Nicaragua

La CIDH estimó que en enero de 2020 unos 88.000 nicaragüenses habían huido del país como consecuencia de los disturbios producidos en el país. La violenta represión de las protestas por parte del gobierno frenó el levantamiento, pero dejó al país en lo que un funcionario de la ONU denominó “un clima de terror generalizado”, y le costó a Ortega el apoyo del que había gozado en los últimos años por parte de algunos miembros de la jerarquía nicaragüense de la Iglesia Católica Romana. Para reforzar su base de poder, Ortega utilizó su creciente control de los medios de comunicación para persuadir a sus seguidores tradicionales del FSLN de que el levantamiento había sido un intento de golpe de Estado inspirado en el extranjero que pretendía socavar no sólo a su familia sino también los logros de la revolución sandinista. Durante el último trimestre de 2020 el poder legislativo promulgó una serie de leyes que parecían amenazar la libertad e imparcialidad del proceso electoral. Una ley ilegalizaba la difusión de noticias que no hubieran sido autorizadas por el gobierno, y otra prohibía a los “traidores” (definidos de forma amplia) presentarse a cargos públicos u ocuparlos. En junio de 2021, el aparato de seguridad del gobierno de Ortega comenzó a utilizar estas leyes y las acusaciones relacionadas con ellas para justificar la detención de más de una docena de figuras de la oposición, incluidos cuatro posibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que ganó Ortega con una gran abstención de votos. Las acciones fueron rápidamente recibidas con una amplia crítica internacional, incluyendo la condena de la Organización de Estados Americanos, así como sanciones del gobierno de Estados Unidos.