Fondo de comercio
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Nota: Puede interesar la información relativa al Fondo de Comercio Financiero.
Visualización Jerárquica de Fondo de comercio
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Empresa y Competencia > Organización de la empresa > Política de la empresa > Implantación de actividad
Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial
Fondo de Comercio
Una empresa está formada por un conjunto de elementos que contribuyen a constituir una unidad económica cuya finalidad es de carácter comercial, incluyendo elementos tangibles, como el equipamiento, los bienes y las instalaciones, y elementos intangibles, como la clientela, el fondo de comercio, el derecho de arrendamiento y el nombre de la empresa. La empresa es un «activo intangible» en el sentido jurídico del término.
Mientras que una empresa puede ser explotada por el propietario del local en el que funciona, por otro lado, y con mayor frecuencia, el propietario de la empresa es sólo un inquilino del local. En este caso, el propietario de un negocio goza de una protección especial por parte del propietario del local, que es el arrendador, conocido como «propiedad comercial». A menos que el alquiler siga sin pagarse, el arrendador, en varios países, no puede hacerse cargo del local sin haber pagado una indemnización por desahucio.
Fondo de Comercio en Derecho Francés
Al igual que en el contrato civil, las partes pueden acordar una cláusula resolutoria. En caso de que se invoque dicha cláusula, el Tribunal de Casación asimila la resolución del contrato de arrendamiento por adquisición de la cláusula resolutoria a la resolución judicial. La solución así alcanzada, que extrae las consecuencias del régimen particular de la aplicación de la cláusula resolutoria en los contratos de arrendamiento comercial, salvaguarda los intereses de los acreedores inscritos entre la fecha de expiración del plazo contemplado en el requerimiento y la fecha del requerimiento o de la reconvención del arrendador.
Por lo general, la empresa es explotada por el propietario de la misma, pero éste puede confiar su explotación bien a un comerciante que la gestione por su cuenta y se haga cargo de los riesgos financieros asociados a cualquier negocio, que se conoce como «gestor libre», también llamado «gestor-arrendatario», o bien a un «gestor-empleado». El arrendamiento de gestión de un negocio no constituye un subarriendo.
Cuando la exención de la condición de explotación exigida por el artículo L. 144-3 del Código de Comercio se concedió para «este contrato de arrendamiento de gestión», debido al estado de salud de su gestor, y que, por tanto, se concedió en consideración a elementos de hecho que imposibilitaban la explotación personal del negocio, la solicitud de dicha exención, que no era definitiva, debía reiterarse antes de la celebración de cada contrato de arrendamiento de gestión; de modo que, a falta de una exención obtenida para el último contrato en curso, éste era nulo.
La venta de empresas está sujeta a precauciones especiales para salvaguardar los intereses de los acreedores del vendedor. La venta debe anunciarse para que los acreedores puedan oponerse al pago del precio al vendedor hasta que se les distribuya. La publicidad de la venta de un negocio constituye una condición de oponibilidad a terceros, no de la venta, sino del pago del precio de venta. La remisión del precio al vendedor no es oponible a los acreedores si este pago se realizó antes de la expiración del plazo concedido a estos acreedores para oponerse por el artículo 3, párrafo 4, de la ley de 17 de marzo de 1909, que se convirtió en el artículo L. 141-14 del Código de Comercio, pero si se han respetado los plazos, y salvo que se estipule expresamente en la escritura de transmisión, la venta de la empresa no transfiere al comprador la obligación de pagar las deudas contraídas por el vendedor antes de la venta, por otro lado y siempre, salvo cláusula expresa en contrario incluida en la escritura, la transmisión conlleva la transferencia al comprador del crédito de indemnización por desahucio que le correspondía al transmitente y del derecho al local que éste deriva del artículo L. 145-28 del Código de Comercio. Del mismo modo, a menos que el cedente haya contraído la obligación de garantizar el pago de las indemnizaciones por ocupación debidas tras la finalización del contrato de arrendamiento por el cesionario de la empresa, no puede ser declarado responsable solidario con el cesionario.
