Bienestar

El estado de bienestar en Europa constituye un gran logro. Sin él, una economía pujante, una sociedad habitable y confiada y un estado eficiente resultan inconcebibles. Sin embargo, al mismo tiempo el estado de bienestar se encuentra acorralado por numerosos retos demográficos, económicos, financieros y políticos. En esta entrada se analizan importantes diferencias entre distintos estados de bienestar y la inmensa tarea a la que se enfrentan para encontrar nuevas formas de garantizar la protección social a la vez que promueven el crecimiento económico sostenible. Por un lado, el estado del bienestar no ha sido objeto de ningún ataque significativo en el periodo inmediatamente posterior a la crisis financiera. Por otro, se han aplicado recortes del gasto cada vez más drásticos que parecen socavar la senda de inversión social en la que estos estados habían decidido adentrarse. Durante los últimos veinte años, aproximadamente, los estados del bienestar se han adaptado continuamente a las nuevas demandas económicas y sociales, y los gobiernos han llevado a cabo (aunque con variaciones considerables) políticas sociales innovadoras y aparentemente adecuadas, como la de inversión social.

Puntualización

Sin embargo, cuando la tensión aumenta, especialmente como consecuencia de los elevados déficits presupuestarios y de las fuertes presiones de los mercados financieros, no está claro que sea posible proteger los programas sociales fundamentales a través de reformas, ya que estos pueden convertirse en víctimas de las batallas distributivas pendientes o de nuevos cambios de orientación de las políticas. Los estados del bienestar han mostrado una flexibilidad notoria y una elevada capacidad de ajuste a los constantes cambios del entorno. Sus principales acuerdos sociales siguen gozando de gran popularidad, por lo que cualquier intento de cambio radical sigue enfrentándose a una fuerte resistencia de la población. No obstante, los graves problemas presupuestarios, las respuestas impredecibles pero amenazantes de los mercados financieros y las consecuencias de la crisis financiera en la economía real no solo urgen a adoptar nuevas reformas, sino que posiblemente estén socavando la capacidad política para aplicar dichas reformas, que son necesarias para garantizar la continuidad de la protección frente a los riesgos sociales que hasta el momento venía ofreciendo el estado del bienestar a los ciudadanos.