Derecho de Pesca

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Derecho de Pesca: Instrumentos Jurídicos

Instrumentos globales

Tratados:

• Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, (Montego Bay, 10-12-1982).
• Convenio sobre diversidad biológica (Río de Janeiro, 5-6-1992).

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Declaraciones Internacionales:

• Resolución de la Asamblea General 44/225.
• Resolución de la Asamblea General 45/197.
• Resolución de la Asamblea General 46/215 de 20-12-1991.
• Resolución de la Asamblea General 55/8, de 2-5-2001.
• Código de Conducta para la Pesca Responsable, FAO, 31-10-1995.

Instrumentos regionales

Tratados de Ámbito Europeo:

• Tratado de Amsterdam
• Versión consolidada del Tratado de la Comunidad Europea, art. 174.
• Convenio de Berna sobre Conservación de la Vida Salvaje y los Hábitats Naturales europeos (Berna, 19-9-1979).

Reglamentos, Directivas y Decisiones de la Unión Europea:

-Decisión del Consejo 86/237/CEE, DOCE 162, de 18-6-1986.
-Reglamento del Consejo 3760/92, de 20-12-1992, DOCE L 389, de 31-12-1992, última modificación mediante el Acta de Adhesión de 1994.
-Reglamento del Consejo 2080/93 de 20-7-1993, DOCE L 193, 31-7-1993.
-Reglamento del Consejo 2847/93 de 12-10-1993, última modificación mediante Reglamento 2846/1998.
-Decisión 92/27 del Consejo sobre una medida específica para fomentar la reconversión de determinadas actividades de pesca, (DOCE L nº121, de 13-5-97).
-Decisión del Consejo 97/413, de 26-6-1997, sobre objetivos y reglas detalladas para reestructurar el sector pesquero comunitario para el periodo del 1-1-1997 al 31-12-2001, con una perspectiva de equilibrio sostenible entre los recursos y su explotación, DOCE L 175, de 3-7-1997.
-Reglamento 850/98 del Consejo para la conservación de los recursos pesqueros, (DOCE L nº125, de 27-4-1998).
-Reglamento 1239/98 del Consejo de 8-6-1998 (DOCE L nº 171, de 17-6), que modifica el Reglamento 894/97.
-Reglamento 2846/98 del Consejo, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, (DOCE L nº358, de 31-12-1998).
-Decisión 98/392/CE, DOCE L 179, de 23-6-1998, por la que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.
-Decisión 99/377/CE, DOCE L 132, de 27-5-1999, por la que se aprueba el Acuerdo sobre un programa internacional de conservación de los delfines.
-Decisión 99/386/CE, DOCE L 147, de 12-6-1999, por la que se dota de vigor provisional al programa internacional de conservación de los delfines.
-Reglamento 48/99 del Consejo por el que se establecen para 1999 los TACs de determinadas especies y grupos de poblaciones de peces y determinadas condiciones en que pueden pescarse, (DOCE L nº13, de 18-1-1999).
-Reglamento del Consejo 1626/94 de 27-6-1994, DOCE L 171, de 6-7-1994, por el que se establecen determinada medidas técnicas para la conservación de los recursos marinos en el Mediterráneo, y Reglamento 850/98 del Consejo para la conservación de los recursos pesqueros, (DOCE L nº127, de 27-4-1998), modificado por el Reglamento 812/2000, DOCE L 100, de 20-4-2000, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de juveniles de organismos marinos.
-Reglamento del Consejo 973/2001, de 14-5-2001, DOCE L 137 de 19-5-2001, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de algunos stocks de especies altamente migratorias.

Aproximación Europea

Los acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) sobre medio ambiente y las legislaciones internas para la protección de la diversidad biológica prohiben en la actualidad con claridad los métodos de pesca antiselectivos para los recursos vivos. Todos los acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) principales contienen este tipo de restricciones. (Véase: Convenio de Berna sobre Conservación de la Vida Salvaje y los Hábitats Naturales europeos (Berna, 19-9-1979), que incluye un anexo especial con un listado de métodos prohibidos para la captura; la Convención Africana sobre Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Algiers, 15-9-1968), en cuyo art. VII se prohibe determinados métodos antiselectivos de caza y pesca; la Convención ASEAN (o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como “ASEAN” en derecho internacional, en inglés) sobre Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (Kuala Lumpur, 9-7-1985), art. 4 (2); así como la Convención sobre Protección de la Naturaleza y Preservación de la Vida Salvaje en el Hemisferio Occidental (Washington, 12-10-1940)). El Consejo de Europa informó al Secretario General de las Naciones Unidas el 23-5-1995 de que, en atención a la prohibición de las redes de deriva por las Naciones Unidas y dada su relación con el uso sostenible y la conservación de los recursos marinos vivos, dicha prohibición sería particularmente tomada en consideración dentro de las actividades que buscan la implementación del Convenio de Berna sobre Conservación de la Vida Salvaje y los Hábitats Naturales Europeos.