Según el artículo L. 141-5 del Código de Comercio, la venta de una empresa no transfiere las deudas del cedente al cesionario. Así, un comité de empresa constituido en el marco de una empresa vendida, que sigue en funcionamiento por aplicación del artículo L. 435-5 del Código del Trabajo, actualmente artículo L. 2327-11 del Código del Trabajo, no tiene derecho a solicitar al nuevo empresario el pago de la subvención de explotación a la que pretende tener derecho respecto a los años anteriores a la adquisición de la empresa. Por otra parte, salvo que se estipule lo contrario en la escritura, todo traspaso de un negocio conlleva la transmisión de la indemnización por desahucio debida al transmitente y el derecho a permanecer en el local: este traspaso puede tener lugar válidamente hasta que se pague la indemnización por desahucio. El mero hecho de que, en el marco de una venta de un negocio, la transmisión de un bloque de créditos se haya realizado por un precio global calculado estadísticamente y no crédito por crédito no puede, por sí mismo, excluir la aplicación del desistimiento controvertido previsto en el artículo 1699 del Código Civil.
Otra cuestión que suele plantearse ante los tribunales es la relativa al cumplimiento de la cláusula de no competencia por parte del comprador. Es habitual que las partes acuerden que el vendedor que vaya a ejercer otra actividad se abstenga de realizar cualquier acto de competencia con respecto al comprador al vender un negocio. En este sentido, se considera que la prohibición se aplica incluso a los casos en los que el vendedor no va a tener contacto directo con la clientela del establecimiento en el que va a desarrollar sus nuevas actividades, aunque esté empleado en él como asalariado: Así, el Tribunal de Apelación de Pau dictaminó que el vendedor de un negocio de cafetería-restaurante que encuentra empleo en un establecimiento de la misma naturaleza, que funciona en la misma avenida que el negocio vendido y con una clientela parcialmente igual, y que se vulnera la cláusula de no competencia contenida en la escritura notarial de compraventa del negocio al desempeñar una función administrativa como gerente en dicho establecimiento, participando así en la explotación de un establecimiento competidor a pesar de la prohibición de hacerlo, y aunque no tuviera contacto con la clientela común. El Tribunal de Casación también dictaminó que, en caso de traspaso de un negocio, la garantía legal de desahucio prohíbe al vendedor desviar la clientela del negocio traspasado. Añade que si el vendedor es una persona jurídica, esta prohibición se aplica no sólo al vendedor sino también a su director o a las personas que éste pueda interponer para eludir sus obligaciones.
Otro problema que se plantea a menudo es el de saber cuál de los cónyuges en régimen de propiedad común, uno solo de los cuales posee el título que le permite explotar la empresa, es el propietario de la misma. El Tribunal de Casación ha respondido a esta cuestión dictaminando, en relación con una farmacia, que las disposiciones de los artículos L. 5125-17 y L. 5125-18 del Código de la Salud Pública no se aplican a las que regulan los regímenes matrimoniales y que, en cambio, si la propiedad de una farmacia está reservada a los titulares de un diploma de farmacéutico, el valor de la actividad recae en la comunidad. La solución anterior puede compararse con la decisión del Tribunal de 1 de octubre de 2005 según la cual si la empresa pertenece a coarrendatarios, no se puede privar a uno de ellos del beneficio de la condición de arrendatario comercial por el hecho de estar inscrito en el registro mercantil como propietario no operativo. Sin embargo, el Tribunal de Casación ha dictaminado desde entonces que cuando la propiedad de una empresa se divide entre un usufructuario que es propietario de la empresa y un propietario nulo que no lo es, el propietario nulo debe estar inscrito en el Registro Mercantil como propietario no operativo para que se aplique el estatuto de arrendamiento comercial.
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A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Fondo de comercio
Véase la definición de Fondo de comercio en el diccionario.
