Libertad de prensa

Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.

La concepción de la libertad de prensa como libertad de los medios de comunicación puede derivarse directamente de un texto constitucional, pero a menudo se basa en las prácticas legislativas, administrativas y judiciales de las democracias liberales. La situación actual puede ajustarse bien a la comprensión de la libertad de los medios de comunicación como algo instrumental, no intrínseco. La libertad de prensa debe protegerse siempre que los medios de comunicación desempeñen un papel fundamental en la difusión de información importante y necesaria para el público y en el control de la autoridad social y el poder político en la sociedad. Los medios de comunicación pueden en realidad enriquecer la vida social de los ciudadanos comunes al proporcionarles una amplia información que no sólo desean sino que también necesitan conocer. Mediante interacciones competitivas en su conjunto, diversas entidades y diferentes tipos de medios de comunicación pueden contribuir de manera significativa a la libre y rica circulación de información, puntos de vista y opiniones.

Una Conclusión

Por consiguiente, la función de los medios de comunicación puede justificar un trato especial para ellos, como la protección de la recopilación de noticias, el privilegio de no divulgar las fuentes de información y las conveniencias gubernamentales como las exenciones fiscales y las tarifas postales reducidas. La visión instrumental de la libertad de los medios de comunicación también puede ofrecer una pista constructiva para decidir cuánto se debe respetar la autonomía editorial en casos complicados relacionados con la libertad interna y el derecho de réplica.

Una clara ventaja del argumento instrumentalista es que no es necesario predefinir minuciosamente qué medios de comunicación merecen una protección especial. Está libre del temor general de que una definición de la libertad institucional de la prensa pueda ser demasiado estrecha para abarcar una persona pertinente y una esfera apropiada para las actividades de la prensa. Los periodistas institucionales pueden reclamar con éxito su propia libertad de expresión como derecho fundamental, incluso si no logran convencer al tribunal de su libertad de prensa. Los periodistas independientes y los bloggers también pueden disfrutar de su propio derecho a la libre expresión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). La libertad de los medios de comunicación institucionales sólo puede ser protegida en la medida en que sea útil para los valores democráticos liberales desde un punto de vista consecuente.

Estos debates se orientan generalmente hacia la política, no hacia los principios. La protección de la libertad de los medios de comunicación puede depender de las circunstancias concretas en que se lleven a cabo las actividades de los medios de comunicación y de los intereses jurídicos que se sacrificarían como resultado de las mismas. La libertad de los medios de comunicación debe equilibrarse delicadamente con otros intereses constitucionales importantes, como la reputación, la privacidad, la justicia penal y la seguridad pública. Si los medios de comunicación no están a la altura del papel que se les asigna en una situación concreta, la libertad de los medios de comunicación cede el paso a otros intereses importantes.

Una Conclusión

Por consiguiente, la libertad de los medios institucionales se basa en la amplia comprensión y el apoyo de los ciudadanos a la función normativa y descriptiva de los medios de comunicación en una democracia liberal. Los medios de comunicación, después de todo, constituyen una de las fuentes más importantes en un juicio político.

Dado que son en su mayoría organizaciones privadas y con fines de lucro, los medios de comunicación están expuestos a la lógica del poder económico. La libertad de los medios de comunicación depende de la forma en que éstos logren preservar su autonomía institucional, no sólo de la tradicional amenaza de abusos gubernamentales sino también de la enorme presión del mercado. La pérdida de autonomía de los medios de comunicación debe conducir a una corriente menos diversificada de información, puntos de vista y opiniones, lo que pone en peligro un sistema democrático liberal que se basa en la interacción de una amplia gama de información e ideas. La preservación del pluralismo de puntos de vista y opiniones es, por lo tanto, una cuestión de legítima preocupación constitucional.

Datos verificados por: Conrad

Libertad de prensa

Libertad de prensa, derecho que implica la inmunidad de los medios de comunicación (periódicos, libros, revistas, radio y televisión) respecto al control o la censura del gobierno (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Resulta ambigua la relación entre la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953) y la libertad de prensa. Los medios de comunicación constituyen una poderosa institución que puede actuar, en cuanto instrumentos informativos, hasta el extremo de representar un medio fundamental de crítica del gobierno, lo que siempre es conveniente en democracia pero tiene, por otro lado, la desventaja de que el progresivo desarrollo del poder de los medios les lleva invadiendo la intimidad de las personas y socavando su autonomía.