A nivel global, la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5-6-1992) reconoce la diversidad biológica como una responsabilidad común de la humanidad e impone a los Estados firmantes la obligación de usar los recursos biológicos de una manera sostenible, definida como el uso de los componentes de la diversidad biológica de forma y en una ratio tales que ello no suponga o derive a largo plazo (véase más en esta plataforma general) en una pérdida de la diversidad biológica; manteniendo para ello su potencial sostenimiento de las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras (art. 2). El art. 8 contiene una llamada al principio de conservación “in situ” sobre los Estados miembros de forma que adopten una serie de medidas, incluyendo el establecimiento de áreas protegidas.

De forma más específica, las medidas internacionales adoptadas desde 1989 se han movido constantemente hacia una prohibición global sobre la pesca con redes de deriva. Mientras muchos de los textos adoptados lo son en la forma de resoluciones que no recogen una prohibición expresa, sus contenidos y el consenso suscitado a su alrededor expresan la “opinio iuris” de la comunidad internacional concluyendo que un uso incontrolado de los métodos de pesca no selectivos es contrario a los principios generales del Derecho Internacional del Medio Ambiente. Este grado de consenso se refleja asimismo en la creciente práctica de los Estados de prohibir el uso de las redes de deriva por buques con pabellón y dentro de las zonas marítimas bajo jurisdicción de aquéllos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una serie de resoluciones sobre pesca con redes de deriva, incluyendo en las mismas llamamientos a la minimización del desperdicio de unidades, sus descartes, las capturas por redes perdidas o abandonadas, las capturas de especies no objetivo y sobre los impactos en especies asociadas o dependientes. La Asamblea General realizó un llamamiento específico para una prohibición global de la pesca con redes de deriva desde el 31-12-1992 (Res. 46/215, de 20-12-1991); instando asimismo a la adopción de medidas individuales y colectivas para prevenir las operaciones pesqueras con redes de deriva en alta mar. La Resolución 46/215 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como otras Resoluciones subsiguientes, entre otras, hicieron un llamamiento a los miembros de la comunidad internacional para asegurar que la moratoria global sobre todas las operaciones de gran escala con red de deriva fuera implementada completamente en el alta mar de los mares y océanos del mundo, incluyendo los mares interiores y semi-interiores a 31-12-1992. Consecuentemente, los miembros de la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales de integración y las organizaciones no gubernamentales apropiadas fueron objeto de consulta mediante Resolución de la Asamblea General 52/29 de 26-11-1997, para remitir información al Secretario General acerca del cumplimiento de la Resolución de la Asamblea General 46/215.

El rechazo a la autorización de las redes de deriva puede observarse en el descenso en su uso y en el incremento de las medidas adoptadas contra aquellos buques que han continuado con su uso. El informe de 1998 de la FAO, en relación con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 52/29 titulado “Pesca de gran escala con redes pelágicas de deriva; Pesca no autorizada en zonas de jurisdicción nacional y en el alta mar; capturas acompañantes y descartes; y otros avances”, declaró que la prohibición global mostraba una eficacia en constante aumento.Entre las Líneas En tanto despertó la preocupación de la FAO, en 1998 era el mar mediterráneo (véase su concepto, y asimismo las características de este mar) la única región del mundo donde la pesca de gran escala con red pelágica de deriva continuaba todavía desarrollándose (por ejemplo, con redes de longitud superior a 2,5 km). Los buques que usaban esta técnica en el Mediterráneo, cuyo objetivo era el pez espada, fueron identificados básicamente bajo pabellones italianos y franceses. Al comienzo de 1995, la FAO informó al Secretario General de las Naciones Unidas de un descenso en la incidencia de la pesca con redes de deriva, que podría ser atribuido principalmente a la exitosa implementación de la moratoria de Naciones Unidas, junto al aumento del control sobre los buques por los Estados. [rtbs name=”mundo”]