Definición de Fondo de Comercio
Fondo de comercio, en Derecho y en contabilidad, activo intangible cuyo valor aumenta el de los activos tangibles de una empresa y refleja los beneficios asociados a factores tales como tener un local bien situado, una marca comercial conocida, una buena situación financiera, una buena reputación o una gestión empresarial reconocida. Cuando se vende un negocio se suele asignar un precio mayor al valor contable en función del fondo de comercio, considerando éste como un activo más. Algunas veces se puede vender el fondo de comercio sin que se transfieran al mismo tiempo todos los demás activos; por ejemplo, un negocio que se traslada puede vender el derecho a utilizar su nombre comercial y su local en el lugar original. (1)
El fondo de comercio financiero en España
Las disposiciones españolas permitían la amortización del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos) en la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, lo que según Bruselas representa una clara excepción del sistema fiscal general español, puesto que permite la amortización del fondo de comercio incluso cuando las compañías adquirientes y adquiridas no estén unidas en una única entidad empresarial. Esta es una figura de desgravación fiscal que ya, desde 2012, vio reducida su utilización en los cambios que se hicieron en el Impuesto de Sociedades.
Estas deducciones fueron impulsadas para favorecer la internacionalización de las empresas españolas.
La Comisión Europea declaró ilegal en octubre de 2009 y en enero de 2011 la versión original de este régimen y exigió la devolución de parte de las ayudas (las que se concedieron después del 21 de diciembre de 2007). España se comprometió entonces a no aplicarlo a nuevos demandantes, pero no suprimió las disposiciones porque algunas compañías podían seguir beneficiándose.
Sin embargo, en marzo de 2012, el nuevo Gobierno español adoptó una nueva interpretación administrativa vinculante, que permite de forma retroactiva deducciones fiscales no solo para las adquisiciones directas sino también para las adquisiciones indirectas.
La Comisión Europea, en octubre del 2014, dictó nueva resolución considerando ilegal la interpretación que hacía España, ordenándole que recupere estas ayudas por considerar que son contrarias a la legislación de la Unión Europea, ya que conceden a las compañías beneficiarias una «ventaja económica selectiva».
De acuerdo con «La problemática de las ayudas de Estado en la fiscalidad: revisión de algunas decisiones de la Comisión Europea contra España», de Ana Ortega Guío:
«El 1 de enero de 2002 entró en vigor una modificación de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, en virtud de la cual se añadía un apartado 5 al artículo 12 de dicha Ley (Apartado introducido por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
Entre las Líneas
En virtud de esta modificación, y con efectos desde 1 de enero de 2002, las empresas españolas podían amortizar el fondo de comercio financiero que resultara de la adquisición de participaciones significativas en empresas extranjeras durante los veinte años siguientes a la adquisición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Ello producía una ventaja económica que asciende a la diferencia entre el precio de adquisición de las acciones y el valor de mercado de los activos de la empresa adquirida. Dicho régimen se ha mantenido en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, igualmente en su artículo 12. 5. Este régimen, que solo se aplica a las empresas españolas, parece establecer una excepción al sistema fiscal general español, al permitir la amortización del fondo de comercio incluso cuando no se unen la empresa adquirente y la adquirida en una sola entidad. Esto podría conferir ventajas a las empresas españolas a la hora de adquirir empresas extranjeras con respecto a la adquisición de otras empresas españolas.»
Investigación de la Comisión Europea
«Tras varias preguntas del Parlamento Europeo y denuncias formales sosteniendo que el régimen era ilegal, la Comisión inició en octubre de 2007 una investigación formal -prosigue Ortega Guío- sobre el mismo al objeto de determinar si constituía una ayuda estatal ilegal o no.
Como resultado de dicha investigación, la Comisión concluyó en octubre de 2009 (Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009, referencia en el Registro de Ayudas Estatales C45/2007) que, tomando en consideración la armonización legislativa alcanzada en la Unión Europea, principalmente a través de la Directiva relativa a las fusiones transfronterizas (2005/56/CE) y la Directiva relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones (90/434/CEE), el trato favorable de las adquisiciones españolas en otros Estados miembros permitido por la legislación interna como excepción al régimen general para las adquisiciones era discriminatorio e injustificable, y constituye, a la sazón, una ventaja selectiva para las empresas españolas que adquieren participaciones en empresas europeas no españolas respecto de las empresas españolas que adquieren participaciones en empresas españolas.
