Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Esta entrada se ocupa de la Burguesía, con orígenes en las ciudades medievales francesas. En las sociedades modernas la burguesía puede abarcar, en realidad, varias subclases sociales, y puede estar compuesta por quienes ejercen profesiones liberales, o ejecutivos, pero también por tenderos y comerciantes con operaciones de mediano volumen.
Véase: Ética Judical Códigos de Ética Judicial Códigos de Ética Jurídica Sanción de Códigos de Ética Judicial Dice Jorge Eduardo Douglas Price: Para finalizar recordaremos que una de las cuestiones centrales de la filosofía del derecho ha girado en derredor de la pregunta acerca de las […]
Recursos Véase También Bibliografía Barragán Barragán, José, Introducción al federalismo mexicano, México, UNAM, 1978; Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano; 3ª edición, México, Porrúa, 1979; Castillo Velasco, José María del, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional […]
La Política Criminal encuentra sus antecedentes más remotos en César Bonnesana, el Marqués de Beccaria, y alcanza su más alta expresión con el penalista alemán Franz Von Liszt. Se basa, según varios autores, en la Antropología criminal, en la Sociología criminal y en la ciencia penitenciaria. El objetivo de la política pública de lucha contra la delincuencia suele entenderse como la interceptación y/o prevención de actos delictivos. A primera vista, esta afirmación es simple y directa. Sin embargo, incluso una visión somera de la política penal en vigor presenta un panorama mucho más complicado.
Brevemente, cuatro áreas temáticas ilustran la dificultad de determinar la mejor manera en que el gobierno puede responder al crimen (y seguramente hay otras que no están cubiertas específicamente en este artículo). Estas cuatro categorías de temas en la política criminal pueden ser etiquetadas como sociológicas, legales, gubernamentales y prácticas.
Los presupuestos de los que brota la idea de Estado de derecho no se desarrollaron espontáneamente, sino como resultado de la confluencia (por no decir, del choque) de los reinos o príncipes europeos con las ideas revolucionarias. Como principio jurídico angloamericano, el concepto puede remontarse a la magna carta (1215). En la cláusula trigésimo novena de ese instrumento, el rey Juan prometió a los barones que “Ningún hombre libre será tomado, encarcelado, despojado, proscrito o desterrado, ni de ninguna manera destruido, ni procederemos contra él ni lo enjuiciaremos, excepto por el juicio legítimo de sus pares y la ley de la tierra”. Cuatro siglos más tarde, con el principio bien arraigado en la teoría y la práctica del derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) inglés, Edward Coke cuestionó la afirmación de Jaime I del derecho a ejercer un poder judicial independiente con las palabras de Henry Bracton: “Quod Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege”[El Rey no debe estar bajo el hombre, sino bajo Dios y la ley] Después del caos de la revolución, el Estado Libre Asociado y la restauración, la Gloriosa Revolución de 1688 estableció el sometimiento permanente del rey a la ley, tanto de los tribunales de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de “common law”) como del Parlamento.