Responsabilidad de los Servidores Publicos
Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Para María de los Ángeles Gual, en su “Guía legal sobre los Derechos y Deberes del Funcionario” (Ediciones Catálogo, Barcelona) se puede definir al funcionario público (término con más aceptación en España que en México, por ejemplo) como “toda persona incorporada a la Administración Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulados por el Derecho Administrativo.”
A diferencia de Chile, Argentina, Brasil y Perú, países en los que, en el ámbito constitucional las disposiciones relativas a las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran dispersas, únicamente México contiene un capítulo que regula en la materia los siguientes rubros: sujetos, procedimiento y sanciones.
En los demás casos las disposiciones que norman el tema se localizan en los capítulos relativos a las funciones de las Cámaras que conforman al Poder Legislativo de cada uno de los países, así como disposiciones relativas a los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos son los siguientes:
- Responsabilidad Política
- Responsabilidad Civil
- Responsabilidad Penal
- Responsabilidad Administrativa
A continuación se presentan las causales de acusación por las cuales los servidores públicos pueden ser sujetos de dichas responsabilidades en algunas jurisdicciones, y las figuras (juicio público, político o acusación) que se manejan para cada una de ellas en los países que se comparan, observándose el tipo de ilícitos o actos que implican una responsabilidad para el servidor público, ya sea por comisión u omisión.
Causales de Acusación por Responsabilidad Política
México
En México, se puede producir un juicio político por las siguientes causales de responsabilidad política:
- Para todos los servidores con excepción del Presidente de la República, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
- Para Gobernadores de los Estados, diputados, magistrados miembros de los Consejos de las Judicaturas todos locales:por violaciones graves a la Constitución y leyes federales, o por manejo indebido de fondos y recursos federales.
Argentina
En Argentina se puede producir un Juicio Público por mal desempeño, por parte de los servidores públicos, de sus funciones.
Brasil
En el caso del Presidente de la República de Brasil, son reprobables polídicamente, y causan responsabilidad por los mismos, los actos que atenten contra la Constitución Federal, y especialmente contra:
- La existencia de la Unión.
- Libre ejercicio de los Poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de los poderes constitucionales de las unidades de la Federació.
- El ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales.
- La seguridad interna del país.
- La probidad de la administración.
- La ley reglamentaria.
- El cumplimiento de las leyes y las decisiones judiciales.
En el caso de otros funcionarios, causan responsabilidad política los relativos a los delitos de responsabilidad.
Chile
En Chile, el caso del Presidente de la República, se trata de: -Actos de administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad a la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes Ministros de Estado: -Comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringir la Constitución o las leyes y dejarlas sin ejecución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). -Delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
En el caso de los Magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, se trata del abandono de sus deberes.
Respecto a los Generales o Almirantes de las instituciones de las Fuerzas de la Defensa Nacional, las causales de acusación se basan en comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Finalmente, en el caso de Intendentes y Gobernadores, se trata de la infracción de la Constitución.
Estados Unidos
La figura del Impeachment se utiliza en Estados Unidos en las siguientes causales:
- Traición
- Cohecho
- Delitos y faltas graves.
Peru
En Peru se utiliza la figura de la Acusación, no del juicio político. Las causales de acusación por responsabilidad política, en general, son por infracciones a la Constitución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En el caso del Presidente de la República, por:
- Traición a la patria.
- Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.
- Disolver el Congreso (salvo en los casos previstos por la Constitución).
- Impedir la reunión o funcionamiento del Congreso.
- Impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y de otros organismos del sistema electoral
Causales de Acusación por Responsabilidad Penal
Nota: para el caso de España, véase la entrada sobre prevaricación administrativa en la enciclopedia jurídica.
México
En México, se puede producir la llamada Declaración de Procedencia (véase más aquí), por parte del Presidente de la República, en el caso de los causales de traición a la patria y delitos graves del orden común.