Por lo tanto, lo califica de ayuda estatal ilegal, puesto que el régimen no fue comunicado a la Comisión previamente a su entrada en vigor en 2002.
Aviso
No obstante, la Comisión entiende que ha existido confianza legítima y limita el alcance de la obligación de recuperación de las ayudas indebidamente concedidas a las adquisiciones realizadas a partir del 21 de diciembre del 2007, fecha de publicación de la Decisión de la Comisión de iniciar la investigación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Aviso
No obstante, la investigación no concluye aquí, sino que continúa en lo que respecta a adquisiciones en países que no pertenecen a la Unión Europea. A este respecto, las autoridades españolas aducían que la medida se halla justificada por obstáculos específicos, tanto fiscales como de otra naturaleza, para adquirir participaciones en empresas de países terceros. La investigación a este respecto ha finalizado en enero de 2011, en que la Comisión tan solo ha encontrado justificado este régimen respecto de India o China, y, más genéricamente, respecto de terceros países en los que esté probada la existencia de obstáculos legales explícitos a las fusiones transfronterizas, por lo que solicita a España también la recuperación de la ayuda desde el principio de la investigación en 2007, así como una modificación legislativa eliminando la ventaja injustificada.»
Reacción de España
En 2011 se adoptó «la primera medida de modificación de la legislación en relación con la adquisición de participaciones de empresas de la Unión Europea para equipararlas a la adquisición de participaciones en empresas españolas, cuya investigación finalizó en 2009 -continua «La problemática de las ayudas de Estado en la fiscalidad: revisión de algunas decisiones de la Comisión Europea contra España».
Entre las Líneas
En efecto, el artículo 74 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, añade un último párrafo al artículo 12.5 del Real Decreto Legislativo 4/2004, del Impuesto sobre Sociedades, disponiendo que, “con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir de 21 de diciembre de 2007 y vigencia indefinida (…) la deducción establecida en este apartado no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, realizadas a partir de 21 de diciembre de 2007”.
Se elimina de esta forma con efectos desde el inicio de la investigación en 2007 la ventaja que suponía adquirir participaciones en empresas no españolas de la Unión Europea.
Aviso
No obstante, queda aún pendiente la modificación de la norma para equiparar el régimen de adquisición de participaciones en empresas de fuera de la Unión Europea. Estas ayudas todavía están siendo recuperadas por el Estado español.»
Investigación de la Comisión en 2013
En Julio del 2013 la Comisión Europea abrió abierto una investigación en profundidad para comprobar si la nueva interpretación de un régimen español que permite deducciones fiscales en relación con la adquisición de participaciones en empresas no españolas se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión había constatado que la versión original del régimen era incompatible con las normas sobre ayudas estatales, ya que concedía a los beneficiarios una ventaja económica selectiva sobre sus competidores que realizan adquisiciones nacionales. Según una práctica administrativa constante en España, el régimen original se aplicaba únicamente a las adquisiciones directas, mientras que la nueva interpretación española también permitiría, con carácter retroactivo, deducciones fiscales para las adquisiciones indirectas.
En ese momento, la Comisión consideró que el régimen modificado también puede constituir ayuda estatal y tiene dudas sobre la compatibilidad de la ayuda en cuestión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La apertura de una investigación en profundidad brinda a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre la medida escrutada, sin perjuicio del resultado del procedimiento.
