Este texto se ocupa de la historia de las pensiones del sector público, desde la época romana. Las pensiones anuales, en el ejército británico del siglo XVII, no debían superar las diez libras para los “soldados rasos”, ni las veinte libras para un “teniente”. Estas pensiones eran nominalmente pagos por incapacidad, no pensiones de jubilación, aunque los gobiernos solían conceder estas últimas caso por caso, y en el siglo XVIII todas las demás grandes potencias de principios de la era moderna -Francia, Austria, España y Prusia- mantenían algún tipo de pensión militar para sus castas de oficiales. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Prusia y España contaban con planes formales de jubilación para su personal militar. El punto de referencia de estos planes era el sistema británico de “media paga”, en el que los oficiales retirados, incapacitados o desempleados recibían aproximadamente el cincuenta por ciento de su sueldo base. Esto era bastante lucrativo en comparación con las rentas vitalicias que recibían sus homólogos continentales. Las ciudades y los estados, en el siglo XX, que invertían en sus propios bonos municipales se enfrentaban a un riesgo moral inherente. En concreto, los empleados públicos podían verse obligados a contribuir con una parte de sus ingresos a sus fondos de pensiones. Si la ciudad compraba entonces deuda a la par de sí misma para el fondo de pensiones cuando esa deuda podría, por diversas razones, no circular a la par en el mercado abierto, entonces la ciudad podría verse tentada a acudir al fondo de pensiones en lugar de al mercado para obtener fondos. Este proceso tendería a aislar a la ciudad de la disciplina del mercado, lo que a su vez tendería a hacer que la ciudad invirtiera en exceso en actividades financiadas de esta manera. Así, los fondos de pensiones, en realidad los propios trabajadores, se verían esencialmente obligados a subvencionar otras operaciones de la ciudad. En la práctica, en el siglo XX, los principales beneficiarios habrían sido los contratistas cuyas actividades fueron financiadas por los fondos de pensiones de los trabajadores. La cobertura de las pensiones en el sector privado durante las tres primeras décadas del siglo XX siguió siendo muy baja, tal vez entre el 10 y el 12% de la población activa. Incluso hoy en día, la cobertura de las pensiones es mucho mayor en el sector público que en el privado.
