales, sino también locales, regionales, multinacionales y globales.

– La seguridad del suministro es una cuestión fundamental y recurrente tanto a nivel nacional como europeo. Las tensiones en torno a los precios alimentan numerosos debates sobre el abastecimiento de petróleo y gas, con sus riesgos de interrupción, así como sobre el desarrollo de las energías renovables y la búsqueda de un control de la demanda energética. Se puede dar una respuesta, por un lado, dentro de la UE, con medidas como la eficacia energética (en el sentido de un consumo de energía más controlado), la diversidad del “mix energético” (combinación de diferentes formas de energía en el consumo global), la reducción de las emisiones de CO2, etc. La política exterior europea también podría aportar una respuesta a través de un diálogo conjunto con los proveedores de energía. Pase lo que pase, la seguridad del abastecimiento depende de la solidaridad entre los Estados miembros.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

– Una combinación energética más sostenible, eficaz y diversificada. Esto implica examinar todas las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía, en particular el carbón y la energía nuclear, así como las energías renovables.

– La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad europea. Lo que está en juego en la protección del medio ambiente legitima la implicación de la Comisión Europea en políticas que antes eran competencia de la soberanía nacional. El mercado de permisos negociables de emisión de carbono es un ejemplo de cooperación comunitaria.

– La investigación y el desarrollo de tecnologías energéticamente eficientes y bajas en carbono es uno de los factores determinantes de la evolución energética de Europa. Estas tecnologías (como las microturbinas de gas para la producción distribuida, las pilas de combustible, las células fotovoltaicas, las centrales de biomasa, etc.) constituyen un mercado en expansión que podría convertirse en un polo competitivo para las empresas europeas.

– Una política exterior común coherente podría permitir a Europa hablar con una sola voz a la hora de afrontar los retos de la creciente demanda energética, los elevados e inestables precios de la energía, su propia dependencia cada vez mayor de las importaciones y el cambio climático.

Los debates en Europa han permitido a la UE dar pasos importantes hacia la definición de una política energética común. Sin embargo, los Estados miembros defienden la protección de su soberanía nacional sobre decisiones estratégicas clave como la elección de la combinación energética, más aún en tiempos de crisis económica o año electoral. La coherencia de las elecciones de un país como Francia depende también de las de sus vecinos (con los que está interconectado, es decir, unido por redes energéticas), pero también de las decisiones tomadas por las autoridades locales. Así pues, una política energética común está aún lejos, aunque se hayan hecho progresos. El proceso podría acelerarse con una política energética exterior común.

¿Hacia una política exterior común?

Un enfoque unido permitiría a la Unión Europea desempeñar un papel de liderazgo en la búsqueda de soluciones energéticas globales. A través de la política exterior, los Veintiocho podrían hablar con una sola voz.

Rusia es un socio energético muy importante para la Unión Europea, ya que representa el 40% de sus importaciones de gas. El 100% del gas que importa. Las relaciones con este proveedor se complican por los riesgos de interrupción del suministro y otros riesgos asociados al tránsito por distintos países. Al haber desarrollado otras fuentes de suministro y almacenamiento, Europa tiene ahora más influencia que en el pasado. Del lado ruso, existen grandes reservas pero aún no se han desarrollado. El mercado ruso se enfrenta a una demanda creciente. La eficiencia energética podría mejorarse sin dificultad. Los europeos están dispuestos a invertir en la infraestructura gasística rusa si reciben garantías de las autoridades del país y si el mercado sigue avanzando hacia la liberalización y la apertura internacional. No obstante, es probable que las conversaciones se prolonguen.

La Unión Europea está rodeada por un gran número de países exportadores de gas natural (Argelia, Noruega, el Golfo Pérsico, Nigeria) que forman un “cinturón energético”). La seguridad del abastecimiento y la competitividad europea exigen una mayor diversificación de los proveedores de gas para fomentar la competencia, incluso entre el gas natural licuado y el gas transportado por gasoducto. Una política común podría reforzar la diversificación de los suministros y ayudar a financiar los proyectos.

En la escena internacional, una Unión Europea que hablara con una sola voz tendría mayor influencia, sobre todo en los debates sobre el cambio climático. Con la puesta en marcha del mayor mercado integrado de permisos de emisión del mundo, Europa ya había tomado la delantera. Paralelamente al proceso de Kyōto, la Unión Europea ha fomentado la investigación y el desarrollo de las tecnologías y energías del futuro. Las decisiones conjuntas son deseables para la competitividad y la protección del medio ambiente si la Unión Europea desea mantener un papel importante a nivel internacional.

