La Carta del Ciudadano es un documento de compromisos adquiridos por una organización gubernamental (por ejemplo, un ayuntamiento) con los ciudadanos/grupos de clientes respecto a los servicios/esquemas que se les prestan o se les van a prestar. Es muy empleada en países como Filipinas e India. Históricamente, la Carta del Ciudadano más relevante fue una iniciativa del gobierno británico de Major en 1991, que constituye un hito importante pero no reconocido en la historia de la responsabilidad del sector público. El objetivo aparente de la Carta era mejorar la calidad de los servicios públicos y también fomentar la rentabilidad para los contribuyentes, dando a estos “clientes” un conjunto de herramientas para controlar la eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios públicos. El ideal animador era capacitar a los ciudadanos como consumidores individuales, no como miembros politizados de una “democracia participativa”. En el periodo comprendido entre 1991 y 1997, más de treinta agencias publicaron Declaraciones de Servicios de la Carta flanqueadas por políticas complementarias. Estas cartas no eran derechos legales para los ciudadanos, pero proporcionaban principios para que la administración pública y otros organismos administrativos fomentaran una mejor prestación. La iniciativa formaba parte de un proceso más amplio, iniciado a finales de los años 70, para importar las prácticas de gestión del sector privado a los servicios públicos. Las consecuencias a largo plazo han sido, entre otras, el debilitamiento de los principios de prestación colectiva, servicios universales y responsabilidad pública mediante la creación de un nuevo consenso y práctica en torno al valor de la elección y la libertad individual.