En este punto, el Mediterráneo y el Golfo de Bizkaia fueron identificados como áreas donde se operaba con redes de deriva de gran longitud, en violación de la prohibición de las Naciones Unidas y del Reglamento del Consejo de la Comunidad Europea 345/92, que limitaba la longitud de las redes de deriva a un máximo de 2,5 Km por buque. Greenpeace Internacional informó igualmente de que la de la Comunidad Europea era la flota pesquera que contaba con la más importante flota de redes de deriva a gran escala del mundo, continuando en violación de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46/215 y sus decisiones subsiguientes con relación a la pesca con redes de deriva. Más recientemente, en su Resolución 55/8 de 2-5-2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas 52/29 subrayó la existencia de un marcado descenso en las actividades de pesca a gran escala con redes pelágicas de deriva en la mayoría de las regiones del mundo, pero que el fenómeno continúa constituyendo una amenaza para los recursos marinos vivos en determinadas zonas. Esta Resolución reafirmó la importancia de la prohibición de la pesca con redes de deriva y la pesca no autorizada en zonas bajo jurisdicción nacional, respecto de la captura de especies acompañantes y los descartes, así como de otras prácticas insostenibles.

La utilidad y la autorización o no de redes de deriva de menor escala también ha sido cuestionada. Greenpeace Internacional declaró en 1994 que resulta del conocimiento común que las redes de deriva de menor longitud a 2,5 km no son viables económicamente ni en la pesquería del pez espada en el Mediterráneo, ni en la pesca del atún blanco en el Atlántico Noreste. Por ello, en opinión de Greenpeace, la pesca ilegal a gran escala mediante redes de deriva está destinada a continuar operando en el Noreste Atlántico, si la pesca a gran escala con red de deriva no queda absolutamente prohibida mediante una acción ejecutiva efectiva. Más aún, debido a la incompatibilidad entre las redes de deriva y otras técnicas más selectivas en las mismas zonas de pesca, se esperan diversos conflictos entre las flotas (respuesta de Greenpeace Internacional, 30-6-1995, en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: conservación y uso sostenible de los recursos marinos vivos en el alta mar, A/50/553, de 12-10-1995). La Comisión Europea, de forma similar, comunicó al Consejo el 8-4-1994 que la autorización de redes de longitud superior a 2,5 km debía ser seriamente cuestionada.Entre las Líneas En primer lugar, se trata de un factor central de fraude de ley.Entre las Líneas En segundo término, es un camino a través del cual podría expandirse el uso de las redes de deriva (Informe del Secretario General, párrafo 28).

El Código de Conducta para una Pesca Responsable de la FAO, adoptado en la vigésimo octava sesión de la Conferencia de la FAO el 31-10-1995, establece una política sobre selectividad de los artes de pesca. La Comunidad Europea es parte de este Código desde el 10-8-1996. De acuerdo con el mismo, las partes deben requerir que las artes, métodos y prácticas de pesca, en tanto sea posible, sean lo suficientemente selectivos como para minimizar las unidades perdidas, los descartes, la captura de especies no objetivo, bien sean especies de peces o no, así como los impactos en especies asociadas o dependientes; además, la intención de estas reglamentaciones no debe ser burlada u objeto de abuso mediante instrumentos tecnológicos. A este respecto, los pescadores debieran cooperar en el desarrollo de artes y métodos de pesca selectivos. Los Estados deberían asegurar que la información sobre nuevos desarrollos y requisitos sea accesible para todos los pescadores. A fin de mejorar la selectividad, los Estados deberían, al elaborar sus leyes y reglamentos, tomar en consideración el grado de selectividad de las artes y métodos de pesca, así como las estrategias disponibles para la industria.

Existen asimismo precedentes de prohibición del uso de las redes de deriva en pesquerías regionales, junto a la adopción de fuertes medidas de ejecución para asegurar el cumplimiento de la prohibición. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Fuera de Europa, 21 Estados adoptaron la Convención Internacional para la Prohibición de la Pesca con Redes de Deriva a gran escala en el Pacífico Sur (Wellington, 24-11-1989).

Observación

Además de los Estados miembros del Forum del Pacífico Sur, otros Estados pueden adherirse a la Convención, incluidos aquellos Estados responsables de territorios ubicados dentro de la zona de la Convención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Existen instrumentos adicionales abiertos a la firma de naciones no ribereñas y a todos los Estados del Pacífico que deseen expresar su solidaridad con los objetivos de la Convención de Wellington.

