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Los jueces no están por encima de la ley. Al igual que las demás instituciones del Estado, el poder judicial debe rendir cuentas. El Presidente del Tribunal Supremo Edward Coke le dijo al Rey James que no estaba por encima de la ley y citó al jurista Bracton, Non-sub homine sed sub deo et lege. (El Rey no está bajo ningún hombre, excepto bajo Dios y la ley.) Irónicamente, los propios jueces no parecen seguir este dictado dando la impresión de estar por encima de la ley. El poder judicial debería ser responsable según sus propios razonamientos empleados para hacer que todas las demás instituciones rindan cuentas. Pero aborrece la idea de rendir cuentas por sí mismo en nombre de su independencia. Es un término equivocado ya que la independencia y la rendición de cuentas son complementarias, no antagónicas. La nueva tendencia del Constitucionalismo Latinoamericano es la de consagrar la preeminencia de la protección de los derechos humanos, como resultado de una larga evolución.
Un énfasis excesivo en las constituciones como textos legales y en los tribunales como guardianes exclusivos de la constitución ha llevado a la dominación de las elites legales y judiciales en las esferas constitucionales y políticas, y un campo de juego tan desigual entre los actores legales y políticos ha desencadenado inevitablemente el reciente surgimiento y resurgimiento del populismo y el neo-autoritarismo. En lugar de ser puramente legal o política, la naturaleza de las constituciones y el constitucionalismo encarna un intrincado conjunto de leyes y políticas que se entrecruzan. Después de décadas de desarrollo principalmente en la esfera legal, quizás sea hora de que el constitucionalismo se remonte a sus antiguas raíces políticas con más renacimientos democráticos y mejores compromisos cívicos. Es evidente que la judicialización de la política conduce a la politización del poder judicial. En lugar de seguir siendo de naturaleza judicial, el constitucionalismo judicial se convierte inevitablemente en político.