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Los registros de titularidad real o efectiva se introdujeron en la Unión Europea (UE) en virtud de la 4ª y 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales, con el objetivo último de promover una mayor transparencia en los mercados financieros. Sin embargo, el acceso público a la información sobre la titularidad real de las empresas y otros instrumentos jurídicos, como los fideicomisos, plantea problemas importantes en relación con el derecho fundamental de cada persona a la intimidad y, en consecuencia, muchos Estados miembros de la UE siguen luchando por encontrar el equilibrio adecuado entre la transparencia y la intimidad. En consecuencia, la implantación de los registros de titularidad real se ha retrasado en muchos Estados miembros de la UE y se han tomado diferentes decisiones legislativas en las distintas jurisdicciones. Dado que los registros de titularidad real no sólo se aplican a las entidades constituidas o administradas en una jurisdicción de la UE, sino que también pueden extenderse a entidades extranjeras con alguna conexión comercial con esa jurisdicción, es esencial dominar estas diferencias. Hay bastantes cosas que cuentan como decisiones importantes. Algunos ejemplos son la venta, el arrendamiento o la hipoteca de los principales activos; una reorganización, disolución o fusión; inversiones importantes; la aprobación del presupuesto operativo; la selección o finalización de líneas de negocio o empresas; sistemas de remuneración y programas de incentivos para altos directivos; o contratos importantes. En realidad, la carga recae principalmente sobre las pequeñas empresas creadas antes del 1 de enero de 2024, porque la mayoría de ellas no pueden acogerse a ninguna de las exenciones.