Argentina
En Argentina se puede producir un Juicio Público por delitos en el ejercicio, por parte de los servidores públicos, de sus funciones, y por crímenes comunes.
Brasil
En el caso del Presidente de la República de Brasil, las causales por responsabilidad penal son los actos que atenten contra la Constitución Federal, y especialmente contra:
- La existencia de la Unión.
- El libre ejercicio de los Poderes Legislativo y Judicial, del Ministerio Público y de los poderes constitucionales de las unidades de la Federación.
- El ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales.
- La seguridad interna del país.
- La Probidad de la administración.
- La ley reglamentaria.
- El cumplimiento de las leyes y las decisiones judiciales.
En el caso de otros funcionarios, se trata de delitos de responsabilidad.
Chile
En Chile, el caso de los Ministros de Estado, las causales son los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.Entre las Líneas En el caso de Intendentes y Gobernadores, se trata de los delitos de traición, malversación de fondos públicos y concusión.
Estados Unidos
En este país, las causales son también:
- Traición
- Cohecho
- Delitos y faltas graves.
Peru
En Peru, las causales son por:
- Enriquecimiento ilícito.
- Delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
- Delito flagrante.
- Delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
Causales de Acusación por Responsabilidad Administrativa
En México, las causales del orden administrtivo versan sobre los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Otras Causales de Acusación por Responsabilidad
México contempla causales de carácter general: Actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.
Perú contempla el voto de censura a los Ministros:
- Individualmente: Por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.
- Solidariamente: Por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las Leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo.
Régimen de los Diputados y Senadores
Estos son inviolables por:
- Las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones en México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.
- Los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en Brasil, Chile y Perú.
- En Brasil también son inviolables, tanto civil como penalmente.
Los diputados no pueden ser arrestados, solo en caso de flagrante delito en: Argentina, Brasil, Chile y Perú.Entre las Líneas En el caso de Chile, si algún legislador es arrestado por delito fragrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada.
Los miembros del Senado deberán prestar juramento o protesta cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en materia de responsabilidad de servidores públicos, en Argentina, y Estados Unidos de América.
Sujetos sometidos a Responsabilidad
Los servidores públicos que pueden ser sujetos de responsabilidad varían de un país a otro. Como ejemplo, se detallan los de algunos países:
En México son sujetos sometidos a responsabilidad los siguientes:
- Representantes de elección popular;
- Miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal,
- Funcionarios y empleados,
- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal,
- Servidores del Instituto Federal Electoral Presidente de la República Gobernadores de los Estados Diputados de las Legislaturas locales
- Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales
- Miembros de los Consejos de las Judicaturas locales
En el caso de Argentina:
- Presidente de la Nación,
- Vicepresidente,
- Jefe de gabinete de Ministros,
- Ministros,
- Miembros de la Corte Suprema,
- Diputados,
- Senadores.
En Brasil son sujetos sometidos a responsabilidad los siguientes:
- Presidente de la República,
- Vicepresidente de la República,
- Ministros de Estado,
- Comandantes de Marina, Ejército y Aeronáutica,
- Ministros del Supremo Tribunal Federal,
- Miembros del Consejo Nacional de Justicia,
- Miembros del Consejo Nacional del Ministerio Público,
- Procurador General de la República,
- Abogado General de la Unión,
Respecto a Chile:
- Presidente de la República,
- Ministros de Estado,
- Magistrados de los Tribunales superiores de Justicia,
- Contralor General de la República,
- Generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional,
- Intendentes,
- Gobernadores.
En Estados Unidos son sujetos sometidos a responsabilidad los siguientes:
- Presidente de los Estados Unidos,
- Vicepresidente del país,
- Todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos.
En el caso de Perú:
- Presidente de la República,
- Representantes del Congreso,
- Ministros de Estado,
- Miembros del Tribunal Constitucional,
- Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,
- Vocales de la Corte Suprema,
- Fiscales Supremos,
- Defensor del Pueblo,
- Contralor General.