Otros Elementos

Además, cuando los medios se monopolizan alrededor de un determinado interés, la propia diversidad queda minada en cuanto valor democrático.

Desde el siglo XVIII la prensa ha gozado de una relativa libertad frente a las interferencias del Estado, y en el siglo XX el propio Derecho de la competencia ha llevado a la industria de la prensa periódica a encontrarse sujeta a la misma normativa que otras industrias.

Las constituciones contienen secciones concretas donde se consagra la libertad de prensa, que llevan a escritores, periodistas y editores a poder criticar sin censura al gobierno. La regulación de la difamación y del libelo constituyen el freno a tal libertad. Un ejemplo de regulación es el inglés, en el que quizá resulta más sencilla que en otros países la puesta en práctica por el difamado de una acción por libelo y ejercitarla con ciertas garantías de éxito.

La Convención Europea de los Derechos Humanos prevé en su artículo 10 la protección de la libertad de recibir y difundir información e ideas sin interferencias del poder público. Durante los años de la Guerra fría en América Latina se ejercía una censura de la libertad de prensa fuera ésta velada o directa. Tendientes a acallar cualquier voz crítica existieron decálogos de censura; entre los puntos, por lo general, se incluía la información extranjera que desvirtuaba la versión oficial, cualquier tipo de información considerada ‘subversiva’, información sobre detenidos por causas políticas y, en fin, todo aquello que contradijera la versión del gobierno. A partir de los años 80 muchos países comenzaron a levantar las restricciones. [1]

Libertad de prensa y libertad de expresión

A menudo, en el lenguaje cotidiano, suele hablarse de libertad de expresión y libertad de prensa prácticamente como sinónimos. A lo sumo, los hablantes más detallistas señalan que la libertad de prensa es una manifestación específica de la de expresión, que sería el derecho genérico y principal. La historia de las Constituciones y declaraciones de derechos a menudo ha seguido la misma tónica… al menos en apariencia. Porque una lectura detallada de textos y declaraciones demuestra que la realidad de los medios de comunicación ha merecido con muchísima frecuencia previsiones constitucionales específicas.

Desde los inicios del constitucionalismo, la libertad de imprenta (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de información, libertades civiles, y libertad de cátedra) ha venido reconociéndose de forma autónoma, aunque vinculada con la libre expresión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). No solo se reconoce la libertad de imprimir como una manifestación más de la libertad de pensamiento, sino que se le da carta autónoma de naturaleza. Así, el primer intento de texto constitucional español (el Estatuto de Bayona, de 1808) ya preveía la necesidad de acabar con el sistema de licencias de prensa: “se establecerá la libertad de imprenta” (art. 145). Este tenor de las declaraciones responde a una necesidad jurídica extendida por todos los países del ámbito de influencia jurídica europea. El creciente valor de los medios de comunicación como elemento configurador de una comunicación pública libre no podía pasar desapercibido para los textos constitucionales y desde un principio se quiso garantizar junto al derecho a expresarse –que tenía un sentido inicialmente defensivo frente a las intromisiones estatales represivas- la existencia de medios de comunicación capaces de articular una sociedad civil democrática, dotando así de contenido a las formas representativas.

En la actualidad está claro que nos encontramos ante dos derechos fundamentales distintos, con diferentes límites y efectos. La diferencia más evidente entre ambos se aprecia en su objeto mismo: uno garantiza la libre difusión de informaciones y datos; el otro la expresión de juicios de valor.Entre las Líneas En ese sentido, pueden compartir una misma finalidad constitucional, como veremos a continuación, en el sentido del valor democrático constitutivo que puedan tener; para la efectividad del sistema democrático tan importante es conocer las diversas opciones ideológicas existentes, como estar informado del funcionamiento cotidiano del Estado… aunque se trata de dos perspectivas muy diferentes de la participación política: las opiniones sirven para decidirse entre opciones –especialmente en la fase de designación política electoral- y las informaciones para controlar cotidianamente el funcionamiento del Estado –en la fase posterior y continuada de control social democrático-. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó esta idea de manera muy clara:

«Al hacer públicas las noticias, la prensa actúa también como institución pública en sentido amplio.Entre las Líneas En este sentido el pueblo entiende que la libre circulación de informaciones e ideas es esencial para un autogobierno inteligente. Al permitir al público asumir un control reflexivo sobre el proceso político, la prensa realiza una función crucial para darle efecto al sentido social de la primera enmienda.

