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La historia de la legislación estadounidense sobre derechos de autor tiene su origen en la introducción de la imprenta en Inglaterra a finales del siglo XV. A medida que crecía el número de imprentas, las autoridades trataron de controlar la publicación de libros concediendo a los impresores casi el monopolio de la edición en Inglaterra. La Ley de Licencias de 1662 confirmó ese monopolio y estableció un registro de libros con licencia que sería administrado por la Stationers’ Company, un grupo de impresores con autoridad para censurar las publicaciones. La ley de 1662 caducó en 1695, lo que condujo a una relajación de la censura gubernamental, y en 1710 el Parlamento promulgó el Estatuto de Ana para responder a las preocupaciones de los libreros e impresores ingleses. La ley de 1710 estableció los principios de propiedad de los autores sobre los derechos de autor y un plazo fijo de protección de las obras protegidas por derechos de autor (14 años, y renovable por 14 más si el autor estaba vivo a su vencimiento). El estatuto impedía el monopolio por parte de los libreros y creaba un “dominio público” para la literatura limitando los plazos de los derechos de autor y garantizando que, una vez adquirida una obra, el propietario de los derechos dejaba de tener control sobre su uso. Aunque el estatuto contemplaba los derechos de autor, el beneficio era mínimo porque para cobrar por una obra el autor tenía que cederla a un librero o editor.

La historia de la legislación estadounidense sobre derechos de autor tiene su origen en la introducción de la imprenta en Inglaterra a finales del siglo XV. A medida que crecía el número de imprentas, las autoridades trataron de controlar la publicación de libros concediendo a los impresores casi el monopolio de la edición en Inglaterra. La Ley de Licencias de 1662 confirmó ese monopolio y estableció un registro de libros con licencia que sería administrado por la Stationers’ Company, un grupo de impresores con autoridad para censurar las publicaciones. La ley de 1662 caducó en 1695, lo que condujo a una relajación de la censura gubernamental, y en 1710 el Parlamento promulgó el Estatuto de Ana para responder a las preocupaciones de los libreros e impresores ingleses. La ley de 1710 estableció los principios de propiedad de los autores sobre los derechos de autor y un plazo fijo de protección de las obras protegidas por derechos de autor (14 años, y renovable por 14 más si el autor estaba vivo a su vencimiento). El estatuto impedía el monopolio por parte de los libreros y creaba un “dominio público” para la literatura limitando los plazos de los derechos de autor y garantizando que, una vez adquirida una obra, el propietario de los derechos dejaba de tener control sobre su uso. Aunque el estatuto contemplaba los derechos de autor, el beneficio era mínimo porque para cobrar por una obra el autor tenía que cederla a un librero o editor.