Como parte de su Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión Europea comunicó en 2017 que desea introducir reglamentos verticales que sustituyan, o mejor dicho, entren en conflicto con el régimen de responsabilidad horizontal de los intermediarios de la Directiva sobre comercio electrónico, ya bien establecido. En una próxima revisión de la Directiva de servicios de medios audiovisuales se pediría a las plataformas que establecieran medidas para proteger a los menores de los contenidos nocivos y a todos de la incitación al odio. Entretanto, bajo el supuesto de cerrar una “brecha de valor” entre los titulares de derechos y las plataformas en línea que supuestamente explotan contenidos protegidos, el proyecto de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital introduciría obligaciones de filtrado para los intermediarios. Por último, la Estrategia del Mercado Único Digital de la UE también ha respaldado las medidas voluntarias como herramienta privilegiada para frenar las actividades ilícitas e infractoras en línea. Cada una de estas acciones erosionará el acuerdo de responsabilidad de los intermediarios de comercio electrónico al introducir de una forma u otra obligaciones de supervisión proactiva, provocando así un cambio sistémico de un régimen de responsabilidad basado en la negligencia a un régimen de responsabilidad estricta para los proveedores de alojamiento. Este cambio sistémico se produciría aparentemente contra el consenso público y sin ninguna justificación basada en pruebas empíricas. No obstante, tendría consecuencias nefastas al impulsar la privatización de la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) en línea a través de la inteligencia algorítmica, basada en normas turbias y de aplicación privada, en lugar de en obligaciones legales transparentes. Esta reforma podría provocar un terremoto político que sacudiría y quebrantaría la coherencia sistémica de la legislación de la UE, las garantías procesales y los derechos fundamentales en línea.