Al tratar la garantía de la prensa libre, es importante resaltar que el interés que protege no pertenece a los medios de comunicación en sí mismos… La Prensa goza de una posición preferente en nuestro esquema constitucional no para permitirle que haga dinero, ni para convertir a los periodistas en un grupo favorecido, sino para dar cumplimiento al derecho del público a saber.» [Cfr. Saxbe vs. Washington Post Co. (417 US 843) de 1974]

Esta afirmación hace evidente el especial papel democrático de los medios de comunicación, utilizado como elemento para la interpretación del derecho a la libertad de información (véase; y también libertad de comunicación, libertad de expresión, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York, 31 de marzo de 1953). No es raro, por tanto, que el Tribunal Constitucional español, cuando tuvo que enfrentarse por vez primera a la cuestión de delimitar el contenido de este derecho tuviera que comenzar por hacer una declaración muy similar:

«El artículo 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico- política.

La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos… pero también una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven.» [STC 6/1981, fj 3]

Evidentemente, a lo que alude el Tribunal en esta ocasión es a que la soberanía popular no consiste en organizar periódicamente procesos electorales, sino que exige que antes de esos procesos los ciudadanos estén informados de cómo han cumplido su tarea los elegidos en ocasiones anteriores, cuáles son los problemas principales por resolver y cuáles las propuestas electorales. Tras las elecciones, la soberanía exige que los ciudadanos dispongan de facultades de control de los representantes políticos y la principal de ellas es la opinión pública creada a partir de la libre difusión de informaciones y análisis.

Con esta perspectiva es fácil intuir que en la mayor parte de los Estados democráticos se proteja especialmente la libre información, en tanto que supone un elemento continuo de configuración democrática, mientras que la libre expresión de pensamientos y juicios de valor deba someterse cotidianamente a más límites en la medida en que no tenga una vinculación política directa. La información relevante es un elemento estructural del sistema democrático que debe circular libremente, sin limitaciones. Los juicios de valor, en cambio, solo gozan de prioridad cuando aludan a cuestiones políticas; en las demás ocasiones solo se protegerán si no afectan a otros bienes como la reputación ajena y otros similares.

Fuente: Joaquín Urías, Los límites de las libertades de prensa (Una introducción parcialmente comparada)

Ley de libertad de información de Estados Unidos

El siglo XX fue testigo de un profundo cambio en política e instituciones nacionales. Comenzando durante el
denominada era progresista (entre 1890 y 1920; véase más detalles) de 1901 – 1917 y luego, más sustancialmente, durante el nuevo acuerdo de la década de 1930, el papel y las responsabilidades del gobierno federal radicalmente ampliado. Se establecieron nuevas agencias federales para regular las prácticas bancarias y de negocios — la Administración de medicamentos y os alimentos, la Junta de la reserva federal, federal Comisión de comercio, Comisión Federal de comunicaciones, la Junta Nacional de relaciones laborales, o para promover antes iniciativas privadas — pensiones de vejez, indemnización por desempleo, subsidios a los agricultores, hipotecas domiciliarias, préstamos a pequeñas empresas. Al mismo tiempo, un aumento del gasto estimuló sectores clave de la economía de Estados Unidos.

En los años después de 1945, el papel y el gasto federales (particularmente en el área militar) amplió más lejos para incluir préstamos y subvenciones a estudiantes universitarios, ayuda a las madres y niños dependientes, financiación (o financiamiento) de la investigación científica, prohibición de discriminación racial y sexual, la acción afirmativa.

Los programas y gastos federales — su administración y prioridades — se habían convertido en importantes preocupaciones de política pública.

