Al igual que con el aparato administrativo, el NSDAP no tenía un concepto claro del sistema jurídico que quería. El punto 19 del programa de 25 puntos pedía un “derecho común alemán” indefinido como “sustituto del derecho romano al servicio de la visión materialista del mundo”. El NSDAP entendía esto sobre todo como la subordinación de los derechos civiles individuales al supuesto interés general de la “comunidad nacional”: la ley es lo que beneficia al pueblo. Conceptos vagamente definidos como la raza, la herencia, el honor, la lealtad, el servicio militar, la mano de obra, la crianza y el orden se propagaron como los más altos intereses legales. De acuerdo con estas ideas, algunas de las primeras medidas del régimen nazi ya violaban principios fundamentales del Estado de Derecho como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes y el nulla poena sine lege: como el “Decreto sobre el incendio del Reichstag”, la “Ley de traición” y la “Ley sobre la imposición y ejecución de la pena de muerte” (Lex van der Lubbe). La Ley de Admisión al Colegio de Abogados de 7 de abril de 1933 pretendía eliminar a los abogados judíos, pero debido a la exención exigida por el presidente del Reich, Hindenburg (“Frontkämpferprivileg”), una gran parte de los abogados judíos, no prevista por los antisemitas, pudo seguir ejerciendo su profesión hasta 1938.