La Convención prohibe el uso de redes de deriva de longitud superior a 2,5 km en la zona, así como el intercambio de capturas entre barcos con redes de deriva. Las Partes pueden, adicionalmente, adoptar medidas más estrictas incluyendo la prohibición de descargas de capturas provenientes de redes de deriva dentro de sus territorios, el tratamiento de capturas procedentes de redes de deriva en instalaciones bajo su jurisdicción y la importación de pescado o de productos derivados capturado mediante redes de deriva. Los Estados miembros pueden también restringir el acceso a los puertos y a las instalaciones de servicios portuarios a los buques con redes de deriva, además de prohibir la posesión de redes de deriva a bordo de cualquier buque que se encuentre dentro de su jurisdicción de pesca. Para ejecutar la prohibición general, la Convención requiere de los Estados miembros la adopción de medidas respetuosas con el Derecho Internacional para restringir la pesca con redes de deriva en la zona de la Convención, y a la adopción de medidas que se dirijan al control y registro de aquellos buques involucrados en la pesca mediante redes de deriva. Todas las partes han de colaborar en el seguimiento y ejecución de estas premisas.

La Agencia de Pesca del Pacífico Sur tomó una nueva dirección en sus acciones al adherirse al Tratado sobre Cooperación en el Control de las Pesquerías y Ejecución de las Normas en la Región del Pacífico Sur (Honiara, Islas Solomon, 9-7-1992). El Tratado busca un seguimiento regional efectivo y la ejecución mediante la cooperación y la armonización de los plazos y condiciones de acceso a las pesquerías. Ningún buque de pesca puede ostentar su licencia a menos que se encuentre registrado por la Agencia y las partes acuerdan compartir la información existente sobre la ubicación y el movimiento de los buques de pesca, sus licencias, el seguimiento de las pesquerías y las actividades de ejecución de las normas.

Algunos Estados han adoptado fuertes medidas de ejecución de la prohibición de la pesca con redes de deriva. Las modificaciones de 1990 a la Ley USA sobre redes de deriva y la Ley de 1992 sobre pesquerías con redes de deriva en alta mar establecieron en el nivel interno de los Estados Unidos la política de aplicación de la Resolución 46/215 de las Naciones Unidas, buscando asimismo asegurar una prohibición permanente del uso de prácticas de pesca destructivas, en particular sobre las redes de deriva a gran escala. La Ley establece la prohibición de los puertos de privilegio para cualquier buque pesquero con redes de deriva, así como sanciones para cualquier Estado cuyos nacionales o buques realicen operaciones de pesca a gran escala con redes de deriva dentro de la Zona Económica Exclusiva de cualquier Estado. Los Estados Unidos subrayaron en 1995 su conocimiento o constatación sobre el uso aún vigente de redes de deriva en dos pesquerías europeas.

El Derecho Comunitario Europeo se ha fortalecido con el paso del tiempo mediante legislación y mediante adhesión a tratados internacionales. De acuerdo con la Decisión 86/237/CEE, DOCE L 162 de 18-6-1986, la Comunidad Europea se convirtió en parte contratante de la convención Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (la Convención ICCAT) desde el 14-11-1997. Esta Convención establece una estructura de cooperación regional sobre la conservación y gestión del atún y especies afines en el océano Atlántico y mares adyacentes, mediante el establecimiento de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, y adoptando recomendaciones sobre conservación y gestión en el área de la Convención, siendo estas recomendaciones de carácter obligatorio para las partes contratantes. El ICCAT (la Comisión Internacional) ha recomendado un buen número de medidas técnicas para determinados stocks de especies altamente migratorias en el Atlántico y en el Mediterráneo, especificando, entre otras, determinadas artes de pesca. Estas Recomendaciones obligan a la Comunidad Europea.

Algunas de las medidas técnicas adoptadas por el ICCAT se incorporaron al Reglamento del Consejo 1626/94, de 27-6-1994, por el que se establecen determinadas medidas técnicas para la conservación de los recursos en el Mediterráneo, así como al Reglamento del Consejo 850/98 de 30-3-1998, DOCE L 127, de 27-4-1998, modificado por última vez mediante Reglamento 812/2000, DOCE L 100, de 20-4-2000, para la conservación de los recursos pesqueros mediante medidas técnicas para la protección de los juveniles de organismos marinos. Más recientemente, estas medidas fueron refundidas en el Reglamento del Consejo 973/2001, de 14-5-2001, DOCE L 137, de 19-5-2001, que se analiza más adelante.

