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En Gran Bretaña, el Informe Beveridge de 1942 dio lugar, indirectamente, al moderno Estado de Bienestar, pero el bienestar moderno está desconectado de aquellos derechos, deberes y obligaciones personales originales anteriores a 1834, protegidos y aplicados en virtud de la ley de asentamiento y traslado. No se ha restablecido el derecho personal a la ayuda que en su día tuvieron los pobres asentados. Esto no es sorprendente, ya que ese derecho ha sido sistemáticamente infravalorado, marginado, negado y olvidado. No se trata de minimizar los elementos subjetivos en las cantidades y la forma en que se otorgaba la ayuda a los pobres, ni de negar que la prueba de la indigencia permitía la discrecionalidad de los funcionarios parroquiales; elementos que hoy se entienden como condicionalidad. Los que siguen negando la naturaleza jurídica del derecho histórico al socorro, incluidos los historiadores, los abogados y los responsables políticos, se centran necesariamente en el socorro de la pobreza como un don del Estado; reconstruyendo en gran medida los aspectos de un pasado en el que los pobres existían supuestamente para ser juzgados, mejorados o vigilados constantemente para evitar el fraude.