Este texto comienza afirmando que la regulación sectorial, definida como el control del poder de mercado, no debe utilizarse para perseguir fines distintos de la eficiencia económica. Aunque el medio ambiente o el urbanismo son preocupaciones legítimas, deben utilizarse otros instrumentos de política pública. A continuación, se hace eco de los cuestionamientos sobre el nivel adecuado de especialización de los reguladores económicos. Una competencia amplia limita el riesgo de captura de las industrias reguladas, reduce los costes y permite tener en cuenta los efectos cruzados de los mercados conectados. Sin embargo, tiene el coste de una menor comprensión sectorial y el riesgo de que el regulador asuma la responsabilidad del arbitraje en asuntos que van más allá de su ámbito. La irrupción de las nuevas tecnologías (incluidas las digitales) y la creciente internacionalización de numerosas actividades plantean dudas sobre la idoneidad del actual marco de regulación sectorial de Francia: ¿deberían fusionarse algunos reguladores distintos actuales en uno solo? ¿Hay que ampliar la regulación a un nivel más amplio, en particular a Europa? Además, la evolución del mercado sugiere que una forma particular de regulación puede estar justificada durante un periodo de transición (por ejemplo, un periodo de apertura a la competencia), antes de que la normativa clásica ex post tome el relevo. En materia de regulación, la desaparición o incluso la transformación de una autoridad es un signo de su éxito, si en realidad el sector es más eficaz, lo que no siempre ocurre, precisamente. A la inversa, la llegada de las tecnologías digitales suscita nuevos debates sobre la oportunidad de regular las actividades que generan.