Mediante Decisión 98/392/CE, DOCE L 179, de 23-6-1998, la Comunidad aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en cuyo seno se contienen principios y normas relativas a la conservación y gestión de los recursos vivos del mar. Mediante Decisión 99/377/CE, DOCE L 132, de 27-5-1999, la Comunidad firmó el Acuerdo sobre el programa Internacional de Conservación de Delfines, y mediante Decisión 99/386/CE, DOCE L 147, de 12-6-1999, decidió aplicarlo de forma provisional quedando pendiente su aprobación definitiva.

Más Información

Los objetivos del Acuerdo incluyen una reducción progresiva de las muertes accidentales de delfines en la pesquería de atún al cerco en el Pacífico Oriental. Aunque sin influencia en la región atlántica, la adhesión a este Acuerdo y su aplicación reflejan la preocupación por reducir las capturas de especies acompañantes y por la sostenibilidad a largo plazo (véase más en esta plataforma general) de las pesquerías.

En relación al uso de las redes pelágicas de deriva a gran escala por miembros de la Comunidad Europea, el Consejo de la UE decidió en Junio de 1998 eliminar las redes de deriva tras un periodo de tres años y medio (véase el Reglamento del Consejo 1239/98, de 8-6-1998 que modifica el Reglamento 894/97). Desde el 1-1-2002, el uso de las redes de deriva para la captura de atún y pez espada estará prohibido, mientras que su uso para la pesca del salmón quedará restringido a las aguas costeras. La redes de deriva seguirán estando permitidas en el Mar Báltico, sin embargo, donde las capturas accesorias de mamíferos marinos no se consideran un problema grave. Para la campaña de pesca de 1998, el máximo autorizado de red de deriva continúa siendo 2,5 km, pero el número de buques con redes de deriva quedó reducido en un 40% con respecto al periodo 1995/97.

Otros Elementos

Además, el Consejo y la Comisión pretenden aprobar determinadas medidas de apoyo, incluyendo la reconversión de buques hacia los métodos más selectivos de pesca, antes del fin de 1998, mediante formación y equipamiento. Ha de hacerse notar que esta decisión del Consejo supone la primera ocasión en que los 15 Estados miembros toman una decisión de prohibición de una determinada arte de pesca. Según la Comunidad Europea, durante el periodo 1995/97 el número de buques con redes de deriva fue de 640 en Italia, 77 en Francia, 11 en Irlanda y entre 5 y 8 en el Reino Unido. Adicionalmente, 100 buques españoles usaron redes con una media de longitud de 1,2 km en el Mar Mediterráneo.

La habilitación del Consejo para la prohibición de las redes de deriva se encuentra en el Reglamento del Consejo 3760/92, de 20-12-1992, DOCE L 389, de 31-12-1992, cuya última modificación se llevó a cabo por el Acta de Adhesión de 1994.

Otros Elementos

Además, el artículo 174 de la versión consolidada del Tratado de la Comunidad Europea establece el principio de integración de la variable ambiental en las políticas y medidas de la Comunidad de acuerdo con el principio de precaución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El Reglamento 3760/92 establece un sistema comunitario para las pesquerías y la acuicultura, determinando que el Consejo es el órgano competente para establecer, a la luz de la opinión científica disponible, las medidas de conservación necesarias para asegurar una explotación racional y responsable, en base al principio de sostenibilidad, de los recursos marinos; tomando en consideración el impacto de la pesca en el ecosistema marino y, a tales fines, el Consejo puede adoptar las medidas técnicas necesarias sobre las artes de pesca y sus métodos de utilización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En particular, el Consejo subrayó que, a los fines de una explotación racional y responsable de los recursos, la selectividad de los métodos y las artes de pesca debería mejorarse con la perspectiva de optimizar la utilización del potencial biológico y limitando los descartes. Más aún, la utilización de los stocks debe salvaguardar las necesidades específicas de las regiones en las que las comunidades locales son especialmente dependientes de las pesquerías y sus actividades afines.

El Reglamento establece una política pesquera común que cubre las actividades de explotación de los recursos marinos vivos y la acuicultura, así como el proceso y la distribución de los productos de la pesca y la acuicultura cuando se lleva a cabo en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias de pesca o por buques pesqueros de la Comunidad.