Paralelo a la ampliada nacional del gobierno federal papel que el papel internacional del país también amplió, fechando de la participación de Estados Unidos en los años de la segunda guerra mundial (o global) de 1941 – 1945 y luego en una amplia operación de conflictos no militares con la Unión Soviética durante la llamada guerra fría. Un subproducto fue la creación de nuevos instituciones (la agencia central de inteligencia, CIA, en 1947 y la Agencia de seguridad nacional, NSA, en 1952) y la extensión del papel de la Oficina Federal de investigación (FBI), después de 1936 de la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) para incluir el monitoreo no-criminal de «subversivo» (después de la década de 1980 actividades «terroristas»). Estas nuevas amenazas de «seguridad nacional» requirió que los presidentes y las agencias de inteligencia de EE.UU. política de conducta en secreto. Por un lado, el presidente Franklin Roosevelt en 1941, por orden ejecutiva, impuesto clasificaciones y restricciones a la información relacionada con la política exterior, mientras que el Presidente Harry Truman en 1951 restricciones extendidas del catión de clasifi a todas las agencias federales y departamentos.

Otros Elementos

Por otro lado, comenzando con Truman y se extendió por Dwight Eisenhower, presidentes derecho constitucional de «privilegio ejecutivo» a la retener información del Congreso (y por lo tanto el público).

Simultáneamente, los presidentes y otros oficiales federales promovieron activamente sus programas, introducidos por el Presidente.

El uso efectivo por Franklin Roosevelt de las conferencias de prensa y direcciones de radio nacionales para influenciar la opinión pública y avanzar en las políticas de su administración.

En respuesta a la creciente importancia de Washington, D.C., muchos de los periódicos de la nación, ya sea establecido oficinas de Washington o se basó cada vez más en los servicios de cable (en particular, la Associated Press y United Internacional de prensa) para la cobertura de la evolución capital de la nación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Puntualización

Sin embargo, mientras que el papel del gobierno federal impactado significativo en las vidas y las fortunas de los estadounidenses los ciudadanos, estos cambios muy institucionales lo hizo cada vez más difícil para el público (y los periodistas) para aprender acerca de las prioridades y decisiones federales.Entre las Líneas En los años 50, los reporteros, e incluso los miembros del Congreso y los congresistas comités, enfrentó a los mayores dificultades en el aprendizaje sobre las acciones federales, como oficiales federales actuaron para controlar la información, acciones que por un tiempo adquirieron legitimidad en la atmósfera consciente de la seguridad de los años de la guerra fría.

El primer congreso abordó el problema de una amplia burocracia federal en 1946 al promulgar la administración la ley de procedimiento. Intención de promover el Congreso supervisión, esta ley ha encomendado el derecho de acceso del Congreso a expedientes de las Agencias y departamentos federales.

Además, se les exigía publicar en el registro federal los planes y métodos por los que «el público puede asegurar información o hacer envíos o solicitudes «de registros federales, aunque los oficiales federales podrían imponer restricciones para impedir la liberación de información cuando «en el público interés «o por» buena causa. » Algunas agencias federales, en particular el FBI, inmediatamente explotó estas lagunas para excluyen la liberación de cualquiera de sus registros. El alcance de estas negaciones se convirtieron en una importante cuestión de política pública durante el 1950, desencadenado en particular por la administración de Eisenhower un uso ampliado de las reclamaciones de «privilegio ejecutivo» y la «cultura del secretismo» que había evolucionado en el frío temprano de los años de guerra.

En respuesta, comenzando en 1955, un Subcomité de la Casa Comité de operaciones gubernamentales, encabezado por el Congresista John Moss, celebró audiencias sobre el gobierno política de secreto. Los esfuerzos de Moss por frenar el secreto Ejecutivo languidecieron hasta la década de 1960. Entonces, la relajación de la guerra fría tensiones, y el re-surgimiento de un más liberal y escéptico clima político (capturado por el cada vez más militante derechos civiles y anti-Vietnam movimientos de la guerra), culminó en la promulgación de la legislación, firmado en la ley por el Presidente Lyndon Johnson el 4 de julio de 1966 y convertirse en operacional un año después, la ley de libertad de información (FOIA).

El FOIA estableció el principio de la «derecha del público para saber, «pero al mismo tiempo reconoció la necesidad de un cierto secreto en la conducta de los negocios de la nación y proteja los derechos de privacidad y la información confidencial de seguridad.

