Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
Comprender en profundidad cómo funciona el mundo de hoy para navegar por el mundo de mañana.
Contratación Pública en el Derecho Europeo Efecto Directo de las Directivas sobre Contratación Introducción Para que tenga lugar el efecto directo, en principio, solo se requiere que el contenido del precepto de la directiva sea claro, preciso e incondicional. La práctica del efecto […]
Este texto se ocupa del Derecho Municipal, como el Gobierno de la Ciudad, administración política de áreas urbanas. Un significado del derecho municipal se revela por el contenido sustantivo de las normas para el ordenamiento jurídico interno de los municipios. Estas normas (a menudo denominadas iura o ius civile) se ocupan especialmente de cuestiones de derecho pri- vado, derecho penal, procedimiento y, más tarde, también de todos los ámbitos de la administración municipal y policial. La tradición inglesa de incorporar unidades urbanas (ciudades, distritos, pueblos, ciudades) y permitirles la libertad en la mayoría de los asuntos locales es general en los Estados Unidos.
Este texto se ocupa de la “Autonomía Local”, como la potestad de ciertos entes para dotarse a sí mismos de normas propias. El tema de las autonomías sociales y territoriales permite investigar la evolución del Estado constitucional contemporáneo con mayor atención a los espacios de “autonomía” de las formaciones sociales y las entidades territoriales. Se presentar la normativa de la Constitución en relación con el pluralismo social y en relación con el pluralismo institucional. También se señala el papel del principio de subsidiariedad horizontal y vertical en la distribución del poder y la acción administrativa en las formas de gobierno multinivel, entre lo local y la Unión Europea, y luego entre la sociedad autoorganizada y las instituciones públicas. Se lleva a cabo una mirada a las posibilidades de una relación virtuosa entre los procesos democráticos, la cooperación social y la solidaridad colectiva.
Se contestan a cuestiones como: ¿Cuáles son las principales críticas al modelo tradicional de contratación y carrera de la función pública local? ¿Cómo afecta la creciente importancia de la movilidad geográfica a la movilidad social en el lugar de trabajo?
¿Cuáles son las posibles soluciones para fomentar una mayor movilidad espacial entre los empleados de la administración local? ¿Cómo ha cambiado la composición de los empleados de la administración local de algunos países a lo largo del tiempo? ¿Qué factores contribuyen a los costes sociales y económicos de la movilidad geográfica de los empleados de la administración local?
¿Cómo afecta el estatus de funcionario a las trayectorias laborales y profesionales de los empleados en los ámbitos de las artes, los servicios a la juventud y los deportes? ¿Qué papel desempeña el concurso de funcionarios en la selección y la promoción profesional de los empleados de la administración local? ¿Cómo refleja la contratación de empleados del gobierno local en algunos países el clima político de la ciudad en las últimas décadas?
Este texto se ocupa de la “Acción Popular”. Institución que se remonta al derecho romano (“actio popularis”) y que posteriormente ha sido aceptada en el sistema estatal liberal, según la cual, a título excepcional, se reconoce a cualquier persona (quivis de populo) el derecho a interponer una acción para proteger el interés público en cumplimiento de la ley. A este respecto, se distingue entre la acción popular complementaria (o sustitutiva) y la acción popular correctiva. En la acción popular supletoria, el demandante popular suple la inercia de la administración pública sustituyendo la representación legal del organismo para hacer valer, frente a un tercero, un derecho o interés del propio organismo. En la acción popular correctiva, el demandante ejerce una acción directamente contra la administración pública con el objetivo, precisamente, de corregir una situación de ilegitimidad puesta en marcha por la misma. El acusador que ejercita la acción popular es el no perjudicado ni ofendido por el delito. Es una institución que el legislador español se permitió introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.