Más Información

Los objetivos generales recogidos de la política pesquera común son la protección y conservación de los recursos marinos vivos accesibles, buscando una explotación racional y responsable bajo un criterio de sostenibilidad, y en las condiciones económicas y sociales apropiadas para el sector; teniendo en cuenta sus consecuencias para el ecosistema marino y, particularmente, teniendo en cuenta las necesidades de productores y consumidores. A tal fin, para asegurar actividades de explotación sostenibles, el Reglamento establece un marco para la regulación del acceso, de la gestión y control de las actividades de explotación, así como los requisitos y procedimientos exigidos.

Se han adoptado otros tipos de medidas para apoyar la sostenibilidad de las pesquerías y evitar capturas antiselectivas.Entre las Líneas En la Decisión del Consejo 97/413 de 26-6-1997, sobre los objetivos y reglas detalladas de reestructuración del sector pesquero comunitario para el periodo desde el 1-1-197 al 31-12-2001, con el fin de alcanzar un equilibrio sostenible entre los recursos y su explotación (97/413/CE, DOCE L 175, de 3-7-1997), el Consejo expresó su preocupación sobre los dictámenes científicos disponibles de forma reciente, acerca del estado de los recursos accesibles para buques de la Comunidad, los cuales demostraban una urgente necesidad de reducción de la tasa de mortalidad de determinados stocks.Entre las Líneas En su opinión, la flota pesquera comunitaria debería ser reestructurada con el fin de facilitar al sector perspectivas claras para una actividad pesquera sostenible, teniendo en cuenta las características de cada pesquería y las posibles consecuencias económicas y sociales. Se indicaba que el empleo generado en zonas dependientes de la pesca debería ser tomado en cuenta para salvaguardar las necesidades específicas de dichas regiones, siendo necesario asimismo adoptar las directrices necesarias para reducir el esfuerzo pesquero sobre los stocks en cuestión y durante un periodo de tiempo adecuado, así como para reducir el riesgo de desaparición y sobrepesca de los stocks.

La Decisión se refiere específicamente al principio de precaución, declarando la exigencia de que el esfuerzo pesquero sobre los otros stocks no aumente, a menos que dicho aumento se encuentre debidamente justificado. El Consejo acordó que las actividades costeras de pesca sin arrastre a pequeña escala merecen un tratamiento especial, desde el momento en que las mismas mantienen a un importante número de empleos directos, además de tener un muy modesto impacto en el riesgo de desaparición y sobrepesca de los stocks. El artículo 2 de la Decisión exige que para el 31-12-2001 como última fecha, el esfuerzo pesquero de cada Estado miembro sea objeto de reducción, llegando a los niveles que define el artículo 7 (1) como punto de partida, sobre la base de una reducción en las tasas de esfuerzo pesquero requeridas para su cumplimiento en relación a la situación crítica de los stocks mencionados en el anexo I.

El Reglamento del Consejo 973/2001, de 14-5-2001, DOCE L 137, de 19-5-2001, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los stocks de especies altamente migratorias ordena asimismo acciones adicionales. Este Reglamento toma en cuenta las prácticas de pesca tradicionales en determinadas áreas, adoptando disposiciones especificas sobre las capturas y la retención a bordo de algunas especies de túnidos. Para asegurar el cumplimiento, ningún buque podrá comenzar o continuar pescando en la zona de aplicación de la norma sin un observador a bordo. El artículo 4 prohibe específicamente la intención de pesca y/o la captura de atún con redes de deriva en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de España o Portugal en determinadas zonas, incluyendo aquellas que rodean a las islas Canarias y Madeira. Se imponen restricciones adicionales sobre las artes de pesca en el Mediterráneo.

Además del sistema de observadores, existen otros sistemas aplicables a la Política Pesquera Comunitaria (véase el reglamento del Consejo 2847/93, de 12-10-1993, modificado por última vez mediante Reglamento 2846/98). El Reglamento del Consejo 2846/98, de 17-12-1998, por el que se modifica el Reglamento 2847/93, que establece un sistema de control aplicable a la Política Pesquera Comunitaria, DOCE L 358, de 31-12-1998, pretende fortalecer y facilitar la cooperación entre todas las autoridades de la Comunidad implicadas en el control, seguimiento e inspección de las actividades del sector pesquero, mediante el establecimiento de un marco general bajo el cual todas esas autoridades implicadas puedan solicitarse asistencia mutua y el intercambio de la información relevante, incluso introduciendo programas específicos de control. El artículo 2 exige a cada Estado miembro, a fin de asegurar su cumplimiento de toda la normativa en vigor, tanto en su territorio como en las aguas bajo su jurisdicción o soberanía, el control, seguimiento e inspección de todas las actividades del sector pesquero, particularmente la propia pesca, el intercambio y descarga entre buques, la descarga, comercialización, transporte y almacenamiento de productos pesqueros, así como el registro de descargas y ventas. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el mejor control posible dentro de su territorio y dentro de las aguas marítimas sometidas a su jurisdicción o soberanía, tomando en consideración su situación particular.