Más allá de la diversidad energética que caracteriza a los países de la Unión Europea, éstos comparten una visión común del desarrollo energético. Avanzan hacia una Europa de la energía, aunque lentamente, con nacionalismos recurrentes (patriotismo económico), bloqueos (contra la energía nuclear) y contradicciones. Los grandes movimientos que han afectado al sector eléctrico desde principios de la década de 2000 y el previsto abandono de la energía nuclear en Alemania son un ejemplo de ello. Sin embargo, la Europa de la energía es el futuro…

La realización del mercado interior, la lucha contra el cambio climático y la seguridad del abastecimiento son retos energéticos comunes que exigen una solución común. En la transición energética hacia una economía con bajas emisiones de carbono, domina la incertidumbre en todos los frentes en cuanto a las tecnologías que deben seleccionarse, sus costes de implantación, el precio de los combustibles fósiles e incluso la futura demanda energética. Aunque los esfuerzos para llevar a cabo la transición albergan la esperanza de crear un gran número de puestos de trabajo, existe el riesgo de que aumente la factura energética de los hogares y las empresas. La unidad de los veintiocho países parece ser la única manera de hacer frente a los retos energéticos del siglo XXI. Esta política sigue siendo una responsabilidad nacional, pero los aspectos geopolíticos de la política energética en su dimensión exterior siguen siendo competencia de la política exterior de los Estados miembros. Más allá de los intereses nacionales, ¿están dispuestos los Estados miembros a seguir las orientaciones de la Comisión Europea?

La ecuación de la política energética se ha vuelto difícil de resolver: garantizar un abastecimiento energético seguro y estable a un precio asequible protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. La revolución energética no sólo implica a las autoridades nacionales o supranacionales. Los sectores energéticos, que son a la vez complementarios y competidores, están viendo alteradas sus trayectorias, sobre todo por las innovaciones tecnológicas. Las empresas tienen que redefinir sus estrategias. Las autoridades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental gracias a su concienciación, su voluntad de actuar y la proliferación de iniciativas innovadoras.

Por último, los consumidores no se están quedando al margen y se están convirtiendo en actores clave en la prestación de nuevos servicios. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta transición energética.

Revisor de hechos: EJ

Ejemplos de Política Energética de la Unión: Comercio del Gas con Rusia

La interdependencia del gas entre la UE y Rusia es hoy una de las asociaciones energéticas más duraderas y de mayor envergadura de la geopolítica energética contemporánea. Afecta sistemáticamente a diferentes mercados de materias primas y a la estabilidad de las economías bilaterales, encarnando el último puente en pie del diálogo político bilateral. Sin embargo, la crisis energética iniciada en 2021 y las secuelas de la invasión rusa de Ucrania amenazan la estabilidad general de esta relación. Hasta ahora, la geopolítica del comercio de gas entre la UE y Rusia ha influido ampliamente en la evolución de las literaturas sobre seguridad energética y geopolítica de la energía. Al mismo tiempo, éstas siguen centrándose en las divergencias estructurales de los dos modelos institucionales del gas, pero se abstienen de abordar sistemáticamente la dinámica de poder en su seno.

Así pues, es interesante revisar la literatura y bibliografía existente sobre la geopolítica del comercio de gas entre la UE y Rusia en el marco de la evolución de los estudios académicos sobre geopolítica energética. Con este telón de fondo, en otros lugares de esta plataforma digital, y en la literatura, se lleva a cabo el estudio del poder en la energía y, en concreto, en el comercio del gas, al margen de la dicotomía clásica entre productores y consumidores de energía. Del nexo entre la política del poder, las grandes potencias y los mercados energéticos internacionales.
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Recursos

Traducción de Política energética de la Unión

Inglés: EU energy policy
Francés: Politique énergétique de l’UE
Alemán: EU-Energiepolitik
Italiano: Politica energetica dell’UE
Portugués: Política energética da UE
Polaco: Polityka energetyczna UE

Tesauro de Política energética de la Unión

Energía > Política energética > Política energética > Política energética de la Unión

Véase También

• Política de la UE
  • Política de la UE – política nacional
• Estrategia de la UE

• La Unión de la energía
• Estrategia energética de la Unión
• Política energética de la Unión Europea
• Estrategia energética de la Unión Europea
• Política energética de la UE

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