El 28 de octubre de 2009 y el 12 de enero de 2011, la Comisión pidió a España que suprimiera la disposición del impuesto de sociedades que permite a las empresas amortizar a lo largo de 20 años el fondo de comercio financiero derivado de la adquisición de participaciones en países extranjeros. La Comisión también limitó la recuperación de la ayuda ilegal, debido a la existencia de confianza legítima entre algunos beneficiarios (véase el asunto SA.22309). España se comprometió a no conceder la exención a los nuevos beneficiarios, pero no derogó la disposición, ya que la amortización sigue siendo posible en casos determinados en los que la Comisión reconoció la confianza legítima o autorizó un período transito
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Fondo de Comercio en Economía
Fuentes y Usos de los Fondos de la Política Fiscal
El debate sobre la nueva política fiscal se concentró inicialmente en los efectos de las variaciones de los gastos del gobierno, los impuestos que se dan. Se hizo hincapié en los efectos estimulantes del "gasto deficitario", es decir, del gasto público no compensado por los ingresos fiscales. Se demostró que, en determinadas hipótesis, el aumento de la renta nacional resultante de un incremento del gasto deficitario sería un múltiplo del aumento del gasto deficitario. El aumento del gasto público hace que, inicialmente, los ingresos privados aumenten en igual medida. Los receptores de los ingresos privados adicionales se verán inducidos a gastar más, lo que generará más ingresos para otros, que a su vez gastarán más, y así sucesivamente en un proceso "multiplicador" cuyo límite depende de la proporción de sus ingresos adicionales que gaste la gente.
Pronto quedó claro que se podían esperar efectos similares de las variaciones de los impuestos, dados los gastos. Una reducción de los impuestos aumentaría, y un aumento de los impuestos reduciría, el gasto privado, lo que afectaría a los ingresos privados y, por tanto, al gasto privado, y así sucesivamente en el proceso multiplicador.
Si un aumento de los gastos del gobierno aumentara la renta nacional en algún múltiplo del aumento, y un aumento de los impuestos redujera la renta nacional en algún múltiplo del aumento de los impuestos, un aumento igual de los gastos y de los impuestos afectaría a la renta nacional en una u otra dirección si los multiplicadores de los gastos y de los impuestos fueran desiguales. No hay ninguna razón a priori para pensar que los multiplicadores son iguales. En los decenios de 1940 y 1950 se debatió mucho sobre las consecuencias de los cambios iguales de los gastos y los ingresos. La mayor parte giraba en torno al "teorema del multiplicador del presupuesto equilibrado", que mostraba que, en ciertos supuestos, el multiplicador de un aumento igual de los gastos y los ingresos será 1; es decir, el aumento total de los gastos a partir de un aumento igual de los gastos y los impuestos del gobierno será igual al aumento de los gastos del gobierno.
El teorema del multiplicador del presupuesto equilibrado demostró que el déficit o el superávit presupuestario no podía considerarse lógicamente como la única fuente y medida de los efectos del presupuesto en el gasto total, y abrió el camino a una visión más general de las posibilidades de la política fiscal.
Se puede concebir que el gobierno obtiene fondos de diversas fuentes y los utiliza de diversas maneras. El total de fuentes y el total de usos son iguales, si se considera que el endeudamiento y el uso de los saldos existentes son fuentes de fondos. Cada una de las fuentes y usos de los fondos tiene algún efecto en el gasto nacional total, pero los efectos de las diferentes fuentes y usos no tienen por qué ser iguales por cada dólar. Si cada dólar utilizado tiene un efecto positivo igual en el gasto total, y si cada dólar obtenido, incluidos los dólares prestados, tiene un efecto negativo igual, entonces la política fiscal no puede tener un efecto neto.
La nueva política fiscal dijo primero que el efecto de tomar fondos prestados para financiar un déficit era menor por dólar que el efecto de obtener fondos de los impuestos y también menor, y de signo contrario, que el efecto de gastar los fondos. Por lo tanto, un aumento igual de los gastos y préstamos del gobierno, o una disminución igual de los impuestos y un aumento de los préstamos, tendría un efecto en el gasto total.
El debate sobre el multiplicador del presupuesto equilibrado dijo que el efecto de obtener fondos mediante impuestos era diferente, por dólar, y de signo contrario al efecto de gastar los fondos. Por lo tanto, un aumento igual de los impuestos y los gastos del gobierno tendría un efecto neto en los gastos totales, un efecto expansivo si el multiplicador de los gastos era mayor que el multiplicador de los impuestos.
