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Las constituciones suelen establecer disposiciones que detallan a quién debe confiarse la responsabilidad de interpretar y hacer cumplir la constitución, y cómo debe asignarse esta responsabilidad. Así, 158 de los 193 países actualmente miembros de las Naciones Unidas, incluidos 33 de los 37 países miembros de la OCDE, incluyen algún tipo de disposición formal para la revisión constitucional. La experiencia de los países más desarrollados, y otros, puede sugerir y ayudar a fundamentar varias consideraciones para el diseño de un sistema de revisión constitucional judicial, especialmente uno que implique el funcionamiento de un tribunal constitucional. El establecimiento de un modelo de revisión constitucional a menudo implica equilibrar diferentes valores: democracia, gobierno mayoritario, defensa del Estado de Derecho y de la supremacía de la Constitución, protección de la representación de las minorías y derechos humanos individuales, así como afirmar la independencia del tribunal constitucional respecto a los partidos políticos y, al mismo tiempo, evitar un activismo judicial excesivo mediante la autocontención.