Cada Estado miembro deberá asimismo asegurar que las actividades de sus buques fuera de la zona de pesca comunitaria se encuentren sujetas al control apropiado y, allí donde existan tales obligaciones comunitarias, a la inspección y el seguimiento, a fin de asegurar el cumplimiento con las normas comunitarias aplicables en dichas aguas. Esta reglamentación, así como la primera, requiere la elaboración de una lista de los tipos de comportamientos que violan seriamente las normas de la Política Pesquera Comunitaria. La Comisión propuso dicha lista, DOCE C 105, de 15-4-1999, en la que se incluye el uso de artes de pesca prohibidas o de métodos o instrumentos de pesca que afecten al grado de selectividad del arte. Se menciona igualmente la pesca dirigida al stock de especies sometidas a moratoria, o la pesca no autorizada en una zona determinada y/o durante un periodo específico.

Artes no selectivas de pesca

Las prohibiciones de uso de artes no selectivas de pesca se ha visto acompañadas de medidas que pretenden fomentar la conversión de los buques que pescaban mediante redes de deriva. La Decisión del Consejo 1999/27/CE, de 17-12-1998, DOCE L 8, de 14-1-1999, adopta medidas específicas de fomento de la diversificación de las actividades pesqueras mediante red de deriva, a la luz de las repercusiones económicas y sociales desfavorables a corto plazo (véase más en esta plataforma general) para determinadas flotas de pesca, específicamente las de España, Francia, Irlanda y el Reino Unido. Estas medidas más amplias complementan la Decisión del Consejo 979/282/CE, DOCE L 121, de 13-5-1997, que facilitan la reconversión a los pescadores italianos para finalizar con la pesca mediante redes de deriva. Las medidas de 1999 garantizan compensaciones a los pescadores y armadores de buques cuyos ingresos dependieran de la pesca con redes de deriva y cuya práctica se llevara a cabo en 1995, 1996 o 1997.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

El Reglamento del Consejo (CE) 2848/2000, de 15-12-2000, fija para el año 2001 las oportunidades de pesca y condiciones asociadas para determinados stocks y grupos stocks de pesca aplicables en aguas comunitarias y, a los buques comunitarios, en aguas donde se requieran limitaciones de las capturas (DOCE L 334, de 30-12-2000). La aplicación de las oportunidades de pesca debe concordar con la legislación comunitaria en la materia y, en particular, con el Reglamento del Consejo 2847/93, de 12-10-1993, por el que se establece un sistema de control aplicable a la Política Pesquera Común; con el Reglamento del Consejo 1626/94, de 27-6-1994, que establece determinadas medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo; con el Reglamento del Consejo 627/94, de 27-6-1994, que establece disposiciones generales en relación con licencias de pesca especiales; con el Reglamento 66/98; con el Reglamento del Consejo 88/98, de 18-12-1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los Belts y el Oresund; así como con el Reglamento del Consejo 850/98, de 30-3-1998, para la conservación de los recursos pesqueros mediante medidas técnicas para la protección de juveniles de organismos marinos.

El Reglamento fija de este modo para el año 2001, y para determinados stocks y grupos de stocks, las oportunidades de pesca aplicables a buques de la Comunidad, a buques de terceros países en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros, además de las condiciones específicas bajo las cuales dichas oportunidades de pesca pueden ser utilizadas. Estas oportunidades se establecen en los Anexos del Reglamento.

Otros Elementos

Además, se establecen medidas técnicas en el Anexo V, aplicables con carácter adicional a las que establece el Reglamento 850/98, el Reglamento 88/98 y el Reglamento 1626/94. Entre los requerimientos del propio Reglamento, el artículo 17 estipula las medidas de las redes o mallas pelágicas, prohibiendo mallas pequeñas para determinadas especies. Las capturas acompañantes o accesorias y las de juveniles deben ser minimizadas y limitadas a determinadas porcentajes de especies a bordo. Dichos porcentajes se calculan mediante medias según el peso para cada especie, según el total de capturas y excluyendo la captura de especies sujetas a limitaciones de capturas accesorias; el cálculo se basa en las capturas por zona de stock. Cuando se alcanzan estos límites, los buques deben cesar en la pesca en dicha zona y dirigirse hacia alguna otra zona.