Mientras que los oficiales federales estaban obligados a llevar a cabo una búsqueda completa y la liberación de todos los registros relevantes sensibles a un especificado FOIA solicitud, cierta información fue eximida de la divulgación — si la información fue clasificada, violando derechos de privacidad de un individuo o «secretos comerciales», o revelados las «fuentes y métodos» de una agencia/Departamento o «interna reglas y procedimientos. » este intento legislativo de equilibrar la divulgación y los intereses del secreto en última instancia rendidos FOIA de valor limitado como ofi ciales de los organismos (especialmente en el FBI y la CIA) interpretaron ampliamente estas disposiciones de exención para retener información. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). A comienzos de la década de 1970, el magnitud de estas acciones de retención, en la política cargada el clima creado por las recientes revelaciones del Richard Nixon sobre políticas abusivas del secreto de la administración y cuestionables los usos políticos de las agencias de inteligencia, llevó al Congreso promulgación en noviembre de 1974 (anulando el veto de Presidente Gerald Ford) de una serie de enmiendas clave a la 1966 FOIA.

La ley enmendada, que tuvo efecto en febrero 19, 1975, requirieron oficiales federales para responder a FOIA solicitudes dentro de un plazo (véase más en esta plataforma general) especificado, para fijar las cuotas de copia a tasas comerciales normales, y para informar anualmente al Congreso en su procesamiento de solicitudes FOIA.

Otros Elementos

Además, los tribunales estaban facultados para conducir en las revisiones de cámara a determinar si la retención de la Agencia «seguridad nacional» afirmaciones eran apropiados mientras litigantes exitosos desafiando las reclamaciones de retenciones de agencias/departamentales pago de sus honorarios legales.

El FOIA enmendado, sin embargo, no abrió todos los registros federales a los solicitantes interesados, o necesariamente promover el «derecho a saber» del público. Mientras que los oficiales federales deben liberar todos los registros relativos a una solicitud específica, esa opción estaba disponible para aquellos que podían identificar los registros. Este requisito puede ejecutar investigación en programas secretos o requerir que los solicitantes saber cómo los oficiales federales lideraron y mantuvieron especialmente registros sensibles.Entre las Líneas En segundo lugar, la privacidad y el secreto comercial exenciones impidieron la liberación de un individuo o de una corporación registros a nadie más (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Registros sobre los individuos, sin embargo, podría ser liberado si el individuo estaba muerto.

Pero incluso entonces la información recopilada por una agencia federal sobre el carácter moral del individuo podría ser retenido.

Los oficiales federales, por otra parte, tendieron a interpretar el FOIA disposiciones de exención en términos generales, incluso caprichosamente. Mientras estas reclamaciones de exención podrían impugnarse, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de litigar desalienta a muchos solicitantes (a menos que, como periodistas, podrían ordenar los recursos de una corporación grande). Finalmente, los solicitantes estaban obligados a pagar la copia de los honorarios de diez centavos por página — una carga onerosa en los casos en que una identificación Ed le numerado miles de
páginas.

Las variaciones en las políticas presidenciales también influenció la calidad de los registros publicados — como algunos presidentes (Ronald Reagan, George W. Bush) o emitió órdenes ejecutivas extendiendo restricciones de clasificación o fomentado que los oficiales federales tuvieran que arriesgarse a que sus decisiones de exención sean impugnadas en la corte. Otros presidentes (Jimmy Carter, Bill Clinton) emitió órdenes menos restrictivas de clasificación o alentó a los oficiales federales para liberar registros incluso si la retención permitido bajo la ley si tales liberaciones no perjudicarían intereses de seguridad.

La historia de la implementación de la FOIA destaca otro problema de acceso, que implica el papel de los tribunales. Este problema se captura gráficamente por un caso específico que involucró registros de la CIA — un caso que indirectamente subraya tanto el valor como las limitaciones del FOIA.

En 1975, el Comité selecto del Senado en inteligencia Actividades (el llamado Comité de la iglesia), como parte de un revisión más amplia de las operaciones de la CIA, descubierta específicos programas de la CIA para financiar primero la investigación que involucra y entonces la producción y los usos de drogas de mente-alteración y toxinas venenosas.

