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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se definen y analizan aquí, como, entre otras cosas, las tecnologías que permiten el registro, almacenamiento, bœsqueda, procesamiento, transmisión y difusión de datos. El derecho de las TIC, cuyo ámbito de aplicación no está estrictamente definido, se superpone y abarca en gran medida el derecho informático, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de Internet, el derecho del comercio electrónico o incluso el “derecho digital”. Esta última expresión parece destinada a sustituir a las anteriores: con la convergencia de las tecnologías, estos diferentes temas se fusionan cada vez más. El derecho de las TIC es, por tanto, una materia transversal que es objeto de titulaciones universitarias especializadas (máster en derecho digital, máster en derecho multimedia, etc.) en las facultades de Derecho. Las principales ramas del derecho a las que se refieren estos cursos universitarios son el derecho de la propiedad intelectual (la propiedad literaria y artística, en particular los derechos de autor, y los derechos de propiedad industrial en sentido amplio, incluidos los signos distintivos y los nombres de dominio), el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, pero también el derecho europeo, el derecho internacional privado, el derecho del consumidor, el derecho de la salud electrónica, el derecho fiscal y el derecho de la distribución.
Las normas legales establecidas y ejecutables pueden proporcionar una resolución justa y expedita de las disputas que son inevitables en el comercio vigoroso. Pero en el tema de la biotecnología, que evoluciona rápidamente, esta ciencia puede llevar ante los tribunales cuestiones para las que no hay precedentes y sobre las cuales no hay consenso. Sin embargo, el estado de derecho es vibrante y se adapta a los contextos evolutivos de la ciencia y la tecnología. En la era actual de rápidos cambios tecnológicos, la jurisprudencia proporciona la estabilidad del derecho, al tiempo que refleja las implicaciones sociales de la ciencia. Pero los problemas científicos y tecnológicos de hoy, como los que surgen en las controversias de propiedad intelectual, también deben decidirse correctamente para promover una aplicación uniforme y predecible del derecho que promueva la estabilidad comercial adecuada para apoyar la innovación industrial y el interés nacional de cada país.
Cabe señalar varios puntos sobre las relaciones de este gran esquema con los demás. La tecnología implica aplicaciones del conocimiento de la naturaleza tratado en las partes primera, segunda y tercera y, a su vez, influye en el desarrollo de ese conocimiento. Tiene un papel importante en relación con la comunicación humana y una influencia en la vida cultural, social, económica, política, jurídica y educativa de la humanidad, tratada en el gran esquema de la sociedad humana; y un efecto condicionante en el desarrollo de las bellas artes, tratado en el gran esquema del arte. Hasta cierto punto, los avances tecnológicos afectan a la evolución de la vida religiosa de los humanos, tratada en el gran esquema de religión. La tecnología es una dimensión importante en la historia de la humanidad, tema del gran esquema de la historia. Las ramas de la tecnología y de la ingeniería se han convertido por sí mismas en objeto de estudios históricos y analíticos. Dichos estudios se presentan en el esquema sobre las ciencias tecnológicas, en el marco de las ramas del conocimiento.
Un primer paso real hacia el establecimiento de una patente europea se consiguió con el Convenio sobre la unificación de ciertos puntos del derecho sustantivo en materia de patentes de invención (Convenio de Estrasburgo), que se concluyó en el marco del Consejo de Europa en 1963. El primer borrador de este Convenio se presentó en 1955, y el Convenio de 1963 entró finalmente en vigor en 1980. Su principal resultado fue armonizar las leyes de patentes en toda Europa. Con el tiempo, esto condujo a la unificación de los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, sentó las bases para posteriores desarrollos europeos. En la Unión Europea, los desarrollos comenzaron inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Roma el 1 de enero de 1958. La Comisión de la recién creada Comunidad Económica Europea (CEE) se dio cuenta enseguida de que, debido a sus efectos territoriales, las patentes nacionales constituirían un obstáculo para la libre circulación de mercancías en el Mercado Común. Un grupo de trabajo creado por los Estados miembros ya en 1960 presentó los principios de una patente europea, es decir, comunitaria, que debía establecerse como una patente autónoma y unificada, es decir, no como un conjunto de patentes nacionales.