Política de Migración

Para ofrecer a los inmigrantes una mayor posibilidad de integración afectiva con un sentido de pertenencia, reconocimiento, igualdad, optimismo y lealtad en su país de residencia, o hacia él, los inmigrantes temporales deben tener derecho a la ciudadanía como residentes no ciudadanos y a los derechos políticos asociados a ella. Garantizar que los inmigrantes están en el camino de la residencia permanente también garantiza que están en el camino de la inclusión política y la representación política. Esto es así porque, en Australia, el derecho de voto va unido a la ciudadanía. Los políticos también se verán incentivados a responder mejor a los intereses y experiencias de los nuevos inmigrantes que, con el tiempo, podrán votar. De lo contrario, la ciudadanía seguirá siendo una identidad y una práctica a través de la cual se construyen los privilegios políticos y la marginación. La ciudadanía no implica necesariamente la pertenencia formal a un Estado nación, sino una posición de inclusión en una comunidad política. La ciudadanía es el resultado de procesos por los que determinados grupos se constituyen como capaces de ser políticos, en el sentido de estar dotados de la capacidad de ser gobernados por otros ciudadanos y de gobernarles, y de diferenciarse de los extraños y de los marginados. Hay quienes sostienen que, aunque la concesión de derechos a los inmigrantes temporales no siempre sea políticamente viable a nivel nacional, es necesaria una vía inclusiva que proporcione a los inmigrantes temporales la libertad de desplazarse, de elegir su Empleador, de ser contratados con arreglo a las mismas leyes y reglamentos laborales que los ciudadanos, y de contar con un nivel básico de asistencia social que incluya a los discapacitados. La provisión de estas protecciones institucionales adicionales permitirá a los migrantes temporales tener un sentido de agencia y pertenencia en sus comunidades, y una oportunidad de construir un futuro en el que los migrantes temporales puedan participar desde una posición de inclusión en una comunidad política.