Puntualización

Sin embargo, el Comité no pudo documentar el alcance de estos programas y cómo extensivamente la Agencia había usado estas drogas y toxinas. Oficial de la CIA primero informó a los investigadores del Comité que registran relacionados con estos programas habían sido destruidos en 1973 mientras en octubre 1975 el testimonio del Congreso el oficial de la CIA que había encabezado el programa de toxina venenosa de la agencia, Sidney Gottlieb, admitió que un completo escrito registro nunca se había creado sobre este programa «porque de la sensibilidad de la zona y la decisión de mantener cualquier posible uso de materiales como este récord. Una posterior Petición de FOIA, desencadenada por el público del Comité de la iglesia revelaciones de estos programas, la oficina de la Agencia contradice las reclamaciones de registros de CIA incompletos. Obligado bajo el FOIA para realizar una búsqueda completa de todos los documentos relevantes de la CIA (que fueron intencionalmente compartimentados), oficiales de la CIA ubicados los registros existentes que se habían llevado a las cuentas financieras de la Agencia relativas a la contratación de la Agencia investigación a universidades y a firmas privados. Estos documentos de la Agencia testimonio de que estos programas de investigación habían sido limitado alcance. Cuando los solicitantes registraron sus demandas para asegurar la liberación de los nombres de las partes contratadas, sin embargo, oficiales de la CIA rechazó esta solicitud, a pesar de que la información relativa a este programa había sido por entonces desclasificada.

Más Información

Los oficiales de la CIA no declararon entonces que esta información podría ser retenida bajo la privacidad personal y las fuentes y métodos de la FOIA cláusulas de exención. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).Entre las Líneas En su lugar, citó una disposición de la ley de seguridad nacional 1947 creando la CIA, afirmando la responsabilidad del Director de la CIA «para proteger fuentes de inteligencia y métodos de divulgación no autorizada.

Decisión sobre esta demanda en 1985, la Corte Suprema estableció en el caso «CIA v. Sims» que la CIA tenía el derecho de retener esta información porque la ley 1947 «concedida al Director de la inteligencia central muy amplia autoridad para proteger todas las fuentes de información de la divulgación.

La deferencia de la Corte Suprema al ejecutivo «nacional seguridad «las reclamaciones acompañaron a un compañero de lobby el esfuerzo de la administración Reagan en 1981 y 1982 a convencer al Congreso para eximir a todos los registros de la CIA y del FBI de los requisitos de divulgación del FOIA. Estos cabildeos los esfuerzos fracasaron.

Puntualización

Sin embargo, el Congreso adoptó más restricciones limitadas en 1984 y 1986 — en 1984 eximiendo a la CIA «documentos operacionales» de la liberación bajo el FOIA requisitos obligatorios de búsqueda y divulgación y en 1986 autorizar al FBI, en el caso de una solicitud relativa a una investigación en curso (es decir, no cerrada), para negar que cualquier esos registros existían.

El FOIA, sin embargo, ha demostrado ser una valiosa herramienta de investigación para periodistas, individuos que fueron los sujetos de agencias departamentales, e investigadores académicos. Su historia complicada, por otra parte, proporciona perspectivas en actitudes públicas sobre la responsabilidad gubernamental, la deferencia a la Presidencia y a la comunidad de inteligencia, y los principios de la impugnación de la apertura y el secretismo.

Autor: Williams

Libertad de prensa en Ruanda

Las estrictas políticas de los medios de Ruanda contrastan con las recientes mejoras en la libertad de prensa en África. El problema se complica por el papel de los medios en el genocidio (véase su historia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII, y la aplicación de este tratado multinacional) de 1994, en el que cerca de un millón de ruandeses perecieron en una campaña nacional de exterminio contra los tutsis. A medida que el país continúa recuperándose de esos horrores, el gobierno ha justificado su política represiva de censura en los medios como una medida preventiva para futuras tragedias. Lo que el gobierno de Ruanda debe darse cuenta es que el progreso hacia la buena gobernanza y el desarrollo se basa en una prensa abierta y sin trabas en el presente.

El genocidio, la culminación de décadas de hostilidad entre los poseedores del poder hutu y los forasteros tutsi, fue promulgado por las políticas de «medios de odio» del entonces presidente Juvenal Habyarimana y su partido gobernante, el Movimiento Nacional Republicano para la Democracia y el Desarrollo (MRND).