Derecho de Pesca: Consideraciones Generales

Pesca y Uso de la Fuerza en el Mar

El uso de la fuerza en la reglamentación de la pesca tiene un enfoque notablemente poco estudiado, aunque sigue siendo ampliamente coherente con el uso de la fuerza mínima y el enfoque de interferencia mínima que se discuten anteriormente. Nota: sobre el uso de la fuerza en el mar, véase por favor aquí.

El acuerdo sobre las poblaciones de peces de las Naciones Unidas Art 22 (1) (f), al que el Tribunal Internacional para el derecho del mar se refiere en el caso Saiga, establece que un estado examinador velará por que sus inspectores eviten el uso de la fuerza, salvo cuando y en la medida necesaria para garantizar la seguridad de los inspectores y cuando los inspectores estén obstaculizados en la ejecución de sus funciones. Y añade que el grado de fuerza que se utilice no excederá de lo razonablemente requerido en las circunstancias.

Esto mantiene un enfoque de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público), pero es mucho menos detallado que las disposiciones discutidas anteriormente.

Una parte de la doctrina sugiere que la ley de pesca está más restringida respecto al uso de la fuerza debido a una percepción común de que no es tan grave como el contrabando de drogas y los pescadores no son criminales peligrosos. Se cita, por ejemplol la experiencia australiana de la violencia en los buques pesqueros hacia los partidos de abordaje (delito de piratería o colisión entre dos buques; véase presa marítima) para sugerir que esta percepción está fuera de lugar. Aun así, el Tratado de pesca del Pacífico [Acuerdo entre los Estados insulares del Pacífico sobre la aplicación y administración del Tratado de pesca entre los gobiernos de algunos Estados insulares del Pacífico y el gobierno de los Estados Unidos de América de 2 de abril de 1987, realizado en el puerto Moresby el 2 Abril de 1987, serie australiana del Tratado 1988 no. 42, entrado en la fuerza el 15 de junio de 1988.] es un instrumento pesquero que busca evitar el uso de la fuerza en absoluto y tal vez ejemplifica esta percepción, las últimas líneas de la parte 5 del Art 1 de los cuales estado,

Dicho embarque e inspección se realizará en la medida de lo posible de manera que no interfiera indebidamente con el funcionamiento legítimo del buque. El operador y cada miembro de la tripulación facilitarán y asistirán en cualquier acción de un funcionario autorizado de una parte de la isla del Pacífico y no atacarán, obstaculizarán, resistirán, retrasarán, rechazarán el embarque, intimidarán o interfieren con un oficial autorizado en el desempeño de sus deberes.

La disposición se ha emitido en función de los deberes y no de los derechos.Entre las Líneas En cuanto a la medida en que existen principios generales para el uso de la fuerza en la regulación y la observancia marítimas, este ejemplo indica que hay enfoques de aplicación que evitar la fuerza casi completamente. Esto no niega que pueda haber principios generales cuando existan disposiciones para el uso de la fuerza. Demuestra que la provisión para el uso de la fuerza en un instrumento de aplicación no siempre se considera apropiada. Esto daría peso al principio de que todo uso de la fuerza en la reglamentación marítima y la observancia, cuando se acepte según proceda, debería ser el mínimo necesario. También sugiere que lo que significa la fuerza mínima puede variar dependiendo del sector que se esté regulando.

Autor: Williams

Visualización Jerárquica de Derecho de pesca

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Derecho de pesca

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Derecho de pesca

Véase la definición de Derecho de pesca en el diccionario.

Características de Derecho de pesca

Recursos

Traducción de Derecho de pesca

Inglés: Fishing rights
Francés: Droit de pêche
Alemán: Fischereirecht
Italiano: Diritto di pesca
Portugués: Direitos de pesca
Polaco: Prawo połowów

Tesauro de Derecho de pesca

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Véase También

• Derecho del mar
• Espacio marítimo
• Vigilancia marítima
• Aguas territoriales
• Zona económica exclusiva
• Archipiélago
• Zona adyacente
• Libertad de los mares
• Libertad de navegación

• Limitación de pesca
• Prohibición de pesca

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