Práctica de los Estados

La Convención de Viena, uno podría pensar, hace precisamente el trabajo de hacer que la idea de autobierno esté condicionada, regularizada, encajonada en las reglas y sus excepciones y organizada como una categoría social. Desde este punto de vista, uno puede simplemente preguntarse con qué coherencia lo hace. ¿Qué tan “libre” deja el consentimiento? ¿Qué restricciones pueden afectar a la misma?. Pero hay otro relato de la Convención que se ha estado tratando de esbozar aquí, que comienza en un lugar distinto. Más que suponer la preexistencia de una categoría fenomenológica de consentimiento del Estado y luego mirar cómo se organiza y controla, se ha tratado de pensar en él como una idea (o conjunto de ideas) producida o generada, al menos en parte, a través de los términos de la Convención de Viena. La hipótesis en este caso es que el consentimiento del Estado adquiere sentido solo en el punto en que se controla o regulariza, que aparece solo a través del acto de su aparente limitación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Desde este punto de vista, la Convención asume una apariencia muy distinta: opera como una forma de instarnos a creer en la realidad del ‘consentimiento’, incitándonos a organizar nuestras concepciones de la coerción de manera que no desplace la (aparente) realidad del libre albedrío soberano, fomentando la actuación a partir de un conjunto de formalidades ceremoniales cuyo propósito general es generar la idea de fe, obligación y creencia en el derecho. Seguir esta línea de pensamiento es pensar en el consentimiento no como el principio de nuestra investigación sino como el fin: como la producción ideológica de una maquinaria de formación de consentimiento con sus propias formas de capital, trabajo e intercambio.