Una vez que hemos llegado a este punto, es un siguiente paso lógico decir que los diferentes gastos gubernamentales y los diferentes impuestos tienen diferentes efectos por dólar. En este caso, un cambio de un tipo de gasto gubernamental a otro, o de un tipo de impuesto a otro, tendría un efecto neto sobre el gasto total. Este efecto neto podría lograrse sin un cambio en el tamaño del déficit o el superávit o en el tamaño total del presupuesto.
Formalmente existe la posibilidad de obtener cualquier efecto deseado sobre el gasto total a través de cualquiera de un gran número de combinaciones de fuentes y usos de los fondos gubernamentales. Cualquier diferencia en el efecto por dólar de dos fuentes o usos de fondos cualesquiera constituiría una palanca que podría utilizarse para afectar el gasto total. El hecho de que el número de esas palancas sea grande depende de si las diferencias en los efectos de las diversas fuentes y utilizaciones de fondos son significativas, si las diferencias se conocen con cierta certeza y si las diversas fuentes y utilizaciones de fondos pueden manipularse en la práctica para servir algún objetivo con respecto al gasto total.
Poco se sabe con certeza sobre las diferencias en los efectos de las diversas medidas fiscales sobre el gasto total. Hay un acuerdo bastante general en que un aumento de los gastos o una disminución de los impuestos tiene un mayor efecto expansivo, por dólar, que el efecto contractivo de un aumento del endeudamiento del gobierno, aunque incluso esto sería discutido con respecto a algunos tipos de endeudamiento del gobierno. Si esto es cierto, entonces cualquier combinación de acciones fiscales que incluya aumentos de gastos y disminuciones de impuestos, pero no disminuciones de gastos o aumentos de impuestos, tendrá un efecto expansivo. Pero si la combinación incluye acciones de impuestos y gastos que por separado tienen efectos de diferentes direcciones, la dirección del efecto neto sería incierta.
La teoría moderna abre la posibilidad de un gran número de combinaciones de acciones fiscales que podrían afectar el gasto total, algunas de las cuales, pero no todas, afectarían el superávit o el déficit. Ni siquiera conocemos la dirección del efecto de muchas de estas combinaciones, incluidas algunas que afectan al superávit o al déficit. Cuando existe una confianza considerable en la dirección del efecto, la magnitud del efecto es todavía incierta, en un grado que varía con la acción particular.
Fondo de Comercio en el Ámbito Económico-Empresarial
En el Contexto de: Fondos
Véase una definición de fondo de comercio en el diccionario y también más información relativa a fondo de comercio.
Fuentes y Usos de los Fondos de la Política Fiscal
El debate sobre la nueva política fiscal se concentró inicialmente en los efectos de las variaciones de los gastos del gobierno, los impuestos que se dan. Se hizo hincapié en los efectos estimulantes del "gasto deficitario", es decir, del gasto público no compensado por los ingresos fiscales. Se demostró que, en determinadas hipótesis, el aumento de la renta nacional resultante de un incremento del gasto deficitario sería un múltiplo del aumento del gasto deficitario. El aumento del gasto público hace que, inicialmente, los ingresos privados aumenten en igual medida. Los receptores de los ingresos privados adicionales se verán inducidos a gastar más, lo que generará más ingresos para otros, que a su vez gastarán más, y así sucesivamente en un proceso "multiplicador" cuyo límite depende de la proporción de sus ingresos adicionales que gaste la gente.
Pronto quedó claro que se podían esperar efectos similares de las variaciones de los impuestos, dados los gastos. Una reducción de los impuestos aumentaría, y un aumento de los impuestos reduciría, el gasto privado, lo que afectaría a los ingresos privados y, por tanto, al gasto privado, y así sucesivamente en el proceso multiplicador.