Informaciones

Los dos instrumentos principales del Hutu MRND fueron la estación de radio Radio Télévision Libre des Mille Collines, apoyada por la familia del presidente, y su equivalente en impresión, Kangura, que fue financiada por miembros del MRND, el gobierno y su ejército.

Informaciones

Los dos medios de comunicación difundieron e imprimieron noticias sensacionalistas anti-tutsi y de facciones rebeldes, que muestran caricaturas de mujeres tutsi que utilizan su destreza sexual en las fuerzas de paz de la ONU y promulgan los Diez Mandamientos Hutu que denuncian a los hutus que se involucran en cualquier actividad con tutsis como traidores.

Tras el genocidio, el gobierno adoptó una política de censura de medios presuntamente necesaria para evitar otra tragedia de «odio a los medios». El artículo 89 de la política de medios del actual presidente Paul Kagame especifica: «Cualquier intento, a través de los medios, de incitar a genocidio a una parte de la población ruandesa, puede ser condenado a muerte».Entre las Líneas En la práctica, sin embargo, el gobierno lo utiliza para criticar y castigar a los miembros disidentes de los medios de comunicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los periodistas han sido arrestados, encarcelados y golpeados por descubrir audazmente historias de corrupción, simpatía y violaciones de los derechos humanos.Entre las Líneas En lo que va del año, entre las víctimas se encuentra la directora de la revista bimestral Umurabyo, Agnes Nkusi-Uwimana, quien fue sentenciada a un año de prisión por publicar una carta del lector que critica al gobierno; un periodista de la agencia de noticias panafricana que fue golpeado; y muchos otros que han sido exiliados por cargos de división, sectarismo y difamación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Como tal, la prensa estatal es mayoritariamente pro gobierno, mientras que los periodistas independientes tienen su contenido filtrado o se censuran.

El Consejo Superior de Prensa, el regulador de los medios de Ruanda, está aliado con el gobierno para mantener un ojo vigilante en los cuatro periódicos principales en busca de contenido «inaceptable». Está claro que la administración de Kagame teme cualquier desafío a su autoridad, especialmente con las próximas elecciones legislativas en 2008. Sin acceso a información no partidista, el pueblo ruandés sigue ignorando los males y desperdicios del gobierno, y es incapaz de castigarlo en la casilla electoral. La política de los medios de Ruanda no solo acelera el peligroso deslizamiento hacia el autoritarismo sino que también hace que el país sea vulnerable a otra tragedia a gran escala a medida que avanza hacia un nivel de control de información previo al genocidio.

A corto plazo, dado que la represión del gobierno es un gran desincentivo para los futuros periodistas que consideran múltiples opciones de carrera, exponer los males del gobierno de Ruanda requerirá la valentía de unos pocos elegidos. Para que una pluralidad de medios de comunicación se afiancen firmemente dentro de Ruanda, lo que la industria necesita con urgencia es una clase de periodistas bien educados y experimentados que puedan eludir la política de medios del régimen, recibir apoyo internacional y llegar a muchos más ruandeses, especialmente fuera de la capital. Con ese fin, la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Ruanda ha lanzado un nuevo programa de cuatro años que enfatiza la capacitación práctica y la ética profesional.

Sin embargo, aparte de esta escuela financiada por el gobierno, los actores internacionales deben establecer instituciones educativas independientes para capacitar a periodistas profesionales y formar redes de apoyo con periodistas extranjeros. Estos nuevos profesionales de carrera contribuirían a un aumento en el número de periódicos independientes, publicaciones periódicas y estaciones de radio en Ruanda. Una vez que se establezca una gran cantidad de lectores, tanto la prensa como la gente de Ruanda podrán ejercer presión contra la censura y la regulación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El apoyo financiero internacional para los periodistas y la presión económica contra la administración deben acompañar este desarrollo para empujar al gobierno hacia un marco abierto para la prensa y los medios de comunicación.

El progreso hecho por el post-genocidio de Ruanda está siendo puesto en peligro por el abuso del gobierno a los medios de comunicación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Kagame y su régimen deben abandonar la retórica y la censura si desean aprender de las lecciones de 1994.

