Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Aquí se examina un aspecto importante dentro de la situación de la agricultura en la Comunidad Europea, luego Unión Europea. La PAC de 2013, que entró en vigor a partir de 2015, es muy diferente de la PAC original: Si bien no había sufrido modificaciones importantes hasta 1992, desde entonces se han sucedido una serie de reformas en 1999 (Agenda 2000), 2003 (Acuerdo de Luxemburgo), 2007 (chequeo) y 2013.
Respecto a los bancos de alimentos, la pandemia ha abierto los ojos de la sociedad civil a la situación de los pobres. El hecho de que la política gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) genere tales resultados es tanto más terrible cuanto que sabemos mucho más sobre los efectos nocivos de la pobreza, especialmente en los niños pequeños, de lo que se sabía hace un siglo. Está bien establecido que la pobreza en los primeros años de vida provoca una mala salud duradera y un bajo rendimiento en la educación, y que reduce gravemente las posibilidades de conseguir un empleo seguro y la movilidad hacia una vida más próspera. La conciencia de estas dificultades llevó a los gobiernos del Nuevo Laborismo a introducir el programa Sure Start, que las contrarrestaba con éxito hasta que fue efectivamente abolido a partir de 2010. El gobierno actual también parece ser consciente.
Francia sigue dominando el mercado mundial (o global) de productos de lujo (sus marcas y su calidad son defendidas enérgicamente por el Estado). Se ha caracterizado la estrategia de Francia tras la Revolución como “el camino no tomado”: Francia no emuló la revolución industrial del laissez-faire británica. Una de las principales razones fue el peligro político que entrañaba ese camino en un país revolucionario y posrevolucionario. En su lugar, el Estado francés se propuso fomentar, guiar y proteger determinadas industrias mediante aranceles, subvenciones, promociones oficiales y formación; y defender la calma social y política mediante el control y la mediación legal. Al igual que en el siglo XIX, su economía y su sistema político parecían frágiles, por lo que la modernización prosiguió, como en el pasado, bajo la dirección y la protección del Estado. Éste adquirió unos poderes económicos, fiscales y sociales sin precedentes, y creó un complejo sistema de derechos y privilegios en el que la mayoría de la población tenía intereses.