Si un aumento de los gastos del gobierno aumentara la renta nacional en algún múltiplo del aumento, y un aumento de los impuestos redujera la renta nacional en algún múltiplo del aumento de los impuestos, un aumento igual de los gastos y de los impuestos afectaría a la renta nacional en una u otra dirección si los multiplicadores de los gastos y de los impuestos fueran desiguales. No hay ninguna razón a priori para pensar que los multiplicadores son iguales. En los decenios de 1940 y 1950 se debatió mucho sobre las consecuencias de los cambios iguales de los gastos y los ingresos. La mayor parte giraba en torno al "teorema del multiplicador del presupuesto equilibrado", que mostraba que, en ciertos supuestos, el multiplicador de un aumento igual de los gastos y los ingresos será 1; es decir, el aumento total de los gastos a partir de un aumento igual de los gastos y los impuestos del gobierno será igual al aumento de los gastos del gobierno.
El teorema del multiplicador del presupuesto equilibrado demostró que el déficit o el superávit presupuestario no podía considerarse lógicamente como la única fuente y medida de los efectos del presupuesto en el gasto total, y abrió el camino a una visión más general de las posibilidades de la política fiscal.
Se puede concebir que el gobierno obtiene fondos de diversas fuentes y los utiliza de diversas maneras. El total de fuentes y el total de usos son iguales, si se considera que el endeudamiento y el uso de los saldos existentes son fuentes de fondos. Cada una de las fuentes y usos de los fondos tiene algún efecto en el gasto nacional total, pero los efectos de las diferentes fuentes y usos no tienen por qué ser iguales por cada dólar. Si cada dólar utilizado tiene un efecto positivo igual en el gasto total, y si cada dólar obtenido, incluidos los dólares prestados, tiene un efecto negativo igual, entonces la política fiscal no puede tener un efecto neto.
La nueva política fiscal dijo primero que el efecto de tomar fondos prestados para financiar un déficit era menor por dólar que el efecto de obtener fondos de los impuestos y también menor, y de signo contrario, que el efecto de gastar los fondos. Por lo tanto, un aumento igual de los gastos y préstamos del gobierno, o una disminución igual de los impuestos y un aumento de los préstamos, tendría un efecto en el gasto total.
El debate sobre el multiplicador del presupuesto equilibrado dijo que el efecto de obtener fondos mediante impuestos era diferente, por dólar, y de signo contrario al efecto de gastar los fondos. Por lo tanto, un aumento igual de los impuestos y los gastos del gobierno tendría un efecto neto en los gastos totales, un efecto expansivo si el multiplicador de los gastos era mayor que el multiplicador de los impuestos.
Una vez que hemos llegado a este punto, es un siguiente paso lógico decir que los diferentes gastos gubernamentales y los diferentes impuestos tienen diferentes efectos por dólar. En este caso, un cambio de un tipo de gasto gubernamental a otro, o de un tipo de impuesto a otro, tendría un efecto neto sobre el gasto total. Este efecto neto podría lograrse sin un cambio en el tamaño del déficit o el superávit o en el tamaño total del presupuesto.
Formalmente existe la posibilidad de obtener cualquier efecto deseado sobre el gasto total a través de cualquiera de un gran número de combinaciones de fuentes y usos de los fondos gubernamentales. Cualquier diferencia en el efecto por dólar de dos fuentes o usos de fondos cualesquiera constituiría una palanca que podría utilizarse para afectar el gasto total. El hecho de que el número de esas palancas sea grande depende de si las diferencias en los efectos de las diversas fuentes y utilizaciones de fondos son significativas, si las diferencias se conocen con cierta certeza y si las diversas fuentes y utilizaciones de fondos pueden manipularse en la práctica para servir algún objetivo con respecto al gasto total.
Poco se sabe con certeza sobre las diferencias en los efectos de las diversas medidas fiscales sobre el gasto total. Hay un acuerdo bastante general en que un aumento de los gastos o una disminución de los impuestos tiene un mayor efecto expansivo, por dólar, que el efecto contractivo de un aumento del endeudamiento del gobierno, aunque incluso esto sería discutido con respecto a algunos tipos de endeudamiento del gobierno. Si esto es cierto, entonces cualquier combinación de acciones fiscales que incluya aumentos de gastos y disminuciones de impuestos, pero no disminuciones de gastos o aumentos de impuestos, tendrá un efecto expansivo. Pero si la combinación incluye acciones de impuestos y gastos que por separado tienen efectos de diferentes direcciones, la dirección del efecto neto sería incierta.
