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Derecho Procesal Global

Competencia de los Tribunales Domésticos

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Edificios públicos, bibliotecas,

Las competencias de los tribunales para prescribir medidas y ejecutar decisiones también están delimitadas por el derecho internacional público. Aunque el Derecho de la Unión regula ampliamente la competencia judicial a efectos del Derecho internacional privado, por ejemplo, mediante el Reglamento Bruselas I, el Reglamento Bruselas II bis o el Reglamento sobre alimentos (Reg 44/2001, Reg 2201/ 2003 y Reg 4/2009; competencia judicial (PIL)), el Derecho de la Unión distingue estrictamente entre la competencia judicial según el Derecho internacional privado y el Derecho internacional público; se considera que los principios de Derecho internacional público sobre competencia judicial tienen prioridad sobre las normas jurisdiccionales del Derecho internacional privado. En cuanto a la competencia de los tribunales nacionales para prescribir, la opinión predominante entiende la inmunidad del Estado no como una restricción absoluta sino relativa.

Justicia Gratuita

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libros

La justicia gratuita engloba todo el apoyo público necesario para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas que carecen de recursos económicos suficientes (véase el considerando 5 de la Directiva 2003/8 sobre asistencia jurídica gratuita). El derecho a la asistencia jurídica gratuita como parte del derecho de acceso a un tribunal no es absoluto y puede estar sujeto a restricciones, siempre que éstas persigan un objetivo legítimo y sean proporcionadas. En particular, pueden imponerse ciertas condiciones a la concesión de la justicia gratuita en función de la situación financiera del litigante o de sus perspectivas de éxito en el proceso. Al tratarse de un derecho judicial y no social, las personas jurídicas no están excluidas per se de la asistencia jurídica. No obstante, el órgano jurisdiccional nacional puede denegar la justicia gratuita sobre la base de una evaluación que tenga en cuenta, “entre otras cosas, la forma de la persona jurídica en cuestión y su carácter lucrativo o no lucrativo; la capacidad financiera de los socios o accionistas; y la capacidad de dichos socios o accionistas para obtener las sumas necesarias para entablar acciones judiciales” (TJCE asunto C-279/09 – DEB apartados 59, 62).

Estudios Jurídicos

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Libros y derecho de autor

Una característica europea común de los estudios jurídicos fue la creciente especialización dentro de la disciplina a partir de mediados del siglo XX. La mayor importancia del derecho público hizo que los estudiosos trazaran por primera vez en serio áreas enteras del derecho. Incluso las áreas no centrales del derecho privado, como el derecho laboral, el derecho de sociedades, el derecho de seguros y el derecho concursal, se convirtieron en disciplinas en gran medida independientes. La diversificación de la materia reflejaba la creciente complejidad y división del trabajo en las sociedades modernas, así como el aumento del número de estudiantes y el correspondiente crecimiento de la educación jurídica. Además, reflejaba el reticente giro de los juristas hacia las ciencias sociales. Sin embargo, esto aún no ha llegado a la corriente principal del estudio en las asignaturas pertenecientes al plan de estudios básico; más bien se ha manifestado en la creación de nuevas asignaturas, como criminología, sociología del derecho o análisis económico del derecho. Esta reticencia distingue a Europa de los Estados Unidos, donde el estudio tradicional del derecho en letra negra ha sido sustituido gradualmente desde los años sesenta por enfoques interdisciplinarios como el derecho y la economía, el derecho y la literatura y los estudios jurídicos empíricos.

Notificación Internacional en Materia de Derecho Privado

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camino, naturaleza y ambiente

Se examina aquí especialmente la notificación en el espacio legal y judicial europeo. Hay dos formas diferentes de notificación que son esenciales. La notificación puede ser realizada de oficio por el tribunal o, alternativamente, puede producirse por iniciativa de las partes interesadas, que pueden, por ejemplo, encargarla a un agente judicial o a un notificador. Tanto los tribunales como las partes pueden utilizar diferentes instrumentos para garantizar la entrega de los documentos. En el caso de la entrega postal, por ejemplo, pueden utilizarse instrumentos como la carta certificada. En otras circunstancias, pueden designarse funcionarios especiales (como el hussier de justice). La notificación en el extranjero requiere métodos específicos, como la asistencia administrativa del país notificador o de su representante local (servicios consulares). La notificación o traslado en tiempo y forma de los documentos, especialmente de los que incoan un procedimiento (citación judicial), es un elemento esencial de los procedimientos judiciales fundados en el Estado de derecho. Por un lado, la notificación de la cédula garantiza que el demandado sea informado de los procedimientos que están pendientes contra él para que pueda defenderse, lo que constituye una característica especial del derecho del demandado a un proceso justo, véase el artículo 6 (1) del CEDH (juicio justo). Por otra parte, la notificación formal permite a la parte notificante probar que el destinatario tuvo conocimiento de la cédula.

Nulidad

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Religión y cultura

La cuestión de quién puede invocar la nulidad, cómo se invoca y cuáles son sus consecuencias puede recibir respuestas diferentes. El estudio jurídico europeo necesita identificar las razones que justifican tales desviaciones de los principios generales. Sólo entonces será posible preparar el terreno para una integración intelectual coherente de estas excepciones en futuros intentos de armonización jurídica. Si las partes de un contrato inválido ya han intercambiado sus prestaciones, el contrato puede deshacerse (desvinculación de contratos). La nulidad y el proceso de desvinculación son distintos. Sólo los actos jurídicos pueden ser nulos. La ejecución de un contrato no tiene por qué ser un acto jurídico. También puede ser un acto real que puede deshacerse pero que no puede ser nulo. Además, las cuestiones de la nulidad de un contrato y de su anulación suelen conceptualizarse de forma diferente. La nulidad es un grado de invalidez; no describe el proceso de deshacer el contrato. Que un contrato sea nulo es una cuestión de derecho contractual; un contrato nulo tiene que ser deshecho, y eso es una cuestión de derecho de restitución, o de enriquecimiento injustificado. En otros casos, la nulidad y el proceso de deshacer el contrato no están tan claramente separados y existen solapamientos conceptuales: la acción de nulidad española tiene por objeto anular un contrato, por ejemplo por error, y está dirigida al mismo tiempo a deshacer el contrato; en Inglaterra, si una parte desea rescindir y, por tanto, invalidar un contrato, tiene que hacer una restitutio in integrum, por lo que el término rescisión se utiliza a menudo también para incluir el proceso de deshacer el contrato.

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