La visita de Vladimir Putin a Ulan Bator, Mongolia, los días 2 y 3 de septiembre de 2024, fue retransmitida por los medios de comunicación de todo el mundo, no para cubrir la celebración del 85ᵉ aniversario de la victoria soviético-mongola sobre Japón, ni para examinar los avances del proyecto de gasoducto en la región, sino porque, por primera vez desde su inculpación por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023, el presidente ruso pisaba el suelo de un Estado Parte en la Corte Penal. Por tanto, las autoridades mongolas estaban, en teoría, obligadas a detenerlo y extraditarlo a La Haya en virtud de su obligación de cooperar establecida en el artículo 87.7 del Estatuto de Roma. Pero el acusado, que fue recibido a bombo y platillo, pudo saborear a sus anchas la bofetada que infligió a la justicia internacional.