La teoría moderna abre la posibilidad de un gran número de combinaciones de acciones fiscales que podrían afectar el gasto total, algunas de las cuales, pero no todas, afectarían el superávit o el déficit. Ni siquiera conocemos la dirección del efecto de muchas de estas combinaciones, incluidas algunas que afectan al superávit o al déficit. Cuando existe una confianza considerable en la dirección del efecto, la magnitud del efecto es todavía incierta, en un grado que varía con la acción particular.
Características de Fondo de comercio
Intercambios Económicos y Comerciales
Este recurso incluye política comercial, política arancelaria, intercambios económicos, comercio internacional, consumo, comercialización y distribución.
Empresa y Competencia
Este recurso incluye las siguientes materias: organización de la empresa, tipos de empresa, forma jurídica de la sociedad, gestión administrativa, gestión contable, y competencia.
Recursos
Notas y Referencias
- Información sobre Fondo de comercio en la Enciclopedia Online Encarta
- Basado en una definición de fondo de comercio adaptada y de amplia circulación
Traducción de Fondo de comercio
Inglés: Goodwill
Francés: Fonds de commerce
Alemán: Geschäfts- oder Firmenwert
Italiano: Azienda commerciale
Portugués: Fundo de comércio
Polaco: Wartość firmy
Tesauro de Fondo de comercio
Intercambios Económicos y Comerciales > Distribución > Distribución comercial > Fondo de comercio
Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Derecho mercantil > Fondo de comercio
Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión > Capital intelectual > Fondo de comercio
Empresa y Competencia > Organización de la empresa > Política de la empresa > Implantación de actividad > Fondo de comercio
Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial > Fondo de comercio
Véase También
- Derecho mercantil
- Arbitraje comercial
- Derecho cambiario
- Contrato comercial
- Implantación de actividad
Propiedad comercial.
Ayudas Estatales
Unión Europea
Bibliografía
- Información acerca de «Fondo de Comercio» en el Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado Quintillan y otros, Ediciones Pirámide, Madrid, España
- CALVO SALINERO (2004): “La deducción por actividad exportadora como ayuda de Estado contraria al Tratado CE”, Estrategia Financiera, núm. 210.
- COMISIÓN EUROPEA (2010): Aplicación de la Normativa sobre Ayudas Estatales por los Órganos Jurisdiccionales Nacionales, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
- COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA (2008): Vademécum. Legislación Comunitaria en Materia de Ayudas Estatales, Comunidades Europeas.
- EUROPEAN COMMISSION (2010): EU Competition Law. Rules Applicable to State Aid, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
- MANZANO SILVA (2009): “Ayudas de Estado de Carácter Fiscal: Régimen Jurídico”, Cuadernos de Aranzadi Jurisprudencia Tributaria, núm. 55.
- MARTÍNEZ LOZANO (2010): “Los procedimientos de recuperación de las ayudas de Estado. Los problemas que plantea la ejecución de la decisión de la Comisión relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero”, Cuadernos de Formación, vol. 11/2010.
- KURCZ y VALLINDAS (2008), “Can General Measures be… selective? Some Thoughts on the Interpretation of a State Aid Definition”, Common Market Law Review vol. 45, pp. 159-182.
- LÓPEZ LÓPEZ (2010), “El régimen jurídico de las ayudas de Estado y su incidencia en el sistema tributario español: la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones en entidades extranjeras”, Quincena Fiscal n. 15/2010.
- MARTÍN JIMÉNEZ, A., 2001), “El concepto de ayuda de Estado y las normas tributarias: problemas de delimitación del ámbito de aplicación del art. 87.1 TCE”, Noticias Unión Europea n° 196/2001.
- ROSSI-MACCANICO, P. “The Specificity Criterion in Fiscal Aid Review: Proposals for State Aid Control of Direct Business Tax Measures”, EC Tax Review 2007/2, p. 90.
- ROSSI-MACCANICO, P. “Fiscal State Aid Goes Global”, EC Tax Review 2007/3, p. 133.
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