Accionistas

En varias sentencias el Tribunal ha tenido en cuenta la necesidad de una protección especial de los accionistas, en particular de los minoritarios. Sin embargo, es cuestionable hasta qué punto la protección de los accionistas se aplica en la práctica del Tribunal. De acuerdo con las decisiones relacionadas con la libertad de establecimiento, está claro que la protección de los accionistas minoritarios justifica una restricción de la libertad de establecimiento. A este respecto, sigue existiendo incertidumbre en cuanto al tipo de medidas que deben aceptarse para la protección de los accionistas que se ajustan al Derecho de la UE. Esto se aplica igualmente en relación con la libre circulación de capitales, donde la protección de los accionistas minoritarios puede, por analogía, justificar medidas nacionales restrictivas. En los casos de acciones de oro, el Tribunal ha adoptado una posición inequívoca contra las medidas nacionales que tienen el efecto de disuadir la inversión. Sin embargo, no ha quedado claro si los acuerdos basados en el derecho de sociedades nacional que pueden tener un efecto similar y proporcionar ventajas a los accionistas no estatales pueden prohibirse amparándose en la libre circulación de capitales. En consecuencia, se plantea la cuestión de si la protección concedida por el Tribunal debe abarcar las relaciones jurídicas privadas que se basan en las disposiciones del derecho de sociedades nacional. En la actualidad no puede articularse una respuesta clara, pero ello supondría la valoración de las competencias nacionales y de la Unión por parte del Tribunal en materia de Derecho de sociedades de la UE. En los casos de acciones de oro sigue abierta la cuestión de si la jurisprudencia del Tribunal puede extenderse a los acuerdos celebrados en el marco de la autonomía privada de las partes. En cambio, en el caso Audiolux el Tribunal se negó firmemente a interferir en las relaciones de los accionistas de la empresa, reconociendo un principio de igualdad de trato entre los accionistas. Dado que el derecho de sociedades de la UE no regula la totalidad del derecho de sociedades, el Tribunal sólo puede pronunciarse sobre el derecho de sociedades de forma restringida, concentrándose en ámbitos reducidos. El hecho de que el Tribunal no siempre prevea puntos de referencia claros en relación con la protección de los derechos de los accionistas puede dar lugar a interpretaciones divergentes que no dejan claro dónde están los límites de la protección de los accionistas.