Patrimonio

A partir de la Reforma, las iglesias nacionales se desarrollaron sobre la base de la administración eclesiástica ejercida por las autoridades políticas (Iglesia y Estado). Las autoridades políticas asumieron el poder sobre la iglesia tras ejercer su ius reformandi. Estaban menos interesadas en los asuntos parroquiales que en la administración general. Así pues, el Estado se hizo cargo de la cátedra episcopal y la transformó en una autoridad sometida al Estado. La Iglesia nacional católica aparece así como una especie de compromiso histórico, objeto de controversia interna. A diferencia de los protestantes, no se trata de la Iglesia en el verdadero sentido de la palabra, que permanece independiente del poder político y fundada en la universalidad del derecho canónico, sino de una organización paralela destinada a servirle. Lo que divide a los canonistas y a los responsables de la política de la Iglesia es cómo lo hace y hacia dónde se dirige. La mayoría de los católicos parece estar a favor de este compromiso típicamente suizo, aceptable e incluso deseable para el futuro desarrollo de la cooperación ecuménica en un país en el que las iglesias nacionales de las dos confesiones están organizadas de forma muy parecida. Sin embargo, una minoría rechaza este concepto por considerar que pondría al Estado en competencia con una Iglesia que debe obediencia al Papa y a los obispos.