Autor: Williams, 2008

Libertad de expresión y acceso a la información

Libertad de Prensa

Traducción al Inglés

En el ámbito de los derechos humanos, la traducción de libertad de prensa es freedom of the press.

Consideraciones Generales

Hace referencia la expresión «libertad de prensa», en esta plataforma global, fundamentalmente al derecho a publicar y distribuir la información en los medios masivos sin la intervención del gobierno.Entre las Líneas En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con libertad de prensa incluyen los siguientes: Censura, Periodistas, Difamación, Libertad de información, Libertad de expresión, Internet, Radiodifusión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Para más información sobre libertad de prensa en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Freedom of the press (libertad de prensa).

Libertad de Prensa y Libertad de Medios de Comunicación Social en el Artículo 38 de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Libertad de prensa y libertad de medios de comunicación social, y está ubicado en la Parte I, sobre los derechos y deberes fundamentales, Título II, acerca de los Derechos, libertades y garantías, Capítulo I [Derechos personales, libertades y garantías], de la Constitución portuguesa vigente. Dicho artículo dispone lo siguiente: 1. Se garantiza la libertad de prensa; 2. La libertad de prensa comprenderá: a. La libertad de expresión y creación de los periodistas y colaboradores, así como la libertad de participar en la determinación de la política editorial del Medio en cuestión, excepto cuando sea de naturaleza doctrinal o confesional. b. El derecho de los periodistas, en los términos establecidos por la ley, de obtener acceso a las fuentes de información y protección de su independencia y secreto profesional, así como su derecho a elegir los consejos de redacción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). c. El derecho a fundar periódicos u otras publicaciones, sin autorización administrativa previa, obligación o requisito. 3.Entre las Líneas En términos genéricos la ley asegurará que los nombres de los propietarios de los Medios y sus medios de financiación (o financiamiento) sean públicos. 4. El Estado asegurará la libertad e independencia de los Medios de los poderes políticos y económicos, imponiendo el principio de especialización en empresas que sean dueñas de Medios de información general, apoyándoles de forma no discriminatoria y previniendo su concentración, especialmente por medio de múltiples intereses trabados. 5. El Estado asegurará la existencia y funcionamiento del servicio de radio y televisión pública. 6. La estructura y funcionamiento de los Medios públicos salvaguardará su independencia frente al Gobierno, la Administración Pública y otras autoridades públicas y asegurará que todas las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse y confrontarse con otras. 7. La radio y las compañías de televisión operan mediante licencias concedidas tras convocatoria y oferta pública, en los términos que establezca la ley.

Visualización Jerárquica de Libertad de prensa

Derecho > Derechos y libertades > Derechos políticos > Libertad de información
Educación y Comunicación > Comunicación > Política de comunicación > Control de la comunicación > Censura
Educación y Comunicación > Comunicación > Medio de comunicación > Medio de comunicación de masas > Prensa
Educación y Comunicación > Información y tratamiento de la información > Política de información > Derecho de la información

Libertad de prensa

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Libertad de prensa

Véase la definición de Libertad de prensa en el diccionario.

Características de Libertad de prensa

Recursos

Traducción de Libertad de prensa

Inglés: Freedom of the press
Francés: Liberté de la presse
Alemán: Pressefreiheit
Italiano: Libertà di stampa
Portugués: Liberdade de imprensa
Polaco: Wolność prasy

Tesauro de Libertad de prensa

Derecho > Derechos y libertades > Derechos políticos > Libertad de información > Libertad de prensa
Educación y Comunicación > Comunicación > Política de comunicación > Control de la comunicación > Censura > Libertad de prensa
Educación y Comunicación > Comunicación > Medio de comunicación > Medio de comunicación de masas > Prensa > Libertad de prensa
Educación y Comunicación > Información y tratamiento de la información > Política de información > Derecho de la información > Libertad de prensa

Véase También

• Censura
• Prensa
• Publicación científica
• Agencia de prensa
• Prensa política
• Empresa periodística
• Derecho de la información
• Derecho de réplica

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre Libertad de prensa en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

• Libertad
• Libertad de expresión y acceso a la información
• Libertad de expresión
• Libertades
• Discurso de odio