Este texto considera si las medidas técnicas requeridas por la ley para proporcionar al gobierno acceso a un texto claro específico de conformidad con una orden válida y adecuada podrían debilitar la seguridad de otra información cifrada perteneciente a otros individuos. De ser así, esas medidas pueden afectar negativamente a las libertades civiles o los derechos humanos de las personas que no son objeto de la orden de detención concreta. Como mínimo, la disponibilidad de cifrado para las comunicaciones protege contra el enfriamiento de la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953) derivado del temor a una vigilancia gubernamental ilegal.
El cifrado protege la información almacenada en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y otros dispositivos, en algunos casos de forma predeterminada. Las comunicaciones cifradas son proporcionadas por dispositivos y servicios informáticos ampliamente utilizados, como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y aplicaciones de mensajería, que son utilizados por cientos de millones de usuarios. Individuos, organizaciones y gobiernos confían en el cifrado para contrarrestar las amenazas de una amplia gama de actores, incluyendo criminales poco sofisticados y sofisticados, agencias de inteligencia extranjeras y gobiernos represivos. El cifrado por sí solo no resuelve el reto de proporcionar una seguridad eficaz para los datos y los sistemas, pero es una herramienta importante.
Al mismo tiempo, los delincuentes confían en el cifrado para evitar la investigación y el enjuiciamiento, incluidos los delincuentes que, sin saberlo, pueden beneficiarse de la configuración predeterminada, así como aquellos que utilizan el cifrado de forma deliberada. Por lo tanto, el cifrado complica la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) y las investigaciones de inteligencia. Cuando las comunicaciones están cifradas “de extremo a extremo”, los mensajes interceptados no pueden entenderse. Cuando un smartphone está bloqueado y encriptado, el contenido no se puede leer si el teléfono es confiscado por los investigadores.