Sanciones a los Servidores Públicos
Las sanciones, en el caso de México, son las siguientes:
- Destitución del servidor público.
- Inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Las sanciones, en el caso de Argentina, son las siguientes:
- Destitución del acusado.
- Declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación
Las sanciones, en el caso de Brasil, son las siguientes:
- Pérdida del cargo.
- Inhabilitación por ocho años, para el ejercicio de la función pública.
- Suspensión de inmunidades.
- Suspensión de funciones
Las sanciones, en el caso de Chile, son las siguientes:
- Destitución del cargo.
- Inhabilitación para desempeñar funciones públicas por el término de cinco años.
Las sanciones, en el caso de Estados Unidos, son las siguientes:
- Separación de de sus puestos.
- Destitución del cargo.
- Inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado
Las sanciones, en el caso de Perú, son las siguientes:
- Suspensión del acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) Inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.
- Destitución de su función.
- En el caso de los Ministros: renuncia.
Nota: información basada, parcialmente, en un trabajo de Claudia Gamboa y Sandra Valdés Robledo para la Cámara de Diputados de México.
Responsabilidad de los Servidores Públicos en el Derecho Constitucional Comparado del Continente Americano
Estudio comparativo sobre esta cuestión constitucional en los países que más abajo se cubren:
BOLIVIA
Artículo 45.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determine la ley.
BRASIL
Art.14 – A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
– plebiscito;
– referendo;
– iniciativa popular.
§ 1º – O alistamento eleitoral e o voto são:
– obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
– facultativos para:
os analfabetos;
os maiores de setenta anos;
os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º – Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º – São condições de elegibilidade, na forma da lei:
– a nacionalidade brasileira;
– o pleno exercício dos direitos políticos;
– o alistamento eleitoral;
– o domicilio eleitoral na circunscrição;
– a filiação partidária;
– a idade mínima de:
trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
dezoito anos para Vereador.
§ 4º – São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º – O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente. * (Redação pela Emenda Constitucional 16/97 – D.O.U. 05.06.97)
§ 6º – Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º – São inelegíveis, no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição.
§ 8º – O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
– se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade.
– se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9º – Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. * (Redação pela Emenda Constitucional de Revisão 04/94 – D.O.U. 09.06.94).
§ 10. – O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. – A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
CHILE
Artículo 38.-… Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.
COLOMBIA
Artículo 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
Artículo 124.- La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.
Artículo 130.- Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los funcionarios públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.
Artículo 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar a sus ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual correspoderá exclusivemente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la resposabilidad consiguiente.
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.
COSTA RICA
Artículo 194.- El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución es el siguiente:
“-¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro-.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.
CUBA
Artículo 10.- Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los limites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.
ECUADOR
Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones.
El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia.
Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado.
Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad.
Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro.
Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito.
Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.
EL SALVADOR
Artículo 235.- Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.
Artículo 245.- Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución.
GUATEMALA
Artículo 155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años.
La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.
Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles
HONDURAS
Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.
Artículo 324.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y penal contra el infractor.
MÉXICO
Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo se reputaran como servidores publicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder judicial federal y del poder judicial del Distrito Federal, los funciónarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comision de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, asi como a los servidores del instituto federal electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciónes.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) por traición a la patria y delitos graves del orden comun.
Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciónes a esta constitución y a las leyes federales, asi como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las constituciones de los estados de la República precisaran, en los mismos terminos del primer párrafo de este Artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el caracter de servidores publicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comision en los estados y en los municipios.
Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expediran las leyes de responsabilidades de los servidores publicos y las demas normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este caracter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciónes:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 110 a los servidores publicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciónes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los terminos de la legislación penal; y
III. Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollaran autonomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilicito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por si o por interposita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionaran con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, ademas de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Camara de Diputadosdel Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente Artículo.
Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, los consejeros de la judicatura federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero comun del Distrito Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del instituto federal electoral, los magistrados del tribunal electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos.
Los gobernadores de los Estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, solo podrán ser sujetos de juicio político en los terminos de este titulo por violaciónes graves a esta constitución y a las leyes federales que de ella emanen, asi como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso, la resolución será unicamente declarativa y se comunicara a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciónes, procedan como corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Camara de Diputados procedera a la acusación respectiva ante la Camara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del numero de los miembros presentes en sesión de aquella camara, despues de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Camara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicara la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciónes y resoluciones de las Camaras de Diputados y Senadores son inatacables.
Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinaran sus obligaciónes a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciónes, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, asi como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, ademas de las que señalen las leyes, consistiran en suspensión, destitución e inhabilitación, asi como en sanciones economicas, y deberan establecerse de acuerdo con los beneficios economicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la Fracción III de Artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
Artículo 114.- El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año despues. Las sanciones correspondientes se aplicaran en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 111.
La ley señalara los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la Fracción III de Artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Articulo 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestara la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
NICARAGUA
Artículo 130.- Disposiciones generales sobre el régimen económico y financiero.
Artículo 131.- Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectametne, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.
El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión.
Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civilesa no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera adminstrativa serán regulados por la ley.
PANAMÁ
Artículo 18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.
Artículo 33.- Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de lo precisos términos de la Ley:
Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas….
Artículo 299.- El Presidente y Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los Directores Generales, Gerentes o jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación.
El Notario realizará esta diligencia sin costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) alguno.
Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de Ley.
PARAGUAY
Artículo 104.- DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo.
Artículo 106.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO
Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad.Entre las Líneas En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto.
PERÚ
Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante se ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo (véase más en esta plataforma general) de su inhabilitación para su la función pública.
El plazo (véase más en esta plataforma general) de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
REPÚBLICA DOMINICANA
Artículo 102.- Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.
Artículo 106. -La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier funcionario u oficial público.
UNITED STATES OF AMERICA
Article. VI.
Clause 3 Ley Suprema.
URUGUAY
Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.
Artículo 25.-Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.
Artículo 64.- La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos.
Artículo 65.-La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias.
En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de los servicios.
Artículo 66.-Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.
VENEZUELA
Artículo 139.- El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.
Artículo 140.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.
Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Responsabilidad de los Servidores Públicos
Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de responsabilidad de los servidores públicos, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.
También de interés para Responsabilidad de los Servidores Publicos:Derecho Administrativo y Responsabilidad de los Servidores Publicos
Incluye: Derecho Administrativo, incluido Responsabilidad de los Servidores Publicos:Recursos
Véase También
- Función Publica
- Derecho Administrativo
- Barragán Barragán, José, Algunos documentos para el estudio del origen del juicio de amparo, 1812-1861, México, UNAM, 1980
- Cárdenas, Raúl F., La responsabilidad de los funcionarios públicos, México, Porrúa, 1980
- Fix-Zamudio, Héctor, “Las garantías constitucionales en el derecho mexicano”, Anuario Jurídico, México, UNAM, III-IV, 1976-1977
- Gual, Ma. De los Ángeles, Guía legal sobre los Derechos y Deberes del Funcionario, Ediciones Catálogo, Barcelona.
- Guerrero, Onar, El Funcionario, el Diplomático y el Juez, Universidad de Guanajuato, INAP y otros, Plaza y Valdés Editores, Primera Edición, México, 1998.
- Soberanes Fernández, José Luis, “El régimen de responsabilidades de servidores públicos del nuevo título cuarto de la Constitución”, en Reformas legislativas 1982-1983, México, UNAM, 1983
- Varios, La responsabilidad de los funcionarios públicos en la legislación mexicana (número especial de la Revista Mexicana de Justicia), México, Procuraduría General de la República, 1980.
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Véase También
Bibliografía
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